No + Sangre

Carta abierta.

2011-11-29T09:21:00.000-08:00

Por Pedro Miguel.

Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:

Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.

Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.

Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México. Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, que en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma y que sólo en 18 meses ocurrió un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas.

En suma, señor Calderón, pienso que quienes afectan terriblemente el buen nombre de México son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.

Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.

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Los cartones de hoy.

2011-11-29T09:20:00.000-08:00

-No anden calumniando- El Fisgón

-El Haya y el haiga- Rocha

-Bola de irresponsables- Hernández

Amago gubernamental.

2011-11-29T09:09:00.000-08:00

Editorial de La Jornada.

El domingo pasado la oficina de Felipe Calderón Hinojosa anunció que analizaba las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes signaron una demanda por crímenes de guerra, presentada el viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al titular del Ejecutivo federal, a varios integrantes de su gabinete de seguridad y al presunto cabecilla del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada y entre éstos y las fuerzas policiales y militares, cuyo mando supremo recae en el propio Calderón. A decir de Los Pinos, las imputaciones son falsas y calumniosas, absurdas, infundadas e improcedentes, temerarias y dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México.

Hay un error jurídico básico en la noción de que acudir a un tribunal cualquiera, nacional o internacional, pueda considerarse delito y ser objeto de sanciones o contrademandas. El recurso interpuesto ante el CPI, y firmado por unos 23 mil ciudadanos, simplemente será considerado procedente o no, esto es, el tribunal internacional decidirá si amerita la apertura de un proceso contra los imputados. De modo que, si se empecina en proceder legalmente contra sus demandantes, el gobierno federal deberá buscar la infracción en otro sitio.

Por lo demás, el amago oficial en contra de quienes realizan imputaciones infundadas e improcedentes en distintos foros e instancias nacionales e internacionales ocurre unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en un fallo deplorable, aunque de acatamiento obligado, la virtual imposibilidad de que personas con actividad pública tengan éxito como demandantes por difamación y calumnias. Al considerar que la libertad de expresión no debía tener cortapisas ni limitaciones en esta circunstancia, los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo exculparon a la revista Letras Libres, que en una de sus ediciones acusó a este diario de complicidad con el terrorismo de la organización vasca ETA. De esa manera, el máximo tribunal del país sentó un precedente que abre la puerta para que cualquier actor social pueda formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la revista que dirige Enrique Krauze.

Con ese precedente, el amago gubernamental contra los autores de la demanda presentada el viernes pasado en La Haya no parece tener viabilidad alguna, no sólo porque Calderón es, evidentemente, una persona con actividad pública, sino también porque la pretensión de atribuirle responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, correcta o equivocada, tiene elementos constitutivos más variados y complejos que la simple maledicencia: informes, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales humanitarios y de una abundante información institucional y periodística. Menos improbable parecería, en todo caso, que tales imputaciones llegaran a dirimirse en la CPI.

Si se analiza con atención, esta perspectiva no es obligadamente desfavorable para la administración calderonista, y hasta resulta difícil entender que el actual gobierno, que exhibe una convicción tan absoluta en la justeza, pertinencia y legalidad de su estrategia de seguridad y combate al crimen, no vea la conveniencia de desvirtuar en forma contundente y definitiva, en un proceso internacional, los múltiples señalamientos en su contra por la comisión de masivas violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la amenaza a los demandantes hace ver a los integrantes de la administración calderonista como temerosos de ser hallados culpables en un juicio semejante.

Por lo demás, en términos políticos y mediáticos, la contraofensiva del gobierno no pudo ser más contraproducente, porque atizó el debate público más de lo que lo hizo la propia demanda interpuesta el viernes pasado en La Haya y dio nuevo impulso a sus promotores. En cuestión de horas se duplicó el número de firmantes de la querella; muchas personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo en su presentación manifestaron su rechazo a la pretensión gubernamental de coartar el derecho ciudadano a la libre expresión y a acudir a una instancia jurisdiccional; adicionalmente, se convocó para hoy a actos de protesta frente a la Procuraduría General de la República, en esta capital, y a un lado de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.

Las rectificaciones no sólo son legítimas, sino que honran a quien las emprende. En esta situación, el gobierno federal ganaría si enmendara su reacción inicial y se desistiera de agitar sobre sus demandantes una espada de Damocles que, dadas las circunstancias, no parece tener mucho filo.

2011-11-28T09:48:00.000-08:00

-El estadista- Hernández

-Increíble- Helguera

Astillero.

2011-11-28T09:43:00.000-08:00

• Reacción bananera
• Castigar a denunciantes
• Resonancia intenacional
• Orgulloso tío Arturo

Por Julio Hernández López.

El abogado Felipe Calderón ha respondido con un ánimo sujeto a trastorno la solicitud que en pleno ejercicio de sus derechos han presentado ante la Corte Penal Internacional 23 mil ciudadanos (entre ellos, el que firma esta columna) para que se inicie una indagación y eventualmente se castiguen las conductas criminales en que, a título de la masacre conocida como guerra contra el narcotráfico, hubieran incurrido tanto el principal demandado, el propio Calderón, como varios de sus principales subordinados a cargo de asuntos de seguridad y el jefe del principal cártel nacional.

En lugar de aceptar de manera irrestricta ese ejercicio ciudadano de derechos, y de prepararse sin mayores aspavientos ni amenazas para responder en los mismos términos jurídicos en el hipotético caso de que la citada Corte aceptara dar curso a la solicitud, el licenciado Calderón ha reaccionado de una manera muy preocupante, que denota el agravamiento en la capacidad de percepción sana de la realidad nacional y muestra de forma categórica un creciente perfil de agresividad, intolerancia y revanchismo de parte de quien el próximo 1º de diciembre cumplirá cinco años de haberse alzado con la Presidencia de la República.

El documento que ha hecho aflorar nuevamente la vena autoritaria, con tendencias dictatoriales, del licenciado Calderón, fue presentado el pasado viernes por el abogado Netzaí Sandoval en La Haya, la ciudad de los Países Bajos donde está la sede de la Corte Penal Internacional, que se encarga de atender denuncias respecto a crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidios. Ni siquiera es seguro que esa corte abra un expediente sobre la denuncia presentada por mexicanos, e incluso sería un triunfo para esos promoventes que La Haya aceptara establecer un periodo de mera observancia de hechos, sin darle el caracter formal de investigación. Y no es menor el dato de que hasta ahora esa corte, creada en julio de 1998 en Roma, “se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como enemigos de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional”, según señaló el jurista John M. Ackerman a La Jornada el sábado recién pasado.

Sin embargo, Calderón ha decidido dar un paso perturbado al pretender castigar a quienes solicitan la intervención de un órgano internacional legitimado por el propio Estado mexicano para que se investigue y castigue, en su caso, la presunta comisión de delitos graves que la institucionalidad nativa no atiende ni resuelve por limitaciones técnicas y políticas. El largo pliego de acusaciones que en forma de comunicado de prensa dio a conocer ayer Los Pinos cierra con un párrafo digno de cualquier antología de las vaporosas dictaduras bananeras que en el continente se han conocido y al cual se harán comentarios entre comillas a cargo de este tecleador imputado (con i):

“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia (pero el docto jurista de Los Pinos no espera a que el órgano llamado a atender el asunto, la CPI, así lo resuelva, sino que da por definitivas las sabias resoluciones dichas ‘ya’ por ‘las voces más autorizadas en la materia’. ¿Tal vez el secretario del trabajo sucio, Javier Lozano, o los discursos pronunciados por el Señor de la Muerte?). Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias (¿según quién? ¿según el propio acusado?) que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México (terrible afectación de criterio sería suponer que lo presentado hace unos días pudiera añadir desprestigio internacional ante el sabido horror mexicano de los años recientes), por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”

El tamaño del castigo que merecerían los firmantes de esa solicitud ante La Haya puede ser estimado a partir del daño que se habría cometido pues, según ese mismo boletín de prensa con olor a Poiré, es absurdo hablar de delitos calderónicos de lesa humanidad, pues ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo. ¡Chulada de país!

En realidad, al felipismo desequilibrado le han asustado tanto la resonancia internacional del caso, sobre todo en materia de medios de comunicación que le han dedicado tiempo y espacio notables (en especial, cadenas de televisión europeas y estadunidenses), como la consolidación temprana del juicio histórico sobre su sangrienta gestión. La carnicería nacional de los cinco años recientes tiene un responsable político e institucional, cuya valoración pública quedará por debajo del propio Gustavo Díaz Ordaz. Al recibir un premio de la Feria Internacional del Libro, el escritor mexicano de origen colombiano Fernando Vallejo acaba de decir que Calderón no es digno de ejercer el cargo que ocupa. Y ayer Fernando Savater señaló en la misma FIL, sobre la guerra contra el narco, que es un disparate que nace de Estados Unidos, y los disparates que nacen en Estados Unidos son muy difíciles de combatir por el resto del mundo, pero hay que acabar de una vez con la cruzada contra las drogas, según nota de Afp.

Y, mientras Enrique Peña Nieto se ha registrado como candidato único, al más puro estilo del priásico restaurado, con el honorable tío Arturo Montiel como orgulloso testigo y garante del triunfo de la impunidad, ¡hasta mañana, viendo primero a los tuiteros de Veracruz encarcelados, luego la sentencia de la Corte a favor de las Calumnias Libres, y ahora la amenaza felipista a solicitantes de justicia en el plano internacional!

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juliohdz@jornada.com.mx

Los cartones de hoy.

2011-11-26T07:10:00.000-08:00

-Mensajes cruzados- El Fisgón

-Naufragio- Helguera

El cartón de hoy.

2011-11-25T06:58:00.000-08:00

-El (n) arco del Milenio- Helguera

"Operativos" encubiertos: en la ruta del fracaso

2011-11-13T07:06:00.000-08:00

Editorial de La Jornada.

Con el telón de fondo del escándalo desatado a raíz de las operaciones Rápido y furioso y Receptor abierto, mediante las cuales el gobierno de Estados Unidos permitió el tráfico ilegal de grandes cantidades de armamento a nuestro país, y en el contexto de los angustiosos resultados de la guerra lanzada hace casi un lustro por el gobierno calderonista contra la delincuencia organizada, la Cámara de Senadores discute la posibilidad de avalar un conjunto de modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada propuestas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, incorporan la posibilidad de llevar a cabo acciones encubiertas de distribución y rastreo de armas similares a las de los citados operativos, así como la participación de agentes infiltrados.

En suma, se pretende modificar el marco legal vigente para abrir una perspectiva indeseable y riesgosa: que la autoridad termine convirtiéndose, con el desarrollo de las operaciones mencionadas, en proveedora de armamento u otro tipo de recursos para la delincuencia organizada, tal como ocurrió con el gobierno estadunidense a través de programas como los mencionados.

Si algo quedó al descubierto a raíz de esos episodios fue que la ambigüedad de Estados Unidos –que con una mano provee de recursos económicos y militares al gobierno mexicano mediante la Iniciativa Mérida y con la otra arma a los cárteles del narcotráfico que operan en nuestro país– constituye uno de los factores explicativos del fracaso de la estrategia de seguridad vigente, la cual se ha saldado, hasta ahora, con unas 50 mil víctimas mortales; ha provocado la destrucción del tejido social y de la economía en amplias franjas del territorio; ha acentuado el desgaste de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad territorial y de procurar justicia y, por si fuera poco, ha llevado a una claudicación inadmisible en materia de soberanía nacional ante el gobierno de Washington.

En tal perspectiva, lo último que cabría esperar de las autoridades mexicanas es que imiten, como pretenden hacerlo, las prácticas de un gobierno que se ha revelado como un aliado poco confiable en materia de combate al crimen organizado: las posibilidades de que esas operaciones fracasen, como ocurrió con Rápido y furioso y Receptor abierto, se multiplican en un entorno institucional caracterizado por el descontrol, la corrupción, la descoordinación de las distintas dependencias federales involucradas en el combate a la delincuencia y el desorden al interior de cada una de ellas en el manejo de las armas confiscadas.

Por otra parte, con la pretensión de incorporar en la ley la operación de agentes encubiertos se corre el riesgo de dotar a éstos de una cobertura oficial para cometer actos ilícitos desde posiciones dentro de la delincuencia organizada. Si de por sí ya son sobrados los indicios de que la actual estrategia de seguridad ha configurado un marco para la comisión de crímenes de diversa índole por parte de efectivos gubernamentales –recuérdese el contenido del informe entregado esta semana por Human Rights Watch, en el que se documentan casos de agresiones de representantes del poder público contra la población civil–, sería un error monumental, en términos legales y humanitarios, aprobar modificaciones al marco jurídico que doten de impunidad a servidores públicos que atenten contra la seguridad de la población, así sea en el contexto de operaciones encubiertas.

La delincuencia –entristece tener que recordarlo– no puede combatirse fomentando la ilegalidad. Aun suponiendo que fuera correcto el empeño de combatir el narcotráfico y el crimen organizado mediante un enfoque meramente policial, el gobierno federal tiene a su disposición opciones –un mayor énfasis táctico en el lavado del dinero, por ejemplo– para hacer frente a las organizaciones delictivas en forma mucho más efectiva y con mucho menor costo en términos de vidas humanas y degradación de la paz pública. En cambio, en la medida que se profundiza una estrategia fallida y se adoptan rumbos de acción que han probado su ineficacia y su carácter contraproducente, se mantiene un rumbo de acción destinado al fracaso. Cabe esperar, por último, que los legisladores cobren conciencia del enorme riesgo que implica avalar esas propuestas presidenciales y actúen en consecuencia.

Los cartones de hoy.

2011-11-11T16:25:00.000-08:00

-Disputa por la nación- El Fisgón

-Matiz- Helguera

Diagnóstico de la emergencia nacional

2011-11-11T16:19:00.000-08:00

Por Gilberto López y Rivas.

Como uno de los resultados del primer encuentro nacional ante la situación de emergencia que vive nuestra patria, realizado en la capital mexicana el 22 de octubre de este año, está circulando un importante documento de trabajo que recoge y sintetiza las relatorías de las tres mesas de debates: 1) el diagnóstico sobre la situación; 2) hacia una agenda común, tres ejes de convergencia, y 3) hacia una estrategia unitaria desde los movimientos sociales. De acuerdo con los organizadores y dada la dificultad de las temáticas que se abordan en un sentido unitario, se trata de que las relatorías sirvan como base para una discusión abierta a todas las aportaciones y mejoras. A este primer encuentro asistieron representantes de organizaciones políticas, gremiales, religiosas, académicas y de derechos humanos, profundamente preocupados del desastre que vive el país en todos los órdenes que se considera de emergencia nacional, ocasionado por los gobiernos neoliberales que cambiaron el rumbo de México.

Distinguiendo los contextos global y nacional, la crisis mexicana –originada y derivación estructural del capitalismo mundializado– conlleva la militarización y degradación del Estado y abre paso a un proceso de recolonización en favor de la explotación irracional de nuestros recursos por parte de capitales extranjeros y nacionales. La crisis global del capitalismo condiciona que los mercados recurran a mercancías ilegales que producen ganancias rápidas y sustantivas en circulante: tráfico de armas, personas y estupefacientes. "La lógica del capital arroja a los gobiernos y empresas a vincularse con el crimen. El Estado mexicano es parte del crimen organizado, lo incentiva y profundiza… Así, los negocios y el desastre nacional se engarzan con el crimen, llevando al ascenso de los grandes cárteles del narco, a la penetración del narcotráfico en las instancias gubernamentales, a la existencia de narcogobernadores y narcomunicipios… La guerra que se desarrolla ahora en nuestro país obedece a una tendencia monopólica de los negocios ilegales, además de su crecimiento desmesurado, donde existe una vinculación de los negocios legales e ilegales, propiciada por las facilidades en el lavado de dinero… Detrás de la guerra en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada existe toda una propuesta del gobierno para la generación del miedo e inmovilizar a la sociedad. Así, se aprovecha la crisis y la dispersión causadas por el gobierno para modificar leyes y aprovechar los desplazamientos de los pueblos para dejar espacio a las empresas. Además, esta guerra en México busca también criminalizar la protesta social, paralizar la disputa política y crear un miedo mayor que el que se promovió en 2006… La economía nacional esta narcotizada: 40 por ciento del PIB en México tiene que ver con la dinámica del narco. El despojo, la extorsión, el secuestro, la explotación y la esclavitud están dañando gravemente a la nación, afectando sobre todo a los campesinos, las mujeres y los jóvenes."

Ante este grave escenario nacional, se propone una agenda común, con tres ejes de convergencia: 1) reconstrucción del país ante la emergencia nacional y generación de alternativas a la violencia neoliberal en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales; 2) defensa de la soberanía nacional y defensa de nuestro territorio, autonomías y recursos, 3) rechazo a la estrategia de guerra y seguridad nacional para impulsar la defensa de las víctimas y generar condiciones favorables de derechos humanos, justicia y paz.

El diagnóstico cubre también a los propios pueblos, comunidades y movimientos sociales que enfrentan la crisis nacional con múltiples y ejemplares resistencias, asumiendo que se actúa de forma fragmentaria o dispersa, sin lograr la unidad política necesaria para enfrentar la calamidad nacional. Se reconoce la necesidad de buscar la unidad de todos los sectores afectados por la política de Felipe Calderón, en el contexto de una recomposición de los movimientos populares, golpeados por un Estado contrainsurgente que ha provocado desgaste y evitado mayores articulaciones. Por ello, se asume la propuesta de una plataforma común mínima que constituya una respuesta colectiva y sostenga las luchas muy diversas en su naturaleza, esto es, un movimiento de movimientos de todos los sectores –estudiantes, obreros, campesinos, colonos, indígenas– como propuso Pablo González Casanova en el inicio de este proceso y en el entendido de que sólo una amplia movilización social podrá generar la alternativa pacífica.

Los participantes están invitando a todas las comunidades, organizaciones y movimientos sociales, civiles, ciudadanos, académicos, culturales, ambientalistas, religiosos y políticos de México a un segundo encuentro nacional ante la situación de emergencia que vive nuestra patria para el sábado 19 de noviembre, con el fin de delinear y proponer acciones unitarias para superar el actual estado de violencia y descomposición, poner un alto a la guerra y reconstruir la nación, así como convocando a una jornada nacional de movilizaciones en todo el país al día siguiente (emergencianacionalporlapaz@yahoo.com.mx). Este proceso se relaciona complementariamente con No Más Sangre y el encabezado por Javier Sicilia, desde las otras agendas de movimientos sociales que unitariamente comparten el gran esfuerzo para abrir ruta de paz con justicia, y el verdadero cambio social que el país necesita.

A la memoria del comandante Alfonso Cano

Los cartones de hoy.

2011-11-09T09:53:00.000-08:00

-Memorial en Juárez- Helguera

-Sensibilidad ante feminicidios- El Fisgón.

El cartón de hoy.-

2011-11-04T09:40:00.000-07:00

-Desesperadamente buscando a el Chapo- El Fisgón

El control

2011-11-04T09:35:00.000-07:00

Por Luis Javier Garrido.

La violencia extremada por el gobierno de facto de Felipe Calderón en diversos ámbitos del país es parte de la estrategia acordada por el panista michoacano con sectores de extrema derecha de Washington para obtener la ayuda estadunidense a fin de imponer a su candidato en la silla presidencial en 2012 a cambio de seguir él entregando el control de la economía, de los recursos básicos, de la seguridad nacional y hasta de las instancias de gobierno a Estados Unidos.

1. El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más directa a México en lo militar, lo político y lo económico como vía para disponer impunemente de nuestras riquezas estratégicas, ha avanzado en este fin del sexenio calderonista por las concesiones sin límite que hace el gobierno del PAN, amparado por la complicidad de los partidos, del Congreso, de la Suprema Corte y de los poderes locales, pero también, y esto es lo más grave, de un sector significativo de una sociedad manipulada como pocas veces en su historia.

2. Washington está consiguiendo así en México gracias al papel de Calderón y del PAN con la llamada “guerra contra el narco”, que en realidad es contra el pueblo de México, lo mismo que con guerras mucho más costosas ha ido alcanzando en Afganistán, Irak o Libia: reducir a estados soberanos a la calidad de simples territorios de ocupación o protectorados para lograr el saqueo de sus recursos fundamentales, empezando por el gas, el petróleo y la minería.

3. Lo más significativo de este final del gobierno espurio de Calderón no lo constituye su entreguismo, sino que el mismo ya no suscita sino reacciones cada vez más limitadas, por el hecho evidente de que los funcionarios panistas no defienden ya los intereses de México, sino los de EU con el argumento peregrino de que con la Iniciativa Mérida impulsan la globalización.

4. Las injerencias estadunidenses en la vida institucional de México, que hace tres cuartos de siglo hubiesen producido reclamos contundentes o la expulsión de sus diplomáticos, no provocan hoy más que el aval de los funcionarios panistas. Luego de que Hillary Clinton insistió por enésima vez ante un subcomité de la Cámara de Representantes en que los cárteles mexicanos realizan actividades similares a las de los grupos terroristas, abriendo el reclamo a una intervención más directa, las autoridades mexicanas guardaron silencio.

5. Al igual que hicieron tras los señalamientos de The Washington Post el 28 de octubre de que el Ejército, la Marina y la Policía Federal buscan por todos los medios bajo el mando de la DEA a El Chapo Guzmán, traicionando así Obama y Calderón a su aliado en un afán de imponerse en 2012. Como también cuando se ha desatado una campaña histérica en sectores de EU insistiendo en que los cárteles y la violencia de México amenazan como ninguna fuerza en el mundo el american way of life y se señala a El Chapo como el hombre más peligroso y rico del planeta: más letal que la mafia italiana por haber tomado el control de Chicago, según dijo el miércoles 2 Jack Riley, miembro de la DEA, que hace unos días todavía lo protegía. Lo cual no obsta para que Forbes lo sitúe en el número 55 como el hombre más rico del mundo: debajo de otros mexicanos que ahora se sabe forman parte también, desde otra vertiente, del crimen organizado.

6. El proyecto totalitario de Washington de centralizar en un mando único las policías federal, locales y municipales de México, con el propósito de que las agencias estadunidenses tengan más fácilmente el control del país, sin importar el orden constitucional –ni el régimen federal y la autonomía municipal–, lo ha tratado de seguir imponiendo Calderón, enmedio del desastre institucional, sin oposición de los poderes locales. En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional el último día de octubre, los gobernadores, sin dignidad y sin respeto al federalismo, aceptaron la centralización, la injerencia estadunidense y hasta el regaño de Calderón por los escasos avances en la llamada limpia policiaca y doblaron la cerviz, empezando por Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino ahora ardiente calderonista.

7. La gravedad de los hechos no puede desconocerse. La violencia de la guerra impuesta por Calderón a los mexicanos haciéndole el juego a Estados Unidos causó tan sólo en octubre mil 45 muertes, que no sólo son atribuibles a los cárteles o crimen organizado –como decía la cabeza de la nota de La Jornada que da cuenta de esto el 2 de noviembre–, sino también y de manera cada vez más importante a las fuerzas federales (dirigidas por agentes estadunidenses), a los paramilitares del gobierno calderonista –que se llevan las palmas– y al fuego cruzado, todo ello en el contexto de un conflicto generado por el gobierno panista para amedrentar y someter a los mexicanos y que ha hecho de la violencia un arma fundamental de gobierno siguiendo el modelo colombiano. Sin olvidar que muchos estudiosos señalan que gobiernos como los de Colombia, Estados Unidos o México, por sus intereses en el narco, deben ser también considerados componentes del crimen organizado.

8. Este incremento de la violencia armada a unos días de las elecciones locales de Michoacán fue señalado desde hace meses como una de las tres vías a las que recurriría Calderón para tratar de sentar a su hermana la Cocoa en la silla de gobernador, junto con las manipulaciones prelectorales de las dependencias del Ejecutivo, que con todos los recursos materiales, logísticos, económicos y políticos del gobierno federal buscan imponer a su candidata (la violencia electoral), a lo que se aúnan las campañas negras a las que son tan afectos los panistas y la derecha en casi todo el mundo (la violencia mediática). El atentado que costó la vida al presidente municipal panista de La Piedad el miércoles 2 empezó a ser visto ya, por consiguiente, como parte de este escenario oficial que se inició con el bombazo del 15 de septiembre de 2009 en Morelia y prefigura lo que va a ser 2012.

9. El grupo panista sabe bien que no podría imponer a Ernesto Cordero en Los Pinos de no destruir las posibles candidaturas de Andrés Manuel López Obrador (PRD) y de Enrique Peña Nieto (PRI), y a eso ha estado dedicado. Pero, como en el caso de López Obrador, a pesar de cinco años de campañas negras, no ha logrado mermar su imagen, que se ha fortalecido con el respaldo de la Morena –el movimiento social más importante de los decenios recientes–, por lo que al aproximarse ahora la encuesta que definirá al candidato de las izquierdas, busca en estrecha alianza con los chuchos del PRD imponer fraudulentamente al neoliberal Marcelo Ebrard, quien tiene nula aceptación en la capital y en el resto del país y no podría salir victorioso en una encuesta imparcial.

10. El pueblo no ha perdido en este escenario su dignidad y así por diversos medios su ¡Ya basta! sigue anunciando su capacidad de lucha y de resistencia.

El cartón de hoy.

2011-11-03T07:42:00.000-07:00

-Mentís a críticas- Monero Hernández

Navegaciones. - Una llamada telefónica.

2011-11-03T07:39:00.000-07:00

Por Pedro Miguel.

No podría ser ninguno de los vendepatrias que han ejercido, con legitimidad o sin ella, la presidencia de México en décadas recientes. Tampoco podría hacerlo un representante de esta oligarquía que ha encontrado el máximo de sus negocios en la destrucción humana y material del país. Fuera de ese pequeño conjunto, no importa el apellido de quien, un día, tendrá que armarse de sentido nacional, agudeza y tamaños, como en su día lo hizo Lázaro Cárdenas, para pedir a uno de sus asistentes que establezca comunicación telefónica con la Casa Blanca.

Tampoco es relevante si quien toma la llamada, miles de kilómetros al norte, es hombre o mujer, blanco o negra, demócrata o republicano. Salvo que la dinámica de los acontecimientos haya trastocado el panorama actual, lo cierto es que, sea quien sea, puede darse por descontado que no va a gustarle lo que escuche:

–Señor presidente: debo comunicarle que he enviado al Legislativo de mi país una iniciativa de reformas al Código Penal para abolir la prohibición de todas las drogas.

Pero, para entonces, al jefe de Estado de la potencia vecina la noticia no lo tomará demasiado de sorpresa. Porque antes de efectuar esa llamada, habrá debido desarrollarse un debate nacional, una complicada negociación política entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso y, lo más espinoso, un proceso de paz con los principales grupos armados que operan en el país.

Suena nauseabundo eso de sentarse a la mesa de negociaciones con representantes del cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Caballeros templarios, el cártel del Golfo y no sé cuántas otras organizaciones delictivas. Igualmente repulsivo debe de haberles parecido a Yitzhak Shamir y Shimon Peres estrechar la mano de Yasser Arafat, quien, según ellos, era un carnicero terrorista. Una repulsión parecida ha de haber sentido el dirigente palestino al abrazar a quienes consideraba genocidas. También tuvo que ser muy duro para los comandantes guerrilleros salvadoreños saludar con una sonrisa a los generales criminales que masacraron pueblos enteros.

Hay muchos otros ejemplos. El problema es que, como dijo Shimon Peres en una conferencia en el hotel King David de Jerusalén, en el ya lejano 1994, el liderazgo palestino no lo ejercía Teresa de Calcuta, que era con quien a él le habría encantado firmar la paz. Cuando resulta imposible derrotar militarmente al enemigo que se tiene enfrente, tarde o temprano hay que conversar con él en un proceso de toma y daca para detener una carnicería que no va a terminar por sí misma.

Otro obstáculo: a diferencia de lo ocurrido en los conflictos de Oriente Medio, Centroamérica, el Ulster y otros, las organizaciones criminales mexicanas no encarnan ninguna reivindicación política o social. Pertenecen a delincuentes comunes a quienes mueve el interés por las utilidades, como a cualquier otro empresario, salvo que su negocio es ilegal.

Pero este dato tampoco representa un escrúpulo insalvable para iniciar un proceso de pacificación en el país. Muchos gobiernos han negociado, en diversos momentos, con estamentos delictivos. Lo hizo la Casa Blanca antes de derogar la ley seca, con las mafias de Chicago, Nueva York y otras ciudades, para asegurar una suerte de transición ordenada para insertar las fortunas de los grandes capos en la economía formal; uno de los protagonistas de ese proceso fue Joseph P. Kennedy Sr., fundador de la dinastía, quien traficó con información privilegiada, construyó un imperio de importación y distribución de licores al día siguiente de abolida la prohibición y gestionó el trasvase de capitales dudosos hacia la naciente industria cinematográfica en Hollywood.

Años más tarde, el gobierno encabezado por Franklin Delano Roosevelt buscó a la mafia de origen italiano que operaba en el este del país para que ayudara a garantizar el éxito del desembarco en Sicilia. Los gobiernos de John F. Kennedy –hijo de Joseph P.–, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon –quien antes de ser presidente practicó la abogacía hasta límites realmente delictivos– se hicieron de la vista gorda con el vaso tráfico de heroína procedente de Vietnam, realizado al amparo de la intervención militar en ese país. Posteriormente, en tiempos de Ronald Reagan, la CIA operó una vasta red de narcotráfico de Colombia a Estados Unidos, pasando por México, para hacerse de ingresos extrapresupuestales con los cuales comprar armas para los contrarrevolucionarios nicaragüenses.

Por esos mismos tiempos, el Departamento de Estado y el Pentágono no le hacían ascos a los fundamentalistas afganos que financiaban su lucha contra las tropas soviéticas de ocupación mediante el comercio ilegal de heroína.

En el México actual, diversos políticos han reconocido o mencionado la existencia de añejos contactos extraoficiales entre la autoridad y los traficantes de drogas. Lo dijo Miguel de la Madrid en referencia a Carlos Salinas, lo dijo el ex gobernador de Nuevo León con respecto a los candidatos a puestos de elección popular, lo ha dicho Felipe Calderón con respecto a sus antecesores en el cargo que él ocupa de manera ilegítima; no hay por qué no creerles, sobre todo si un alud de datos e indicios confirma tales dichos.

Actualmente, el gobierno de Calderón ha sido insistentemente señalado por su presumible alianza tácita con el cártel de Sinaloa, hasta el punto de que, cabreados por el escándalo, los gobernantes estadunidenses parecen haber decidido poner un alto a las circunstancias que alimentan la versión. La semana pasada The Washington Post filtró una información que describía a un Calderón desesperado por echar el guante a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, considerado el líder máximo de ese cártel, para cuya captura o eliminación se habrían formado grupos especiales en el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

En forma extraoficial, las autoridades mexicanas negaron que existiera tal cosa, pero unos días más tarde el propio Calderón comparecía, un tanto descompuesto, ante el Consejo de Seguridad Pública para presionar a los gobernadores con el tema de los exámenes de confianza de los integrantes de las corporaciones policiales y advertía de un inminente empeoramiento de la inseguridad y de la violencia. Al mismo tiempo, al norte del Bravo, el gobierno de Obama echaba el guante a unos 70 narcos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa. Hay síntomas de que la Casa Blanca y Los Pinos se preparan para un cambio de alianzas.

Hasta ahora, los contactos, las negociaciones y los pactos entre gobernantes y delincuentes formales se han realizado en la más absoluta oscuridad, porque se trata de negocios inconfesables. Pero para acabar con el narcotráfico se requiere de una negociación efectuada de cara a la sociedad con el objetivo de despenalizar la producción, traslado y venta de los estupefacientes ilegales. No se puede desmontar de la noche a la mañana un negocio de medio billón de dólares mediante un decreto. Es preciso incluir a las partes involucradas en él, y eso no sólo incluye a los capos, sino también a los sectores empresariales que se han beneficiado, por décadas, con la inyección de dinero sucio en la economía formal.

Vicente Fox formuló una propuesta semejante y la opinión pública y la clase política se lo comieron vivo, y con razón. La propuesta es correcta, pero el señor que permitió la fuga del Chapo no tiene ninguna autoridad moral para ponerla sobre la mesa. Dejemos para la semana entrante las formas y los temas de una paz negociada entre los grupos armados que se disputan el territorio y la economía del país.

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El Chapo, en la mira de EU.

2011-11-03T07:20:00.000-07:00

Editorial de La Jornada.

-El Chapo en la lista de Forbes- El Fisgón*

Por tercer año consecutivo, la revista Forbes incluyó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera en su listado de personajes más poderosos del planeta. Su inclusión en ese ranking tiene como contexto el creciente protagonismo que en tiempos recientes le han conferido medios y autoridades de Estados Unidos entre las potenciales amenazas a la seguridad de ese país: hace unos días, el Departamento de Justicia del vecino país difundió un documento en el que se afirma que la organización del Chapo Guzmán controla la mayor parte del trasiego ilícito de drogas en territorio estadunidense y se le califica como una amenaza a la seguridad de ese país; recientemente, The Washington Post aseguró que la impunidad con la que opera el capo mexicano provoca desesperación en la administración calderonista, la cual habría creado cuerpos especiales de marinos, soldados y policías federales para dar con su paradero, información que no fue oficialmente desmentida por el gobierno mexicano; ayer, el jefe en Chicago de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jack Riley, se refirió a Guzmán Loera como el criminal más peligroso del mundo, y la propia Forbes lo ha ubicado, tras la muerte de Osama Bin Laden, como la persona más perseguida del planeta.

-Fina atención- Helguera*

Por lo pronto, el gobierno de Washington parece dirigir sus acciones en contra de presuntas redes de delincuentes al servicio del Chapo en su propio territorio, como lo indica la detención, registrada ayer en Arizona, de 76 individuos –tanto mexicanos como estadunidenses– supuestamente ligados al cártel de Sinaloa.

Independientemente de la relevancia de Guzmán Loera en el mundo delictivo, su conversión en símbolo del narcotráfico internacional y el afán de las autoridades de Washington por colocarlo como amenaza a la seguridad de Estados Unidos constituyen signos ominosos para México, como se desprende de la historia de violaciones a soberanías y atropellos que han acompañado las cruzadas de ese país para eliminar a quienes considera sus enemigos: hace una década, el gobierno de George W. Bush erigió a Osama Bin Laden y a Al Qaeda en las principales amenazas a la seguridad de ese país y del mundo y, con el pretexto de neutralizar al primero y desmantelar a la segunda, invadió Afganistán y causó un saldo injustificable de muerte y destrucción. Algo similar ocurrió con la invasión de Panamá en 1989, efectuada con el propósito de derrocar y capturar a Manuel Antonio Noriega –quien se había desempeñado como estrecho colaborador de la CIA en Centroamérica–, que dejó un saldo de entre tres mil y cinco mil muertos. En México, sin ir más lejos, el gobierno de Woodrow Wilson lanzó en marzo de 1916 una expedición punitiva en represalia por el ataque de las fuerzas de Francisco Villa a una guarnición militar en Columbus, Nuevo México.

-Triunfo inobjetable- Hernández*

Es de temer, pues, que el creciente interés de las autoridades estadunidenses por la captura del Chapo lleve a un mayor injerencismo militar, policial y diplomático en territorio mexicano. Por lo demás, y sin ánimo de sugerir impunidades ni tolerancias, debe decirse que, por sí misma, la captura de un capo de la droga, por relevante que sea, no necesariamente representa un paso adelante en el combate al narcotrático, pues no incide ni poco ni mucho en las condiciones económicas y sociales ni en los escenarios financieros internacionales que otorgan al negocio ilícito del trasiego de drogas una rentabilidad desmesurada.

Más allá de las consideraciones anteriores, la inclusión de Guzmán Loera en los listados de los individuos más ricos y poderosos del planeta obedece a una inocultable lógica neoliberal: por amplio que resulte su expediente criminal, este narcotraficante sinaloense y otros de su mismo tipo son emprendedores que han sabido aprovechar las ventajas y oportunidades del sistema económico vigente –desregulación, privatización, extremo adelgazamiento del Estado, globalización económica, libre comercio, tasas altísimas de desempleo real, abandono y marginación de grandes regiones– y que han operado la aplicación más extrema de las fórmulas del éxito impulsadas por la ideología dominante: búsqueda de la rentabilidad máxima, retorno rápido de la inversión, acumulación y concentración feroz de la riqueza y eliminación despiadada de la competencia.

*Cartones publicados en La Jornada el 12 de marzo de 2009

El cartón de hoy.

2011-11-01T06:02:00.000-07:00

-Entre pobreza y violencia- El Fisgón.

La DEA en México: Los riesgos de la injerencia.-

2011-10-28T16:50:00.000-07:00

-Gracias por la aclaración- El Fisgón

Editorial de La Jornada.

Luego de las declaraciones formuladas el pasado miércoles por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, quienes reconocieron la participación de agentes de la oficina contra las drogas del gobierno estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en tareas de combate al narcotráfico en territorio nacional, la segunda de esas funcionarias añadió ayer, en declaraciones a este diario, que el destacamento de elementos antinarcóticos estadunidenses en México se incrementó durante el gobierno de Vicente Fox, y con mayor intensidad en esta administración, y sostuvo que esa presencia se da en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional.

En meses recientes, la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada hasta la publicación, por el rotativo estadunidense The New York Times, de informes sobre la actuación en territorio mexicano de agentes de la CIA en activo, así como de militares estadunidenses en retiro. Sin embargo, el que integrantes del gabinete calderonista pretendan defender ante la opinión pública algo que por principio no debiera ocurrir y que acentúa la percepción de una grave debilidad de las autoridades nacionales y de un manejo gubernamental de la seguridad pública y del combate al crimen que resulta contrario a los principios de soberanía e independencia nacionales.

Flaco favor a la administración calderonista hizo ayer su vocera al afirmar que la cooperación entre las administraciones panistas y el gobierno de Washington ha sido muy importante para compartir información que nos lleve a la detención de blancos importantes del crimen organizado, porque esos logros, en todo caso, se originan en una circunstancia irregular –la operación de agentes extranjeros en territorio nacional– y porque tal afirmación soslaya que, en el contexto de esa misma cooperación, el gobierno de Washington ha abastecido de armas a las organizaciones criminales en México mediante operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto, al mismo tiempo que proporciona armamento a las corporaciones armadas gubernamentales. Por si fuera poco, la estrategia oficial en cuyo contexto se desarrolla la labor de inteligencia e información de efectivos estadunidenses destacados en nuestro país, posiblemente haya desempeñado un papel decisivo en el incremento de la violencia, pero no ha hecho otro tanto en la disminución de la producción de drogas ilícitas, como lo señalan los datos, difundidos recientemente por The Washington Post, sobre el crecimiento de los cultivos de estupefacientes en territorio mexicano durante el pasado lustro.

Suponiendo que la operación de agentes de la DEA en México se diera en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional, su presencia representa un factor de riesgo para el país y su población a la luz de la experiencia histórica: el punto de referencia ineludible es el oscuro homicidio, en febrero de 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de esa misma corporación, cuyo cadáver apareció un mes después en el rancho El Mareño, ubicado en Michoacán. Ese homicidio trastocó gravemente la relación bilateral y expuso a México a terribles chantajes diplomáticos, a violaciones de su soberanía, como el secuestro y traslado ilegal de varios mexicanos a territorio del país vecino para ser juzgados en tribunales estadunidenses y, posteriormente, a una campaña de abierta hostilidad y presiones políticas que, entre otras cosas, se expresó en los humillantes procesos de certificación antidrogas de Washington.

Con estos elementos de juicio, resulta insostenible el intento gubernamental por explicar la presencia de agentes estadunidenses como algo benéfico, deseable y hasta necesario para nuestro país. En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para combatir a los cárteles de la droga con base en la estrategia de seguridad vigente, lo procedente y necesario sería la modificación de la misma, no recurrir en busca de ayuda a agencias de Washington –CIA, DEA, FBI– con un historial de acciones sórdidas fuera de las fronteras estadunidenses y una añeja vocación para la desestabilización, la intriga y la fabricación de coartadas intervencionistas.

La Jornada. Octubre 28, 2011

Drogas: política social y gobierno honesto

2011-10-27T07:22:00.000-07:00

Por Pedro Miguel.

Foto de http://urbanshadow.net/blog - Darren Knight

La mayor parte de los lavacoches son honrados y la mayoría de los presidentes nos han salido rateros, o sea que la pobreza no conduce en automático a la delincuencia y el éxito social no garantiza la honradez. No todas las personas que se quedan sin empleo optan por dedicarse a la delincuencia, y no todos los delincuentes lo son por falta de oportunidades laborales en entornos lícitos. No hay, pues, una relación directa y mecánica entre las tasas de desempleo y los índices de criminalidad, como no la hay tampoco entre éstos y los indicadores que miden las carencias educativas, alimentarias, de salud, vivienda y servicios. Además, las cifras oficiales en el México contemporáneo están tan maquilladas que resulta muy osado inferir cualquier cosa a partir de ellas. Un ejemplo emblemático es el del desempleo abierto, que en este país, dicen, ronda el 5.20 por ciento: si el dato fuera representativo, habría que preguntarse por qué no llegan a las playas del Golfo hordas de náufragos miserables procedentes de España, en donde la cifra correspondiente anda en 20 por ciento, o por qué en la frontera norte no tenemos una invasión de desempleados desde Estados Unidos, cuya tasa de desempleo es casi del doble que la mexicana.

No puede, entonces, establecerse en términos cuantitativos una relación causal entre el prolongado deterioro de los niveles de vida de la población mexicana, y el estallido delictivo en curso. Pero el sentido común indica que la adopción de una política social orientada a garantizar el acceso de las mayorías a empleos dignos, alimentación adecuada, educación gratuita y de calidad y servicios de salud, transporte y esparcimiento, contribuiría a reducir en forma significativa la comisión de delitos y el engrosamiento de las filas delictivas con individuos carentes de cualquier otro horizonte de sobrevivencia.

Piénsese en todo ese universo de narcomenudistas, sembradores de amapola y mariguana, transportadores o camellos, carteristas, deshuesadores y vendedores de partes robadas, entre otros que no son, en su mayor parte, sociópatas, sino individuos a quienes la necesidad material ha empujado a violar la ley. Considérese a esos jóvenes que están en la piedra y en el chemo porque la sociedad no les ofreció otro sitio para estar. Concíbase por un momento qué posibilidades de consumo reales tienen los menudistas y los compradores de baratijas de contrabando –técnicamente, delincuentes ambos– en el comercio formal. Recuérdese la persistente canallada cometida por los régimenes de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón contra comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios del agro, muchos de los cuales no tienen más horizontes de subsistencia que la mendicidad, la emigración o la transgresión de los códigos penales.

En el mediano plazo, la construcción de un estado de bienestar, con prioridades orientadas a satisfacer las necesidades de la población en general y no a garantizar tasas máximas de dividendos para los grandes capitales, reduciría en mucho los recursos humanos de los que actualmente dispone la delincuencia en general, y el narco en particular, y contribuiría a restablecer el imperio de la autoridad en las regiones actualmente dominadas por el crimen organizado. Si la autoridad garantizara los derechos constitucionales al trabajo, la salud y la educación, y los ampliara a los servicios, la cultura y la recreación, muchas personas que hoy delinquen optarían, así fuera para evitarse los riesgos, por dedicarse a labores legales. No se trata únicamente de un dilema moral sino también de un cálculo costo/beneficio bastante obvio.

Los portavoces de la oligarquía gobernante tienen una variada panoplia de alegatos contra el estado de bienestar: desde que es "populista" y "demagógico" hasta que es contrario a las leyes del mercado mundial o que está fuera del alcance presupuestal del país. La razón de todos esos alegatos es que el negocio principal del gobierno oligárquico consiste en privatizar la riqueza y cualquier medida que tienda a socializarla, en esa lógica, significa pérdida.

Pero, incluso con un gobierno social y solidario en escena, sería necesario reorientar la estrategia de seguridad para reducir el narcotráfico a un nivel en el que no representara una amenaza grave para la seguridad nacional y la paz pública. En esa reorientación, las medidas más obvias consistirían en armarse de voluntad política para perseguir el lavado de dinero hasta los confines del sistema financiero –los bancos y la bolsa, hoy intocables–, sanear los aparatos administrativos que controlan las entradas y las salidas de la droga: fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos, y orientar a esos puntos los empeños represivos oficiales.

Es un tanto grotesco observar el despliegue de transportes militares en el Periférico capitalino mientras los cargamentos de cocaína atraviesan con suma facilidad, tanto en las modalidades de importación como de exportación, las fronteras del país. Hay una inocultable mala fe en la siembra del mapa nacional con retenes peligrosos e intimidantes cuando, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías federales y empleados de la transnacional de seguridad Eulen conspiran para permitir la salida de alijos de cocaína de 42 kilos con destino a Madrid, como lo reveló una investigación reciente. Hay que ser muy tontos para creer que los traficantes de precursores químicos y de seudoefedrina pueden realizar traslados masivos de sus mercancías sin complicidades bien cimentadas de personal aduanero. Tercera medida: la investigación y el desmantelamiento de las cadenas de corrupción que van desde policías rasos de todas las corporaciones hasta funcionarios de alto nivel. Por ejemplo.

Aunque la adopción de una política de bienestar social por el Estado mexicano y un manejo honesto y sensato de la estrategia de seguridad pública permitirían reducir el fenómeno delictivo a dimensiones manejables, no serían suficientes para acabar con el narcotráfico, porque si bien éste se nutre y fortalece en la pobreza, la marginación, la corrupción y las complicidades oficiales implícitas o explícitas, su razón de existencia no está en esos fenómenos, sino en la prohibición de una cantidad de sustancias sicotrópicas. En tanto la producción, el transporte y la comercialización de drogas ilícitas permita la obtención de utilidades de diez o veinte mil por ciento anuales, el narcotráfico seguirá siendo un destino atractivo para la inversión, como lo son el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, el secuestro y el contrabando.

La eliminación de la lista de sustancias prohibidas es, pues, indispensable e inevitable. De manera periódica, diversos funcionarios de los gobiernos de México y de Estados Unidos afirman, además, que es inviable, y fuera de los ámbitos oficiales nos hemos acostumbrado a escuchar que la despenalización unilateral resultaría contraproducente, que agravaría la violencia y el descontrol, que conduciría al fin del mundo, etcétera.

Y como nadie argumenta la supuesta inconveniencia de suprimir lisa y llanamente la persecución oficial de las drogas, vale la pena imaginar qué consecuencias podría conllevar tal medida, adoptada en solitario por México, y en qué escenarios políticos y diplomáticos podría realizarse. Dejemos eso para la semana entrante.

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Cartón de febrero, hoy.

2011-10-25T10:20:00.000-07:00

Por monero Hernández

INVITACIÓN. Helguera & Hernández en la UAM-X

2011-10-21T06:42:00.000-07:00

Navegaciones • Mitos, narcos, mitotes y narcotes.

2011-10-20T17:09:00.000-07:00

Por Pedro Miguel.

Junkie • Foto tomada de http://urbanshadow.net/blog/Darren Knight

Tuve un amigo que cada noche, durante toda su vida, cenó un litro de Coca-Cola. Murió de cáncer de esófago a los 50 y no es claro si el consumo inmoderado de esa bebida fue determinante en la gestación del tumor o si es meramente indicativo de sus malos hábitos alimenticios. Posiblemente sea lo segundo, porque parece ser que su sistema digestivo se mantuvo virgen de vegetales. Mi padre fue asesinado a esa misma edad por Philip Morris, y he enterrado ya a varios colegas que, incluso antes de llegar a ella, sucumbieron ante el embate de los cárteles de Domecq o de Bacardí, o de otro semejante, con el hígado hecho pedazos. En una ocasión compré en una tienda de barrio una lata de bebida de taurina, la ingerí y me puse muy loco, pero ninguna patrulla de la policía me detuvo por beber en plena calle esa porquería empalagosa y acelerante. El consumismo en grado de adicción y el uso compulsivo de la tarjeta de crédito destruyen hogares y entornos sociales, y Bimbo induce obesidad y diabetes en los segmentos infantiles de la población. Las ludopatías destrozan familias, carreras laborales y patrimonios personales, mientras sus víctimas se cuecen los sesos en un caldo de endorfinas, sentadas frente a la máquina tragamonedas o la ruleta, en establecimientos bendecidos por la Secretaría de Gobernación. Hay muchos otros ejemplos, pero con esos basta para pedir que no nos vengan con la monumental hipocresía de que las drogas prohibidas lo están porque son dañinas para la salud de usuarios y de sociedad en general. Sí, sí lo son, pero no necesariamente más que el alcohol, el tabaco, el juego, las relaciones de codependencia o el azúcar refinada. Si a esas vamos, el catálogo de prohibiciones tendría que tener las dimensiones de un directorio telefónico.

En tiempos de Juárez la mariguana circulaba y se consumía libremente, y a nadie se le cruzó por la cabeza que pudiera destruir al país –como sí estuvieron a punto de destruirlo las sórdidas conspiraciones de la reacción y la intervención francesa–, y mucho menos acuñar frasecitas estúpidas como esa de "Para que la droga no llegue a tus hijos..." Los narcóticos prohibidos han sido definidos de manera perfectamente arbitraria, casi por efecto de casualidades históricas, y su veda no sirve para proteger de algo preciso a la nación, a la población y a las personas, pero ciertamente tiene varias utilidades no muy ocultas: en primer lugar, le sirve al gobierno para normar, con mano policial, conductas personales, en lo que constituye, en la era contemporánea, uno de los últimos territorios en los que el poder público tiene facultades para determinar lo que pueden y no pueden hacer las personas con sus cuerpos, sus vidas y sus muertes: herencia del poder religioso al Estado secular. Por añadidura, la militarización del espacio público y el terror primorosamente cultivado por matones y por gobernantes sirven para coartar, perseguir y reprimir expresiones de descontento, movimientos sociales, oposiciones políticas y hasta enemistades personales.

Pero la prohibición también sirve para generar una enorme plusvalía negra que beneficia al sistema financiero, a incontables empleados públicos de todos los niveles y diversos rubros (tal vez las fortunas súbitas y grotescas de los capos no causarían tanto escándalo si salieran a la luz las que amasan, en periodos igualmente breves, muchos encargados de combatirlos) y, también, cómo no, aunque no principalmente, a narcos, narquitos y narcotes, con sus respectivas cortes de sicarios, pozoleros, cortadores de cabezas, contadores, músicos y embalsamadores: si la mercancía que producen y trafican no estuviera prohibida, el gramo de cocaína valdría algo así como lo mismo que un sobrecito de sal de uvas, y así qué chiste.

Además, la utilidad real de las drogas rebasa, con mucho, el territorio mexicano. De hecho, el principal promotor de la prohibición, Estados Unidos, es también, fuera paradojas y fuera máscaras, el mayor narcotraficante del planeta. Si esto les parece una exageración, revisen lo que pasó con los cultivos de amapola en Afganistán antes y después de la invasión gringa: el talibán será impresentable, pero había logrado erradicar tales sembradíos. En cuanto desembarcaron los marines y los rangers, las amapolas volvieron a florecer en los campos afganos y hoy el negocio ha sido restaurado. Recuerden –quienes estén en edad– cómo, durante la guerra de Vietnam, el tráfico de drogas de Indochina a territorio estadunidense se organizó en las tripas mismas del Pentágono. Consulten las memorias del Teherangate, y vean cómo, en los años 80 del siglo pasado, la CIA pasó toneladas de cocaína de Sudamérica hacia el río Bravo y cómo estableció, en nuestro territorio, las primeras rutas de la droga. Y si no quieren remontarse tan lejos en el tiempo, lean los diarios y conozcan los pormenores de Receptor abierto (2005-2007) y de Rápido y furioso (2010-2011), los operativos secretos mediante los cuales la oficina gubernamental de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) envió miles de armas de alto poder a los cárteles mexicanos, mientras con la otra mano Washington armaba al régimen de Calderón por medio de la Iniciativa Mérida.

El volumen de negocios del narcotráfico en México es objeto de polémica. Cuando Ernesto Cordero estaba en la Secretaría de Hacienda, habló de entre 10 mil y 19 mil millones de dólares (mmd) que entraban anual y misteriosamente a la economía. Hace unos años, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías calculó una cifra próxima a los 60 mmd, y estimó en ocho veces ese monto los recursos que se blanquean en Estados Unidos: cerca de 500 mmd. Tranquilos: eso sigue siendo menos que el presupuesto de Defensa (664 mil millones el año pasado). Supongamos que esas cifras están infladas y que la dimensión real del lavado sea de una tercera parte: tendríamos, entonces, 20 mmd para México y 166 mmd para el país vecino. Obviamente, si la prohibición desapareciera, esas cantidades dejarían bruscamente de fluir a los grandes centros financieros. Imagínense las consecuencias, particularmente en momentos en que las aguas de la crisis amagan con inundar el barco agujereado del capitalismo contemporáneo. Así fuera sólo por ese motivo, el giro del narcotráfico es una bendición para la precaria estabilidad de Estados Unidos y la clase político-empresarial de ese país no es tan tonta como para matar, vía liquidación total de los narcos o despenalización de sus productos, a esa sórdida gallina de los huevos de oro. Pero hay otros beneficios: cuando la guerra en Irak languidece y la de Afganistán se orienta, después de una década de atrocidad, hacia la derrota sin atenuantes de Washington, los pactos explícitos o implícitos con mafias formales o informales (Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Rápido y furioso...) es un balón de oxígeno para la industria militar de la superpotencia. Por si fuera poco, la "guerra contra las drogas" le ha dado a la Casa Blanca un margen de intervención en diversos países de Latinoamérica (México y Colombia, para empezar) inimaginable hasta hace unos años. Ahí tienen, para botón de muestra, a Genaro García Luna ofreciendo a funcionarios gringos todo el material de inteligencia y seguridad del gobierno mexicano, o al ex embajador Carlos Pascual operando el retiro del Ejército de Ciudad Juárez.

"Sólo critican pero no proponen", es una de las chillonas favoritas del calderonato para defender su dizque guerra contra la delincuencia y los cárteles... Vamos a las propuestas, el jueves entrante.

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Los cartones de hoy.

2011-10-20T12:48:00.000-07:00

-En pie de guerra- Helguera

-Vivir mejor- Hernández

-Las cosas claras- El Fisgón

Los cartones de hoy.

2011-10-19T08:24:00.000-07:00

-De experiencia a experiencia.- Hernández

-Niniez mexicana.- El Fisgón

El cartón de hoy.

2011-10-18T08:20:00.000-07:00

-A pregunta expresa- El Fisgón

Los cartones de hoy. (In memoriam)

2011-10-17T06:22:00.000-07:00

-Hasta siempre- Hernández

-Adiós don Miguel Ángel- Helguera

Plaza Pública.

2011-10-16T21:09:00.000-07:00

Por Miguel Ángel Granados Chapa. 
(Publicado en el Periódico Reforma el 14-Oct-2011)

Foto: La Jornada / María Luisa Severiano

Es preciso eliminar la confusión posible entre una coalición electoral, figura jurídica ya existente en nuestro derecho, y la propuesta en curso de integrar gobiernos de coalición. Ambas, por supuesto, demandan la integración de voluntades partidarias. Pero su propósito es diferente. En la alianza electoral se trata de triunfar en comicios, y si bien suele pactarse un programa de gobierno, de que se le incumpla no necesariamente se siguen consecuencias para la gobernabilidad. Es conveniente hablar de esa primera significación, porque aunque sean pocos y luzcan trasnochados, aun hay quienes hablan de la unión de PAN y el PRD para evitar la victoria priista el año próximo. Pero no es tal coalición de la que hablamos ahora, sino de una reforma constitucional iniciada por el senador Manlio Fabio Beltrones para introducir el gobierno de coalición, que puede configurarse aun entre partidos que hayan contendido abiertamente en las elecciones previas.

El fin principal de esta innovación es garantizar los acuerdos entre partidos conforme a programas y responsabilidades compartidos. También se procura evitar los intentos casuísticos de consenso, que se cumplen parcialmente y por lo mismo suelen fracasar, amén de generar entre las partes incriminaciones. Acuerdos a medias, o desacuerdos francos dejan un poso de resentimiento entre los ciudadanos, una sensación de que la democracia práctica, la que conduce a resultados, es imposible.

No son ésas necesariamente las bases de que parte la iniciativa de Beltrones pero sí sus consecuencias. Nadie es tan ingenuo para ignorar que el dirigente senatorial camina en dos sendas cuya meta es la Presidencia de la República. Lo hace con andar acompasado. Presentó el 14 de septiembre el proyecto de reforma constitucional de que hablamos y lo ha ido rodeando de apoyos, procedentes de partidos y personas entre los cuales la iniciativa se aprecia en sus propios méritos. Consiguió el apoyo de los líderes de las fracciones a las que, como presidente de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva del Senado, ha encabezado por más de cuatro años. Es menos afortunada la suerte de su proyecto en la Cámara de Diputados, donde proliferan los partidarios de Enrique Peña Nieto, capaces de ver sólo pasos de Beltrones hacia la candidatura presidencial y no el empuje de un dirigente legislativo que, amén de su destino personal, se halla en la ocasión de echar adelante reformas estructurales que favorezcan el desarrollo y la democracia.

Con suertes distintas, Beltrones ha impulsado reformas constitucionales de enorme alcance o que quedaron como meras trochas que hay que despejar para transitar sobre ellas. La reforma constitucional en materia electoral transformó a profundidad el sistema de medios de comunicación en esa materia. Si bien sus habilidades políticas y un adecuado ejercicio de la oportunidad le evitaron pagar el alto costo de un conjunto de medidas que aun lastiman a profundidad a los concesionarios de radio y televisión, lo cierto es que tuvo el valor y la audacia para hacer saber a los dueños de esos poderes fácticos que es posible enfrentar desde los poderes institucionales que no son, como algunos miembros de la CIRT suponen, propiedad particular suya, sino bienes de la nación.

Pretendió también Beltrones, esta vez sin resultado alguno, una reforma hacendaria que abarque todos los recursos del Estado, y ejerza la autoridad del Estado sobre los ingresos y el gasto público. En este caso pudo más el coyunturalismo preelectoral y la propuesta se atoró en los lodazales del interés partidario interno del PRI (como ha ocurrido con la reelección de legisladores) y con ello se evitó la libre conjunción de intereses partidarios y los de parcelas extensas de ciudadanos. Tras el avance parlamentario de su iniciativa, Beltrones ha conseguido el apoyo de un grupo relevante de la sociedad civil, que la resumieron y ofrecieron sustento relevante en un texto titulado "Democracia constitucional". Son cuarenta y seis los firmantes y es imposible darles aquí espacio a todos sus nombres. Incluyen militantes políticos (sólo unos cuantos del PRI) en receso o activos, creadores artísticos, intelectuales, investigadores, etcétera. Es posible que ninguno de ellos (salvo los senadores Pedro Joaquín y Francisco Labastida) voten por Beltrones en la elección interna o constitucional, porque es remoto el progreso del ex gobernador de Sonora en esa ruta. Pero con su iniciativa buscan impulsar esa posibilidad y contribuir a mitigar las lastimosas condiciones de vida de nuestro país.

Casi nadie entre los firmantes, y por supuesto entre los mexicanos todos, puede negar la terrible situación en que nos hallamos envueltos: la inequidad social, la pobreza, la incontenible violencia criminal, la corrupción que tantos beneficiarios genera, la lenidad recíproca, unos peores que otros, la desesperanza social. Todos esos factores, y otros que omito involuntariamente pero que actúan en conjunto, forman un cambalache como esa masa maloliente a la que cantó Enrique Santos Discépolo en la Argentina de 1945.  Con todo, pudo cantarle.

Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete.

Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós.

Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011)

Los cartones de hoy.

2011-10-16T21:03:00.000-07:00

-Por él no ha quedado- Hernández. (16-oct-2011)

-Dialogando con Calderón- Helguera (oct-15-2011)

-Que no es lo mismo- El Fisgón (oct-15-2011)

El cartón de hoy por monero Hernández.

2011-10-10T08:15:00.000-07:00

-Congruente.- Hernández

El cartón de hoy.

2011-10-08T08:50:00.000-07:00


-Narcomensajes.- El Fisgón

Los cartones de hoy.

2011-10-06T09:30:00.000-07:00

-Operativo en Veracruz.- Helguera

-Medidas firmes.- Hernández

-Dos Visiones.- El Fisgón

Entre 2006 y 2007, EU llevó a cabo Receptor abierto, operación similar a Rápido y furioso.

2011-10-05T14:58:00.000-07:00

• Ambas inundaron de manera ilegal de armas a México, señala el diario Los Angeles Times

• Fue realizada desde la ATF y era conocida por altos funcionarios del Departamento de Justicia

Por Afp, Notimex y PL

Washington, 4 de octubre.- Estados Unidos llevó a cabo en 2006 y 2007 un operativo similar a Rápido y furioso (Fast and furious) llamado Receptor abierto (Wide receiver), que permitió también la entrada ilegal de armas a México, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario Los Angeles Times.

La operación Receptor abierto fue realizada desde la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Tucson, Arizona, y era conocida por altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según datos revelados por el diario estadunidense, que también sugiere que el procurador Eric Holder conocía el operativo Rápido y furioso desde 2010.
La existencia del plan Receptor abierto fue develada en una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia, quienes discutieron ambos operativos desde octubre del año pasado, dijo Los Angeles Times.

Un funcionario estadunidense que pidió no ser identificado dijo que altos funcionarios del Departamento de Justicia sabían que se permitió la entrada de armas a México a través de Receptor abierto, pero desconocían Rápido y furioso.

Jason Weinstein, subprocurador de Justicia de la División Criminal, aludió a ambos casos en un correo electrónico de octubre de 2010, preocupado de que los casos se traslaparan, señaló el diario.
En el mensaje, dirigido a James Trusty, jefe de la Oficina de Crimen Organizado y Pandillas, del Departamento de Justicia, Weinstein pregunta si convendría que su jefe, Lanny A. Breuer, saliera en la prensa “cuando Rápido y furioso y el caso Tucson se revelen”.

Es un “caso delicado por el número de armas que han caminado”, señaló Weinstein. Trusty respondió: Creo que sí, pero el momento es delicado también.

Trusty escribió además: “No sería gran sorpresa que muchas armas estadunidenses estén siendo usadas en México, así que no estoy seguro de cuánto nos cuestionarían por dejarlas caminar. Más bien podría ser que finalmente están persiguiendo a gente que mandó armas para allá”.

Investigadores del Congreso –que preside el republicano Darrell Issa– señalaron que los correos son un indicativo de que los funcionarios del Departamento de Justicia conocían las tácticas de dejar caminar las armas de Rápido y furioso.

La mencionada operación fue llevada a cabo desde el otoño de 2009 hasta enero de 2010 y permitió el trasiego de más de 2 mil rifles de asalto a México, a los que se perdió el rastro. Culminó con cargos a 20 personas implicadas, ninguna de ellas líder de algún cártel. En el caso del operativo Receptor abierto no es claro si hubo acusaciones.

Según Los Angeles Times, memorandos de julio de 2010 enviados al procurador Eric Holder, que formaban parte de reportes semanales, mencionaban el caso de un comprador en Rápido y furioso que adquirió mil 500 armas “que fueron compradas para surtir a cárteles de droga mexicanos”.
Documentos enviados a Holder entre octubre y noviembre de 2010 mencionaban que “la operación Rápido y furioso, con base en Phoenix, Arizona, estaba lista para desmantelarse” meses antes de que la investigación fuera concluida oficialmente.

Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que el procurador Holder rutinariamente recibía reportes sobre investigaciones abiertas a lo largo de Estados Unidos y que los reportes no mencionaban que agentes de la ATF estuvieran dejando caminar armas. Dijeron también que el republicano Darrell Issa recibió un reporte similar el año pasado.

La oposición republicana en el Congreso alega que el procurador ocultó lo que sabía, ya que los mismos correos apuntan a que Holder, quien dijo haber conocido de las operaciones de Rápido y furioso este año, supo del operativo en octubre, noviembre y diciembre de 2010, antes de que el caso se hiciera público.

Los cartones de hoy

2011-10-05T14:55:00.000-07:00

-Intervención- Helguera

-Una más- El Fisgón.

Gobier-No. Hernández

Desmentidos.

2011-10-04T14:31:00.000-07:00

Por Pedro Miguel

Rauda y contundente apareció la semana pasada Alejandra Sota, vocera de Calderón, a negar que en México operan grupos paramilitares: se trata de delincuentes que pertenecen o quieren apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal (sic). Presto y veloz, el embajador de Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, salió al paso de la buena disposición del precandidato republicano Rick Perry para enviar tropas estadunidenses a nuestro país. Lo más claro que dijo fue: esa opción no está sobre la mesa. Y tiene razón: por ahora, está debajo de ella.

Pero vamos cosa por cosa. La fulminante declaración de inexistencia de paramilitares en México nos coloca ante nuevos misterios. Por ejemplo, ¿quiénes han venido realizando, en años recientes, manifiestas operaciones de limpieza social como las masacres de adictos en centros de rehabilitación del norte del país o la colocación de cadáveres en uno de los principales cruceros de Veracruz-Boca del Río? Otro misterio es de orden idiomático: ¿cómo ha de llamarse entonces a los efectivos de la Marina señalados por desapariciones forzadas en Tamaulipas, a los soldados acusados por homicidio de civiles en Chihuahua, a los miles de policías estatales y municipales que periódicamente son sujetos de arrestos en masa por sus vínculos con la delincuencia organizada? ¿Qué es el grupo rudo formado por el alcalde de San Pedro Garza García, quien asegura haber logrado en su municipio, y por ese medio, niveles de seguridad superiores a los de Estados Unidos? Y ultimadamente, ¿cuál es el origen de los zetas?

En cuanto a la posibilidad de otorgar visas masivas a marines, rangers, boinas verdes y demás grupos institucionales de matones del norte del Río Bravo, es cosa de preguntarse en qué momento esa perspectiva empezará a ser propuesta de manera formal por los gobiernos de los dos países. Si México no cambia de libreto de manera radical, será inevitable. Por lo pronto, la CIA, la FBI y la DEA ya operan, de manera regular y con la aprobación del calderonato, en el territorio nacional, y grupos de veteranos de guerra gringos ayudan de diversas maneras a las fuerzas públicas mexicanas en tareas que ya nadie sabe en qué consisten. Lo que sí se sabe es que las intervenciones de Washington en países extranjeros tienen dos modelos: el de la invasión, como en Irak, y el de la escalada, como en Vietnam y Colombia, y que aquí la injerencia ha marchado en forma muy parecida.

Por cierto, la paramilitarización (también se sabe) forma parte de los manuales de la superpotencia para sumir países en el desastre con propósitos de control geoestratégico. Fue un eje fundamental del Plan Colombia, referente inevitable de la Iniciativa Mérida: se impulsó la creación de guardias blancas y escuadrones de la muerte, se declaró la guerra en contra de ellos y luego se puso fin al conflicto en forma simple y eficaz: colocando en el Palacio de Nariño al máximo operador de los paramilitares, el honorable Álvaro Uribe.

La sociedad mexicana aprendió hace muchos años (esta enseñanza es mérito de los priístas) que la mejor manera de conocer los designios gubernamentales reales consiste en reunir las negativas oficiales y ponerlas en afirmativo: no habrá incremento de impuestos, no se perderán empleos, no se reprimirá, no se atentará contra los derechos humanos. Por ahora, la opinión pública no tiene pruebas fehacientes de la organización de grupos paramilitares desde las oficinas federales, estatales y municipales, o bien desde cúpulas empresariales, pero la práctica de la ejecución sistemática está presente en muchas regiones y es huella inequívoca de esos instrumentos de gobierno a los que recurren los regímenes que han extraviado el sentido de país. En cuanto a la incursión de militares estadunidenses al sur del Río Bravo, la perspectiva no la abrió una declaración de Perry (no es el primero en aludir a la posibilidad, por cierto), sino que forma parte de un guión que conocemos de sobra, aunque muchos querrían olvidar.

Para qué esperar a que el régimen actual reconozca que los paramilitares son una realidad actuante y que la intervención extranjera está en curso. Mejor deshacerse a la brevedad de este régimen. En julio de 2012, por ejemplo.

navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com • http://Twitter.com/Navegaciones

El cartón de hoy.

2011-10-04T14:30:00.000-07:00

-Reciprocidad- Hernández

El cartón de hoy.

2011-09-16T15:17:00.000-07:00

-Desfile militar- Cartón de Helguera

Y también, por ejemplo...

2011-09-16T15:11:00.000-07:00

Por Pedro Miguel.

Vivan quienes inculcan en sus hijos el orgullo del pasado. Vivan quienes comparten con sus padres la vergüenza por el presente. Vivan quienes ofrecen a sus abuelos la esperanza en el futuro.

Viva el adulto que se compadece del terror de sus niños. Vivan los niños que imaginan el sufrimiento de sus adultos.

Viva el paria que no sucumbe a la tentación del homicidio. Viva el gobernante que prescinde de la fuerza.

Vivan quienes conjuran en los parques y a la vista de todo mundo. Vivan quienes saben que la Constitución es el más subversivo de todos los textos.

Viva el dirigente que no demanda el sacrificio de sus seguidores. Vivan los seguidores que vigilan a su dirigente.

Viva el trabajador que asume su tarea con dignidad. Viva el empresario que no hace negocios a costa de su dignidad.

Vivan los indios, que llevan a cuestas medio milenio de agravios.

Vivan quienes rechazan los eufemismos y las mentiras. Vivan quienes se niegan a llamar “baja colateral” a un asesinato.

Vivan los que pierden todo en cada incendio, en cada inundación, en cada crisis, en cada balacera, en cada saqueo y en cada terremoto, y siguen en ceros, pero siempre necios con su amor a la patria.

Vivan las mujeres que desobedecen al cardenal. Viva el obispo que denuncia los pecados del poder.

Vivan los gays y las lesbianas que salen del clóset. Vivan los heterosexuales que no convierten el clóset en un arma contra el prójimo.

Vivan los hombres que se inclinan ante la majestad de la inteligencia femenina. Vivan las mujeres que no usan su inteligencia para humillar a los hombres.

Vivan los aguerridos que exigen paz. Vivan las personas de buena fe que no se tragan los pretextos para justificar la guerra.

Vivan los jóvenes que defienden su derecho a la educación. Vivan los jóvenes excluidos de la educación.

Viva la vecina a la que le encargan hijos ajenos. Viva el automovilista que no se desespera. Viva la que hace cola, el peatón, la víctima de la usura. Viva la desempleada que aún escucha música.

Vivan los agricultores que defienen su entorno ecológico. Vivan los barrios que resisten los proyectos urbanos destructivos y depredadores.

Viva el empleado público que no roba, el contador que no pone un cero de más o de menos, el delincuente que se rehabilita, el comerciante honesto, el funcionario que desobedece a su superior antes que desobedecer a sus propios escrúpulos.

Vivan los científicos y académicos que tienen la cabeza en galaxias y paradigmas, pero los pies en Chalco.

Viva la abogada que concilia la ley con la verdad y la decencia. Viva el médico que no le cobra al que está enfermo del cuerpo y del bolsillo. Viva el restaurantero que perdona la cuenta al que olvidó la cartera. Viva la tendera que da fiado aunque el banco le niegue un crédito.

Vivan los migrantes que sostienen a un Estado que no los defiende. Viva la memoria de quienes se quedaron tirados en el desierto.

Vivan los nombres de las mujeres asesinadas. Vivan los extranjeros miserables vendidos a los Zetas por los agentes del Instituto Nacional de Migración.

Vivan los electricistas. Vivan las sobrecargos y los pilotos de Mexicana. Vivan los telefonistas. Vivan los universitarios. Vivan los petroleros y y los maestros democráticos. Vivan los mineros y los metalúrgicos. Vivan los indígenas de Copala, los comuneros de Cherán, los ejidatarios de San Salvador Atenco. Vivan las madres y los padres que se quedaron huérfanos de sus hijos en la Guardería ABC.

Vivan quienes padecen la ofensiva de los delincuentes, de los militares y de la policía, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Veracruz, en Colima, en Durango, en Nayarit, en Nuevo León, en Michoacán, en Sonora, en Guerrero, en Coahuila.

Vivan los políticos honestos, los policías con vocación de servicio y los soldados que se niegan a torturar.

Vivan los veterinarios y los albañiles. Vivan los ingenieros, los comerciantes ambulantes, los taxistas, los cineastas y los meseros. Vivan los músicos, las actrices y los mecánicos. Vivan los hueseros, los muerteros, los camioneros y los moneros. Vivan las maquillistas y las modistas, los bailarines y las pintoras, los carniceros y los matemáticos, las dentistas, los hojalateros, los impresores y los jubilados.

Vivan quienes no pierden el ánimo ante fraudes y encuestas amañadas. Vivan quienes sigan tomándose en serio la soberanía nacional.

Vivan quienes defienden las garantías individuales, los derechos humanos, sociales, políticos, reproductivos y ambientales, las conquistas laborales, la libertad de expresión y el libre tránsito.

Vivan quienes alientan la civilización en medio de la barbarie.

Vivan los que no le creen a la televisión, los indignados, los excluidos, los que están hasta la madre, los que no quieren más sangre.

Vivan quienes resisten y se organizan. Vivan las y los jodidos que nos siguen dando patria todos los días.

Vivan los sobrevivientes, los deudos y los heridos.Vivan los muertos.

Viva Cuauhtémoc. Viva Gonzalo Guerrero. Viva Fray Bartolomé de las Casas. Viva Francisco Tenamaztle. Viva Jacinto Canek. Viva Fray Servando Teresa de Mier. Viva Francisco Primo de Verdad. Viva Miguel Hidalgo. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva José María Morelos. Viva Leona Vicario. Viva Francisco Xavier Mina. Viva Vicente Guerrero. Viva el Batallón de San Patricio. Viva Benito Juárez. Viva Ignacio Zaragoza. Viva José Santos Degollado. Viva Melchor Ocampo. Viva Mariano Escobedo. Vivan Ricardo y Enrique Flores Magón. Viva Emiliano Zapata. Viva Aquiles Serdán. Viva Francisco Villa. Viva Antonio Díaz Soto y Gama. Viva Felipe Carrillo Puerto. Viva Lázaro Cárdenas. Viva Francisco Múgica. Viva Rubén Jaramillo. Viva Benita Galeana. Viva Valentín Campa. Viva José Revueltas. Viva Heberto Castillo. Viva Samuel Ruiz.

Viva el EZLN. Viva la APPO. Viva MORENA.

Vivan la paz, la verdad y la vida.

Publicado en La Jornada, jueves 15 de septiembre de 2011

Mandos militares estadunidenses expertos en la lucha contra Al Qaeda examinan redes de droga en el país.

2011-09-07T04:45:00.000-07:00

Por David Brooks | Corresponsal

•10 años del 11-S
•México, objetivo de EU para expandir su guerra contra el terrorismo.

•Los ataques de 2001 transformaron la relación bilateral; comercio y migración dejaron de ser prioridad.

Nueva York, 6 de septiembre. A lo largo de los últimos 10 años, México se transformó de ser un "socio" en la lucha antiterrorista de Estados Unidos a nivel internacional, a un país que requiere ser rescatado con algunas de las mismas estrategias y tácticas diseñadas por Washington para combatir el "terror" al otro lado del mundo.

El mismo comando, cuya unidad de fuerzas especiales militares Seals aniquiló a Osama Bin Laden y con ello de cierta manera se cerró un capítulo de la historia que empezó con los atentados del 11 de septiembre de 2001, está deseoso ahora de aplicar sus talentos a México, reportó el Washington Post.

En un amplio reportaje sobre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono (JSOC), la fuerza militar secreta más poderosa de este país que ha multiplicado su tamaño y operaciones en torno a la guerra contra el terrorismo proclamada por el 11-S, los reporteros Dana Priest y William Arkin informan que "México está primero en su lista de deseos", pero que el gobierno mexicano, limitado por la Constitución, depende de otras agencias federales para asistencia en inteligencia y otras actividades. Sin embargo, JSOC colabora en asuntos antiterroristas con la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras en aspectos relacionados con el tema.

De hecho, revelaciones en meses recientes señalan que las tácticas y enfoque de la guerra antiterrorista estadunidense ya se emplean en México. "Los militares (de EU) intentan aplicar en México lo mismo que hicieron en Afganistán", declaró un oficial estadunidense al New York Times recientemente, al describir el trabajo de algunos en el Comando Norte.

El Times reportó el mes pasado que el Pentágono está empleando lecciones aprendidas en una década de combate contrainsurgente en Afganistán e Irak en la lucha antinarcóticos. En el Comando Norte (cuya área de responsabilidad comprende Estados Unidos, Canadá y México) "varios altos oficiales con años de experiencia en la lucha contra Al Qaeda y grupos afiliados examinan inteligencia sobre las redes de droga mexicanas", informó el rotativo.

El centro de fusión de inteligencia en una base militar en el norte de México, integrado por personal de la DEA, la CIA y civiles del Comando Norte del Pentágono (entre ellos militares retirados) está modelado sobre los centros de inteligencia empleados en Afganistán e Irak. Las naves aéreas no tripuladas a control remoto, los llamados drones, que han sido la tecnología bélica más moderna y más utilizada en Afganistán, Pakistán y Yemen, las emplean ahora (aunque no artillados, se asegura) las agencias estadunidenses en México. Algunas de las técnicas de operaciones clandestinas, y todo tipo de instrucción contrainsurgente, afinadas en los campos de guerra de Irak y Afganistán, actualmente forman parte de la capacitación estadunidense de fuerzas de seguridad pública mexicanas.

Algunos análisis militares estadunidenses en el pasado reciente han comparado algunos aspectos de la situación en México con la de Pakistán e incluso con Afganistán. Aunque el Departamento de Estado y otros descartan estas comparaciones, no ayuda su argumento cuando nombran al segundo en rango de la embajada estadunidense en Afganistán, E. Anthony Wayne, como próximo embajador de Estados Unidos en México.

El gobierno de Vicente Fox expresó su solidaridad con Estados Unidos poco después de los atentados, aunque hubo controversia sobre si se demoró en hacerlo formalmente, y casi de inmediato se empezó a implementar todo tipo de cooperación con Washington en torno a la "seguridad"; de hecho, horas después de los atentados, México selló sus fronteras. Desde entonces México también empezó una mayor coordinación sobre monitoreo de extranjeros –sobre todo musulmanes– y vigilancia de puertos de entrada, fronteras y tránsito aéreo con sus contrapartes en Washington.

En los siguientes meses, México procedió de manera cautelosa en el ámbito diplomático. Subrayó su cooperación con la "comunidad internacional", y no directamente con Washington, para enfrentar el terrorismo.

Después, México evitó sumarse a cualquier "coalición" de países que proclamaban la guerra contra el terrorismo, lo que provocó irritación en Washington.

De hecho, el gobierno mexicano fue víctima de constante presión y hasta de espionaje en la misión de México ante la Organización de Naciones Unidas por Estados Unidos, el cual buscaba promover el endoso de la "comunidad internacional" para su guerra contra Irak.

El voto no se realizó, aunque México indicaba que rechazaría el uso de fuerza contra Irak. Estados Unidos lanzó su guerra de manera unilateral. Pero meses más tarde, ya ante los hechos, México sí endosó en la ONU la legitimidad de la autoridad estadunidense en el país invadido.

En el ámbito bilateral, México prometió a políticos estadunidenses que se dedicaría a "asegurar" la frontera con Estados Unidos ante una creciente presión desde Washington que transformó el tema fronterizo y de la migración en asunto de "seguridad nacional". Así, a partir del 11-S, la relación bilateral se transformó; antes, las prioridades eran el comercio y la migración tras los ataques, la seguridad se volvió el eje central.

Así, en las siguientes reuniones entre los entonces presidentes Vicente Fox y George W. Bush, todo giraba en torno al tema de seguridad, y elaboraron acuerdos que incluso convirtieron la tan elogiada zona de libre comercio del TLC, en una zona de seguridad de América del Norte que sería bautizada bajo el nombre de Asociación de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005.

Sin embargo, el gobierno de Bush, bajo la repetida justificación de seguridad, decidió militarizar su frontera sur e instaló más equipo electrónico, construyó un muro fronterizo y desplegó más agentes de seguridad incluida la Guardia Nacional, algo que continúa en la presidencia de Barack Obama.

Con la declaración de la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico y la detonación de la ola de violencia extrema en el país vecino, la relación dio otro giro. México pasó de pronto de ser "socio" en la lucha antiterrorista, a "víctima" de la violencia "terrorista" del narcotráfico.

Bajo el rubro de la Iniciativa Mérida, esta óptica se hizo extensiva a Centroamérica. La relación con Estados Unidos hoy gira cada vez más en torno a las definiciones de la visión estratégica estadunidense que se aplica a la gran mayoría de países del mundo, y donde casi todo es percibido como una posible "amenaza" a la seguridad estadunidense.

La violencia y las drogas en México, hasta los migrantes, se perciben como graves "amenazas" potenciales a la seguridad nacional estadunidense por Washington. Las consecuencias del 11-S, como lo "aprendido" en la respuesta bélica estadunidense, definen ahora la relación bilateral.

La Jornada, miércoles 7 de septiembre de 2011, p. 2

Legalizar las drogas, no los asesinatos.

2011-09-07T04:13:00.000-07:00

Por Arnoldo Kraus.

Al hablar acerca del problema de las drogas, la testarudez de la mayoría de los gobiernos del mundo es inmensa. No por serendipia, no por decreto, no por copiar modelos económicos. La razón es otra: los gobiernos están dirigidos por políticos. Y aunque no compartan el mapa genético, los políticos se comportan, en muchos rubros, de la misma forma. Buen término para explicar esas similitudes es testarudez. Otras acepciones, explican los diccionarios de ideas afines, son: porfiado, terco, obstinado, tozudo. Sobran ejemplos acerca de los beneficios subsecuentes a la legalización de productos potencialmente nocivos. Sobresalen los casos del alcohol y del tabaco.

Se han repetido, ad nauseam, las ventajas de la abolición de la Ley Seca en Estados Unidos. La ley, que como se sabe, prohibía vender bebidas alcohólicas, estuvo vigente entre 1920 y 1935. Durante la Ley Seca las mafias se reprodujeron, los crímenes aumentaron y la violencia se disparó. Basta el siguiente dato para comprender los daños emanados por esa iniciativa. Antes de la prohibición había 4 mil reclusos en todas las cárceles federales de Estados Unidos; en 1932 la población encarcelada había llegado a 27 mil. Corolario: la prohibición incrementó el número de muertos, disparó la violencia y engrosó la población carcelaria.

En torno al tabaco también se pueden extraer ideas. En ningún país se ha prohibido el uso del tabaco. Se ha restringido su uso, se han incrementado los impuestos y se han diseñado infinidad de campañas para disminuir su consumo. La suma de esas acciones, aunque falta mucho por hacer, ha sido benéfica: parte de la población es consciente de los daños que produce fumar y en algunos lugares, el consumo ha disminuido. Corolario: prevenir no requiere prohibir, requiere educar y elaborar campañas ad hoc.

Los dos corolarios previos me remiten a Suiza y Portugal. En ambas naciones se ha despenalizado la posesión de drogas para uso personal; los usuarios tienen derecho de portar y consumir drogas, no de comercializar con ellas. En contra de las premoniciones de quienes se oponen a la legalización de las drogas, el consumo disminuyó y el número de drogadictos que buscaron atención médica aumentó, lo cual, a su vez, redujo su uso. Nuevo corolario: prevenir y tratar es adecuado; reprimir no sirve. El ejemplo de las naciones europeas revive una vieja idea: el consumo de drogas y sus efectos nocivos corresponden al área de la salud, no a la legal.

Se logra más cuando se atiende –algunos políticos no atienden porque no entienden– al drogadicto en forma integral que cuando se le estigmatiza y se le encarcela. Sobresale la siguiente diferencia: mientras algunos drogadictos curan en las clínicas, muchos enferman de otras enfermedades y adquieren incontables vicios en las prisiones. El caso de Suiza y Portugal, aunque parezca extraño, me lleva al muy discutido tema de la eutanasia y del suicidio asistido.

Desde 1998, en Oregon, Estados Unidos, se permite el suicidio asistido, práctica que consiste en proveer a enfermos terminales, bajo estrictas reglas médicas, los fármacos adecuados para que decidan dónde, cuándo y en compañía de quién poner fin a sus vidas. Al igual que las personas que demonizan la legalización de las drogas, los grupos conservadores estadunidenses auguraron que al legitimar el suicidio asistido el número de casos se dispararía. Como lo demuestran las estadísticas, el número de casos, desde 1998, no se ha modificado. Tampoco, como aseguraban los ultras, se legalizó la eutanasia activa. Sucedió lo que tenía que suceder. Los enfermos terminales se sienten protegidos, muchos ni siquiera utilizan los fármacos y mueren en paz tan sólo por saber que cuentan con ellos. Además, los médicos de ese estado se han ufanado por cuidar más a los enfermos terminales: los acompañan y les ofrecen todos los medicamentos necesarios para paliar dolores y disminuir el sufrimiento. Corolario: proteger a pacientes terminales y acompañarlos ha sido una experiencia muy gratificante; proteger a drogadictos y abrirles otras posibilidades devendría buenos resultados.

Felipe Calderón declaró en el último Informe de gobierno: “La lucha antinarco, hasta el último día”. Muchos estadistas piensan como él. Yo difiero. La guerra contra las drogas ha sido inútil, han perdido sociedad y gobiernos. Es una guerra yerma y brutal. Si se legalizarán las drogas, amén de lo ya escrito, los gobiernos tendrían la oportunidad de controlar el mercado, de disminuir el poder de las mafias, de acotar la venta de armas, de invertir en prevención y educación en vez de llenar las cárceles, de aprovechar el dinero de la venta de drogas para atender a los drogadictos, de educar a la sociedad, a la policía y con suerte a los políticos y de reducir la violencia y la corrupción producto del narcotráfico.

Hace siete días escribí sobre el luto que envuelve y asfixia a nuestra nación. Ahí, en referencia, al creciente número de muertos, señalé: "cada mañana el sepulcro es más profundo"; agregué: "ayer nunca termina, nuevas víctimas se apilan sobre las viejas", y concluí: "hoy se entierran los muertos de ayer. Mañana se sepultarán los de la víspera". Me hubiese gustado equivocarme. No fue así.

Sólo queda un camino: legalizar las drogas.

La Jornada, miércoles 7 de septiembre de 2011

Cartón de Naranjo.

2011-09-05T08:11:00.000-07:00

Revista Proceso
3 de septiembre de 2011

Incendio y terror.

2011-09-05T07:57:00.000-07:00

Por Carlos Fazio.

El pasado 25 de agosto, por alguna razón que en apariencia escapaba a la lógica del hecho, Felipe Calderón definió el incendio intencional del casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que cobró la vida de 52 personas, como "un aberrante acto de terror y barbarie". Así lo escribió en su cuenta de Twitter a pocas horas de la abominable acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la "protección extorsiva" y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad.

Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la "unidad nacional" y al alineamiento de todos "los mexicanos de bien" detrás de su cruzada contra la criminalidad.

En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la "hiperpresidencia" –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de "su" guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.

El sábado 27, respondiendo a lo que Marco Lara Klahr ha llamado la "militarización informativa" (la diseminación uniforme de la versión oficial de la "guerra"), las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: "terrorismo". Incluso se habló de "narcoterrorismo", según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial y otras corporaciones del ramo reforzaron el llamado de "unidad" a nombre de "México", como suelen generalizar los amos del país.

Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios masivos de difusión, que pueden ser utilizados además como vehículos de publicidad o propaganda armada para desacreditar y/o desgastar a un gobierno o grupo rebelde.

En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (autorganizados por motivaciones políticas), pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población, aun cuando las fuerzas militares o policiales no estén involucradas (verbigracia, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares). En esa acepción, el terrorismo puede ser deseado para detonar y/o legitimar acciones gubernamentales ya planeadas, y en muchos casos las propias autoridades utilizan al "agente provocador" o llevan a cabo atentados terroristas bajo banderas falsas. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, aplicada de manera discrecional y maniquea, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.

Exaltada por los medios en tiempo real, en otra versión de la noticia como espectáculo, la acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. Sin olvidar el nudo que entrelaza al capital con la violencia, el crimen y la política –la cleptocracia como mecanismo único de la corrupción entre economía y política, diría Giulio Sapelli–, en apariencia el móvil político no formó parte de la trama: en sí, el hecho remite más al uso de la violencia mafiosa para regular la competencia en los mercados ilegales. No obstante, en un año prelectoral, de manera demagógica, pero para nada irreflexiva o ingenua, la acción fue rápidamente capitalizada por Calderón con fines político-ideológicos, dando de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país.

Sin caer en teorías conspirativas (que al final casi siempre terminan confirmándose), y sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el "secuestro" de empleados de Parametría, Mitofsky y la Sección Amarilla en Michoacán, la explosión en el Tec campus estado de México, el fantasmal tiroteo en el estadio Corona, etcétera), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa. Sin olvidar que Washington ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de "narcoterrorismo" en México, y que, como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la CIA, la DEA y el Pentágono están utilizando las "lecciones" de Afganistán en el territorio nacional.

La Jornada, lunes 5 de septiembre de 2011

El cartón de hoy.

2011-09-05T07:56:00.000-07:00

- Fachada - Cartón de Helguera

La Jornada, lunes 5 de septiembre de 2011

Condenan ONU y Amnistía crimen de reporteras; piden agotar líneas de investigación.

2011-09-05T07:45:00.000-07:00

Por Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el asesinato de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, encargada de Relaciones Públicas de la revista Contralínea y periodista independiente, respectivamente, ocurrido ayer en la Ciudad de México, y exhortó a las autoridades competentes a agotar todas las líneas de investigación desde una perspectiva de género y las relacionadas con su actividad periodística.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) para que se realicen las investigaciones en apego a estándares internacionales de derechos humanos y para que se brinde seguridad al personal de la revista Contralínea.

En un comunicado, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, aseguró que los crímenes “agravian profundamente al gremio periodístico mexicano, cuyo reclamo de eficacia a las varias instancias oficiales destinadas a brindarles protección y seguridad, tienen vigencia y legitimidad indiscutibles”.

Resaltó que con los crímenes de Yarce y González, ocho periodistas han sido asesinados en 2011, y desde el 2000, es decir en los gobiernos panistas, 74 comunicadores han sido ejecutados.

Recordó que en sus respectivos informes y recomendaciones a México tras su visita al país el año pasado, los relatores especiales para la libertad de expresión, Frank La Rue, de la ONU, y Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtieron que “independientemente de sus múltiples móviles posibles, la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación”.

Tras solidarizarse con los familiares de las víctimas, Hernández Valencia instó a las autoridades competentes, en este caso, la Procuraduría capitalina, a agotar las líneas de investigación, “con una adecuada perspectiva de género, incluyendo particularmente aquellas que se relacionen con su actividad periodística, con el objetivo de capturar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables”.

El representante hizo un llamado a la ciudadanía a “unirse activamente en el rechazo de todo acto de agresión en contra de las y los comunicadores sociales, cuya victimización constituye, además, un gravísimo atentado contra la libertad de expresión”.

En un comunicado, la CDHDF explicó que a la Procuraduría capitalina y al Tribunal Superior de Justicia local les ha solicitado que “las diligencias de investigación se realicen conforme a las reglas del debido proceso”, y sugirió que la necroscopia se lleve a cabo conforme el Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violaciones a a Derechos Humanos, seguido por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

A las instituciones gubernamentales el organismo público pidió que “se asegure que el personal encargado de la obtención, preservación y cadena de custodia de la evidencia asociada, se cerciore que la misma sea preservada en estricto apego por lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales vigente”.

Asimismo, recomendó agotar las líneas de investigación, entre ellas la de índole laboral, y pidió que “previo acuerdo, libre e informado, con las y los integrantes y colaboradores de la revista Contralínea, se implementen las medidas de protección idónea y necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de los mismos”.

Al repudio por los crímenes, la solidaridad con los familiares de las periodistas, así como la exigencia del esclarecimiento pleno se sumaron las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Article 19 que tienen su sede en Londres.

AI destacó que “el patrón de violencia y hostigamiento contra periodistas en México es preocupante, ya que las medidas tomadas para prevenir, investigar y sancionar estas agresiones han sido, en la gran mayoría e los casos, ineficaces, lo cual ha contribuido a generar un clima de impunidad”.

La organización humanitaria coincidió con la oficina de la ONU en México de que el género de las periodistas debe ser tomado en cuenta al momento de realizar las indagatorias, toda vez que “en México, la violencia contra la mujer y la impunidad siguen siendo generalizadas”.

Amnistía apuntó que “la posibilidad de que estas mujeres periodistas hayan sido secuestradas y brutalmente asesinadas por razón de su género es alarmante y es un recordatorio a las autoridades del muy limitado impacto de las políticas anunciadas para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”.

Mientras, Article 19, recordó que el último registro del homicidio de un periodista en la Ciudad de México es el de José Manuel Nava, exdirector del diario Excélsior, quien murió tras ser atacado en su domicilio en noviembre de 2006.

La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió al gobierno de Marcelo Ebrard y al procurador capitalino Miguel Ángel Mancera que “realicen una investigación expedita que permita dar con los responsables de los hechos y que no se descarte ninguna línea de investigación, incluida la del desempeño profesional de ambas comunicadoras”.

proceso.com.mx 2 de septiembre de 2011

Hay ya miles en desaparición forzada; autoridades entregan cualquier cuerpo, acusan familiares.

2011-09-04T08:01:00.000-07:00

• Es un drama que crece y se extiende por diferentes áreas del territorio nacional.
• Unos por temor no presentan denuncia; otros sí, pero sienten que funcionarios encargados no hacen nada

Por Sanjuana Martínez / Especial para La Jornada

No están muertos. Tampoco están aquí. Son desaparecidos y son miles: "Se los suplicamos, regrésenlos por favor. ¡Ayúdennos!", dice con voz desgarrada Enedelia Velázquez. Silencio absoluto. Llora y no puede hablar. Se repone y continúa: "Acaban con toda la familia. Es un dolor tan grande. Es horrible esperar que pase el día, esperar que pase la noche; luego otro día, día tras día para ver si vuelve; vivimos una espera horrible, una agonía".

A su lado, María de Lourdes Huerta Tarrega lee una pequeña carta a Kristian Karim Flores: "Hijo, donde te encuentres, sé que estás en contra de tu voluntad. Doce días después de que desapareciste nació tu hijo. Está bien. Tu madre, tu esposa, tus hermanos, no nos damos por vencidos. Sé que te vamos a encontrar. Te amo."

La siguiente es Martha Herrera Contreras. Abraza a un niño de 10 años con gorra de beisbol que porta una foto y llora. Empieza a hablar con voz entrecortada por la emoción. “A mi hijo Ramiro González Herrera, de 38 años, se lo llevaron el 19 de mayo de 2010. Estamos sufriendo todos por él. Sus hijos –aquí traigo a uno de ellos– ya no soportan la soledad. Ya no sabemos qué hacer. Pusimos denuncia y las autoridades no han hecho nada. Nos sentimos desamparados. Ayúdenme a encontrarlo”.

La procesión continúa, es interminable. "Mi hijo se llama Ernesto Efraín Vidal Flores, tiene 30 años". El que habla es don Ernesto Vidal Negrete, de 76 años, sin poder contener las lágrimas. La voz se le apaga, sólo surgen los sollozos. No puede seguir. Una pausa. Los demás esperan. Se les inundan los ojos. Quiere continuar: "Tiene cuatro meses desaparecido. Se lo llevaron cuando comía en un puesto de tacos..." El llanto lo invade con fuerza. La vergüenza también. Se cubre la cara con sus manos. Silencio. El que sigue. Otra historia, 10 más, 20, 40, 90 en Nuevo León, 200 en Coahuila, 500 en Tamaulipas, 5 mil en este sexenio. Y cada día más...

-Fatal error

Al celebrarse el Día Internacional del Detenido Desaparecido se hicieron manifestaciones por todo el país denunciando los cientos de casos registrados durante la guerra de Felipe Calderón, la falta de investigación judicial, el nulo interés del Estado por atender a los familiares de las víctimas, y la impunidad. Cientos de desapariciones forzadas son perpetradas por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales. También los cárteles de la droga han secuestrado a miles.

"Mira, hijo de tu pinche madre: si no quieres a tu hijo en pedacitos, quiero que juntes 100 mil pesos". La voz de un hombre por el celular sonó aterradora para Gerardo Peña. Su hijo Gerardo Peña Esparza fue a una fiesta el pasado 29 de enero y no llegó a dormir. El teléfono sonó a las tres de la mañana y era obvio que se trataba de un secuestro. De pronto, la siguiente voz fue definitiva. Era su hijo: “Me tienen Los Zetas. Créeles por favor. Dales lo que te piden”.

En una segunda llamada, el padre que es obrero y vive en Apodaca, Nuevo León, les explicó que no tenía dinero. Ellos accedieron a que sólo les entregara 50 mil pesos. Su hijo no estaba solo, fue secuestrado con otros cuatro amigos. A la una de la tarde le volvieron a llamar. No había logrado conseguir el dinero. El sujeto le dijo en tono de mando: "Vende el carro". Para las 11 de la noche, Gerardo ya estaba listo para entregar el rescate afuera de un Banorte en la Clínica Seis del IMSS ubicada en San Nicolás de los Garza. Allí se dio cuenta que había otras personas llevando dinero: “Eramos varios los que teníamos hijos secuestrados esa noche. Los batos llegaron y se fueron con toda tranquilidad”.

Volvió a su casa. Le habían dicho que al terminar de contar el dinero, le entregarían a su hijo. No fue así: "Desde entonces no hemos parado. Fuimos a la Ministerial, también a la policía de Apodaca, a la procuraduría. Nos hicimos el ADN. Y finalmente nos llevamos una sorpresa".

A Gerardo le avisaron meses después que su hijo fue encontrado quemado junto a otros cuerpos en una brecha del municipio de Escobedo el 30 de enero: "No es él. No coincide la estatura. Están entregando cuerpos a diestra y siniestra". Alma Delia Esparza, la madre, interviene: "Por qué hasta ahorita nos quieren dar ese cuerpo. No creemos que sea él. Quisimos hacerle una prueba de ADN privada y no quisieron. ¿Por qué? Simplemente quieren cerrar el caso para que no sigamos reclamando a nuestros hijos. Nos enteramos que el año pasado en Guadalupe entregaron un cuerpo y al año siguiente apareció la muchacha viva. Ahora la pobre no puede encontrar trabajo porque técnicamente está muerta".
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El dolor por la pérdida de un familiar aflora de nuevo cuando los afectados rememoran los hechos para relatarlos a la reporteraFoto Sanjuana Martínez

Gerardo y Alma Delia están decididos a seguirlo buscando. Se han vuelto a hacer las pruebas de ADN: "Mi esposa lo vio pasar en un coche bien despacito por la casa. Otro amigo me dijo que lo vio en Escobedo. Está vivo".

-Son miles

"Es él", muestra la foto de Ernesto Efraín Vidal Flores, su hijo. La lleva al pecho y en el cuello trae sus credenciales. Fue a una fiesta a una quinta en la Carretera Nacional y de regreso en la noche pararon a comer en un puesto de tacos ubicado por la estación del metro de la colonia Mitras: "Se llevaron a él y a sus dos amigos. Al dueño de la quinta, no. Qué casualidad", dice don Ernesto Vidal Negrete.

Su hijo tiene 30 años y estaba terminando la carrera de criminología: "Todos los vecinos pueden dar fe de él. Es muy bueno. Tenemos mucha fe en Dios. Hacemos mucha oración. ¿Qué más? Les pido que me lo devuelvan. Yo lo siento vivo".

Antes de cumplir la edad de jubilación, don Ernesto fue despedido por el patrón "sin un centavo". Y sin recursos y con la convicción de ayudar a otros, acompañó a amigos en el dolor de la desaparición de sus hijos, algo cada vez más común: "Lloré mucho por hijos ajenos, pero jamás me imaginé que iba a sufrir esto en carne propia. Sufrí por otros, ahora sufro por el mío. A cualquiera nos puede pasar. Mi hijo está clavado en el pensamiento. No tenemos paz".

A su lado, María del Carmen Luna Mata, de 76 años, lo interrumpe: “El mío se llama Jorge Andrés Pereira. Desapareció el 27 de septiembre del año pasado. Bien trabajador. Nunca se paraba en una esquina. Dicen que fueron Los Zetas”. Necesita hablar, contar su historia. Lo sacaron de su casa en la colonia Constituyentes. Unos hombres se lo llevaron en un carro. Nunca pidieron rescate. Trabajaba de mesero en varios restaurantes: "Él me cuidaba. Me sostenía. Cada vez que me veía me daba 100, 200 pesos. Soy viuda".

Un niño juguetea alrededor, es nieto de Martha Herrera Contreras. Su hijo, Ramiro González Herrera, de 38 años, desapareció el 19 de mayo de 2010. Era taxista. Ese día lo sacaron del coche y se lo llevaron. Dejó su cartera y toda su documentación: "Pusimos la denuncia, pero nunca investigaron. Lo mismo que sabemos nosotros, saben ellos, nada. Siento mucha impotencia, mucha desesperación porque no podemos hacer nada. ¿Dónde más buscamos? Estamos en las manos de las autoridades".

Todos llevan el mismo peregrinar: delegaciones de policías, agencias del Ministerio Público, anfiteatros... “Vamos a todas partes, donde haya muertos, narcofosas. Andamos de estado en estado y no hay quién nos ayude. Fuimos a la capital y nada”, dice Martha Herrera Contreras.

El trabajo de taxista se ha convertido en algo peligroso. Decenas de trabajadores del volante han sido denunciados como desaparecidos. El llamado “halconeo” ha estigmatizado su labor. Desde el 4 de enero, Adalberto Luna Montoya desapareció. Era taxista en Huinalá: "Trabajaba en una base de taxis piratas en el panteón. La CROC le iba a arreglar sus placas. Encontramos su carro a los cuatro días de desaparecido. Por miedo no interpusimos denuncia", dice Brenda Ruth Vanegas Martínez.

Hace unos meses, el Infonavit empezó a exigir las mensualidades de la casa de interés social y finalmente interpuso una denuncia: “No hacen nada. Y seguimos esperando. Las granaderas de Apodaca los paraban y ya no los dejaban pasar. Los policías les decían que ellos eran zetas y que controlaban todo, incluso les prohibían trabajar. Tal vez como era pirata se lo llevaron. Apenas sacaba 300 pesos diarios”.

La hermana de Adalberto, Martha Yolanda, no para de llorar. Explica que su madre está deshecha, porque es el segundo hijo desaparecido; el primero, desde hace cuatro años. A Brenda la incertidumbre del futuro no le permite volver a su vida cotidiana. Llora también: “No sé qué hacer. Ya no sé qué decirles a mis niños. Mi hijo de nueve años se me descontrola. Se echa a la calle, corre y grita: ‘Yo me quiero perder como mi papá’”.

Periódico La Jornada
Domingo 4 de septiembre de 2011, p. 8

El cartón de hoy. (in memoriam)

2011-09-03T07:50:00.000-07:00

-Pesar- Cartón de Manrique

Tomado de El Rito

El cartón de hoy.

2011-09-02T08:04:00.000-07:00

- Tapaboca - Cartón de Helguera

Comparte carta con No + Sangre.

2011-09-02T07:11:00.000-07:00

- Alonso Escamilla Ornnelas es estudiante de la carrera de Psicologia en la Universidad Pontificia en Salamanca, España.

Drogas: debate con responsabilidad y sin prejuicios.

2011-08-31T08:33:00.000-07:00

Editorial de La Jornada

- El que sabe sabe - Cartón de El Fisgón

La improcedencia de la estrategia oficial de seguridad y contra la delincuencia, reconocida por buena parte del espectro político, académicos, juristas y organizaciones sociales, coloca al país en una encrucijada cuyos extremos van desde una repetición sin esperanza de las líneas actuales de acción gubernamental, con lo que eso conlleva de peligros de generalización de la violencia y avance del autoritarismo, hasta la frívola e irresponsable fórmula foxista de "analizar al más alto nivel el asunto de la regulación de las drogas", "convocar a los grupos violentos a una tregua" y gestionar para ellos "una ley de amnistía". Planteada en semejantes términos, la posibilidad de un viraje radical en la legislación sobre estupefacientes y en las acciones oficiales contra su producción y trasiego ha suscitado el rechazo generalizado, e incluso ha servido al gobierno federal para robustecer sus posturas dogmáticas en la materia, aprovechando el sentimiento de agravio que experimenta la sociedad tras el horror perpetrado la semana pasada en el casino Royale de Monterrey.

Pero, más allá de la torpeza del ex mandatario, y habida cuenta de que la estrategia calderonista en materia de narcotráfico –o la falta de ella– ha llevado al país a un callejón sin salida, es necesario y urgente revisar otros posibles enfoques gubernamentales para enfrentar la espiral de violencia desde sus raíces.

Los desastrosos saldos del modelo económico vigente –marginación, desempleo, abismales carencias educativas y de salud, desintegración del tejido social, pérdida de valores– constituyen caldos de cultivo para la multiplicación de las actividades criminales, el narcotráfico entre ellas, y si no se hace a un lado la ortodoxia neoliberal y no se establece el bienestar de la población como propósito central de la política económica, millones de personas tendrán que seguir buscando la subsistencia en la migración, en la informalidad o en las actividades ilícitas.

Por supuesto, el cruento conflicto que se abate sobre el país no es, como lo quiere el discurso oficial, una confrontación entre "México" y sus "enemigos" ni una lucha entre "buenos" y "malos". El modelo económico vigente ha hecho posible, en buena medida, que las organizaciones delictivas dispongan de un amplio ejército laboral, que se enseñoreen en regiones marginadas y cuenten con base social; asimismo, la desregulación y la avidez especuladora han borrado las fronteras entre las actividades delincuenciales y la economía formal; la primera infiltra a la segunda, en un correlato paralelo a la corrupción de las corporaciones policiales y de seguridad que los cárteles aprovechan.

Un cambio de paradigma en el manejo económico gubernamental alteraría bruscamente el equilibrio de fuerzas en perjuicio de las organizaciones criminales, pero no suprimiría los altísimos márgenes de utilidad con que éstas operan en el negocio del narcotráfico; podría ser, en consecuencia, suficiente para mermar el desmesurado poderío económico y bélico de los cárteles y permitiría que el Estado recuperara, a mediano plazo, el pleno control territorial, pero no bastaría para acabar con el comercio de drogas ilegales.

Para alcanzar ese objetivo resulta ineludible remontar las barreras que se oponen a discutir con seriedad la prohibición legal de las drogas. Ayer, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, descartó que México las despenalice unilateralmente, con el argumento de que en tanto se mantenga la prohibición en Estados Unidos, tal medida "exacerbaría los problemas de criminalidad en nuestro país".

El razonamiento no sólo pretende justificar que los mexicanos sigan pagando con vidas, destrucción y descomposición el costo de la prohibición estadunidense, sino que es a todas luces defectuoso: el narcotráfico genera valor agregado –derivado de la violencia y la corrupción– allí donde es perseguido. En otras palabras, en tanto siga siendo delito, será negocio.

Para nuestro país, el precio de mantener contra viento y marea la prohibición en los términos en que existe ha sido exorbitante, desproporcionado y, en última instancia, injustificado, pues nada demuestra que el combate al narcotráfico haya reducido de alguna manera el problema de salud pública de las adicciones; más bien hay indicios para suponer lo contrario.

La propuesta de despenalizar las drogas –acompañada, por supuesto, de medidas de control y regulación de su consumo, y de programas gubernamentales de prevención de las adicciones y de rehabilitación– debe ser puesta a debate en forma seria y propositiva, al margen de arrebatos irreflexivos y de dogmas sin más sustento que una moral conservadora y autoritaria.

Miércoles 31 de agosto de 2011

CONVOCATORIA

2011-08-31T08:28:00.000-07:00

La paz de la derecha.

2011-08-30T12:24:00.000-07:00

-Operativo en Monterrey- Cartón de Helguera

Por Pedro Miguel

Los atentados de días recientes fortalecen las probabilidades políticas, legislativas y propagandísticas de esta vieja utopía:

Una tanqueta, o cuando menos un Humvee, en cada esquina y en cada crucero del país; vigilancia permanente con artillería ligera, en los barrios residenciales; razzias y rondines intimidantes en las colonias populares, con aprehensiones y allanamientos domiciliarios sin trámite judicial de por medio; ocupación del espacio aéreo por helicópteros, aviones de reconocimiento y aeronaves no tripuladas (pero sí artilladas), una parafernalia que escapa a las posibilidades financieras y tecnológicas de las autoridades mexicanas y cuyo control directo recaería, en consecuencia, en las estadunidenses; acciones de limpieza social discreta, pero efectiva, capaces de causar una merma de escala demográfica en las filas de la informalidad delictiva.

Imposición del principio de respeto a la autoridad, que empieza por dar penas de privación de la libertad a borrachos escandalosos, que sigue con el establecimiento del derecho de los policías a impedir que los delincuentes los hagan quedar como tontos ante el juez (juicios expeditos y sumarios, con prevalencia de la palabra de la autoridad sobre la del presunto culpable) y que culmina con la supresión de las críticas al funcionario público, por parte de los ciudadanos, y al patrón por parte de los empleados.

Tipificación de los delitos de lucha social, huelga, manifestación, protesta, concentración en espacio público, organización política, sindical y agraria (en modalidades de tentativa o de consumados), difusión de información contraria a los intereses de dependencias y de empresas, defensa de los recursos nacionales y resistencia de particulares a la entrega de la soberanía.

Eliminación del principio de rehabilitación que rige (muy en teoría) al sistema de justicia penal y su remplazo por el de castigo y venganza social contra los infractores.

Despenalización de facto de los delitos corporativos, electorales y "de cuello blanco" (evasión fiscal, fraude bursátil y bancario, fraude electoral, desvío de recursos, prevaricación, tráfico de influencias, lavado de dinero, homicidio industrial, afectaciones al entorno, etcétera) e intensificación de la lucha contra los delitos cometidos al margen de la Bolsa de Valores, fuera de la jurisdicción de la Condusef y más allá de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.

Para los segundos, aumento de las sanciones, desde la multiplicación de años de cárcel hasta la reintroducción de la pena de infamia, los azotes, la pena de muerte, la confiscación de bienes, el tormento y las deudas por herencia.

Restablecimiento de una división social en castas, aunque simplificada, para ejercer el principio de presunción de inocencia, como beneficio para la gente honorable, y la sospecha previa de culpabilidad, para proteger a la sociedad de su propia mayoría, formada por malvivientes, lúmpenes, indios, comerciantes ambulantes, migrantes, ninis, pervertidos sexuales, pejistas, zapatistas y mujeres adictas al aborto.

Regularización y legitimación del actual modelo fiscal, consistente en la exención absoluta y universal a las fortunas, y confiscación de salarios, desde el mínimo hasta 10 veces la suma equivalente.

Todo el peso de la ley a los ejecutores de crímenes de sangre relacionados con la delincuencia organizada, y a sus jefes directos, en caso de que éstos no cuenten con la documentación correspondiente a la gente honorable, y beneficio de la libertad incondicional para todos aquellos empresarios, políticos y funcionarios que obtengan provecho lícito, electoral, legislativo o pecuniario del clima de violencia, de la descomposición institucional y de la zozobra ciudadana.

Éstos son, en el fondo, los objetivos en torno a los cuales México debe "unirse". No es otro el escenario que proponen el CCE y la Coparmex, con su rebaño anexo de logotipos y siglas ciudadanas, y los cuadros panistas y priístas que decidieron estar hartos de la violencia causada por el régimen del que forman parte. Así va el guión de la paz a la que aspira la derecha. Y lo hará realidad si el resto de la sociedad se descuida.

navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com - http://Twitter.com/Navegaciones

Tomado del periódico La Jornada, martes 30 de agosto de 2011

Astillero.

2011-08-30T12:18:00.000-07:00

Por Julio Hernández López

Torres gemelas

Estadio y casino

Felipe W. Calderón

El periodista Millán

-Escándalo- Cartón de Hernández

Es como un relanzamiento. Un segundo aire cuando parecía que el oxígeno político le faltaba. Un fantasma de peores horrores por venir, para justificar y apuntalar sus planes de continuismo (con elecciones, sin ellas o con ellas a medias) mediante borregos apellidados Cordero u otras formas de suplantación política a las que "obligaría" la terrible realidad. Una manera de reordenar y aprovechar a sus críticos civiles institucionalizados, de por sí ya bastante difuminados y alineados (con besos y sin ellos). Una justificación oportuna para reanudar caravanas policiacas y militares efectistas rumbo al norte (de donde otros pobladores, como los juarenses, han pedido fundadamente su expulsión por ser causantes de peores males que los presuntamente combatidos). Un revitalizador energético para sus discursos que pueden seguir siendo los mismos, pero ahora dichos con más vehemencia y con rostro y manos de más dureza expresiva. Una recarga argumental de chantajismo "patriótico" para impulsar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y una nueva ocasión para insistir en la cantaleta de todo lo que va del sexenio: la unidad nacional, entendida como cierre de filas en torno a él, Felipe W. Calderón, esta vez a causa de las Torres Gemelas que en la versión nativa han sido un estadio torreonense y un casino regiomontano.

Tres días de luto nacional inmediato cuando el mismo declarante tardó un año para decretarlo en el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC. Instalación apresurada, contundente y repetitiva del concepto de "terrorismo" que habrá de justificar los excesos cometidos por una administración bélica que así cree contar con una coartada o atenuante en razón de ese nuevo eje del mal. Felipe y su vocero Poiré, que se muestran ante cámaras con grandes enojos y sus parlamentos salen cargados de adjetivos descalificatorios, que pueden ser entendidos y compartidos si se escuchan en labios de los familiares de las víctimas, pero que en voz de los altísimos funcionarios públicos mencionados suenan más a enjundia en busca de exculpación mediante la teatralidad y que a oídos de los mexicanos, largamente especializados en detección de sospechosismos, parecieran encubrir propósitos proporcionalmente inversos a la vehemencia escenográfica.

Recomposición oportunista a la que en nada sustancial afectarán los incidentes y vericuetos de las investigaciones oficiales (ya anoche se anunciaba la detención de dos presuntos responsables del ataque al casino regiomontano). Lo importante era y es colocar en la marquesina social el arranque de la nueva temporada, la del terrorismo como justificación, discurso y proyecto. Por lo pronto, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones pide acompañar al licenciado Calderón en este trayecto difícil (tejedor, el sonorense, de presuntos puntos finos que pudieran ayudarle a ver la caída del copete delantero, por errores de él mismo o por metralla política de Los Pinos). Y la violencia política como amenaza, natural o fabricada, alcanza incluso un acto de Andrés Manuel López Obrador en el delicadísimo Nuevo Laredo, donde un presunto grupo de choque de la directiva estatal perredista golpeó "con bates y manoplas" a asistentes a un mitin del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuando éste había terminado, según eso en represalia por las denuncias hechas en el curso de esa reunión contra el dirigente estatal del sol azteca. Dato aparentemente menor, circunstancial, enteramente local, pero que da cuenta de los riesgos constantes que corre el ejercicio cívico y político desde posturas críticas.

- Astillas

El asesinato del periodista sinaloense Humberto Millán constituye una ofensa y una amenaza para el honesto ejercicio crítico desde los medios de comunicación. A diferencia de otros casos en los que asoman o son colocados ciertos ribetes polémicos para incluir entre las posibles causas de la autoría de esos crímenes alguna forma de relación de periodistas con el poder corruptor y vengativo del narcotráfico, en el caso de Millán hay una extendida convicción de que su muerte tiene como contexto único el ejercicio crítico respecto de la clase política estatal. Así lo han entendido la inmensa mayoría (por no decir la totalidad) de sus propios compañeros de oficio, el dirigente estatal del PAN y el propio gobierno estatal, además de que un compañero del difunto Millán ha hecho saber que cuenta con un video en el que el periodista, ya bajo amenaza, dejó constancia de sus sospechas respecto a quienes desde el poder político podrían atentar contra su vida. Por lo pronto, el secretario general del gobierno de Sinaloa ha acudido ante la procuraduría estatal para declarar en torno a las presunciones (que ha negado categóricamente) de que él, ampliamente criticado por Millán e incluido en la lista de sospechosos, según la versión del amigo depositario del video de denuncia, podría ser autor intelectual del levantón y posterior ejecución del periodista sinaloense. Sabido es que el narcotráfico ha infiltrado también ciertos segmentos del ejercicio periodístico, y que en varios estados del país hay redacciones donde los grupos delincuenciales dominantes tienen virtuales jefes de prensa que reparten gratificaciones y proponen enfoques noticiosos o sugieren censuras siempre acatadas, además de servir como halcones internos para denunciar ante sus patrones informales a aquellos que aun sin firmar sus notas o reportajes escriban de manera adversa al interés de los "jefes". Pero, en una zona minada como es Sinaloa, el asesinato de Humberto Millán –sin nexo conocido o sugerido con esos asuntos oscuros– es una forma de acrecentar la violencia contra quienes analizan y critican los asuntos públicos, en especial los políticos, sin dejarse contaminar por el narco. Con lo sucedido en Monterrey el país ha sido llevado por el calderonismo a una fase superior del control social mediante el miedo. Con lo sucedido en Culiacán también se ha avanzado un paso en el ataque a las posturas críticas en los medios de comunicación. ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Tomado del periódico La Jornada, lunes 29 de agosto de 2011

COMUNICADO.

2011-08-26T23:55:00.000-07:00

Ante los más recientes acotecimientos de violencia criminal sufridos por la sociedad mexicana en diversos puntos del territorio nacional, el colectivo No Más Sangre expresa lo siguiente:

Cada muerte que deja la violencia es condenable. Cada vida perdida por culpa de la guerra que declaró el gobierno de Felipe Calderón “en contra del crimen organizado” fractura la vida de miles de familias mexicanas.

La atrocidad perpetrada el jueves en un centro de apuestas de Monterrey; la balacera del fin de semana pasado frente al estadio de fútbol de Torreón; el asalto y la ulterior movilización policial y militar en un centro comercial en la ciudad de Morelia; el atentado contra civiles registrado días antes en el acuario del Puerto de Veracruz, y otros episodios de esta clase, conllevan y comunican saña y crueldad inauditas, denotan un alto grado de planificación y organización, y parecen haber sido diseñados con la intención de generar terror, confusión y desaliento en la sociedad.

Como lo hemos estado advirtiendo, el país es víctima de una estrategia desestabilizadora que busca impulsar soluciones autoritarias, antidemocráticas y hasta dictatoriales a una zozobra previamente cultivada. Mientras Washington surte de armas a dos bandos supuestamente enfrentados en la guerra –al gobierno federal, por medio de la Iniciativa Mérida, y al Cártel del Pacífico, por conducto del operativo “Rápido y furioso”–, y atiza, así, la espiral de violencia, en los medios nacionales se desata una campaña con clamores irreflexivos para legitimar la profundización de los rasgos represivos y violatorios de los derechos humanos que ostenta la política oficial de seguridad. El dolor, la indignación y la incertidumbre ciudadanos provocados por los ataques referidos serán utilizadas en forma demagógica para urgir al Poder Legislativo para que apruebe las reformas policiales a la Ley de Seguridad Nacional. El espantajo del terrorismo será lanzado sobre una población de por sí aterrada ante la barbarie sin límites de la guerra que le fue impuesta al país.

Nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y repudiamos actos de violencia como los que se han vivido en los últimos días. Exigimos al Legislativo que rechace cualquier reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Demandamos el juicio penal de Felipe Calderón y de los demás responsables –funcionarios públicos y cabecillas delictivos– de la guerra, la destrucción y la barbarie que campean en México en la hora presente.

No Más Sangre.

Ciudad de México, 26 de agosto de 2011.

Dos operativos.

2011-08-23T07:55:00.000-07:00

-El país de Damocles- Cartón de El Fisgón

Por Pedro Miguel

A uno le llamaron balacera y al otro asalto. El primero tuvo lugar afuera del estadio Santos Modelo, de Torreón, Coahuila, el sábado, cuando en ese recinto se disputaba un partido de futbol entre el equipo anfitrión, el Santos Laguna, y el Morelia. El segundo ocurrió al día siguiente en la Plaza Las Américas de Morelia, donde un grupo de siete hombres con armas largas sustrajo con violencia alhajas y relojes de una joyería.

En forma excepcional, para los estilos corrientes de la delincuencia en México, ninguno de esos hechos se saldó con víctimas mortales. Fueron acciones "limpias" o casi limpias (en la capital michoacana, los vigilantes de la joyería fueron golpeados en la cabeza), pero ambas produjeron estados de pánico y zozobra en las localidades respectivas. No hubo detenidos pese a que ocurrieron, ambas, en ciudades que han sido escenario de extensos despliegues policiales y militares. Con la pena, pero estos ataques suenan más a acciones de desestabilización que a meros episodios de una criminalidad descontrolada.

Es un viejo saber que forma parte del repertorio de algunas de las agencias estadunidenses policiales, de seguridad e inteligencia que operan en México (CIA, DEA y fuerzas especiales del Pentágono) y que consta en los manuales de cualquier ejército regular, en el capítulo de Operaciones Sicológicas: realizar acciones de desestabilización y zozobra, orientadas más a un gran impacto mediático que a la destrucción de objetivos físicos y humanos.

Claro que las casualidades existen, y posiblemente sean meras coincidencias el que ambas acciones hayan resultado incruentas hasta el punto de parecer cuidadosamente orquestadas, el que ambas hayan generado terror en la sociedad, el que se hayan registrado con un día de diferencia, el que hayan sido equipos de futbol de Coahuila y de Michoacán los que disputaban el partido suspendido en Torreón, y el que esas entidades sean cuna de dos políticos de primera fila claramente enfrentados entre sí en el momento actual: Humberto Moreira y Felipe Calderón.

Si faltaba contexto político, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y el propio Calderón, se encargaron de establecerlo. El primero regañó a las autoridades estatales y municipales, a las cuales responsabilizó de manera elíptica por lo ocurrido, y las instó a "fortalecer sus lazos institucionales y de cooperación", en tanto que el segundo llamó, horas después, a "la unidad". Y la pregunta es obligada: ¿a cuál de todas las divisiones que afectan al país alude esa "unidad"? ¿A la división entre ciudadanos buenos y delincuentes malísimos que pregona el régimen? ¿A la división entre quienes aún puedan creerle a la estrategia oficial de seguridad y quienes la cuestionan e impugnan? ¿A la división entre cárteles? ¿A la división entre partidos? ¿A la pugna entre las facciones tricolor y blanquiazul del régimen oligárquico?

¿Estamos ante un correlato violento de las agrias disputas político-judiciales que libran las distintas facciones que ocupan las instancias de gobierno? ¿Vivimos, como ha ocurrido en Líbano, un laberíntico entramado entre facciones partidistas y brazos armados, o entre grupos armados y brazos partidistas, pero con la variedad de los cárteles? ¿O serán los nervios?

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Periódico La Jornada, martes 23 de agosto de 2011

El cartón de hoy.

2011-08-22T09:28:00.000-07:00

- Tirititito - Cartón de Hernández

La intervención va.

2011-08-22T09:25:00.000-07:00

Por Carlos Fazio

La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados"– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.

Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.

El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden "capacitación" dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.

La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.

Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.

La "nueva etapa" de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadunidense.

En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la "transición" será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.

Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, "capacitarán" a policías mexicanos?

En el contexto de la Iniciativa Mérida, los "asesores de inteligencia" estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la "colaboración bilateral" en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, "la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security".

Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011

Debe darse prioridad a las víctimas: Édgar Cortez.

2011-08-19T08:48:00.000-07:00

Por Víctor Ballinas

Édgar Cortez del IMDHD

• Hay que escuchar todas las voces: Cencos

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró positivo el reinicio del diálogo entre el Congreso y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, "pero la Ley de Seguridad Nacional está marcada por una minuta que aunque se le quieran hacer reformas, de entrada ya tiene límites. El riesgo real de abrir el debate sobre el tema es que quede como los legisladores quieren".

Resaltó que "todos los asuntos que comprenden las amenazas para la seguridad interna incluyen una discusión que parte del inicio de lo que el Congreso ha establecido, no de una propuesta que permita la confección de una legislación ciudadana, porque el riesgo es que salga algo híbrido".

Consideró pertinentes todos los temas que ha puesto en la mesa el movimiento por la paz, "pero no me parece que todo tenga la misma jerarquía. Las víctimas y el acceso a la justicia tendrían que ser prioritarios".

Brisa Maya Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), manifestó que el reinicio del diálogo es un buen indicador del trabajo que ha hecho el movimiento, y es un reto para el Legislativo poder escuchar las distintas opiniones sobre la ley de seguridad”.

Periódico La Jornada
Viernes 19 de agosto de 2011, p. 16

Las fuerzas armadas y la guerra de Calderón.

2011-08-19T08:47:00.000-07:00

Acentos | Epigmenio Ibarra

Le permitieron primero los altos mandos de las fuerzas armadas, a Felipe Calderón Hinojosa, disfrazarse de general y luego consintieron que actuara como tal.

Dejaron que, con ligereza y fines propagandísticos, “declarara la guerra al narco” y luego, siguiendo sus órdenes, desplegaron a decenas de miles de efectivos en todo el territorio nacional.
De materia para encendidas arengas patrióticas, de instrumento de legitimación política de un gobierno que de origen no la tiene, la guerra, cruzada personal de Calderón, pasó a ser entonces cruenta realidad cotidiana.

Se equivocaron quienes mandan en las fuerzas armadas al someter las operaciones militares a los intereses políticos de un gobierno y un gobernante severamente cuestionados. Pagan hoy las consecuencias de ese error tanto la institución como el país entero.

Se equivocaron los altos jefes militares al volver asunto militar, al tratar de resolver a balazos un problema que demanda acciones integrales. Seducidos por el discurso de Calderón, quizás por el protagonismo que para ellos podía implicar, se prestaron a “hacer la guerra”.

Desconociendo principios básicos de los conflictos irregulares pensaron que desplegar masivamente la tropa les permitiría obtener rápidamente resultados. Convirtieron, con ese despliegue de medios y hombres, a bandas desorganizadas que rehuían el combate en ejércitos de sicarios a los que no les faltan armas, munición y recursos, y a los que no sobra escrúpulos.

Antes que actuar en el sigilo y la oscuridad, antes que el trabajo de conquista de “mentes y corazones”, optaron por la presencia masiva tan espectacular como ineficiente, y por su poder de fuego y lo pesado de su estructura se tornaron previsibles para los criminales y peligrosas para la población civil.

Una cosa es apegarse al mandato constitucional y someterse al Presidente en turno, y otra acompañarlo en sus despropósitos y embarcar a la institución —y a México— en una trágica aventura.

Que algunos ciudadanos, atenazados por la zozobra y el miedo, se compren las arengas patrióticas de Calderón es explicable. Que los propagandistas se atrevan a plantear, como único camino, la disyuntiva entre guerra o rendición frente al crimen organizado también.

Las mentiras, en tiempos de turbulencia como los que vivimos, viajan con velocidad y, gracias a la acción de los medios de comunicación y al bombardeo publicitario inclemente, terminan pareciendo verdades.
Lo que es inaceptable es que altos jefes militares, gente que conoce la realidad del país, las amenazas reales y presentes que enfrentamos, hombres entrenados para aquilatar riesgos y oportunidades, hayan caído en la trampa.

Una trampa en la cual, la primera baja colateral puede ser lo que queda en este país de democracia y también de paso de soberanía nacional. Una trampa en la que el prestigio del Ejército y la Marina se verá, también y más temprano que tarde, gravemente dañado.

Hay un pesado lastre que cargan con ellas nuestras fuerzas armadas. Los saldos de la guerra sucia, su trabajo represivo a las órdenes del régimen autoritario, ha dejado heridas que aún no cierran del todo y a las que hoy se agregan las tristemente célebres “bajas colaterales”.

Dura es la historia con gobernantes que traicionan el mandato recibido en las urnas. Más dura todavía es, sin embargo, con los ejércitos. Es más fácil —y los ejemplos abundan en América Latina— ver a un general o un almirante sentado en el banquillo de los acusados que a un político.

Los políticos, con los bolsillos llenos, van al exilio dorado; los partidos pierden elecciones y conservan prerrogativas. Los ejércitos no. El descrédito, el rechazo por parte de la población civil, significan un golpe durísimo para la moral de cuerpo, un estigma que suele durar décadas.
Los políticos, por otro lado, siempre pueden, tratándose de cuestiones militares, escurrir el golpe. Poca gente recordará que la idea de “declarar la guerra” fue del propio Calderón. Cuando la suma de fracasos —que va a seguir creciendo— se torne inaceptable buscarán, los medios, los partidos, responsables del fracaso entre los de uniforme.

Reconozco el valor de oficiales y soldados que honesta y valientemente combaten al crimen organizado. Lamento la caída en combate de muchos de ellos y condeno el secuestro y el asesinato de efectivos de la Marina y el Ejército.

Sé que, en cierta medida y estando el país como está, las fuerzas armadas son el último valladar para contener la acción del crimen organizado. Imposible e impensable pensar en un retiro inmediato de la tropa a los cuarteles.

Sé también que, sin un tren logístico policiaco-judicial, los ejércitos ni saben ni pueden procurar justicia. Caen en la tentación de las ejecuciones extrajudiciales (en combates donde no hay heridos) y solapan la acción clandestina de escuadrones de la muerte.

No se trata de rendirse ante los criminales ni de abandonar a un solo mexicano a su suerte. Se trata de que las fuerzas armadas no le hagan más el juego de la guerra a Felipe Calderón y salgan de esa emboscada político-propagandística.

Se trata de que se sienten en la mesa de diálogo, escuchen lo que las víctimas de la guerra tienen que decir y entreguen a la nación cuentas claras.

Tomado de Milenio 2011-08-19

La disputa por la seguridad.

2011-08-19T08:32:00.000-07:00

Por Víctor M. Quintana S.

Reformas a la ley de seguridad. El Fisgón

La marejada global de protestas de las semanas recientes ha tenido una clara expresión en México en los posicionamientos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la marcha a Los Pinos del domingo pasado. El denominador que vincula a quienes protestan entre llamas en Londres, a los aguerridos estudiantes chilenos, a las y los indignados españoles, a los israelíes en tiendas de campaña y a los encab… mexicanas y mexicanos no es otro sino el rechazo a mecanismos, proyectos, modelos que privilegian la seguridad de unos cuantos fincándola en la inseguridad de las mayorías.

Por asegurar la sostenibilidad de los grandes capitales británicos se ha profundizado un modelo económico productor de cientos de miles de jóvenes neets (not in education or employment or training), versión inglesa de los ninis. Por eso protestan, así sea desorganizada y plebeyamente, porque están condenados –dice Roger Cohen– al no future (The New York Times, 13 de agosto). Lo mismo ocurre en todos los países capitalistas del norte: uno de cada cinco jóvenes en la Unión Europea o en Estados Unidos vive la inseguridad del desempleo. En Israel, miles de jóvenes que acampan en espacios públicos protestan contra un modelo económico que ha deteriorado severamente la igualdad del país y concentrado 30 por ciento del ingreso en el 10 por ciento de las familias más ricas.

La constante de las políticas económicas de las grandes potencias atlánticas es reforzar la seguridad de los pocos sobre de la inseguridad de los más: Obama batalla para obtener un precario acuerdo sobre el endeudamiento, a costa de seguir sacrificando los raquíticos programa sociales del gobierno estadunidense. En Francia, Martine Aubry, fuerte aspirante socialista a la presidencia, revela que los gobiernos de derecha, sobre todo el actual de Sarkozy, han disparado el endeudamiento público para favorecer a los grandes capitales, pues mientras se les otorgan privilegios fiscales hasta por 50 mil millones de euros, el déficit de la seguridad social alcanza 25 mil millones de euros (Le Monde, 12 de agosto).

En México, la seguridad de los muy ricos, sobre todo extranjeros, se privilegia sobre la seguridad humana de las y los ciudadanos, no sólo en lo económico sino también en la protección de la vida, la integridad física y el patrimonio.

Apenas la semana pasada las propias dependencias oficiales revelaron datos suficientes para documentar la inseguridad económica creciente en las mayorías: el poder adquisitivo de las familias se derrumba en 78 por ciento en lo que va del sexenio. El desempleo abierto llega a 5.24 por ciento de la población económicamente activa y provoca que el empleo informal alcance la cifra récord de 13 millones 385 mil personas. Un proyecto económico y social antijóvenes, que genera entre 6.5 y 7 millones de neets, para decirlo en términos que los tecnócratas entiendan.

Por si no bastara la gente librada a combatir su inseguridad económica y social mediante chambitas o estrategias familiares de sobrevivencia, desde las cúpulas se impone un modelo de seguridad nacional que genera 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, y contando, y más de 3 millares de denuncias ante la CNDH.

Los últimos en saberlo, las y los ciudadanos, apenas nos enteramos que nuestro gobierno y nuestras fuerzas armadas están resultando sólo operadores de la estrategia de seguridad del imperio. Que nuestras cúpulas de la PGR, de la Sedena, de la SSP, no son sino gerentes de producción de una gigantesca maquiladora de seguridad, según las normas de calidad de la DEA, de la FBI, de la CIA. Con supervisión in situ de agentes de las mismas y de contratistas de seguridad privados. Peor aún, sometiendo a exámenes de confianza incluso a nuestros arrogantes secretarios de Estado. Todo nuestro aparato de justicia está, pues, subordinado a los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.

Por esto el MPJD, junto con intelectuales y artistas de este país, denuncia las reformas a la Ley de Seguridad Nacional como una ley de guerra, enfocadas primordialmente a la seguridad del gobierno y sus instituciones y omisas de la protección amplia al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos. Por eso demanda, y ojalá un caudal amplio de fuerza ciudadana se forme en torno a ella, la promulgación de una ley de seguridad humana y ciudadana, que "desde el irrestricto respeto a los derechos humanos, sea un instrumento jurídico para la paz y la seguridad de todos y todas, y no el arma que legitime la continuidad del dolor y la tragedia en México" (comunicado del MPJD, 10 de agosto).

Es hora de que las y los ciudadanos examinemos qué confianza merecen nuestros funcionarios y legisladores y quienes aspiren a serlo, pero a partir de los criterios de la seguridad humana y ciudadana, tal como las conceptualizan las Naciones Unidas. Desde 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo planteó el concepto de seguridad humana en el que las y los ciudadanos son los sujetos de la seguridad en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y personal.

Desde esta perspectiva, las instituciones y el Estado deben fungir como garantes de la protección de la vida, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social y la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Esto aunque les duela a ONG y líderes a modo que defienden la Ley de Seguridad Nacional y atacan a Sicilia y a su movimiento.

Por todo esto, el compromiso efectivo, exigible y evaluable con la seguridad humana y ciudadana es una de las piedras de toque del proceso electoral de 2012. Que la ciudadanía evalúe quienes están por acaparar los botes salvavidas del Titanic civilizatorio que naufraga y quienes por cambiar a una nave en la que todos quepamos.

Periódico La Jornada
Viernes 19 de agosto de 2011

Caminos a la paz.

2011-08-16T17:53:00.000-07:00

Por Pedro Miguel

La manera en que se imagine el camino hacia la paz depende de la percepción que se tenga de la guerra en curso.

A grandes rasgos, hay tres posibles: la primera es la del régimen, expresada regularmente por Alejandro Poiré, según la cual el conflicto es entre “México” y un grupo de malas personas. El país va ganando y para desembocar en la paz debe hacerse más de lo que el calderonato ha venido haciendo desde diciembre de 2006. El papel de la sociedad, en esa perspectiva, consiste en cerrar el pico, por lo que se refiere a críticas a la estrategia y a sus resultados, y abrirlo sólo cuando haya oportunidad de delatar a un presunto enemigo en un call center de “denuncias anónimas”. En esa lógica, la pérdida de vidas es inevitable (y hasta deseable, porque la idea, contenida en el intertexto, es “eliminar” a los malos) pero a la larga –no se dice en qué tiempo– “México” habrá prevalecido ante sus enemigos. Hay razones para dudar que a estas alturas alguien dé crédito a esa versión, como no sea por razones laborales, como podría ser el caso del propio Poiré.

Una segunda noción, la más extendida, es que la multiplicación y el encarnizamiento de la violencia, la pérdida del control territorial por el Estado en amplias regiones y la creciente descomposición institucional que la acompaña son resultado de un monumental error de cálculo de la administración en curso: ya fuera por necesidad de ganar simpatía y legitimidad entre la población o por mera idiotez, el calderonato lanzó a las fuerzas del orden contra la delincuencia sin tomar en cuenta que estaban infiltradas por los mismos delincuentes, sin concebir previamente un esquema de coordinación entre ellas y sin haber realizado un mínimo trabajo de inteligencia, tanto en el sentido literal como en el eufemístico, es decir, de espionaje. Por añadidura, el grupo gobernante no consideró las raíces sociales de la criminalidad, y pretendió extirparla como si fuera una verruga, sin tener en mente las causas de fondo que la originan.

Una variante de esa versión es la que atribuye la catástrofe actual a una anomalía ideológica y moral en el grupo gobernante: el que hace de presidente y los suyos se dejaron llevar por el autoritarismo y el belicismo –“Calderón y García Luna sólo tienen imaginación para la violencia”, dijo Javier Sicilia, en una descripción muy aguda– y perdieron de vista, de esa manera, la complejidad social, económica, política de los fenómenos delictivos.

La consecuencia lógica de este razonamiento es que es posible y pertinente realizar un trabajo de educación del grupo gobernante para hacerle ver las fallas de su estrategia, exigirle que cambie de rumbo y difundir entre la población las incoherencias internas del discurso oficial sobre la guerra, a fin de que la sociedad se cohesione en torno a un llamado enérgico por la paz.

Una tercera percepción, sin duda la más pesimista –y alarmista, dirán algunos, o hasta delirante– es que las decenas de miles de muertes, el descontrol, la descomposición, el desgarramiento del tejido social y la pérdida abismal de valores que genera la violencia no constituyen el resultado malo e inesperado de una visión equivocada para enfrentar a la delincuencia, sino, hasta ahora, el éxito rotundo en la aplicación de una estrategia de desestabilización y desintegración que no se fraguó precisa ni exclusivamente en México, sino en Estados Unidos.

La idea puede resultar chocante, pero permite explicar conductas de Washington hacia nuestro país que de otro modo no se entienden: ¿Por qué permiten las autoridades gringas el paso de la droga por sus propias fronteras? ¿Por qué son tan ineficaces sus medidas para evitar el lavado de dinero en sus instituciones financieras? ¿Por qué miran para otro lado ante la actividad del narcotráfico en el propio territorio estadunidense? ¿Por qué suministran armas a dos bandos que supuestamente están en pugna, como el gobierno federal y el Cártel de Sinaloa? ¿Por qué fracasan con tanta frecuencia autoridades mexicanas asesoradas o, más bien, dirigidas por la DEA, la CIA y el FBI?

En esta perspectiva, en México se ha configurado un narcoestado y una intervención, y, como vía para la paz, el diálogo y la negociación con los componentes políticos y empresariales del régimen carece de sentido, porque son socios, cómplices e instrumentos de una guerra en gran medida ajena. Lo procedente, en cambio, es sacar al país de la espiral descendente de violencia en la que orbita mediante la movilización social y hacer frente a la impunidad por las vías jurídicas disponibles.

Tomado de La Jornada. 16 de agosto de 2011

COMUNICADO: Denuncian desaparición forzada de Isela Hernández Lara.

2011-08-16T10:09:00.000-07:00

Guadalupe, Distrito Bravos, Lunes 15 de Agosto de 2010.- Alrededor de las 19:30 horas del domingo 14 de agosto del 2011, fue secuestrada de su domicilio la señora Isela Hernández Lara de 39 años de edad. En los hechos ocurridos en la colonia Francisco Villa de Guadalupe, Distrito de Bravo (municipio al sureste de Ciudad Juárez). Presenciaron el secuestro sus dos hijas de 13 y 16 años, así como su esposo, quien fue brutalmente golpeado y ya se encuentra hospitalizado en El Paso, Texas.

Entraron al domicilio por la fuerza aproximadamente ocho hombres fuertemente armados que viajaban en una camioneta Ford Explorer negra, de cabina y media, placas desconocidas. Con extrema violencia, maltrataron a la familia con la finalidad de encontrar al señor Enrique Hernández Lara y a su nieto, el niño "Alberto" (nombre falso) de 3 años de edad, a quien la señora Isela tuvo por encargo bajo su cuidado hasta hace apenas dos días.

"Alberto" es también nieto de Marisela Reyes Salazar, hermana de Josefina y Rubén Reyes Salazar, líderes sociales de Guadalupe asesinados en Enero y Agosto de 2010 respectivamente, así como de Elías y Malena Reyes Salazar, desaparecidos y asesinados en Febrero del presente año, también en el Valle de Juárez. Todos los crímenes fueron perpetrados por grupos paramilitares que operan con la anuencia de las fuerzas de seguridad del Estado en todo el territorio de Guadalupe.

Como consecuencia de estos hechos dos hermanos de la hoy desaparecida Isela Hernández Lara se entregaron anoche en el puente fronterizo de Dr. Porfirio Parra (Caseta), que comunica con el municipio texano de Tornillo, para solicitar refugio en los Estados Unidos dadas las condiciones de riesgo en que se encuentran por haber atestiguado la desaparición.

Es necesario la solidaridad de todos y todas para encontrarla. Exigimos la inmediata presentación con vida de la señora Isela Hernández Lara, así como protección y garantías de seguridad a la familia Reyes Salazar. Responsabilizamos a Felipe Calderón, al gobernador de Chihuahua César Duarte, al General Guillermo Galván Galván, al Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna de lo que le pase a la señora Isela Hernández Lara.

Atentamente,
Comité Ciudad Juárez No Están Sólos
cdj.noestansolos@gmail.com
(55)3449-4365

¡No a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional!

2011-08-15T07:30:00.000-07:00

1 Minuto X No + Sangre

México vive una violación masiva de derechos humanos. Esta emergencia humanitaria es provocada por la violencia delincuencial y por la estrategia gubernamental supuestamente orientada a contenerla.

Sin embargo, el Legislativo pretende aprobar reformas a Ley de Seguridad Nacional, a espaldas del pueblo mexicano, sin tomar en cuenta las opiniones de las víctimas, las demandas de los organismos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales que clamamos por el cabal respeto a los derechos y por la justicia.

Además de las 50 mil muertes reconocidas oficialmente y los miles decenas de miles de hogares enlutados y agraviados por la muerte, el secuestro, la tortura y el despojo ahora se pretende que el Estado Mexicano legalice la violación de los derechos y garantías constitucionales.

Con esta ley se busca que Felipe Calderón utilice, legalmente y sin consecuencias, al ejército mexicano contra los movimientos sociales, políticos o electorales, que a su juicio “constituyan una amenaza para la seguridad interior”.

- Vulnerar el libre tránsito.
- Restricción de los movimientos sociales.
- Autoridad para entrometerse en la vida de las personas.
- Demandar información a los ciudadanos “con cualquier herramienta que resulte necesaria”.
- Informantes anónimos, espionaje y contraespionaje.
- Integración de expedientes confidenciales, incluso políticos.

Los conceptos de verdad, libertad, paz, justicia o democracia se encuentran ausentes en esta iniciativa de Ley y en las intenciones de las fuerzas políticas y económicas que las promueven.

La impunidad y la mentira imperantes así como la conculcación formal de derechos y garantías lejos de contribuir a la paz, alientan la guerra y la violencia en el país.

En este contexto nuestra presencia, en el Monumento a la Independencia con 1 Minuto X No + Sangre, como muchos otros mexicanos que se manifiestan en todo el país contra estas reformas de seguridad es para dar voz a las víctimas, para dar oportunidad a todos los agraviados por esta guerra de rendir su testimonio, para ejercer libremente nuestro derecho a movilizarnos contra la guerra y construir en México una paz justa y digna, para que cese el silencio y para que, de una vez por todas, cese el olvido.

Con este Minuto X No + Sangre hacemos un llamado al pueblo de México, a las organizaciones humanitarias, sociales, culturales; a los defensores de derechos humanos; a los estudiantes, a los obreros y campesinos a todas las personas de buena voluntad, a denunciar estas reformas a las leyes de seguridad como un ataque a nuestros derechos más elementales. Y, en consecuencia, llamamos a la más amplia movilización, al más amplio uso de nuestros derechos, para impedir que dichas reformas a Ley de Seguridad Nacional sean aprobadas. Demandamos el juicio penal de Felipe Calderón, la destitución del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de los responsables de la guerra y la violencia que padece actualmente nuestro país.

Es la hora de la verdad. Es la hora de la vida.

No Más Sangre.

Ciudad de México, 14 de agosto de 2011

Convocatoria

2011-08-12T08:59:00.000-07:00

Como expresamos el 27 de julio en este medio, el Colectivo No más Sangre convoca a la movilización ciudadana del 14 de agosto, a fin de exigir que el Poder Legislativo se abstenga de aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Pero también seguimos en lo dicho, y demandamos el juicio penal de Felipe Calderón, la destitución del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de los responsables de la guerra y la violencia que padece actualmente nuestro país.

Nos concentraremos en el Monumento a la Independencia, este domingo a las 12 horas, para que te expreses en ‘1 Minuto X No + Sangre’.

No más Sangre.

Eduardo del Río (Rius), Rafael Barajas (El Fisgón), Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Nelly Muñohierro, José Hernández, Antonio Helguera, René Sánchez Galindo, Bruno Bichir, Pedro Miguel, María Villa, Jesús Ramírez Cuevas, Elisa Godínez, Édgar Cortez, Gabriel Ramírez, Jesús González, Rocío Culebro, Adrián Luján, Redes Universitarias y 160 firmas más.

Los cartones de hoy.

2011-08-12T08:55:00.000-07:00

- Sometidos - Cartón de Helguera

- Debatiendo la ley de seguridad nacional - Cartón de El Fisgón

Parar la guerra o por qué estoy con Sicilia.

2011-08-12T08:49:00.000-07:00

Acentos | Epigmenio Ibarra

No me espantan los abrazos y los besos, de hecho estoy convencido de que, en este país, hacen falta muchos abrazos y besos. También de eso se hace la paz. Tampoco me voy con la finta. Pesan más en mi ánimo, a pesar de mi oficio, las palabras que las imágenes.

Ni soy rehén de las fotografías que asaltan las primeras planas de los diarios, ni suelo conformarme con la manera en que la tv da cuenta de los hechos. Si hay un diálogo, que además es inédito y trascendental para el país, escucho lo que los protagonistas del mismo dicen y a eso me atengo.

Tampoco me espanta la idea de dialogar con adversarios políticos o, en medio de la guerra, con el enemigo. No comparto la idea, tan común en nuestro país, de que dialogar es rendirse y negociar es transar.

He visto cómo los más acérrimos enemigos, sin deponer sus principios, sin hacer concesión que los deshonre, se sientan a la mesa y en algunos casos —cuando han sido capaces de poner sobre sus intereses los de la nación— alcanzan acuerdos.

Creo, eso sí, que, como en el caso de Vietnam o El Salvador, los besos y abrazos deben darse —y es vital que así suceda— cerrado el proceso de negociación y como punto de partida, como señal inequívoca, de que el proceso de reconciliación y reconstrucción nacional ha comenzado.

Fui testigo, en la oficina del secretario general de la ONU, la medianoche del 31 de diciembre de 1991, de cómo generales del ejercito salvadoreño se abrazaban, un vez firmado el acuerdo que daba por terminada la guerra, con los comandantes del FMLN.

No había traición en esos abrazos como tampoco la hubo en la determinación de sentarse a la mesa y negociar. Militares y guerrilleros habían combatido sin cuartel casi 20 años. Combatieron incluso —ese fue el primer acuerdo: no levantarse de la guerra— mientras negociaban. Ambos se dieron cuenta de que la sangre destiñe las banderas ideológicas y ambos perdiendo algo ganaron, sin embargo, la paz.

No sucede, desgraciadamente, lo mismo en México. Sólo guiados por sus propios intereses y no por los de la nación actúan casi todos los políticos. Nada hay más importante para ellos que el 2012. Anticipadamente se reparten el botín mientras el país se desangra.

Desatada la guerra como instrumento de legitimación, los panistas pretenden ahora sacar raja electoral de la misma. Saben que la promesa, que la imagen de “firmeza” y “mano dura” es rentable en las urnas; conocen el valor del miedo, la eficacia de la arenga patriótica y los llamados a la “unidad nacional”, y están acostumbrados a politizar, sin ningún pudor, la procuración de justicia.

Otro tanto sucede con el PRI. Maestro en aquello de eludir responsabilidades, hoy se desmarca de los desatinos de un gobierno del que ha sido cómplice y se prepara para prometer, al electorado, un autoritarismo “eficiente” que traiga la paz al país.

En su caso, el bien ganado desprestigio juega a su favor; saben que muchos electores confían en que con los capos ellos sí podrán lidiar como lo hicieron por décadas. Plata y garrote contra el crimen organizado ofrecen al elector. Regreso a un pasado que hoy muchos consideran casi idílico.

La oposición de izquierda mientras tanto está demasiado ocupada desgarrándose. No hay en el discurso de los posibles aspirantes a la candidatura ni urgencia ni determinación de parar la guerra. La consideran un factor de desgaste de sus adversarios y se olvidan de que en medio de la guerra no hay democracia que valga.

Para todos el dialogo y la negociación con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad forma parte de su arsenal de maniobras electorales. Van por la foto con Javier Sicilia o, como Felipe Calderón en Chapultepec, a aprovechar la tribuna para defender, apasionada y enfáticamente, su estrategia de combate al narco.

Por eso yo, con esta clase política, estando el país como está, decido seguir los pasos de un poeta. Acompañar a un hombre cuyo hijo ha sido asesinado y que dice al poder lo que muy pocos se han atrevido a decirle cara a cara, aunque, en un gesto evangélico y para mi gusto anticipado, lo abrace.

En el 94 el EZLN y el Subcomandante Marcos con su “Ya basta” introdujeron en el sombrío panorama de la política mexicana la verdad, la poesía y el humor. Empujaron, con su lucha, la mano de los políticos que firmaron los acuerdos de Barcelona. Cambiaron el país y se quedaron, trágica paradoja, sin un lugar para ellos mismos.

Hoy Javier Sicilia trae consigo, con su “estamos hasta la madre”, el dolor y la urgencia que no siento, ni veo, ni escucho en los políticos, pero por la que México entero clama. Un dolor y una urgencia que comparto y que pese a los “desatinos programáticos”, los abrazos y los besos están presentes en cada palabra que Sicilia pronuncia.

Quiero confiar, a ello apuesto, en el poder de la palabra del hombre que tiene una deuda con su hijo asesinado. Porque esa palabra es la de centenares de miles de mexicanos que, sin más partido que la vida, sin más consigna que la paz, queremos, con una urgencia y un dolor que no claudican, detener al crimen, parar la guerra, rescatar lo poco que va quedando de nuestra democracia.

http://elcancerberodeulises.blogspot.com
www.twitter.com/epigmenioibarra

Tomado de Milenio, jueves 12 de agosto de 2011

Reformitis

2011-08-09T04:37:00.000-07:00

Por Pedro Miguel

Al descubierto. Cartón de El Fisgón

Se entiende perfectamente: las leyes no pueden ni deben ser inmutables pues las sociedades en las que se aplican se encuentran, para bien o para mal, en permanente proceso de transformación, y el marco legal debe ser readecuado y perfeccionado una y otra vez. Esa debe ser la tarea del Legislativo, además de servir de contrapeso al Ejecutivo. Éste, por su parte, tiene la responsabilidad primaria de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.

Así tendría que ser. Pero en el régimen oligárquico que padece México actualmente, el principio de legalidad está de cabeza. No hay que estirar mucho la mano para encontrar un ejemplo contundente de esa inversión: Washington envía a policías en activo y militares en retiro a participar en la desastrosa guerra en curso impulsada por el calderonato, y esos efectivos realizan interrogatorios, intervienen telecomunicaciones y han tenido un papel clave en decenas de capturas o “eliminaciones” (que parecen ser, muchas de ellas, ejecuciones extrajudiciales) de presuntos narcotraficantes. La injerencia no se perpetró aprovechando un descuido del gobierno mexicano, sino en respuesta a sus peticiones.

Para argumentar la “legalidad” de la operación de personal policial extranjero en México, Alejandro Poiré ha salido con la puerilidad de que éste “no porta armas” y con la abierta mentira de que “no realiza ninguna labor operativa”. Incluso si así fuera, el artículo 21 constitucional es inequívoco: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”; el 32 no deja lugar a dudas: “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública” y “para desempeñar cualquier cargo o comisión en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea en tiempos de paz, se requiere ser mexicano por nacimiento.” ¿Con qué saldrán entonces? ¿Con que no estamos en “tiempos de paz”? Pues qué pena: legalmente, para que el país esté en guerra, es necesario que el Ejecutivo federal la declare, previa ley del Congreso de la Unión (Art. 89), cosa que no se ha hecho.

El régimen oligárquico no acata la Carta Magna, y menos el resto de las leyes. Hace meses que la Secretaría del Trabajo proclama sin pudor que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta, como si no fuera su obligación hacerla cumplir. El reconocimiento cínico de omisión de la legalidad es convertido en argumento para modificarla a gusto de los funcionarios en turno y de sus marañas de interés. Otro caso notable es el sempiterno populismo legal de la derecha (Peña Nieto es un exponente de él) sobre la supuesta necesidad de “endurecer” las penas para delitos graves a fin de disuadir a la criminalidad. Eso podría tener sentido, así fuera sentido argumental, en un estado de pleno derecho, pero no en un país en el que la impunidad prevalece en 80 o 90 por ciento de los casos. ¿Para qué quieren incrementar a 7 mil años el castigo por homicidio, pongamos por caso, si nueve de cada 10 sospechosos de homicidio andan sueltos, y si los que son detenidos son liberados por falta de pruebas, o bien exonerados en juicio, y no cumplen ni con las sanciones de 20 o 30 años actualmente vigentes?

En su gran mayoría, las modificaciones legales operadas por el Congreso del salinato a la fecha no son adecuaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la sociedad, sino arreglos jurídicos para saquear el erario sin temor a posibles sanciones, entregar las riquezas nacionales a los grandes capitales locales y foráneos, acelerar la concentración de la riqueza y reforzar por diversas vías –desde la electoral hasta la policial, pasando por la mediática– el control político que la élite empresarial ejerce sobre el resto de la sociedad. Este último es el propósito del engendro de reforma a la Ley de Seguridad Nacional: el texto vigente fue negociado por Beltrones, Fernández de Cevallos y otros del estilo en 2004, promulgado por Fox en enero de 2005 y violado unos meses más tarde por ellos mismos, cuando permitieron la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso de imposición de Felipe Calderón en Los Pinos.

Tal como están, las leyes nacionales son descripción de un país estable y habitable. Si las autoridades de los tres niveles de gobierno las cumplieran, viviríamos en él. Señores legisladores de todos los partidos, déjense de reformitis. Antes de decirnos que no sirven, vean primero que los preceptos jurídicos se respeten. Tienen atribuciones para ello.

navegaciones@yahoo.com
http://navegaciones.blogspot.com
http://twitter.com/Navegaciones

La Jornada
Agosto 9, 2011

Cartones

2011-08-08T11:12:00.000-07:00

Haiga sido como haiga sido. Cartón de Helguera


A la Moda. Cartón de Hernández

Comparte carta con No + Sangre

2011-08-01T21:16:00.000-07:00

¿Movimiento Social?

Pareciera que se debe ser víctima de la violencia para poder ser parte del Movimiento por la Paz de forma activa, y que no es de todos los mexicanos que repudiamos la estrategia del presidente. Digo esto porque he buscado participar en el movimiento en dos ocasiones, sin recibir una respuesta satisfactoria. La primera vez mandé un correo electrónico de registro para participar en la primera caravana que llegaría a la comunidad de Cherán, del cual no recibí respuesta, además de ofrecerme como voluntario para la recolección de víveres en sus centros de acopio, siendo la misma situación. La segunda, al saber de la campaña “Un peso por la paz”, que recolectaría fondos para las siguientes caravanas, me ofrecí a “botear” en el zócalo del D.F. recibiendo por respuesta “cualquier ayuda es bienvenida. Aquí colocaremos las cuentas para depositar”, cuando era evidente que mi ofrecimiento era más activo que económico. Me gustaría pensar que tienen mucho trabajo o que no entendieron mis mensajes, ya que a mi entender, parece que el movimiento encabezado por Javier Sicilia, lejos de integrar a la sociedad como lo hace “No Más Sangre”, está más preocupado por la reforma política.

Enrique Navarro

Firma de carta.

2011-07-28T11:54:00.000-07:00

Si estás de acuerdo en que NO se abra un periodo extraordinario en el Congreso, súmate a la carta de

Otra vez, no más sangre. Firma la carta aquí

Otra vez, no más sangre.

2011-07-27T04:35:00.000-07:00

Desde enero del presente año, los abajo firmantes hemos llamado a frenar la violencia generada por el accionar de la delincuencia y por la estrategia oficial supuestamente orientada a contenerla.

Hoy alertamos sobre el peligro de que el Poder Legislativo realice un periodo extraordinario de sesiones que, de llevarse a cabo, permitiría la aprobación de una ley de seguridad nacional autoritaria, policial y militarista, y de una reforma laboral que le quitaría derechos fundamentales a los trabajadores y agravaría la catástrofe social de la que se nutre la delincuencia.

Uno y otro proyectos, lejos de contribuir a la paz, alentarían la guerra y la violencia en el país. Traerían aún más sangre. Por ello, en caso de que se apruebe la realización del periodo extraordinario, convocaremos a la movilización ciudadana para impedir cualquier reforma legal que se pretenda imponer al vapor y de espaldas a la población.

Colectivo No Más Sangre.

Eduardo del Río (Rius), Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Bruno Bichir, Édgar Cortez, Rocío Culebro, Antonio Helguera, Elisa Godínez Pérez, Nelly Muñohierro, Jesús Ramírez Cuevas, Gabriel Ramírez Cuevas, Antonio Helguera, José Hernández, María Villa, Pedro Miguel, Rafael Barajas (El Fisgón), Adrián F. Luján, René Sánchez Galindo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Correo Ilustrado
La Jornada, 27 de julio de 2011

Polémica en torno a la conducción del Movimiento por la Paz.

2011-07-26T00:15:00.000-07:00

Señor director:

Escribo estas líneas con el ánimo de que el señor Javier Sicilia haga un alto en el camino y revise hacia dónde se están dirigiendo sus acciones.

Enarbolando inicialmente la bandera de las víctimas Sicilia, por un lado, ha olvidado a la sociedad (que también es víctima, no sólo de la inseguridad, sino de la injusticia económica) y, por otro, impulsa en los hechos la agenda de los más poderosos en este país.

Cuando Sicilia exige “reforma política ya” parece no darse cuenta de que en este país el duopolio televisivo influye de manera determinante en la población. El noble objetivo del poeta palidece cuando se hace un análisis de la realidad mexicana: una candidatura ciudadana sería construida por la televisión y los grandes capitales (que además no pagan impuestos). Hablemos con claridad y sin romanticismos: la reforma política significa pasar de la partidocracia que los ciudadanos rechazamos, a la teledictadura en la que la ciudadanía sería sometida y que también rechazamos.

Sicilia se pronuncia en todos los foros por una reforma política que fomente la participación efectiva de la ciudadanía. Sin embargo, la reforma aprobada por los senadores que se discute en San Lázaro no contempla la creación de las figuras de referéndum, plebiscito o revocación de mandato, indispensables para fortalecer la democracia participativa. Esta omisión tan relevante es ignorada y/u omitida por Sicilia, quien parece conformarse con las candidaturas independientes, curiosamente tan funcionales para los grandes capitales y personajes influyentes, que esperan con ansias participar directamente en política sin verse restringidos por los partidos. A esto también debe sumársele la declaración de Sicilia en la que se pronuncia a favor de un candidato ciudadano de unidad en 2012, al margen de los partidos.

¿En verdad cree Sicilia que esa es la solución a los problemas del país? Lo que se requiere es apoyar decididamente el proyecto alternativo de Morena, que plantea soluciones de raíz para terminar con la violencia, en lugar de seguir con el enfoque de guerra de los gobiernos del PRIAN.

Voy aún más lejos: en el último texto publicado por Sicilia (Proceso 1811) señala: “(…) mientras continúen parasitando a la ciudadanía y se nieguen a darle instrumentos políticos de participación vía una profunda Reforma Política”, al tiempo que la solicitud de Felipe Calderón al Congreso para que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones se sostiene: “El país requiere una reforma política de fondo que permita ampliar el ejercicio de las libertades y las capacidades ciudadanas…”.

Las coincidencias entre ambos textos lamentablemente se reproducen en un tema aún más dañino para la sociedad, como es la legalización de los anticonstitucionales actos del Ejército. Mientras Calderón afirmó: “La ley (…) requiere ser revisada para que (…) se apruebe y publique las reformas que permitan mejores instrumentos legales para garantizar la seguridad de todos los mexicanos”, sin distinguir entre seguridad pública y seguridad nacional (uso de las Fuerzas Armadas), Sicilia, por su parte, habló sobre la necesidad de “…una verdadera Ley de Seguridad y de Víctimas”, cayendo en la misma omisión del ocupante de Los Pinos.

No conozco a Javier Sicilia y no puedo afirmar por qué actúa de esa manera. Lo que sí sé es que está apoyando muy fuertemente la agenda de quienes no pagan impuestos, de quienes monopolizan la riqueza de nuestra patria, de quienes han propiciado la inseguridad y de quienes sacaron al Ejército a las calles y han producido tanto dolor. Hago entonces un llamado a que reconsidere sus posturas y decisiones, para que un fin noble, humano y loable no termine siendo una bandera que catapulte la agenda de los poderosos.

Atentamente

René Sánchez Galindo

Respuesta de Javier Sicilia

Querido René:

Mil gracias por su carta. Mil gracias por las observaciones que en ella vierte. Sus argumentos me son familiares. Los he escuchado mucho de mis amigos que están cerca de López Obrador y de Morena. Un hombre y un Movimiento por los que siento un inmenso respeto y una profunda admiración. Sin embargo, siento que ustedes no comprenden mi posición y la de muchos ciudadanos de este país a los que el 20 de julio acompañé a la Cámara de Senadores a exigir “reforma política ya”. Obnubilados por lo ideológico, miran, al igual que Felipe Calderón, de manera puritana, pero en el otro extremo, y por ello, como le sucede a Calderón y a la clase política, pierden de vista la emergencia nacional en la que nos encontramos y la necesidad de buscar un candidato y una agenda de unidad nacional.

Hasta hoy en día, los ciudadanos no hemos tenido instrumentos de participación ciudadana para fiscalizar y castigar a nuestros políticos –de allí la corrupción que impera en todos lados–. Si usted revisa el documento que leímos el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México y lee el punto 6, se dará cuenta que una de nuestras demandas es la Reforma Política con los agregados de revocación de mandato, plebiscito, voto blanco, limitación del fuero. Lo exigimos desde entonces y desde entonces nadie tomó ese camino. Empecinados en pelearse en función de intereses partidistas, los diputados simplemente obstaculizaron la reforma incompleta que aún está en sus manos y que contempla sólo dos verdaderos instrumentos de participación ciudadana: los candidatos independientes y las iniciativas ciudadanas.

A causa de las dilaciones de la Cámara, de discusiones partidistas, ideológicas y mezquinas, de que una gran parte de la ciudadanía no ha viso la importancia de la Reforma Política, nadie atendió la necesidad de ampliar esa reforma. Ahora la única que tenemos es ésa. Insisto en que hay que aprobarla –la política del todo o nada es la política del fracaso– y después luchar por ampliarla en el sentido en que lo pide el punto 6 del documento del 8 de mayo y en el que usted mismo indica. Es lo único que podemos tener para, al menos, buscar un candidato civil de unidad nacional frente a la emergencia que vivimos y la necesidad de salvar la democracia.

Usted, sin embargo, me reprocha que eso es darle entrada a la teledictadura. Esa ya existe, querido René. ¿Quién es Peña Nieto sino el candidato de lo que usted llama teledictadura? ¿Qué fue la guerra sucia de las pasadas elecciones contra AMLO? Por desgracia, las elecciones que se avecinan no serán las del sexenio anterior. Me encantaría que lo fueran, porque entonces la lucha democrática tendría sentido. Serán, por desgracia –en las circunstancias de la guerra de Calderón, la corrupción de las instituciones y de los partidos, y la impunidad con la que la delincuencia vive–, las de la ignominia: gane quien gane sólo lo hará para continuar administrando la desgracia de esta nación. La razón está a la vista: ningún partido ganará esas elecciones con la mayoría ciudadana –vea simplemente las del Estado de México: El PRI las ganó con el veintitantos por ciento del electorado, es decir, las ganó sin legitimidad alguna– y sin la anuencia de los cárteles –hay zonas en el país en las que no será posible colocar una casilla sin esa anuencia.

Por ello, me parece que sólo con un candidato de unidad nacional se puede lograr rescatar la democracia. Las candidaturas ciudadanas –en la conciencia que se ha despertado en el país– pueden ser esa mínima vía siempre y cuando los partidos lo entiendan y, dejando sus mezquindades, se pongan verdaderamente al servicio de la nación.

Aunque López Obrador y Morena me simpatizan mucho, no son, por desgracia, la unidad nacional. ¿Cómo construirla? Ese es el desafío ciudadano, un desafío inédito y necesario, un desafío que, tomando en cuenta una mirada profunda del país, que tiene que ver con rehacer el tejido social de cada parte de la nación, nos una a todos para crear el mínimo suelo, sin el cual la democracia dejará de existir. Le sugiero, por lo demás, que relea el discurso ante Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec y el discurso de apertura de las mesas de trabajo para el seguimiento del diálogo con el Ejecutivo: verá que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad busca una Ley, contraria a la de Calderón, ciudadana y que tome en cuenta las múltiples necesidades del país. Nuestra apuesta es por la ciudadanización del Estado y la paz de la nación, no por su partidización, sea del color que sea.

Vivimos un parteaguas histórico donde la realidad y los ciudadanos han rebasado las viejas formas de la vida política. Tenemos que sacar de allí algo nuevo y distinto, algo verdaderamente humano, algo que trascienda la forma en que el Estado –una construcción histórica en crisis– ha vivido hasta ahora. Es un camino largo, pero por el momento –es lo que creo junto con muchos–sólo podemos hacerlo rehaciendo su vida moral mediante una candidatura ciudadana de unidad nacional trabajada por los ciudadanos. ¿Cómo se insertaría Morena, más allá de AMLO y de la partidocracia, en una búsqueda de esa naturaleza? Es una pregunta necesaria, que busca una respuesta necesaria.

Paz, Fuerza y Gozo

Javier Sicilia

La Redacción
Revista Proceso #1812
Edición México, Palabra De Lector
23 de julio de 2011

Militares a juicio

2011-07-14T12:04:00.000-07:00

Por Los Moneros

-El fuero se encogió- Cartón de Helguera

-Solución- Cartón de Hernández

-Todos los juguetes- Cartón de Fisgón

La Jornada, julio 14 de 2011

Restricción al fuero castrense.

2011-07-13T12:15:00.000-07:00

Militares que violen garantías serán juzgados por civiles: SCJN

•El fallo histórico del máximo tribunal, ante orden de la CIDH en el caso Rosendo Radilla
•Faculta a todos los jueces del país para que sus sentencias se apeguen a tratados internacionales

Gustavo Castillo y Fernando Camacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.

Las resoluciones históricas dictadas ayer por el máximo tribunal del país se dieron a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac, Guerrero, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.

Asimismo, otorgó facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, con lo que modificó la posición que había asumido en los últimos 70 años de ser el único órgano mexicano que podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.

De esta manera, seguirá discutiendo los alcances de la sentencia de la CIDH y su aplicación formal en el ámbito jurídico nacional, mientras los integrantes del Poder Legislativo modifican constitucionalmente el fuero militar para que esté en coincidencia con los acuerdos firmados por México en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a que todas las violaciones de garantías individuales deben ser sancionadas por jueces civiles.

La SCJN concedió así una de las demandas que diversas organizaciones civiles habían planteado durante los últimos años, en el sentido de que tribunales civiles juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que violen los derechos humanos, y con ello se adelanta a cinco casos que están siendo analizados en tribunales internacionales.

La medida podrá llevarse a cabo una vez que la Corte emita el engrose de este caso y para los que ocurran posteriores a su entrada en vigor, sin que tenga efectos para sucesos como los ocurridos durante la guerra sucia.

Los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN; Sergio Salvador Aguirre Anguiano; José Ramón Cossío Díaz, ponente; José Fernando Franco Salas; Arturo Zaldívar Lelo de La rrea; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales; Sergio Armando Valls Hernández; Olga María Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia determinaron aceptar esa restricción al fuero establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, conforme lo había ordenado la CIDH.

Los ministros determinaron por unanimidad que "todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional", a fin de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas.

Además, para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo primero constitucional, por unanimidad también resolvieron que la SCJN "deberá reasumir su competencia originaria en relación con casos concretos existentes y a futuro en materia de desaparición forzada", ya que "en su calidad de órgano jurisdiccional límite del Estado mexicano, se cumpla con la obligación que dicta la sentencia de la CIDH y establezca criterios unificadores en la materia".

Incompatibilidad con la Convención Americana

El ministro Cossío Díaz, quien fungió como ponente del tema por la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que "el corazón del proyecto" consistía en señalar que "por ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles", y por ello la CIDH "determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez tribunal ordinario".

En tanto, el ministro Lelo de Larrea expuso: “esta Suprema Corte y todos los tribunales del país estamos obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convención, y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar, no porque nosotros lo decidamos –reiteró–, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y que nos vincula”.

Sergio Valls Hernández señaló que esto es un mensaje "para el Legislativo de que haga una serie de reformas". Pero –explicó– “esto no obsta para que la Suprema Corte pueda emitir criterios en particular –frente a asuntos que sabemos que ya están en puerta– que se establezcan sobre el artículo 59 del Código de Justicia Militar y sobre el artículo 215 del Código Penal Federal”.

Antes de llegar al tema del fuero militar, los ministros emitieron una votación dividida de siete contra tres, para conceder que todos los tribunales del país puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.

De esta manera, "todos los jueces nacionales están obligados a ejercer un control de convencionalidad en el que analicen la compatibilidad de una determinada norma frente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación que sobre los mismos emitan los órganos especializados", y ahora tendrán facultades para enjuiciar a militares que violen las garantías individuales de los ciudadanos.

La Jornada, miércoles 13 de julio de 2011, p. 2

Marinos ganan terreno a “Los Zetas” en Tamaulipas.

2011-07-12T19:52:00.000-07:00

• Ciudades recuperadas por las fuerzas del orden intentan regresar a la normalidad tras ser escenarios de intensas balaceras.

Por Alberto Torres y Francisco Gómez.

Bienvenidos a El Hoyo. Esta es la zona de combate en el frente de guerra entre la Marina y el cártel de Los Zetas, ubicada entre Nuevo Laredo y Ciudad Mier. Es la llamada frontera chica de Tamaulipas, lo que fue el último bastión de los integrantes de este cártel antes de ser replegados hacia Nuevo León y el desierto de Coahuila.

El comandante Pakal pasa revista a su patrulla: “¿Lanzagranadas de .40 automático? Confirmado. ¿Equipo de choque, cómo vienes? Todo bien, estamos listos. ¡Uuurraaa señores. Uuurra! Una vez más al Hoyo. Una vez más al Hoyo. A ver si hoy van a la fiesta. Están invitados”, dice por el radio de frecuencia abierta, el cual es monitoreado por los comandos armados de Los Zetas.

Este territorio, compuesto por las ciudades de Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nueva Ciudad Guerrero hasta Nuevo Laredo, era el bastión más estratégico para Los Zetas, de acuerdo con informes de la Marina Armada de México. Por las rancherías, las brechas y en especial por la presa Falcón, pasaban el mayor número de sus cargamentos de droga, mismos que eran desembarcados en las playas de San Fernando, provenientes del golfo de México.

De acuerdo con información de inteligencia naval, Los Zetas fueron obligado a abandonar las zonas que dominaban en Tamaulipas, por lo que trasladó su disputa hacia Nuevo León, Coahuila y Zacatecas.

El primer territorio reconquistado por las tropas de la Armada fue Ciudad Miguel Alemán. Ahí está el cuartel central, un hotel, del cual acaba de salir esta patrulla de siete camionetas. Las ventanas baleadas de la Oficina de Táctica, con un escritorio, una computadora portátil, una mesa, dos sillones, tres sillas, dos mapas y una despensa, recuerdan que esta es zona de conflicto. La ciudad intenta volver a la normalidad, una pizzería enfrente está abierta. Los pocos habitantes que hay rehúsan hablar.

“Nuestra composición son tres secciones de fusileros y somos infantería motorizada, cada sección de fusileros está a bordo de vehículos Pick-Up todo terreno 4x4 y cada vehículo alberga un pelotón de fusileros con armas combinadas. Vamos a dar un paseo”, dice el comandante Pakal. Siempre va al frente, en la primera unidad, en el asiento del copiloto. Pone música de los 80: Like a Virgin de Madonna; María Magdalena de Sandra Cretu; Hot Stuff, Donna Summer; Billy Jeen de Michael Jackson; Land down under de Men at work; Live is life de Opus y de nuevo Michael Jackson con Thriller.

Operaciones de guerra

Llegan al segundo territorio recuperado, Ciudad Mier. Aquí la comandancia de policía había sido quemada y casi destruida por un ataque con granadas. Hasta diciembre de 2010 se encontraba en esas condiciones. Ahora ha sido remodelada, con las paredes revestidas y las ventanas nuevas parece una pequeña fortaleza.

Las casas y comercios que habían sido incendiados y baleados, igual que el monumento emblemático de Mier, que tenía miles de impactos de balas de AK-47, de granadas y rifles M-15, también fueron resanados y pintados. Es una ciudad remodelada, limpia y en aparente orden, a la que le faltan los pobladores y las autoridades civiles.

“En tiempos de guerra nos especializamos en combates irregulares; en tiempos de paz, salvaguardar la integridad de la población civil y mantener el Estado de derecho y en tiempos de conflictos de baja intensidad, como ahorita, efectuar operaciones de guerra, de contraguerrilla, contra las unidades hostiles que usan tácticas de guerrilla. Como Los Zetas”, dice el comandante Pakal.

En Nueva Ciudad Guerrero, una denuncia alerta de civiles armados, supuestos zetas, en la zona del panteón municipal. Este poblado, dicen los marinos, también ya fue recuperado. Alguna que otra vez entran una o dos camionetas de delincuentes para robar víveres, pero ya no son caravanas. Aseguran que los criminales están debilitados, desde hace tres semanas no les pagan y les han ordenado “enterrar las armas y las camionetas e irse, hasta que se vayan los marinos”, según han escuchado por los radios.

Aún así, en el hotel que está frente al restaurante Tony’s, que antes fue cuartel zeta, hay una compañía de infantes de Marina atrincherada. Un camión de transporte de tropas hace las veces de portón automático. Y en los costados, detrás de trincheras hechas de costales con arena, hay marinos pertrechados al acecho de los criminales.

Las calles están desiertas, la gente se encuentra en sus casas. Es domingo. La explanada de la Presidencia Municipal y la escuela lucen limpias. Sin marcas de disparos. En la carretera hasta esta población ya no se ven autos baleados, ni quemados. De lunes a viernes hay brigadas, que kilómetro a kilómetro limpian, cambian letreros baleados y borran pintas realizadas por los cárteles.

Van por el “Catorce”

Los enfrentamientos que marinos y zetas han tenido en esta zona van desde 10 minutos, hasta mediodía o una noche entera. Ante el armamento de alto calibre que usan Los Zetas, que entre sus filas tienen a kaibiles, se han utilizado cortinas de fuego con lanzagrandas. Las rancherías El Quinientos, Las Crucitas, La Palma, Rancho Las Blancas y San Ygnacio han sido testigos. Ahí están las huellas: una camioneta baleada y extensiones de vegetación quemadas.

“Señores. Cambiamos de código naranja a código rojo, desde este momento y hasta nuevo aviso. Atentos”, dice el capitán Baloo, al mando de las radiocomunicaciones, al momento que esta patrulla sale de Nueva Ciudad Guerrero con dirección a Nuevo Laredo. En el cementerio no encontraron a los hombres armados. Se piensa van hacia lo que llaman El Hoyo, el último bastión de Los Zetas. En el GPS satelital no marca unidades en movimiento.

El comandante Pakal ordena bajar las ventanas. Abre el quemacocos y sube el volumen. Suena Can’t take my eyes off you, en la versión disco, interpretada por los Boys Town Gang y sus trompetas triunfales: I love you, baby. Trust in me when I say: Oh, pretty baby. Don’t bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay And let me love you, baby. Let me love you.

“Señores. Señores. Entramos a El Hoyo. Atentos. El primero que vea al Catorce, dispara. Vamos a ver si esta vez no corres, sé que nos estás escuchando”, dice el capitán Baloo. El primero en bajarse es el comandante Pakal. Registran una vieja tienda abandonada, encima de una loma. Está vacía, al igual que todos estos poblados y caminos. Kilómetros adelante, en la entrada al poblado Viejo Guerrero hay una camioneta baleada y quemada. Dicen que es la huella del último enfrentamiento hace un par de días.

Tomado de El Universal, martes 12 de julio de 2011

Narcoviolencia. Familiares de desaparecidos se quejan de represalias por denunciar a la Marina

2011-07-11T10:17:00.000-07:00

•Elementos de la Armada torturan en Coahuila a detenidos, acusa ONG

Por Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada

-Conózcanlo- Cartón de Helguera

Nuevo Laredo, Tamps. Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez sabía que arriesgaba su vida al denunciar a la Armada de México por la desaparición de su esposo, José Fortino Martínez Martínez, a manos de marinos, pero nunca imaginó las consecuencias. Un día después de que algunos medios nacionales, entre ellos La Jornada, publicaron su historia, su casa fue balaceada con armas de grueso calibre. Le dejaron 40 agujeros en la fachada.

Fue la madrugada del domingo pasado. Eran las tres de la mañana y su coche estaba estacionado fuera y la luz exterior de la casa encendida. Pero afortunadamente ella estaba dormida con sus cuatro hijos en la vivienda de su madre. Dios la salvó, dice, aunque el mensaje surtió efecto: ha decidido exiliarse en Estados Unidos y prefiere dejar de buscar a su marido para proteger a sus hijos. "Ya no quiero saber nada, ya no quiero pedir justicia. Que se haga lo que Dios quiera".

Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cosas están claras: "es un mensaje de vida o muerte para quienes andamos denunciando a los marinos".

En Nuevo Laredo son 15 los casos de desaparición forzada atribuidos a la Armada, ocurridos del primero al 23 de junio pasado. En todos los casos, marinos portando uniforme y viajando en vehículos oficiales secuestraron a hombres que ahora están desaparecidos. Sin orden de cateo, sin orden de detención se los llevaron.

Los familiares tienen fotos y videos que demuestran cómo los marinos mantuvieron por horas en el hotel Santa Mónica a los secuestrados e incluso a algunos en el aeropuerto. Y saben algo más: que a todos se los llevaron finalmente a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo –donde la Marina hizo un campamento–, en Hidalgo, Coahuila. Pero ninguna autoridad ha hecho nada. Ni la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, ni la PGR, ni la SIEDO. Ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado recomendación alguna. Por eso, los familiares se han visto en la indefensión absoluta.

“Hemos tomado una decisión muy vergonzosa, muy humillante, que es decir a la Secretaría de Marina: ‘vamos a retirar las denuncias, ya no vamos a hacer ningún cuestionamiento público, solamente presenten a nuestros familiares vivos o muertos. Si quieren de manera anónima. Dígannos dónde están y nos olvidamos del asunto’”, afirma Ramos, que ha solicitado medidas cautelares para las esposas, madres y hermanas que presentaron las denuncias.

"En el discurso existen los derechos humanos, en el discurso existe la protección a las familias que denuncian la violencia del Estado, pero en la realidad no. Se supone que vivimos en un estado de derecho, y renunciar a la justicia, a la formalidad de un procedimiento jurídico es muy humillante".

Impunidad endémica

Otras madres han decidido continuar. "Los tenemos que encontrar vivos o muertos. Nos tienen que decir dónde quedaron", advierte María Isabel Martínez Alarcón, madre de Diego Omar Guillén Martín, desaparecido por marinos el 4 de junio. Vive en la colonia Mirador, donde la Armada secuestró a otro hombre el mismo día: "A las 10 de la noche mi hermano fue a la farmacia con su esposa en su coche. Llegaron los marinos, lo bajaron de su carro, le pidieron a su esposa que se retirara. Él les preguntó la razón por la que se lo llevaban, si no había cometido delito alguno. Se defendió. Forcejeó y le pusieron la chicharra eléctrica, hasta que desfalleció. Luego le pusieron las esposas y lo cargaron entre varios. Otro marino se llevó su coche", señala Ana Gómez Rivera.

Se trata de Usiel Gómez Rivera, mecánico de 33 años. Fue secuestrado por personal de la Marina en la vía pública: “fuimos a Hidalgo, Coahuila, al campamento que tienen allá. Vimos salir camionetas grises de la corporación. Cuando fuimos se nos ponchó una llanta cerca del campamento. Y salieron unos marinos. Les dijimos que íbamos buscando a mi hermano y uno nos respondió: ‘Por lo menos su familiar cayó en manos de nosotros, si hubiera caído en manos del Ejército ya lo hubieran matado’”.

La noche que se lo llevaron, algunos marinos fueron a la casa de Osiel, donde se encontraba su hijo de 13 años junto a otros niños de la familia: "mi sobrino no sabía nada. Rodearon la casa apuntando con armas largas. No encontraron nada. Y asustaron a los niños".

Las escenas de los abusos de marinos cometidos en Nuevo Laredo se han vuelto cotidianas. Violan las garantías individuales con total impunidad. Cuenta que ese mismo día en una pizzería había 15 trabajadores de una fábrica cercana donde labora su sobrina. Elementos de la Marina llegaron al lugar para catear a los comensales: "los tuvieron desde la una hasta las tres de la tarde supuestamente investigándolos. Me quedé sorprendida porque se supone que ellos nos vienen a traer seguridad, y lo que nos están dando es inseguridad, secuestrando gente".

Explica que tienen un video que presentaron a la procuraduría de Tamaulipas y a la PGR, donde se ve claramente que los marinos llevan a su hermano al hotel Santa Mónica la misma noche del secuestro. En las imágenes también se ve cómo un marino estaciona el auto de Usiel Gómez Rivera: "cuando salen se ven las camionetotas de la Marina y en medio el carro de mi hermano, y se ve cuando lo sacan para llevárselo quién sabe adónde. Queremos la verdad. Estamos desesperados. Así como ellos se lo llevaron, quiero que me lo entreguen con vida, porque no es justo lo que están haciendo. Si ya les mostramos las pruebas, ¿qué más quieren? La Marina los tiene".

Los elementos de la Marina siguen patrullando la colonia Mirador: "no dejan de pasar por las calles. Catean y se llevan gente. Se estacionan en la esquina de la casa y se ponen a platicar con mujeres y están coqueteando todo el tiempo. No sé qué trabajos están haciendo. Si van en plan de conquista o supuestamente a darnos seguridad o inseguridad. Se están llevando gente inocente. Están violando la ley. Supuestamente son 72 horas y aquí los tienen hace más de un mes".

"No se muevan o disparamos"

El 3 de junio a las dos de la madrugada, Ana Alejandra López escuchó ruidos en el exterior del rancho que cuida su esposo, Joel Díaz Espinosa, cerca de Nuevo Laredo. Se asomó por la ventana y vio a un marino con uniforme, quien le apuntó con un arma larga y dijo: "no se muevan o disparamos".

Agrega: "mi esposo lo que hizo fue abrazarme y decirme que me quería mucho. En esos momentos entraron unos cinco hombres vestidos con uniforme militar y chalecos que decían Marina y armados con metralletas y se llevaron a mi esposo por la fuerza".

Aturdida y asustada, Ana Alejandra preguntó: "¿Adónde se lo llevan?" Uno de ellos le advirtió: "No salga de su casa y no avise a nadie. Si lo hace vendremos por usted también".

Los marinos arrastraron a Joel, y Ana Alejandra pudo ver desde un orificio de la puerta cómo lo golpearon antes de subirlo a un vehículo oficial. Uno se quitó el casco y con él le pegó en la cabeza, mientras otro le daba puñetazos en el rostro.

Por el secuestro y la desaparición forzada a manos de elementos de la Marina, presentó una denuncia ante la PGR con sede en Nuevo Laredo, donde también están integradas otras desapariciones del mismo tipo en la averiguación previa penal número 1994-III/2011.

También interpusieron un amparo por la desaparición de José Cruz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vásquez, Diego Omar Guillén, Usiel Gómez Rivera, Alejandro Gil Martínez Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (estos últimos son padre e hijo).

"Faltan algunos nombres de los 15 desaparecidos, pero sus familias no quieren ventilarlos públicamente porque tienen miedo. La Marina llegó la primera semana de mayo. Le teníamos cierta confianza. Empezamos a ver patrullajes en convoyes de 10 a 15 o 30 vehículos. Pero a las semanas siguientes comenzaron a hacer cateos ilegales y a torturar personas en un campamento que tienen a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, en Hidalgo, Coahuila", afirma Raymundo Ramos.

Las primeras desapariciones no fueron denunciadas, pero hay numerosos testimonios al respecto: "una vez que los torturaban, los liberaban. A partir del día primero de junio empiezan a hacer detenciones ilegales. Llegaron a detener 15 personas o más. Y en la mayoría de los casos fueron a sus domicilios cuando estaban dormidos y los sacaron. Se los llevaron al campamento de Hidalgo, Coahuila, y ya no los regresaron. Hay fotos y videos que prueban que ellos fueron los que hicieron las detenciones ilegales".

La Armada negó los hechos en un principio. Luego reconoció en un comunicado el pasado primero de julio que tuvo contacto con seis de los 15 desaparecidos: José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera, pero aseguró que “hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado, y menos aún privado ilícitamente de su libertad a estas personas”.

Domingo 10 de julio de 2011, p. 2

Situación actual del lavado de dinero en México, su marco jurídico y la insuficiencia de la iniciativa de Felipe Calderón y la Minuta del Senado en esta materia

2011-07-04T09:12:00.000-07:00

Por Mario Di Costanzo Armenta

Junio, 2011

Antecedentes:

El propio Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional afirman que “México se enfrenta ahora a una amenaza a su estabilidad y a su seguridad nacional sin precedentes, por el tráfico de drogas y la delincuencia organizada”.

Agregan que “los poderosos cárteles de la droga, que recurren a la violencia extrema, han extendido sus actividades en diversas partes del país. Estas actividades suponen un importante desafío para el gobierno”.

Sin embargo, es un hecho que en nuestro país mientras que las autoridades no combatan de manera efectiva el “lavado de dinero”, de nada servirá combatir con el ejército al crimen organizado y es que de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en nuestro país, los delitos financieros como el lavado de dinero no son adecuadamente investigados.

Tan solo como un ejemplo entre 2008 y 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) impuso un record en las investigaciones abiertas por lavado de dinero. Al registrar 450, mientras que entre 2004 y 2007, los expedientes abiertos fueron solo 149.

Pese a ello, el promedio de sentencias que el gobierno logro para castigar este delito fue muy bajo, y las condenas, salvo algunas excepciones, muy reducidas.

Cifras de la propia PGR revelan que la mayoría de las sentencias obtenidas en 2007 por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero, en aeropuertos del país, durante operativos contra el crimen organizado, o bien por denuncias anónimas.

En consecuencia, las sentencias son, generalmente, bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o la custodia de dinero y sólo en casos claramente vinculados con alguna organización delictiva, se consigna por delincuencia organizada, ilícito que tiene una penalidad mayor.

Ejemplos de algunos casos

Israel Clemente González, detenido el 4 de enero de 2006, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando llegaba en un vuelo procedente de Tijuana, Baja California, con 725 mil 594 dólares americanos ocultos en su equipaje.

Clemente González fue sentenciado a siete años de prisión y una multa de 97 mil pesos por transportar recursos de procedencia ilícita con el fin de ocultar su origen.

Un caso similar es el de María Clemencia Uribe de Trujillo, de nacionalidad colombiana, y la venezolana Laura Patricia dos Ramos Orozco, también detenidas en el AICM en 2005 y 2006 cuando pretendían viajar con destino a Colombia y Panamá, respectivamente.

Uribe llevaba ocultos 855 mil 379 dólares en el interior de accesorios automotrices, mientras Dos Ramos intentaba sacar del país 110 mil 366 dólares en el doble fondo de su maleta. La ciudadana colombiana fue sentenciada a siete años dos meses y 18 días de prisión, y al pago de 70 mil 200 pesos de multa, mientras a Dos Ramos se le impusieron cinco años tres meses y una multa de 48 mil 670 pesos.

Destaca la iniciada en contra del ciudadano mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon tras el aseguramiento de 205 millones de dólares en una casa de su propiedad en Las Lomas de Chapultepec, de la cual no se sabe más que la extradición de este personaje a los EUA .

La PGR también tiene en curso indagatorias contra presuntos integrantes de los carteles de Sinaloa o del Pacífico, el Golfo y La Familia derivadas también de la incautación de fuertes sumas de dinero en divisas o de la detención de algunos integrantes de estas organizaciones. De las cuales aun no existen sentencias firmes sobre el Lavado de Dinero.

Respecto del cartel del Pacífico, la PGR investiga por lavado de dinero a Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico y Jesús Raúl Beltrán Uriarte, conocido como El Tío, presunto lugarteniente de Ignacio Coronel. De las cuales aun no existen sentencias firmes sobre el Lavado de Dinero.

De esta manera un reporte de 2009 del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que pese a la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado en México, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias condenatorias por este ilícito desde 1989 a 2007; 14 de ellas fueron dictadas en 2007,

Más aún la mayor parte está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y prácticamente ninguna con el intercambio de información de inteligencia con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Y es que por ejemplo entre 2007 y el primer trimestre de 2011, a pesar de que la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado en México ha mostrado un considerable aumento, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 20 sentencias condenatorias por este ilícito ; a pesar de que durante ese lapso la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha recibido 185 mil 677 reportes de operaciones “inusuales” en el sistema financiero del país, de las cuales fueron; 52 mil 958 en 2009, 46 mil 876 en 2010, y 10,509 al primer trimestre de 2011.

Por su parte durante el mismo período la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, recibió 576 reportes de operaciones que fueron catalogadas como “operaciones preocupantes”; 119 de este total fueron en 2009, 89 durante 2010 y 22 al primer trimestre de 2011, sin embargo, durante todo este tiempo sólo existen 20 sentencias condenatorias por este tipo de “ilícito”.

Conviene señalar que de acuerdo a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, se denominan “Operaciones Inusuales”, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras, o con su patrón habitual de comportamiento.

Por su parte las “Operaciones preocupantes” son aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados.

Así por ejemplo en el sector bancario algunas de estas operaciones serian; la apertura de múltiples cuentas por la misma persona, o clientes que reiteradamente solicitan cheques de caja, y en el sector bursátil se consideran operaciones inusuales, a clientes que adquieren gran cantidad de acciones y las ponen a nombre de diferentes sociedades o personas.

El lavado de dinero ha evolucionado mucho, la revolución en las comunicaciones, las nuevas tecnologías que han trasformado la forma de hacer negocios, han sido utilizados por el crimen internacional para su beneficio. Actualmente, se pueden transferir ganancias ilícitas hacia jurisdicciones con menos obstáculos legales o pueden usar una variedad de mecanismos financieros, como las compañías "escudo", para encubrir la posesión de bienes y ocultar su verdadero origen y destino.

El Fondo Monetario Internacional estima que hay más de un millón de corporaciones "anónimas" de este tipo en el mundo.

Los mecanismos empleados en el lavado de capitales a nivel internacional, revisten modalidades innovadoras acordes a la naturaleza de cada país. Así entre las variantes más recientes, se han señalado el comercio de arte, la proliferación de credos religiosos o la aparente explotación de yacimientos mineros, actividades todas llevadas a cabo para introducir al sistema financiero de manera aparentemente legal ganancias obtenidas por actividades ilícitas.

Otras de las modalidades más novedosas, consisten entre otras en el uso de tarjetas de débito o de prepago en donde se hacen depósitos diarios y otras personas retiran esos depósitos desde otros países, lo cual permite mover grandes cantidades de efectivo de un país a otro prácticamente sin ningún control.

Una variante más, es la conocida como pitufeo que consiste en fraccionar trasferencias bancarias depositando poco dinero en muchas cuentas y los titulares de esas cuentas a su vez, giran cheques hacia una misma cuenta concentradora, enviándolo después hacia otros países.

Además de las habituales prácticas de compra de inmuebles, vehículos, joyas, centros de apuestas y los juegos de lotería, en últimas fechas ha surgido la práctica de cotizar de manera excesiva obras de artistas desconocidos o de dudoso mérito artístico, por medio de sucesivas operaciones de compraventa avaladas por un notario.

Baste señalar que todos los grandes bancos que operan en nuestro país, tienen al menos una representación en los llamados paraísos bancarios; como por ejemplo en Islas Caymán, que cuenta apenas con 35,000 habitantes, pero con aproximadamente 584 bancos, 2,200 fondos especulativos, quienes manejan 500 y 200 billones de dólares respectivamente, 400,000 sociedades “off shore” están matriculadas ahí, es la quinta plaza financiera del mundo.

Los montos del Lavado de Dinero:

Aunque la PGR, calcula que en el país se podrían lavar unos 10 mil millones de dólares por año, cifras de organismos financieros internacionales y de expertos en materia de blanqueo de activos advierten que el monto de dinero sucio que el crimen organizado hace circular por las arterias del sistema financiero mexicano va de los 25 mil a los 45 mil millones de dólares al año.

“En general, el lavado de dinero se estima aproximadamente entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto de un país. Siendo México una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir el 5% del PIB”, detalló Saskia Rietbroek, socia de la firma No Money Laundering en Estados Unidos.

Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas, empresas de seguros, etcétera”, detalló la ex directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero de Estados Unidos.

Según el Reporte Internacional del Control Estratégico de Drogas., elaborado por del Departamento de Estado norteamericano se calcula que desde 2003 cerca de 22 mil millones de dólares han sido repatriados a México desde EU por los cárteles de la droga.

Estimaciones del FMI calculan que en México se lavan entre ocho mil y 25 mil millones de dólares al año.

La PGR tiene un cálculo de 10 mil millones de dólares, basado en el monto de las operaciones de intercambio financiero con Estados Unidos que no tienen una explicación legal, pero que absurdamente aún a la fecha se encuentran depositados en los Bancos que operan en México y que las propias instituciones bancarias que operan en el país no han podido explicar.

Marco Jurídico Actual Contra el Lavado de Dinero:

Secreto Bancario:

En México opera el Secreto Bancario, estando expresamente establecido en el Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que textualmente señala lo siguiente:

“Las Instituciones de Crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales”.

Por lo que se refiere a las disposiciones contra el Lavado de Dinero, se encuentran contenidas en dos ordenamientos federales; El Código Penal Federal que en su artículo 400-bis establece textualmente lo siguiente:

“Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.”

“La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente”.

“La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.”

“En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”

“Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.”

“Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario”.

Adicionalmente está disposición se ha visto complementada y reforzada por medio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 29, establece textualmente lo siguiente:

“Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el ministerio público de la federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquellos respecto de los cuales esta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento”.

A pesar de que la inclusión de estos artículos en los ordenamientos correspondientes ha satisfecho las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), su aplicación ha sido difícil y poco clara, a grado tal que el “Primer Informe del Mecanismo de Evaluación Multilateral sobre Drogas de la OEA, en el capítulo sobre México, se señala que en 1999, sólo fueron condenadas tres personas por el delito de “lavado de activos”, de un total de 125 personas procesadas; dicha cifra representa sólo el 2.47%.

En lo que se refiere a las instancias vinculadas a la investigación de delitos financieros y lavado de dinero, existen en nuestro país diversas instituciones: a) la Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (DGDFORPI) de la Procuraduría Fiscal de la Federación, b) la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD) de la PGR, c) la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, d) la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y Relacionados con el Sistema Financiero, e) la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, f) la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo a pesar de existir todas estas instancias, las cifras y los resultados muestran que no se tiene la contundencia y eficiencia adecuadas.

Y es que si revisamos los datos reportados por la propia PGR se observa que la mayoría de las sentencias obtenidas por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero, en aeropuertos del país, durante operativos contra el crimen organizado, o bien por denuncias anónimas.

Malos Resultados:

Esto se explica por dos razones:

La corrupción existente en diversas esferas gubernamentales:

En el International narcotics control strategy report 2009, la Drug Enforcement Administration (DEA) advierte que uno de los principales obstáculos para combatir a la delincuencia organizada y al lavado de dinero es la corrupción.

El contexto en el que se da la batalla contra estos ilícitos es de “altos niveles de corrupción” y de “desorden dentro de los órganos judiciales y de seguridad de México”.

“La corrupción en todas las instituciones públicas mexicanas sigue siendo un impedimento clave para reducir con éxito el poder de los cárteles de la droga”.

Este fenómeno, indica la DEA, también obstaculiza la reforma de las instituciones mexicanas.

El informe ejemplifica que, el 27 de octubre de 2008, el procurador general Medina Mora anunció la detención de cinco altos funcionarios de la SIEDO, por pasar información “a un importante cártel de drogas”, el de los Beltrán Leyva.

Agrega que el 31 de octubre del año pasado el comisario de la Policía Federal, Gerardo Garay Cardeña, dimitió por acusaciones de posibles vínculos con el cártel de Sinaloa.

Posteriormente fue detenido por corrupción. Sin detallar, el documento indica que “docenas de jóvenes funcionarios federales de seguridad también han sido suspendidos o despedidos por acusaciones de corrupción”. (NF)

La falta de claridad en las disposiciones legales en cuanto a las entidades encargadas de su aplicación, supervisión e investigación y su coordinación, así podemos mencionar que:

Al revisar las políticas de México en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, el FMI y el GAFI encontraron falta de coordinación y de cooperación interinstitucional. Para las autoridades internacionales es necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajen juntos “para asegurar el pleno, oportuno y seguro acceso a los informes sobre transacciones sospechosas de centros de intercambio y las empresas de servicios monetarios”.

El amplio informe indica que, actualmente, la UIF no tiene acceso directo a los registros de antecedentes penales, debido a limitaciones jurídicas. Sólo a posteriori y respecto de los casos que esa unidad denunció a la PGR.

“Estamos hablando de una comunidad de inteligencia desintegrada. Los organismos de inteligencia de tipo de financiero y los de tipo civil y militar no están trabajando con un plan estratégico de manera unificada.

Limitación de Responsabilidades:

El artículo 400-bis, establece claramente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), será la encargada de establecer las denuncias correspondientes, y en la práctica es la Procuraduría Fiscal de la Federación quién funge como el “abogado de la nación” en materia financiera.

Sin embargo la mayor parte de la supervisión bancaria está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quién además es un organismo desconcentrado de la SHCP con autonomía técnica y facultades ejecutivas, luego entonces surge la siguiente pregunta ¿ Por qué si la CNBV posee autonomía técnica y facultades ejecutivas, no puede establecer denuncias sobre delitos financieros o de lavado de dinero?, más aún si este organismo es el encargado directo de la supervisión bancaria y del mercado de valores.

Descoordinación de las autoridades encargadas de la Investigación de delitos financieros :

Para la investigación de delitos financieros y el Lavado de Dinero, se cuenta con cuatro unidades básicas, e independientes que muchas veces actúan de manera dispersa y descoordinada, de esta manera el gobierno cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que depende de la SHCP, la Procuraduría General de la República cuenta con dos unidades que tienen que ver con los delitos financieros y el lavado de dinero

Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD): Es la autoridad competente para investigar y perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO): Área especializada y estratégica, encargada de aplicar las disposiciones contempladas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, mediante el inicio e integración de averiguaciones previas relacionadas con la actuación de organizaciones delictivas y, en su caso, detención, aprehensión y consignación de los miembros de la delincuencia organizada ante los tribunales federales.

Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Fiscales y Relacionados con el Sistema Financiero: Su principal objetivo es el de conocer entre otros, de los delitos fiscales y delitos relacionados con el sistema financiero previstos en el Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Instituciones de Crédito; Ley Federal de Instituciones de Fianzas; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; Ley del Mercado de Valores; y demás leyes relacionadas con la materia; así como de las averiguaciones previas relacionadas con los delitos mencionados, sobre los que el agente del Ministerio Público de la Federación sea competente o determine el ejercicio de la facultad de atracción.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):

Unidad de Inteligencia Financiera:

Se crea el 7 de mayo de 2004, y sus principales objetivos son: recibir reportes de operaciones financieras, analizar dichas operaciones y “otras de orden económico”, diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probables o presuntas de lavado de dinero.

En virtud de lo anterior, sus principales tareas consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos y detección de actos u operaciones que faciliten las operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo y a la delincuencia organizada.

De esta manera la Unidad de Inteligencia Financiera debe de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el financiamiento al terrorismo y a la delincuencia organizada y lo más importante; castigar a aquellos que las realicen.

Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DGDFORPI) de la Procuraduría Fiscal de la Federación: Sus principales objetivos son el estudio y la recopilación de pruebas sobre la comisión de delitos previstos en las leyes que rigen al sector financiero, para formular las querellas y denuncias correspondientes.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Tiene por objetivo supervisar y regular en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. Así como también supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.

Además es importante señalar que de acuerdo al Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la CNBV, es la encargada de solicitar la información que requiera la SHCP.

Las Fallas y debilidades en nuestro sistema

El complicado burocratismo, la multiplicidad de unidades gubernamentales que actúan en la investigación de los delitos financieros y de lavado de dinero sin capacidad legal para requerir información o iniciar denuncias, provoca errores y omisiones, que imposibilitan la construcción de casos “sólidos jurídicamente” que hacen prácticamente imposible la eficiencia y eficacia en la consignación de los delincuentes.

Así por ejemplo vuelve a resultar “absurdo” que de acuerdo al artículo 400-bis de nuestro Código Penal y a pesar de existir en la Procuraduría General de la República una Unidad gubernamental especializada en el combate al Lavado de Dinero, vuelva a ser la SHCP la única posibilitada a iniciar una “querella” contra los delincuentes.

De esta manera el complicado burocratismo, la multiplicidad de unidades gubernamentales que actúan en la investigación de los delitos financieros y de lavado de dinero sin capacidad legal para requerir información o iniciar denuncias, provoca errores y omisiones, que imposibilitan la construcción de casos “sólidos jurídicamente” que hacen prácticamente imposible la eficiencia y eficacia en la consignación de los delincuentes.

Lo anterior evidentemente crea un “cuello de botella” en el combate al Lavado de Dinero” ya que por ley, es la SHCP la que finalmente decide si va a proceder o no contra algún o algunos delincuentes. Adicional a lo anterior existe como todos sabemos un elevado índice de corrupción, que se incrementa por la multiplicidad de unidades que intervienen en un proceso de investigación y denuncia de Lavado de Dinero o cualquier otro delito financiero.

Este “cuello de botella” burocratismo y corrupción ha sido criticado y señalado también por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que a pesar de que se reconocen ciertos avances sus criticas han sido mayores al concluir que el lavado de dinero en México , no es debidamente investigado.

A lo anterior se añade lo que en su informe conjunto, el FMI y el GAFI observan que la institución con mayores problemas es el SAT, pues le falta personal y recursos que hagan cumplir los requisitos de registro y las políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo respecto de las instituciones que coordina: centros de cambio de divisas y operadores de remesas.

El “reto”, como lo llaman, “se agrava por el creciente número de sociedades financieras de usos múltiples no reglamentadas, producto de la desregulación de las sociedades de financiamiento de propósito limitado”, conocidas como Sofoles. Estas instituciones se dedican a actividades de préstamos, arrendamiento y factoraje.

Otro riesgo identificado por los organismos internacionales se ubica en la carencia de medidas legales o reglamentarias contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que regulen la actuación de las empresas no financieras, los profesionales y las organizaciones nacionales sin fines de lucro.

Con respecto de las investigaciones que la PGR tiene en curso por lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), la mayor parte está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información de inteligencia con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El FMI concluye también que; “las unidades de inteligencia carecen de acceso directo a los expedientes judiciales debido a restricciones legales, como la reserva de las averiguaciones previas.”

Por ello añade, que es necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las unidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda trabajen coordinadamente para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.

El documento también cita la insuficiencia de recursos asignados a las unidades de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de inteligencia financiera, como una de las causas determinantes en la insuficiencia del combate al lavado de dinero.

De hecho concluye textualmente lo siguiente “Las leyes que criminalizan el lavado de dinero y las agresiones terroristas son integrales, pero no alcanzan completamente los parámetros internacionales, y hay una oportunidad para mejorar sus implementaciones”,

Conclusiones:

La Iniciativa de Calderón y la Minuta del Senado:

Con base en lo anterior resulta claro, que la iniciativa presentada por Felipe Calderón y la Minuta que viene del Senado, resultan absolutamente insuficientes en virtud de que no corrigen el Marco Jurídico existente en lo que se refiere a las capacidades y coordinación de la autoridad para prevenir, investigar y castigar el lavado de dinero, al dejar intactos los mecanismos actuales en cuanto a su operación.

La iniciativa y la minuta del Senado, se enfocan principalmente a poner candados a las operaciones que se realizan con dinero “en efectivo” en el mejor de los casos lo que evidentemente, aumentara los reportes que se hagan, sin embargo también convierte al ciudadano en “soplón, policía o informante” y lo pone en riesgo ante posibles revanchas de la delincuencia.

Es decir no modifica estructuralmente los mecanismos de investigación por lo que las ineficacias, burocratismo, corrupción y “cuellos de botella” persisten.

Es un hecho que no importa a cuantos grandes capos de la droga encarcele Felipe Calderón, ya que mientras que no se combata efectivamente el lavado de dinero en el país, estos seguirán surgiendo, haciendo inútil la guerra contra el narcotráfico, ya que el lavado de dinero es la forma en que los delincuentes se aseguran que al final de cuentas el delito pague.

Elementos Centrales de Nuestra Propuesta:

Al respecto ya se tiene preparada una iniciativa que busca corregir estructuralmente este problema y que permitiría acabar con este cuello de botella e ineficacia, y sus puntos centrales son:

Se limitan las operaciones en efectivo, de manera similar a la minuta del Senado, pero no se obliga al ciudadano a “ser policia” (Ley de Instituciones de Crédito)
Se permite que prácticamente cualquier instancia de las involucradas CNBV, PGR, SHCP, SAT pueda iniciar querellas y denuncias por lavado de dinero. (Código Penal y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada)
Se obliga a una mayor coordinación entre las autoridades encargadas al permitir el libre intercambio de información entre ellas y las instituciones bancarias. (Ley Orgánica de la Administración Publica Federal)
Se elimina el secreto bancario en casos de investigaciones por lavado de dinero. (Ley de Instituciones de Crédito)
Se incluyen penalidades a los bancos incluso hasta la cancelación de su permiso para operar, a las instituciones financieras que no coadyuven al proceso o que no informen verazmente. (Ley de Instituciones de Crédito)
Se incrementan las penas por Lavado de Dinero. (Código Penal)

Nuevas amenazas contra Lydia Cacho

2011-07-01T07:47:00.000-07:00

Para difusión inmediata – 28 junio 2011

ALERTA

México: Ante la Falta de una Respuesta Adecuada por parte del Estado continúan Amenazas en contra de Lydia Cacho

El pasado 14 de junio, la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho recibió nuevamente amenaza directa de muerte. Las amenazas realizadas en esta ocasión vía telefónica y correo electrónico hacen referencia al trabajo como periodista que continua realizando Cacho, lo cual es evidencia del riesgo que continúa enfrentando así como del patrón de persecución y vigilancia al que está sometida. A pesar de ello, la respuesta del Estado ha estado marcada por la dilación y la falta de investigación de los hechos.

Cacho ha recibido varias amenazas y agresiones desde que en 2005 publicó el libro titulado “Los Demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil”, en donde reveló la existencia de una red de explotación sexual y pornografía infantil que operaba bajo la protección de políticos y empresarios. Por tal denuncia pública fue víctima de acoso judicial, tortura y numerosos abusos de poder. Desde entonces ha publicado información en su columna semanal y varios libros sobre temas relacionados con corrupción, trata de personas, crimen organizado, narcotráfico y violencia de género.

Durante el 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la periodista como resultado de varios actos de vigilancia y hostigamiento por parte de hombres armados. Sin embargo, las agresiones no han cesado. Aún cuando las medidas cautelares atienden a los principios de gravedad y urgencia, las nuevas amenazas evidencian la ineficacia y falta de diligencia del Estado mexicano en la implementación de medidas de protección dictadas por la CIDH.

Pese a la displicencia del Estado en atender las agresiones contra Cacho, ella ha continuado su labor periodística y ha denunciado los hechos de agresión contra ella sin que hasta el momento se haya juzgado ni castigado a los responsables tanto materiales y/o intelectuales de la cada vez más larga lista de agravios en su contra. ARTICLE 19 ha podido constatar que las medidas dictadas por la CIDH sólo han sido cumplidas en menos de un 50%. A pesar de las amenazas Lydia Cacho publicó la investigación “Esclavas del poder: un viaje al corazón de la trata de mujeres y niñas en el mundo”, en el cúal nuevamente revela nombres de tratantes y servidores públicos vinculados con redes de delincuencia organizada, mismas que no han sido investigadas ni perseguidas por el Estado mexicano.

ARTICLE 19 ha recalcado que las amenazas no pueden ser tomadas a la ligera por parte de las autoridades. La mayoría de las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra periodistas han estado precedidas de amenazas. Más aún,como en este caso, cuando la vía por la que se realizan puede generar fácilmente evidencia para ubicar a los responsables.

ARTICLE 19 hace un llamado al Estado mexicano para:

Cumplir cabal y efectivamente con la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para proteger a la periodista y defensora de derecho humanos.

Investigar las amenazas puntualmente que lleven al juzgamiento y condena de los responsables.

NOTAS PARA EDITORES:

Para mayor información contactar a: Cynthia Cárdenas, Consultora Legal, cynthiac@article19.org, +52 55 10546500

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.