La Hora de la Sociedad.

Por John M. Ackerman

En lugar de desgastarse buscando reuniones con Felipe Calderón, el emergente movimiento nacional por la paz, la justicia y la seguridad debería abocarse a articular una acción social plural, combativa y de largo aliento. Antes de atender al poder y sus condiciones, habría que acercarse a los ciudadanos y sus necesidades. De otra forma, se podría perder una oportunidad histórica para transformar de raíz a nuestra dolida nación.

El sexenio de Calderón ya se encuentra en su fase terminal y el Presidente ha sido claro en que no contempla modificar ni un ápice su estrategia de combate al crimen organizado. Según él, tiene la ley, la fuerza, y la razón de su lado y simplemente no existen otras opciones de actuación. Ante su comprobada cerrazón, tiene poco sentido construir escenarios para convencerlo de que debe cambiar de rumbo o hacerlo escuchar a las víctimas. Y aun si por arte de magia de repente el ocupante de Los Pinos se despertara de su terquedad, simplemente no le quedaría tiempo para trazar salidas alternas a la actual emergencia nacional.

La ruta del movimiento debería caminar por otro sendero. Por ejemplo, el encuentro programado para el 10 de junio en Ciudad Juárez constituye una gran oportunidad para la articulación y movilización de una amplia diversidad de grupos y demandas sociales. Esa dolida ciudad es simbólica no solamente por la grave crisis de seguridad pública que se vive hoy, sino también porque allí se desnudan de manera particularmente clara las contradicciones de la inserción de México en el mercado global, que envía cada vez más mexicanos al subempleo maquilador y al extranjero para trabajar como ilegales en condiciones infrahumanas.

Así como Emiliano Zapata revivió en la Selva Lacandona en 1994 para enfrentar la marginación de los pueblos indígenas, hoy se abre la oportunidad para que una versión moderna y pacífica del general Pancho Villa y sus dorados eche a andar procesos sociales de transformación desde la frontera norte. Así como los Tratados de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911 llevaron a la renuncia de Porfirio Díaz, hoy los Acuerdos de Juárez cien años después también podrían ser el inicio de un cambio radical en los regímenes de dominación y acumulación del país, así como el momento perfecto para insistir en la renuncia de Genaro García Luna y del mismo Calderón.

Javier Sicilia ha demostrado una gran sensibilidad al tomar en cuenta la demanda de los juarenses de que el 10 de junio sea auténticamente social, sin la participación del gobierno. Los habitantes de esa ciudad están particularmente hartos de los estériles pactos gubernamentales, como el inútil Todos somos Juárez, firmado en febrero de 2010. Saben que la participación de representantes de instituciones corruptas y ineficaces solamente contaminaría una auténtica expresión de resistencia y propuesta ciudadana.

Ahora bien, así como ha escuchado a los juarenses, Sicilia también tendría que tomar en cuenta los cuestionamientos y las propuestas que han surgido con respecto al Pacto por un México en paz, con justicia y seguridad, presentado el 8 de mayo. Si bien cada uno de los seis puntos tiene gran valía en lo general, existen debates importantes con respecto a las propuestas específicas. Por ejemplo, no hay duda de que habría que reformar el fuero de los legisladores para evitar su abuso, pero simplemente eliminarlo para una serie de delitos, como propone el documento, podría afectar de manera importante la independencia parlamentaria. Asimismo, si bien podemos estar de acuerdo en que hace falta establecer mecanismos de democracia participativa, avalar la versión de candidaturas independientes aprobadas por el Senado, como pide el pacto, podría generar una situación de captura total de las elecciones por los poderes fácticos.

También llama la atención que el pacto en ningún momento plantea el retiro de las fuerzas militares de las calles ni la eliminación del fuero militar. Tampoco impone un plazo perentorio para la democratización de los medios de comunicación electrónicos, cuando sí lo hace para otras demandas. Otra ausencia es que el documento no contiene propuestas para repartir de manera más equitativa la riqueza nacional o meter en cintura a los poderes fácticos. Pero quizás la laguna más importante es la falta de planteamientos específicos con respecto al papel que juega el gobierno de Estados Unidos en la crisis actual y la necesidad de defender la soberanía nacional.

Así, en lugar de simplemente pedir adhesión a un documento elaborado en el escritorio de unos cuantos analistas y establecer comisiones civiles de verificación y seguimiento para asegurar su cumplimiento, Sicilia debería abrir el documento a una amplia consulta pública donde todos podamos participar en la confección y debate de un verdadero replanteamiento del futuro de la nación. Así, el poeta daría un claro ejemplo de disposición al diálogo y una gran lección de apertura democrática a Calderón y su gabinete. De lo contrario, podríamos llegar a la situación absurda de tener que tomar las calles de nuevo, ahora para exigirle al poeta que nos escuche a la ciudadanía.

La campaña No + sangre ha calado hondo en la sociedad mexicana y en unos cuantos meses ha logrado articular un discurso común de repudio hacia la guerra ilegal y fallida de Calderón. El 8 de mayo, esta consigna e imagen caminaron en solidaridad con el dolor de Sicilia y cientos de otras víctimas. Ahora es el momento de convertir este descontento en un amplio movimiento social de nuevo signo, basado en una participación ciudadana autónoma y combativa que busca una transformación profunda del país.

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Tomado de La Jornada (16/05/11)

Firma la denuncia en contra de Felipe Calderón (et al.) ante la Corte Penal Internacional

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas  debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010,  son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i  y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.

El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.

Atentamente,

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Régimen tocado.

Por Pedro Miguel

El calderonato ya no tiene para dónde hacerse. El clamor ciudadano, inocultable, ha recono-cido la raíz de la violencia en las acciones gubernamentales, y el régimen no pudo distorsionar (ni con Televisa, ni con sus membretes Causa Ciudadana o México Unido contra la Delincuencia) el mensaje de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.

Con todo y el desmadre de la espontaneidad y de un liderazgo que no pretendió serlo, las palabras pronunciadas en el Zócalo capitalino y en otras plazas del país y del mundo, y la inmensa mayoría de las consignas escritas en mantas y pancartas, apuntaron a la responsabilidad del gobierno federal por el baño de sangre y por la violencia desbocada que padece la población.

Amplios sectores de la socie- dad han caído en la cuenta de un hecho que la izquierda sabía desde siempre: que el principal factor de violencia contra la gente ha provenido, históricamente, del poder público y de sus derivaciones caciquiles, charras y paramilitares.

No hubo forma de edulcorar los reclamos ni de diluir o desviar los señalamientos directos contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y el resto, por la ofensiva criminal que sufren millones de mexicanos.

En la arena de disputa política que fueron las movilizaciones de ayer, quedó despejado, por lo pronto, el peligro de que la exasperación de la gente fuera transformado en respaldo a los intentos de "mano dura" y autoritarismo agravado, como ocurrió en las marchas previas "contra la inseguridad", convocadas por las mafias televisivas y los membretes oligárquicos.

Como parte de los intentos del régimen por minimizar los daños causados por las marchas y concentraciones, no faltaron las voces "ciudadanas" que achacaron a éstas el propósito de “pactar con los narcos”. Tal despropósito fue desmentido por la amplitud de las protestas, por la lucidez de sus reclamos y por los testimonios irreprochables de algunos –sólo unos cuantos– de quienes han perdido a seres queridos a manos de alguno de los bandos delictivos, entre los cuales las fuerzas públicas desbocadas y descontroladas no es el menos importante. Pero no estaría de más recordar que quien ha pactado desde siempre con las organizaciones del narcotráfico ha sido, precisamente, el responsable de combatirlas, es decir, el gobierno federal, el cual, en su tramo presente, parece aplicado a impulsar el control monopólico del mercado por uno de ellos en detrimento de los demás.

La hipocresía del calderonato está tocada. La exigencia formulada por Javier Sicilia de que se despida a García Luna pone a la administración ante una disyuntiva de difícil solución: o sacrifica al cerebro de toda su estrategia de ocultamientos y simulaciones sangrientas o enfrenta la pérdida de los últimos rescoldos de credibilidad y, con ella, los pocos márgenes que le quedan para no parecer una dictadura.

Falta camino por andar. Es preciso, por ejemplo, poner en el centro de la conciencia colectiva la relación causal que va del modelo económico impuesto hace tres décadas al actual clímax de crueldad y destrucción humana. Se requiere, además, construir vías y cursos específicos de acción para forzar a quienes detentan el poder público a cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la vida humana y garantizar la seguridad pública.

Una propuesta específica es enjuiciar –en instancias internacionales, porque las nacionales están cerradas a piedra y lodo– a quienes han sido omisos en su deber de llevar a juicio a 90 por ciento de los presuntos delincuentes y han propiciado o permitido masacres.

Habrá que esperar a ver hasta dónde llega la capacidad del calderonato para simular que escucha a la población (se sospecha que no llegará muy lejos).

Y, en lo inmediato, hay que procesar y dar cauce al formidable debate político generado por la Marcha Nacional y las movilizaciones paralelas y por las propuestas de Sicilia, quien ha sido, por lo pronto, un valioso portavoz del dolor y del hartazgo colectivos.


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Tomado de La Jornada (10/05/11)

Hacia una Nueva República.

Por John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República. Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país.  Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.

Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes.  Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema."; Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre. 

Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”.  Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano.  En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.

Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos.  Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones. 

Así que tristemente la elección de 2006 no fue una excepción, sino un ejemplo más de una larga tradición de elecciones simuladas y fraudulentas que funcionan más como ejercicios simbólicos para legitimar al nuevo presidente ante la sociedad que como procesos de verdadera competencia política en un contexto de pluralidad.  Hoy sigue más vigente que nunca la evaluación del sistema político mexicano como una gran simulación que don Pablo González Casanova hiciera en 1965 en su obra clásica La democracia en México, apenas tres años antes del surgimiento del gran movimiento estudiantil de 1968.

Las grandes reformas que afectan directamente los intereses de los poderes fácticos solamente se logran por medio de fuertes movilizaciones populares que impongan la agenda a los demás actores sociales. Así aconteció con la Revolución, que logró minar significativamente el poder de la jerarquía católica y de los viejos hacendados. También ocurrió con las reformas electorales de 1977, 1991, 1996 y 2007, que fueron posibles gracias a los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los años 60 y 70, al apoyo social para Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la movilización postelectoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Hoy existe la oportunidad de ir más allá de estas reformas electorales para lograr cambios en la misma estructura social del país.  Por ejemplo, habría que plantear estrategias para la redistribución directa de la riqueza y el ingreso de los ciudadanos más ricos a los más pobres, la democratización de la propiedad de los medios electrónicos de comunicación, la división de corporaciones dominantes como Telcel y Cemex, la cancelación de la evasión fiscal, el establecimiento de nuevos impuestos sobre las transacciones bursátiles y el capital especulativo “golondrina” del extranjero, entre otras múltiples propuestas que han sido desarrolladas por destacados expertos en estas materias.

Reformas como estas tendrían un impacto directo en la situación de la seguridad pública porque, simultáneamente, equilibrarían el poder social y robustecerían la capacidad fiscal del Estado. Ello fortalecería la sociedad tanto para resistir el reclutamiento del crimen organizado como para participar en la construcción de un país de legalidad.  También el gobierno contaría con mayores recursos para realizar una limpia profunda y una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, así como para combatir la corrupción y el lavado de dinero. 


Esperamos que este día llegue a ser recordado como aquel en que la sociedad mexicana finalmente se despertó a su misión histórica de democratizar el poder y domesticar los poderes fácticos. Hasta hoy la transición democrática ha fracasado rotundamente en atender las necesidades más básicas de la población, como la seguridad, la alimentación, la salud y el trabajo. Habría que tomar pasos definitivos hacia la construcción de un nuevo régimen de justicia social para todos y todas.


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Tomado de Proceso (09/05/11)