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| Reformas a la ley de seguridad. El Fisgón |
Por asegurar la sostenibilidad de los grandes capitales británicos se ha profundizado un modelo económico productor de cientos de miles de jóvenes neets (not in education or employment or training), versión inglesa de los ninis. Por eso protestan, así sea desorganizada y plebeyamente, porque están condenados –dice Roger Cohen– al no future (The New York Times, 13 de agosto). Lo mismo ocurre en todos los países capitalistas del norte: uno de cada cinco jóvenes en la Unión Europea o en Estados Unidos vive la inseguridad del desempleo. En Israel, miles de jóvenes que acampan en espacios públicos protestan contra un modelo económico que ha deteriorado severamente la igualdad del país y concentrado 30 por ciento del ingreso en el 10 por ciento de las familias más ricas.
La constante de las políticas económicas de las grandes potencias atlánticas es reforzar la seguridad de los pocos sobre de la inseguridad de los más: Obama batalla para obtener un precario acuerdo sobre el endeudamiento, a costa de seguir sacrificando los raquíticos programa sociales del gobierno estadunidense. En Francia, Martine Aubry, fuerte aspirante socialista a la presidencia, revela que los gobiernos de derecha, sobre todo el actual de Sarkozy, han disparado el endeudamiento público para favorecer a los grandes capitales, pues mientras se les otorgan privilegios fiscales hasta por 50 mil millones de euros, el déficit de la seguridad social alcanza 25 mil millones de euros (Le Monde, 12 de agosto).
En México, la seguridad de los muy ricos, sobre todo extranjeros, se privilegia sobre la seguridad humana de las y los ciudadanos, no sólo en lo económico sino también en la protección de la vida, la integridad física y el patrimonio.
Apenas la semana pasada las propias dependencias oficiales revelaron datos suficientes para documentar la inseguridad económica creciente en las mayorías: el poder adquisitivo de las familias se derrumba en 78 por ciento en lo que va del sexenio. El desempleo abierto llega a 5.24 por ciento de la población económicamente activa y provoca que el empleo informal alcance la cifra récord de 13 millones 385 mil personas. Un proyecto económico y social antijóvenes, que genera entre 6.5 y 7 millones de neets, para decirlo en términos que los tecnócratas entiendan.
Por si no bastara la gente librada a combatir su inseguridad económica y social mediante chambitas o estrategias familiares de sobrevivencia, desde las cúpulas se impone un modelo de seguridad nacional que genera 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, y contando, y más de 3 millares de denuncias ante la CNDH.
Los últimos en saberlo, las y los ciudadanos, apenas nos enteramos que nuestro gobierno y nuestras fuerzas armadas están resultando sólo operadores de la estrategia de seguridad del imperio. Que nuestras cúpulas de la PGR, de la Sedena, de la SSP, no son sino gerentes de producción de una gigantesca maquiladora de seguridad, según las normas de calidad de la DEA, de la FBI, de la CIA. Con supervisión in situ de agentes de las mismas y de contratistas de seguridad privados. Peor aún, sometiendo a exámenes de confianza incluso a nuestros arrogantes secretarios de Estado. Todo nuestro aparato de justicia está, pues, subordinado a los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.
Por esto el MPJD, junto con intelectuales y artistas de este país, denuncia las reformas a la Ley de Seguridad Nacional como una ley de guerra, enfocadas primordialmente a la seguridad del gobierno y sus instituciones y omisas de la protección amplia al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos. Por eso demanda, y ojalá un caudal amplio de fuerza ciudadana se forme en torno a ella, la promulgación de una ley de seguridad humana y ciudadana, que "desde el irrestricto respeto a los derechos humanos, sea un instrumento jurídico para la paz y la seguridad de todos y todas, y no el arma que legitime la continuidad del dolor y la tragedia en México" (comunicado del MPJD, 10 de agosto).
Es hora de que las y los ciudadanos examinemos qué confianza merecen nuestros funcionarios y legisladores y quienes aspiren a serlo, pero a partir de los criterios de la seguridad humana y ciudadana, tal como las conceptualizan las Naciones Unidas. Desde 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo planteó el concepto de seguridad humana en el que las y los ciudadanos son los sujetos de la seguridad en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y personal.
Desde esta perspectiva, las instituciones y el Estado deben fungir como garantes de la protección de la vida, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social y la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Esto aunque les duela a ONG y líderes a modo que defienden la Ley de Seguridad Nacional y atacan a Sicilia y a su movimiento.
Por todo esto, el compromiso efectivo, exigible y evaluable con la seguridad humana y ciudadana es una de las piedras de toque del proceso electoral de 2012. Que la ciudadanía evalúe quienes están por acaparar los botes salvavidas del Titanic civilizatorio que naufraga y quienes por cambiar a una nave en la que todos quepamos.
Periódico La Jornada
Viernes 19 de agosto de 2011
En México, la seguridad de los muy ricos, sobre todo extranjeros, se privilegia sobre la seguridad humana de las y los ciudadanos, no sólo en lo económico sino también en la protección de la vida, la integridad física y el patrimonio.
Apenas la semana pasada las propias dependencias oficiales revelaron datos suficientes para documentar la inseguridad económica creciente en las mayorías: el poder adquisitivo de las familias se derrumba en 78 por ciento en lo que va del sexenio. El desempleo abierto llega a 5.24 por ciento de la población económicamente activa y provoca que el empleo informal alcance la cifra récord de 13 millones 385 mil personas. Un proyecto económico y social antijóvenes, que genera entre 6.5 y 7 millones de neets, para decirlo en términos que los tecnócratas entiendan.
Por si no bastara la gente librada a combatir su inseguridad económica y social mediante chambitas o estrategias familiares de sobrevivencia, desde las cúpulas se impone un modelo de seguridad nacional que genera 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, y contando, y más de 3 millares de denuncias ante la CNDH.
Los últimos en saberlo, las y los ciudadanos, apenas nos enteramos que nuestro gobierno y nuestras fuerzas armadas están resultando sólo operadores de la estrategia de seguridad del imperio. Que nuestras cúpulas de la PGR, de la Sedena, de la SSP, no son sino gerentes de producción de una gigantesca maquiladora de seguridad, según las normas de calidad de la DEA, de la FBI, de la CIA. Con supervisión in situ de agentes de las mismas y de contratistas de seguridad privados. Peor aún, sometiendo a exámenes de confianza incluso a nuestros arrogantes secretarios de Estado. Todo nuestro aparato de justicia está, pues, subordinado a los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.
Por esto el MPJD, junto con intelectuales y artistas de este país, denuncia las reformas a la Ley de Seguridad Nacional como una ley de guerra, enfocadas primordialmente a la seguridad del gobierno y sus instituciones y omisas de la protección amplia al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos. Por eso demanda, y ojalá un caudal amplio de fuerza ciudadana se forme en torno a ella, la promulgación de una ley de seguridad humana y ciudadana, que "desde el irrestricto respeto a los derechos humanos, sea un instrumento jurídico para la paz y la seguridad de todos y todas, y no el arma que legitime la continuidad del dolor y la tragedia en México" (comunicado del MPJD, 10 de agosto).
Es hora de que las y los ciudadanos examinemos qué confianza merecen nuestros funcionarios y legisladores y quienes aspiren a serlo, pero a partir de los criterios de la seguridad humana y ciudadana, tal como las conceptualizan las Naciones Unidas. Desde 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo planteó el concepto de seguridad humana en el que las y los ciudadanos son los sujetos de la seguridad en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y personal.
Desde esta perspectiva, las instituciones y el Estado deben fungir como garantes de la protección de la vida, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social y la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Esto aunque les duela a ONG y líderes a modo que defienden la Ley de Seguridad Nacional y atacan a Sicilia y a su movimiento.
Por todo esto, el compromiso efectivo, exigible y evaluable con la seguridad humana y ciudadana es una de las piedras de toque del proceso electoral de 2012. Que la ciudadanía evalúe quienes están por acaparar los botes salvavidas del Titanic civilizatorio que naufraga y quienes por cambiar a una nave en la que todos quepamos.
Periódico La Jornada
Viernes 19 de agosto de 2011
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