El control

Por Luis Javier Garrido.

 

La violencia extremada por el gobierno de facto de Felipe Calderón en diversos ámbitos del país es parte de la estrategia acordada por el panista michoacano con sectores de extrema derecha de Washington para obtener la ayuda estadunidense a fin de imponer a su candidato en la silla presidencial en 2012 a cambio de seguir él entregando el control de la economía, de los recursos básicos, de la seguridad nacional y hasta de las instancias de gobierno a Estados Unidos.

 

1. El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más directa a México en lo militar, lo político y lo económico como vía para disponer impunemente de nuestras riquezas estratégicas, ha avanzado en este fin del sexenio calderonista por las concesiones sin límite que hace el gobierno del PAN, amparado por la complicidad de los partidos, del Congreso, de la Suprema Corte y de los poderes locales, pero también, y esto es lo más grave, de un sector significativo de una sociedad manipulada como pocas veces en su historia.

2. Washington está consiguiendo así en México gracias al papel de Calderón y del PAN con la llamada “guerra contra el narco”, que en realidad es contra el pueblo de México, lo mismo que con guerras mucho más costosas ha ido alcanzando en Afganistán, Irak o Libia: reducir a estados soberanos a la calidad de simples territorios de ocupación o protectorados para lograr el saqueo de sus recursos fundamentales, empezando por el gas, el petróleo y la minería.

3. Lo más significativo de este final del gobierno espurio de Calderón no lo constituye su entreguismo, sino que el mismo ya no suscita sino reacciones cada vez más limitadas, por el hecho evidente de que los funcionarios panistas no defienden ya los intereses de México, sino los de EU con el argumento peregrino de que con la Iniciativa Mérida impulsan la globalización.

4. Las injerencias estadunidenses en la vida institucional de México, que hace tres cuartos de siglo hubiesen producido reclamos contundentes o la expulsión de sus diplomáticos, no provocan hoy más que el aval de los funcionarios panistas. Luego de que Hillary Clinton insistió por enésima vez ante un subcomité de la Cámara de Representantes en que los cárteles mexicanos realizan actividades similares a las de los grupos terroristas, abriendo el reclamo a una intervención más directa, las autoridades mexicanas guardaron silencio.

5. Al igual que hicieron tras los señalamientos de The Washington Post el 28 de octubre de que el Ejército, la Marina y la Policía Federal buscan por todos los medios bajo el mando de la DEA a El Chapo Guzmán, traicionando así Obama y Calderón a su aliado en un afán de imponerse en 2012. Como también cuando se ha desatado una campaña histérica en sectores de EU insistiendo en que los cárteles y la violencia de México amenazan como ninguna fuerza en el mundo el american way of life y se señala a El Chapo como el hombre más peligroso y rico del planeta: más letal que la mafia italiana por haber tomado el control de Chicago, según dijo el miércoles 2 Jack Riley, miembro de la DEA, que hace unos días todavía lo protegía. Lo cual no obsta para que Forbes lo sitúe en el número 55 como el hombre más rico del mundo: debajo de otros mexicanos que ahora se sabe forman parte también, desde otra vertiente, del crimen organizado.

6. El proyecto totalitario de Washington de centralizar en un mando único las policías federal, locales y municipales de México, con el propósito de que las agencias estadunidenses tengan más fácilmente el control del país, sin importar el orden constitucional –ni el régimen federal y la autonomía municipal–, lo ha tratado de seguir imponiendo Calderón, enmedio del desastre institucional, sin oposición de los poderes locales. En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional el último día de octubre, los gobernadores, sin dignidad y sin respeto al federalismo, aceptaron la centralización, la injerencia estadunidense y hasta el regaño de Calderón por los escasos avances en la llamada limpia policiaca y doblaron la cerviz, empezando por Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino ahora ardiente calderonista.

7. La gravedad de los hechos no puede desconocerse. La violencia de la guerra impuesta por Calderón a los mexicanos haciéndole el juego a Estados Unidos causó tan sólo en octubre mil 45 muertes, que no sólo son atribuibles a los cárteles o crimen organizado –como decía la cabeza de la nota de La Jornada que da cuenta de esto el 2 de noviembre–, sino también y de manera cada vez más importante a las fuerzas federales (dirigidas por agentes estadunidenses), a los paramilitares del gobierno calderonista –que se llevan las palmas– y al fuego cruzado, todo ello en el contexto de un conflicto generado por el gobierno panista para amedrentar y someter a los mexicanos y que ha hecho de la violencia un arma fundamental de gobierno siguiendo el modelo colombiano. Sin olvidar que muchos estudiosos señalan que gobiernos como los de Colombia, Estados Unidos o México, por sus intereses en el narco, deben ser también considerados componentes del crimen organizado.

8. Este incremento de la violencia armada a unos días de las elecciones locales de Michoacán fue señalado desde hace meses como una de las tres vías a las que recurriría Calderón para tratar de sentar a su hermana la Cocoa en la silla de gobernador, junto con las manipulaciones prelectorales de las dependencias del Ejecutivo, que con todos los recursos materiales, logísticos, económicos y políticos del gobierno federal buscan imponer a su candidata (la violencia electoral), a lo que se aúnan las campañas negras a las que son tan afectos los panistas y la derecha en casi todo el mundo (la violencia mediática). El atentado que costó la vida al presidente municipal panista de La Piedad el miércoles 2 empezó a ser visto ya, por consiguiente, como parte de este escenario oficial que se inició con el bombazo del 15 de septiembre de 2009 en Morelia y prefigura lo que va a ser 2012.

9. El grupo panista sabe bien que no podría imponer a Ernesto Cordero en Los Pinos de no destruir las posibles candidaturas de Andrés Manuel López Obrador (PRD) y de Enrique Peña Nieto (PRI), y a eso ha estado dedicado. Pero, como en el caso de López Obrador, a pesar de cinco años de campañas negras, no ha logrado mermar su imagen, que se ha fortalecido con el respaldo de la Morena –el movimiento social más importante de los decenios recientes–, por lo que al aproximarse ahora la encuesta que definirá al candidato de las izquierdas, busca en estrecha alianza con los chuchos del PRD imponer fraudulentamente al neoliberal Marcelo Ebrard, quien tiene nula aceptación en la capital y en el resto del país y no podría salir victorioso en una encuesta imparcial.

10. El pueblo no ha perdido en este escenario su dignidad y así por diversos medios su ¡Ya basta! sigue anunciando su capacidad de lucha y de resistencia.

Navegaciones. - Una llamada telefónica.

Por Pedro Miguel.

 

No podría ser ninguno de los vendepatrias que han ejercido, con legitimidad o sin ella, la presidencia de México en décadas recientes. Tampoco podría hacerlo un representante de esta oligarquía que ha encontrado el máximo de sus negocios en la destrucción humana y material del país. Fuera de ese pequeño conjunto, no importa el apellido de quien, un día, tendrá que armarse de sentido nacional, agudeza y tamaños, como en su día lo hizo Lázaro Cárdenas, para pedir a uno de sus asistentes que establezca comunicación telefónica con la Casa Blanca.

 

Tampoco es relevante si quien toma la llamada, miles de kilómetros al norte, es hombre o mujer, blanco o negra, demócrata o republicano. Salvo que la dinámica de los acontecimientos haya trastocado el panorama actual, lo cierto es que, sea quien sea, puede darse por descontado que no va a gustarle lo que escuche:

–Señor presidente: debo comunicarle que he enviado al Legislativo de mi país una iniciativa de reformas al Código Penal para abolir la prohibición de todas las drogas.

Pero, para entonces, al jefe de Estado de la potencia vecina la noticia no lo tomará demasiado de sorpresa. Porque antes de efectuar esa llamada, habrá debido desarrollarse un debate nacional, una complicada negociación política entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso y, lo más espinoso, un proceso de paz con los principales grupos armados que operan en el país.

Suena nauseabundo eso de sentarse a la mesa de negociaciones con representantes del cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Caballeros templarios, el cártel del Golfo y no sé cuántas otras organizaciones delictivas. Igualmente repulsivo debe de haberles parecido a Yitzhak Shamir y Shimon Peres estrechar la mano de Yasser Arafat, quien, según ellos, era un carnicero terrorista. Una repulsión parecida ha de haber sentido el dirigente palestino al abrazar a quienes consideraba genocidas. También tuvo que ser muy duro para los comandantes guerrilleros salvadoreños saludar con una sonrisa a los generales criminales que masacraron pueblos enteros.

Hay muchos otros ejemplos. El problema es que, como dijo Shimon Peres en una conferencia en el hotel King David de Jerusalén, en el ya lejano 1994, el liderazgo palestino no lo ejercía Teresa de Calcuta, que era con quien a él le habría encantado firmar la paz. Cuando resulta imposible derrotar militarmente al enemigo que se tiene enfrente, tarde o temprano hay que conversar con él en un proceso de toma y daca para detener una carnicería que no va a terminar por sí misma.

Otro obstáculo: a diferencia de lo ocurrido en los conflictos de Oriente Medio, Centroamérica, el Ulster y otros, las organizaciones criminales mexicanas no encarnan ninguna reivindicación política o social. Pertenecen a delincuentes comunes a quienes mueve el interés por las utilidades, como a cualquier otro empresario, salvo que su negocio es ilegal.

Pero este dato tampoco representa un escrúpulo insalvable para iniciar un proceso de pacificación en el país. Muchos gobiernos han negociado, en diversos momentos, con estamentos delictivos. Lo hizo la Casa Blanca antes de derogar la ley seca, con las mafias de Chicago, Nueva York y otras ciudades, para asegurar una suerte de transición ordenada para insertar las fortunas de los grandes capos en la economía formal; uno de los protagonistas de ese proceso fue Joseph P. Kennedy Sr., fundador de la dinastía, quien traficó con información privilegiada, construyó un imperio de importación y distribución de licores al día siguiente de abolida la prohibición y gestionó el trasvase de capitales dudosos hacia la naciente industria cinematográfica en Hollywood.

Años más tarde, el gobierno encabezado por Franklin Delano Roosevelt buscó a la mafia de origen italiano que operaba en el este del país para que ayudara a garantizar el éxito del desembarco en Sicilia. Los gobiernos de John F. Kennedy –hijo de Joseph P.–, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon –quien antes de ser presidente practicó la abogacía hasta límites realmente delictivos– se hicieron de la vista gorda con el vaso tráfico de heroína procedente de Vietnam, realizado al amparo de la intervención militar en ese país. Posteriormente, en tiempos de Ronald Reagan, la CIA operó una vasta red de narcotráfico de Colombia a Estados Unidos, pasando por México, para hacerse de ingresos extrapresupuestales con los cuales comprar armas para los contrarrevolucionarios nicaragüenses.

Por esos mismos tiempos, el Departamento de Estado y el Pentágono no le hacían ascos a los fundamentalistas afganos que financiaban su lucha contra las tropas soviéticas de ocupación mediante el comercio ilegal de heroína.

En el México actual, diversos políticos han reconocido o mencionado la existencia de añejos contactos extraoficiales entre la autoridad y los traficantes de drogas. Lo dijo Miguel de la Madrid en referencia a Carlos Salinas, lo dijo el ex gobernador de Nuevo León con respecto a los candidatos a puestos de elección popular, lo ha dicho Felipe Calderón con respecto a sus antecesores en el cargo que él ocupa de manera ilegítima; no hay por qué no creerles, sobre todo si un alud de datos e indicios confirma tales dichos.

Actualmente, el gobierno de Calderón ha sido insistentemente señalado por su presumible alianza tácita con el cártel de Sinaloa, hasta el punto de que, cabreados por el escándalo, los gobernantes estadunidenses parecen haber decidido poner un alto a las circunstancias que alimentan la versión. La semana pasada The Washington Post filtró una información que describía a un Calderón desesperado por echar el guante a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, considerado el líder máximo de ese cártel, para cuya captura o eliminación se habrían formado grupos especiales en el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

En forma extraoficial, las autoridades mexicanas negaron que existiera tal cosa, pero unos días más tarde el propio Calderón comparecía, un tanto descompuesto, ante el Consejo de Seguridad Pública para presionar a los gobernadores con el tema de los exámenes de confianza de los integrantes de las corporaciones policiales y advertía de un inminente empeoramiento de la inseguridad y de la violencia. Al mismo tiempo, al norte del Bravo, el gobierno de Obama echaba el guante a unos 70 narcos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa. Hay síntomas de que la Casa Blanca y Los Pinos se preparan para un cambio de alianzas.

Hasta ahora, los contactos, las negociaciones y los pactos entre gobernantes y delincuentes formales se han realizado en la más absoluta oscuridad, porque se trata de negocios inconfesables. Pero para acabar con el narcotráfico se requiere de una negociación efectuada de cara a la sociedad con el objetivo de despenalizar la producción, traslado y venta de los estupefacientes ilegales. No se puede desmontar de la noche a la mañana un negocio de medio billón de dólares mediante un decreto. Es preciso incluir a las partes involucradas en él, y eso no sólo incluye a los capos, sino también a los sectores empresariales que se han beneficiado, por décadas, con la inyección de dinero sucio en la economía formal.

Vicente Fox formuló una propuesta semejante y la opinión pública y la clase política se lo comieron vivo, y con razón. La propuesta es correcta, pero el señor que permitió la fuga del Chapo no tiene ninguna autoridad moral para ponerla sobre la mesa. Dejemos para la semana entrante las formas y los temas de una paz negociada entre los grupos armados que se disputan el territorio y la economía del país.

navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com

El cartón de hoy.

-Narcomensajes.- El Fisgón

 

 

Drogas: debate con responsabilidad y sin prejuicios.

Editorial de La Jornada

- El que sabe sabe - Cartón de El Fisgón

La improcedencia de la estrategia oficial de seguridad y contra la delincuencia, reconocida por buena parte del espectro político, académicos, juristas y organizaciones sociales, coloca al país en una encrucijada cuyos extremos van desde una repetición sin esperanza de las líneas actuales de acción gubernamental, con lo que eso conlleva de peligros de generalización de la violencia y avance del autoritarismo, hasta la frívola e irresponsable fórmula foxista de "analizar al más alto nivel el asunto de la regulación de las drogas", "convocar a los grupos violentos a una tregua" y gestionar para ellos "una ley de amnistía". Planteada en semejantes términos, la posibilidad de un viraje radical en la legislación sobre estupefacientes y en las acciones oficiales contra su producción y trasiego ha suscitado el rechazo generalizado, e incluso ha servido al gobierno federal para robustecer sus posturas dogmáticas en la materia, aprovechando el sentimiento de agravio que experimenta la sociedad tras el horror perpetrado la semana pasada en el casino Royale de Monterrey.

Pero, más allá de la torpeza del ex mandatario, y habida cuenta de que la estrategia calderonista en materia de narcotráfico –o la falta de ella– ha llevado al país a un callejón sin salida, es necesario y urgente revisar otros posibles enfoques gubernamentales para enfrentar la espiral de violencia desde sus raíces.

Los desastrosos saldos del modelo económico vigente –marginación, desempleo, abismales carencias educativas y de salud, desintegración del tejido social, pérdida de valores– constituyen caldos de cultivo para la multiplicación de las actividades criminales, el narcotráfico entre ellas, y si no se hace a un lado la ortodoxia neoliberal y no se establece el bienestar de la población como propósito central de la política económica, millones de personas tendrán que seguir buscando la subsistencia en la migración, en la informalidad o en las actividades ilícitas.

Por supuesto, el cruento conflicto que se abate sobre el país no es, como lo quiere el discurso oficial, una confrontación entre "México" y sus "enemigos" ni una lucha entre "buenos" y "malos". El modelo económico vigente ha hecho posible, en buena medida, que las organizaciones delictivas dispongan de un amplio ejército laboral, que se enseñoreen en regiones marginadas y cuenten con base social; asimismo, la desregulación y la avidez especuladora han borrado las fronteras entre las actividades delincuenciales y la economía formal; la primera infiltra a la segunda, en un correlato paralelo a la corrupción de las corporaciones policiales y de seguridad que los cárteles aprovechan.

Un cambio de paradigma en el manejo económico gubernamental alteraría bruscamente el equilibrio de fuerzas en perjuicio de las organizaciones criminales, pero no suprimiría los altísimos márgenes de utilidad con que éstas operan en el negocio del narcotráfico; podría ser, en consecuencia, suficiente para mermar el desmesurado poderío económico y bélico de los cárteles y permitiría que el Estado recuperara, a mediano plazo, el pleno control territorial, pero no bastaría para acabar con el comercio de drogas ilegales.

Para alcanzar ese objetivo resulta ineludible remontar las barreras que se oponen a discutir con seriedad la prohibición legal de las drogas. Ayer, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, descartó que México las despenalice unilateralmente, con el argumento de que en tanto se mantenga la prohibición en Estados Unidos, tal medida "exacerbaría los problemas de criminalidad en nuestro país".

El razonamiento no sólo pretende justificar que los mexicanos sigan pagando con vidas, destrucción y descomposición el costo de la prohibición estadunidense, sino que es a todas luces defectuoso: el narcotráfico genera valor agregado –derivado de la violencia y la corrupción– allí donde es perseguido. En otras palabras, en tanto siga siendo delito, será negocio.

Para nuestro país, el precio de mantener contra viento y marea la prohibición en los términos en que existe ha sido exorbitante, desproporcionado y, en última instancia, injustificado, pues nada demuestra que el combate al narcotráfico haya reducido de alguna manera el problema de salud pública de las adicciones; más bien hay indicios para suponer lo contrario.

La propuesta de despenalizar las drogas –acompañada, por supuesto, de medidas de control y regulación de su consumo, y de programas gubernamentales de prevención de las adicciones y de rehabilitación– debe ser puesta a debate en forma seria y propositiva, al margen de arrebatos irreflexivos y de dogmas sin más sustento que una moral conservadora y autoritaria.

Miércoles 31 de agosto de 2011

Régimen tocado.

Por Pedro Miguel

El calderonato ya no tiene para dónde hacerse. El clamor ciudadano, inocultable, ha recono-cido la raíz de la violencia en las acciones gubernamentales, y el régimen no pudo distorsionar (ni con Televisa, ni con sus membretes Causa Ciudadana o México Unido contra la Delincuencia) el mensaje de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.

Con todo y el desmadre de la espontaneidad y de un liderazgo que no pretendió serlo, las palabras pronunciadas en el Zócalo capitalino y en otras plazas del país y del mundo, y la inmensa mayoría de las consignas escritas en mantas y pancartas, apuntaron a la responsabilidad del gobierno federal por el baño de sangre y por la violencia desbocada que padece la población.

Amplios sectores de la socie- dad han caído en la cuenta de un hecho que la izquierda sabía desde siempre: que el principal factor de violencia contra la gente ha provenido, históricamente, del poder público y de sus derivaciones caciquiles, charras y paramilitares.

No hubo forma de edulcorar los reclamos ni de diluir o desviar los señalamientos directos contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y el resto, por la ofensiva criminal que sufren millones de mexicanos.

En la arena de disputa política que fueron las movilizaciones de ayer, quedó despejado, por lo pronto, el peligro de que la exasperación de la gente fuera transformado en respaldo a los intentos de "mano dura" y autoritarismo agravado, como ocurrió en las marchas previas "contra la inseguridad", convocadas por las mafias televisivas y los membretes oligárquicos.

Como parte de los intentos del régimen por minimizar los daños causados por las marchas y concentraciones, no faltaron las voces "ciudadanas" que achacaron a éstas el propósito de “pactar con los narcos”. Tal despropósito fue desmentido por la amplitud de las protestas, por la lucidez de sus reclamos y por los testimonios irreprochables de algunos –sólo unos cuantos– de quienes han perdido a seres queridos a manos de alguno de los bandos delictivos, entre los cuales las fuerzas públicas desbocadas y descontroladas no es el menos importante. Pero no estaría de más recordar que quien ha pactado desde siempre con las organizaciones del narcotráfico ha sido, precisamente, el responsable de combatirlas, es decir, el gobierno federal, el cual, en su tramo presente, parece aplicado a impulsar el control monopólico del mercado por uno de ellos en detrimento de los demás.

La hipocresía del calderonato está tocada. La exigencia formulada por Javier Sicilia de que se despida a García Luna pone a la administración ante una disyuntiva de difícil solución: o sacrifica al cerebro de toda su estrategia de ocultamientos y simulaciones sangrientas o enfrenta la pérdida de los últimos rescoldos de credibilidad y, con ella, los pocos márgenes que le quedan para no parecer una dictadura.

Falta camino por andar. Es preciso, por ejemplo, poner en el centro de la conciencia colectiva la relación causal que va del modelo económico impuesto hace tres décadas al actual clímax de crueldad y destrucción humana. Se requiere, además, construir vías y cursos específicos de acción para forzar a quienes detentan el poder público a cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la vida humana y garantizar la seguridad pública.

Una propuesta específica es enjuiciar –en instancias internacionales, porque las nacionales están cerradas a piedra y lodo– a quienes han sido omisos en su deber de llevar a juicio a 90 por ciento de los presuntos delincuentes y han propiciado o permitido masacres.

Habrá que esperar a ver hasta dónde llega la capacidad del calderonato para simular que escucha a la población (se sospecha que no llegará muy lejos).

Y, en lo inmediato, hay que procesar y dar cauce al formidable debate político generado por la Marcha Nacional y las movilizaciones paralelas y por las propuestas de Sicilia, quien ha sido, por lo pronto, un valioso portavoz del dolor y del hartazgo colectivos.


navegaciones@yahoo.com
http://navegaciones.blogspot.com
http://twitter.com/navegaciones

Tomado de La Jornada (10/05/11)