• Es un drama que crece y se extiende por diferentes áreas del territorio nacional.
• Unos por temor no presentan denuncia; otros sí, pero sienten que funcionarios encargados no hacen nada
Por Sanjuana Martínez / Especial para La Jornada
No están muertos. Tampoco están aquí. Son desaparecidos y son miles: "Se los suplicamos, regrésenlos por favor. ¡Ayúdennos!", dice con voz desgarrada Enedelia Velázquez. Silencio absoluto. Llora y no puede hablar. Se repone y continúa: "Acaban con toda la familia. Es un dolor tan grande. Es horrible esperar que pase el día, esperar que pase la noche; luego otro día, día tras día para ver si vuelve; vivimos una espera horrible, una agonía".
A su lado, María de Lourdes Huerta Tarrega lee una pequeña carta a Kristian Karim Flores: "Hijo, donde te encuentres, sé que estás en contra de tu voluntad. Doce días después de que desapareciste nació tu hijo. Está bien. Tu madre, tu esposa, tus hermanos, no nos damos por vencidos. Sé que te vamos a encontrar. Te amo."
La siguiente es Martha Herrera Contreras. Abraza a un niño de 10 años con gorra de beisbol que porta una foto y llora. Empieza a hablar con voz entrecortada por la emoción. “A mi hijo Ramiro González Herrera, de 38 años, se lo llevaron el 19 de mayo de 2010. Estamos sufriendo todos por él. Sus hijos –aquí traigo a uno de ellos– ya no soportan la soledad. Ya no sabemos qué hacer. Pusimos denuncia y las autoridades no han hecho nada. Nos sentimos desamparados. Ayúdenme a encontrarlo”.
La procesión continúa, es interminable. "Mi hijo se llama Ernesto Efraín Vidal Flores, tiene 30 años". El que habla es don Ernesto Vidal Negrete, de 76 años, sin poder contener las lágrimas. La voz se le apaga, sólo surgen los sollozos. No puede seguir. Una pausa. Los demás esperan. Se les inundan los ojos. Quiere continuar: "Tiene cuatro meses desaparecido. Se lo llevaron cuando comía en un puesto de tacos..." El llanto lo invade con fuerza. La vergüenza también. Se cubre la cara con sus manos. Silencio. El que sigue. Otra historia, 10 más, 20, 40, 90 en Nuevo León, 200 en Coahuila, 500 en Tamaulipas, 5 mil en este sexenio. Y cada día más...
-Fatal error
Al celebrarse el Día Internacional del Detenido Desaparecido se hicieron manifestaciones por todo el país denunciando los cientos de casos registrados durante la guerra de Felipe Calderón, la falta de investigación judicial, el nulo interés del Estado por atender a los familiares de las víctimas, y la impunidad. Cientos de desapariciones forzadas son perpetradas por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales. También los cárteles de la droga han secuestrado a miles.
"Mira, hijo de tu pinche madre: si no quieres a tu hijo en pedacitos, quiero que juntes 100 mil pesos". La voz de un hombre por el celular sonó aterradora para Gerardo Peña. Su hijo Gerardo Peña Esparza fue a una fiesta el pasado 29 de enero y no llegó a dormir. El teléfono sonó a las tres de la mañana y era obvio que se trataba de un secuestro. De pronto, la siguiente voz fue definitiva. Era su hijo: “Me tienen Los Zetas. Créeles por favor. Dales lo que te piden”.
En una segunda llamada, el padre que es obrero y vive en Apodaca, Nuevo León, les explicó que no tenía dinero. Ellos accedieron a que sólo les entregara 50 mil pesos. Su hijo no estaba solo, fue secuestrado con otros cuatro amigos. A la una de la tarde le volvieron a llamar. No había logrado conseguir el dinero. El sujeto le dijo en tono de mando: "Vende el carro". Para las 11 de la noche, Gerardo ya estaba listo para entregar el rescate afuera de un Banorte en la Clínica Seis del IMSS ubicada en San Nicolás de los Garza. Allí se dio cuenta que había otras personas llevando dinero: “Eramos varios los que teníamos hijos secuestrados esa noche. Los batos llegaron y se fueron con toda tranquilidad”.
Volvió a su casa. Le habían dicho que al terminar de contar el dinero, le entregarían a su hijo. No fue así: "Desde entonces no hemos parado. Fuimos a la Ministerial, también a la policía de Apodaca, a la procuraduría. Nos hicimos el ADN. Y finalmente nos llevamos una sorpresa".
A Gerardo le avisaron meses después que su hijo fue encontrado quemado junto a otros cuerpos en una brecha del municipio de Escobedo el 30 de enero: "No es él. No coincide la estatura. Están entregando cuerpos a diestra y siniestra". Alma Delia Esparza, la madre, interviene: "Por qué hasta ahorita nos quieren dar ese cuerpo. No creemos que sea él. Quisimos hacerle una prueba de ADN privada y no quisieron. ¿Por qué? Simplemente quieren cerrar el caso para que no sigamos reclamando a nuestros hijos. Nos enteramos que el año pasado en Guadalupe entregaron un cuerpo y al año siguiente apareció la muchacha viva. Ahora la pobre no puede encontrar trabajo porque técnicamente está muerta".
Foto
El dolor por la pérdida de un familiar aflora de nuevo cuando los afectados rememoran los hechos para relatarlos a la reporteraFoto Sanjuana Martínez
Gerardo y Alma Delia están decididos a seguirlo buscando. Se han vuelto a hacer las pruebas de ADN: "Mi esposa lo vio pasar en un coche bien despacito por la casa. Otro amigo me dijo que lo vio en Escobedo. Está vivo".
-Son miles
"Es él", muestra la foto de Ernesto Efraín Vidal Flores, su hijo. La lleva al pecho y en el cuello trae sus credenciales. Fue a una fiesta a una quinta en la Carretera Nacional y de regreso en la noche pararon a comer en un puesto de tacos ubicado por la estación del metro de la colonia Mitras: "Se llevaron a él y a sus dos amigos. Al dueño de la quinta, no. Qué casualidad", dice don Ernesto Vidal Negrete.
Su hijo tiene 30 años y estaba terminando la carrera de criminología: "Todos los vecinos pueden dar fe de él. Es muy bueno. Tenemos mucha fe en Dios. Hacemos mucha oración. ¿Qué más? Les pido que me lo devuelvan. Yo lo siento vivo".
Antes de cumplir la edad de jubilación, don Ernesto fue despedido por el patrón "sin un centavo". Y sin recursos y con la convicción de ayudar a otros, acompañó a amigos en el dolor de la desaparición de sus hijos, algo cada vez más común: "Lloré mucho por hijos ajenos, pero jamás me imaginé que iba a sufrir esto en carne propia. Sufrí por otros, ahora sufro por el mío. A cualquiera nos puede pasar. Mi hijo está clavado en el pensamiento. No tenemos paz".
A su lado, María del Carmen Luna Mata, de 76 años, lo interrumpe: “El mío se llama Jorge Andrés Pereira. Desapareció el 27 de septiembre del año pasado. Bien trabajador. Nunca se paraba en una esquina. Dicen que fueron Los Zetas”. Necesita hablar, contar su historia. Lo sacaron de su casa en la colonia Constituyentes. Unos hombres se lo llevaron en un carro. Nunca pidieron rescate. Trabajaba de mesero en varios restaurantes: "Él me cuidaba. Me sostenía. Cada vez que me veía me daba 100, 200 pesos. Soy viuda".
Un niño juguetea alrededor, es nieto de Martha Herrera Contreras. Su hijo, Ramiro González Herrera, de 38 años, desapareció el 19 de mayo de 2010. Era taxista. Ese día lo sacaron del coche y se lo llevaron. Dejó su cartera y toda su documentación: "Pusimos la denuncia, pero nunca investigaron. Lo mismo que sabemos nosotros, saben ellos, nada. Siento mucha impotencia, mucha desesperación porque no podemos hacer nada. ¿Dónde más buscamos? Estamos en las manos de las autoridades".
Todos llevan el mismo peregrinar: delegaciones de policías, agencias del Ministerio Público, anfiteatros... “Vamos a todas partes, donde haya muertos, narcofosas. Andamos de estado en estado y no hay quién nos ayude. Fuimos a la capital y nada”, dice Martha Herrera Contreras.
El trabajo de taxista se ha convertido en algo peligroso. Decenas de trabajadores del volante han sido denunciados como desaparecidos. El llamado “halconeo” ha estigmatizado su labor. Desde el 4 de enero, Adalberto Luna Montoya desapareció. Era taxista en Huinalá: "Trabajaba en una base de taxis piratas en el panteón. La CROC le iba a arreglar sus placas. Encontramos su carro a los cuatro días de desaparecido. Por miedo no interpusimos denuncia", dice Brenda Ruth Vanegas Martínez.
Hace unos meses, el Infonavit empezó a exigir las mensualidades de la casa de interés social y finalmente interpuso una denuncia: “No hacen nada. Y seguimos esperando. Las granaderas de Apodaca los paraban y ya no los dejaban pasar. Los policías les decían que ellos eran zetas y que controlaban todo, incluso les prohibían trabajar. Tal vez como era pirata se lo llevaron. Apenas sacaba 300 pesos diarios”.
La hermana de Adalberto, Martha Yolanda, no para de llorar. Explica que su madre está deshecha, porque es el segundo hijo desaparecido; el primero, desde hace cuatro años. A Brenda la incertidumbre del futuro no le permite volver a su vida cotidiana. Llora también: “No sé qué hacer. Ya no sé qué decirles a mis niños. Mi hijo de nueve años se me descontrola. Se echa a la calle, corre y grita: ‘Yo me quiero perder como mi papá’”.
Periódico La Jornada
Domingo 4 de septiembre de 2011, p. 8
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domingo, 4 de septiembre de 2011
lunes, 11 de julio de 2011
Narcoviolencia. Familiares de desaparecidos se quejan de represalias por denunciar a la Marina
•Elementos de la Armada torturan en Coahuila a detenidos, acusa ONG
Por Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Nuevo Laredo, Tamps. Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez sabía que arriesgaba su vida al denunciar a la Armada de México por la desaparición de su esposo, José Fortino Martínez Martínez, a manos de marinos, pero nunca imaginó las consecuencias. Un día después de que algunos medios nacionales, entre ellos La Jornada, publicaron su historia, su casa fue balaceada con armas de grueso calibre. Le dejaron 40 agujeros en la fachada.
Fue la madrugada del domingo pasado. Eran las tres de la mañana y su coche estaba estacionado fuera y la luz exterior de la casa encendida. Pero afortunadamente ella estaba dormida con sus cuatro hijos en la vivienda de su madre. Dios la salvó, dice, aunque el mensaje surtió efecto: ha decidido exiliarse en Estados Unidos y prefiere dejar de buscar a su marido para proteger a sus hijos. "Ya no quiero saber nada, ya no quiero pedir justicia. Que se haga lo que Dios quiera".
Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cosas están claras: "es un mensaje de vida o muerte para quienes andamos denunciando a los marinos".
En Nuevo Laredo son 15 los casos de desaparición forzada atribuidos a la Armada, ocurridos del primero al 23 de junio pasado. En todos los casos, marinos portando uniforme y viajando en vehículos oficiales secuestraron a hombres que ahora están desaparecidos. Sin orden de cateo, sin orden de detención se los llevaron.
Los familiares tienen fotos y videos que demuestran cómo los marinos mantuvieron por horas en el hotel Santa Mónica a los secuestrados e incluso a algunos en el aeropuerto. Y saben algo más: que a todos se los llevaron finalmente a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo –donde la Marina hizo un campamento–, en Hidalgo, Coahuila. Pero ninguna autoridad ha hecho nada. Ni la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, ni la PGR, ni la SIEDO. Ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado recomendación alguna. Por eso, los familiares se han visto en la indefensión absoluta.
“Hemos tomado una decisión muy vergonzosa, muy humillante, que es decir a la Secretaría de Marina: ‘vamos a retirar las denuncias, ya no vamos a hacer ningún cuestionamiento público, solamente presenten a nuestros familiares vivos o muertos. Si quieren de manera anónima. Dígannos dónde están y nos olvidamos del asunto’”, afirma Ramos, que ha solicitado medidas cautelares para las esposas, madres y hermanas que presentaron las denuncias.
"En el discurso existen los derechos humanos, en el discurso existe la protección a las familias que denuncian la violencia del Estado, pero en la realidad no. Se supone que vivimos en un estado de derecho, y renunciar a la justicia, a la formalidad de un procedimiento jurídico es muy humillante".
Impunidad endémica
Otras madres han decidido continuar. "Los tenemos que encontrar vivos o muertos. Nos tienen que decir dónde quedaron", advierte María Isabel Martínez Alarcón, madre de Diego Omar Guillén Martín, desaparecido por marinos el 4 de junio. Vive en la colonia Mirador, donde la Armada secuestró a otro hombre el mismo día: "A las 10 de la noche mi hermano fue a la farmacia con su esposa en su coche. Llegaron los marinos, lo bajaron de su carro, le pidieron a su esposa que se retirara. Él les preguntó la razón por la que se lo llevaban, si no había cometido delito alguno. Se defendió. Forcejeó y le pusieron la chicharra eléctrica, hasta que desfalleció. Luego le pusieron las esposas y lo cargaron entre varios. Otro marino se llevó su coche", señala Ana Gómez Rivera.
Se trata de Usiel Gómez Rivera, mecánico de 33 años. Fue secuestrado por personal de la Marina en la vía pública: “fuimos a Hidalgo, Coahuila, al campamento que tienen allá. Vimos salir camionetas grises de la corporación. Cuando fuimos se nos ponchó una llanta cerca del campamento. Y salieron unos marinos. Les dijimos que íbamos buscando a mi hermano y uno nos respondió: ‘Por lo menos su familiar cayó en manos de nosotros, si hubiera caído en manos del Ejército ya lo hubieran matado’”.
La noche que se lo llevaron, algunos marinos fueron a la casa de Osiel, donde se encontraba su hijo de 13 años junto a otros niños de la familia: "mi sobrino no sabía nada. Rodearon la casa apuntando con armas largas. No encontraron nada. Y asustaron a los niños".
Las escenas de los abusos de marinos cometidos en Nuevo Laredo se han vuelto cotidianas. Violan las garantías individuales con total impunidad. Cuenta que ese mismo día en una pizzería había 15 trabajadores de una fábrica cercana donde labora su sobrina. Elementos de la Marina llegaron al lugar para catear a los comensales: "los tuvieron desde la una hasta las tres de la tarde supuestamente investigándolos. Me quedé sorprendida porque se supone que ellos nos vienen a traer seguridad, y lo que nos están dando es inseguridad, secuestrando gente".
Explica que tienen un video que presentaron a la procuraduría de Tamaulipas y a la PGR, donde se ve claramente que los marinos llevan a su hermano al hotel Santa Mónica la misma noche del secuestro. En las imágenes también se ve cómo un marino estaciona el auto de Usiel Gómez Rivera: "cuando salen se ven las camionetotas de la Marina y en medio el carro de mi hermano, y se ve cuando lo sacan para llevárselo quién sabe adónde. Queremos la verdad. Estamos desesperados. Así como ellos se lo llevaron, quiero que me lo entreguen con vida, porque no es justo lo que están haciendo. Si ya les mostramos las pruebas, ¿qué más quieren? La Marina los tiene".
Los elementos de la Marina siguen patrullando la colonia Mirador: "no dejan de pasar por las calles. Catean y se llevan gente. Se estacionan en la esquina de la casa y se ponen a platicar con mujeres y están coqueteando todo el tiempo. No sé qué trabajos están haciendo. Si van en plan de conquista o supuestamente a darnos seguridad o inseguridad. Se están llevando gente inocente. Están violando la ley. Supuestamente son 72 horas y aquí los tienen hace más de un mes".
"No se muevan o disparamos"
El 3 de junio a las dos de la madrugada, Ana Alejandra López escuchó ruidos en el exterior del rancho que cuida su esposo, Joel Díaz Espinosa, cerca de Nuevo Laredo. Se asomó por la ventana y vio a un marino con uniforme, quien le apuntó con un arma larga y dijo: "no se muevan o disparamos".
Agrega: "mi esposo lo que hizo fue abrazarme y decirme que me quería mucho. En esos momentos entraron unos cinco hombres vestidos con uniforme militar y chalecos que decían Marina y armados con metralletas y se llevaron a mi esposo por la fuerza".
Aturdida y asustada, Ana Alejandra preguntó: "¿Adónde se lo llevan?" Uno de ellos le advirtió: "No salga de su casa y no avise a nadie. Si lo hace vendremos por usted también".
Los marinos arrastraron a Joel, y Ana Alejandra pudo ver desde un orificio de la puerta cómo lo golpearon antes de subirlo a un vehículo oficial. Uno se quitó el casco y con él le pegó en la cabeza, mientras otro le daba puñetazos en el rostro.
Por el secuestro y la desaparición forzada a manos de elementos de la Marina, presentó una denuncia ante la PGR con sede en Nuevo Laredo, donde también están integradas otras desapariciones del mismo tipo en la averiguación previa penal número 1994-III/2011.
También interpusieron un amparo por la desaparición de José Cruz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vásquez, Diego Omar Guillén, Usiel Gómez Rivera, Alejandro Gil Martínez Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (estos últimos son padre e hijo).
"Faltan algunos nombres de los 15 desaparecidos, pero sus familias no quieren ventilarlos públicamente porque tienen miedo. La Marina llegó la primera semana de mayo. Le teníamos cierta confianza. Empezamos a ver patrullajes en convoyes de 10 a 15 o 30 vehículos. Pero a las semanas siguientes comenzaron a hacer cateos ilegales y a torturar personas en un campamento que tienen a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, en Hidalgo, Coahuila", afirma Raymundo Ramos.
Las primeras desapariciones no fueron denunciadas, pero hay numerosos testimonios al respecto: "una vez que los torturaban, los liberaban. A partir del día primero de junio empiezan a hacer detenciones ilegales. Llegaron a detener 15 personas o más. Y en la mayoría de los casos fueron a sus domicilios cuando estaban dormidos y los sacaron. Se los llevaron al campamento de Hidalgo, Coahuila, y ya no los regresaron. Hay fotos y videos que prueban que ellos fueron los que hicieron las detenciones ilegales".
La Armada negó los hechos en un principio. Luego reconoció en un comunicado el pasado primero de julio que tuvo contacto con seis de los 15 desaparecidos: José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera, pero aseguró que “hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado, y menos aún privado ilícitamente de su libertad a estas personas”.
Domingo 10 de julio de 2011, p. 2
Por Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
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| -Conózcanlo- Cartón de Helguera |
Nuevo Laredo, Tamps. Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez sabía que arriesgaba su vida al denunciar a la Armada de México por la desaparición de su esposo, José Fortino Martínez Martínez, a manos de marinos, pero nunca imaginó las consecuencias. Un día después de que algunos medios nacionales, entre ellos La Jornada, publicaron su historia, su casa fue balaceada con armas de grueso calibre. Le dejaron 40 agujeros en la fachada.
Fue la madrugada del domingo pasado. Eran las tres de la mañana y su coche estaba estacionado fuera y la luz exterior de la casa encendida. Pero afortunadamente ella estaba dormida con sus cuatro hijos en la vivienda de su madre. Dios la salvó, dice, aunque el mensaje surtió efecto: ha decidido exiliarse en Estados Unidos y prefiere dejar de buscar a su marido para proteger a sus hijos. "Ya no quiero saber nada, ya no quiero pedir justicia. Que se haga lo que Dios quiera".
Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cosas están claras: "es un mensaje de vida o muerte para quienes andamos denunciando a los marinos".
En Nuevo Laredo son 15 los casos de desaparición forzada atribuidos a la Armada, ocurridos del primero al 23 de junio pasado. En todos los casos, marinos portando uniforme y viajando en vehículos oficiales secuestraron a hombres que ahora están desaparecidos. Sin orden de cateo, sin orden de detención se los llevaron.
Los familiares tienen fotos y videos que demuestran cómo los marinos mantuvieron por horas en el hotel Santa Mónica a los secuestrados e incluso a algunos en el aeropuerto. Y saben algo más: que a todos se los llevaron finalmente a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo –donde la Marina hizo un campamento–, en Hidalgo, Coahuila. Pero ninguna autoridad ha hecho nada. Ni la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, ni la PGR, ni la SIEDO. Ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado recomendación alguna. Por eso, los familiares se han visto en la indefensión absoluta.
“Hemos tomado una decisión muy vergonzosa, muy humillante, que es decir a la Secretaría de Marina: ‘vamos a retirar las denuncias, ya no vamos a hacer ningún cuestionamiento público, solamente presenten a nuestros familiares vivos o muertos. Si quieren de manera anónima. Dígannos dónde están y nos olvidamos del asunto’”, afirma Ramos, que ha solicitado medidas cautelares para las esposas, madres y hermanas que presentaron las denuncias.
"En el discurso existen los derechos humanos, en el discurso existe la protección a las familias que denuncian la violencia del Estado, pero en la realidad no. Se supone que vivimos en un estado de derecho, y renunciar a la justicia, a la formalidad de un procedimiento jurídico es muy humillante".
Impunidad endémica
Otras madres han decidido continuar. "Los tenemos que encontrar vivos o muertos. Nos tienen que decir dónde quedaron", advierte María Isabel Martínez Alarcón, madre de Diego Omar Guillén Martín, desaparecido por marinos el 4 de junio. Vive en la colonia Mirador, donde la Armada secuestró a otro hombre el mismo día: "A las 10 de la noche mi hermano fue a la farmacia con su esposa en su coche. Llegaron los marinos, lo bajaron de su carro, le pidieron a su esposa que se retirara. Él les preguntó la razón por la que se lo llevaban, si no había cometido delito alguno. Se defendió. Forcejeó y le pusieron la chicharra eléctrica, hasta que desfalleció. Luego le pusieron las esposas y lo cargaron entre varios. Otro marino se llevó su coche", señala Ana Gómez Rivera.
Se trata de Usiel Gómez Rivera, mecánico de 33 años. Fue secuestrado por personal de la Marina en la vía pública: “fuimos a Hidalgo, Coahuila, al campamento que tienen allá. Vimos salir camionetas grises de la corporación. Cuando fuimos se nos ponchó una llanta cerca del campamento. Y salieron unos marinos. Les dijimos que íbamos buscando a mi hermano y uno nos respondió: ‘Por lo menos su familiar cayó en manos de nosotros, si hubiera caído en manos del Ejército ya lo hubieran matado’”.
La noche que se lo llevaron, algunos marinos fueron a la casa de Osiel, donde se encontraba su hijo de 13 años junto a otros niños de la familia: "mi sobrino no sabía nada. Rodearon la casa apuntando con armas largas. No encontraron nada. Y asustaron a los niños".
Las escenas de los abusos de marinos cometidos en Nuevo Laredo se han vuelto cotidianas. Violan las garantías individuales con total impunidad. Cuenta que ese mismo día en una pizzería había 15 trabajadores de una fábrica cercana donde labora su sobrina. Elementos de la Marina llegaron al lugar para catear a los comensales: "los tuvieron desde la una hasta las tres de la tarde supuestamente investigándolos. Me quedé sorprendida porque se supone que ellos nos vienen a traer seguridad, y lo que nos están dando es inseguridad, secuestrando gente".
Explica que tienen un video que presentaron a la procuraduría de Tamaulipas y a la PGR, donde se ve claramente que los marinos llevan a su hermano al hotel Santa Mónica la misma noche del secuestro. En las imágenes también se ve cómo un marino estaciona el auto de Usiel Gómez Rivera: "cuando salen se ven las camionetotas de la Marina y en medio el carro de mi hermano, y se ve cuando lo sacan para llevárselo quién sabe adónde. Queremos la verdad. Estamos desesperados. Así como ellos se lo llevaron, quiero que me lo entreguen con vida, porque no es justo lo que están haciendo. Si ya les mostramos las pruebas, ¿qué más quieren? La Marina los tiene".
Los elementos de la Marina siguen patrullando la colonia Mirador: "no dejan de pasar por las calles. Catean y se llevan gente. Se estacionan en la esquina de la casa y se ponen a platicar con mujeres y están coqueteando todo el tiempo. No sé qué trabajos están haciendo. Si van en plan de conquista o supuestamente a darnos seguridad o inseguridad. Se están llevando gente inocente. Están violando la ley. Supuestamente son 72 horas y aquí los tienen hace más de un mes".
"No se muevan o disparamos"
El 3 de junio a las dos de la madrugada, Ana Alejandra López escuchó ruidos en el exterior del rancho que cuida su esposo, Joel Díaz Espinosa, cerca de Nuevo Laredo. Se asomó por la ventana y vio a un marino con uniforme, quien le apuntó con un arma larga y dijo: "no se muevan o disparamos".
Agrega: "mi esposo lo que hizo fue abrazarme y decirme que me quería mucho. En esos momentos entraron unos cinco hombres vestidos con uniforme militar y chalecos que decían Marina y armados con metralletas y se llevaron a mi esposo por la fuerza".
Aturdida y asustada, Ana Alejandra preguntó: "¿Adónde se lo llevan?" Uno de ellos le advirtió: "No salga de su casa y no avise a nadie. Si lo hace vendremos por usted también".
Los marinos arrastraron a Joel, y Ana Alejandra pudo ver desde un orificio de la puerta cómo lo golpearon antes de subirlo a un vehículo oficial. Uno se quitó el casco y con él le pegó en la cabeza, mientras otro le daba puñetazos en el rostro.
Por el secuestro y la desaparición forzada a manos de elementos de la Marina, presentó una denuncia ante la PGR con sede en Nuevo Laredo, donde también están integradas otras desapariciones del mismo tipo en la averiguación previa penal número 1994-III/2011.
También interpusieron un amparo por la desaparición de José Cruz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vásquez, Diego Omar Guillén, Usiel Gómez Rivera, Alejandro Gil Martínez Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (estos últimos son padre e hijo).
"Faltan algunos nombres de los 15 desaparecidos, pero sus familias no quieren ventilarlos públicamente porque tienen miedo. La Marina llegó la primera semana de mayo. Le teníamos cierta confianza. Empezamos a ver patrullajes en convoyes de 10 a 15 o 30 vehículos. Pero a las semanas siguientes comenzaron a hacer cateos ilegales y a torturar personas en un campamento que tienen a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, en Hidalgo, Coahuila", afirma Raymundo Ramos.
Las primeras desapariciones no fueron denunciadas, pero hay numerosos testimonios al respecto: "una vez que los torturaban, los liberaban. A partir del día primero de junio empiezan a hacer detenciones ilegales. Llegaron a detener 15 personas o más. Y en la mayoría de los casos fueron a sus domicilios cuando estaban dormidos y los sacaron. Se los llevaron al campamento de Hidalgo, Coahuila, y ya no los regresaron. Hay fotos y videos que prueban que ellos fueron los que hicieron las detenciones ilegales".
La Armada negó los hechos en un principio. Luego reconoció en un comunicado el pasado primero de julio que tuvo contacto con seis de los 15 desaparecidos: José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera, pero aseguró que “hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado, y menos aún privado ilícitamente de su libertad a estas personas”.
Domingo 10 de julio de 2011, p. 2
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