El control

Por Luis Javier Garrido.

 

La violencia extremada por el gobierno de facto de Felipe Calderón en diversos ámbitos del país es parte de la estrategia acordada por el panista michoacano con sectores de extrema derecha de Washington para obtener la ayuda estadunidense a fin de imponer a su candidato en la silla presidencial en 2012 a cambio de seguir él entregando el control de la economía, de los recursos básicos, de la seguridad nacional y hasta de las instancias de gobierno a Estados Unidos.

 

1. El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más directa a México en lo militar, lo político y lo económico como vía para disponer impunemente de nuestras riquezas estratégicas, ha avanzado en este fin del sexenio calderonista por las concesiones sin límite que hace el gobierno del PAN, amparado por la complicidad de los partidos, del Congreso, de la Suprema Corte y de los poderes locales, pero también, y esto es lo más grave, de un sector significativo de una sociedad manipulada como pocas veces en su historia.

2. Washington está consiguiendo así en México gracias al papel de Calderón y del PAN con la llamada “guerra contra el narco”, que en realidad es contra el pueblo de México, lo mismo que con guerras mucho más costosas ha ido alcanzando en Afganistán, Irak o Libia: reducir a estados soberanos a la calidad de simples territorios de ocupación o protectorados para lograr el saqueo de sus recursos fundamentales, empezando por el gas, el petróleo y la minería.

3. Lo más significativo de este final del gobierno espurio de Calderón no lo constituye su entreguismo, sino que el mismo ya no suscita sino reacciones cada vez más limitadas, por el hecho evidente de que los funcionarios panistas no defienden ya los intereses de México, sino los de EU con el argumento peregrino de que con la Iniciativa Mérida impulsan la globalización.

4. Las injerencias estadunidenses en la vida institucional de México, que hace tres cuartos de siglo hubiesen producido reclamos contundentes o la expulsión de sus diplomáticos, no provocan hoy más que el aval de los funcionarios panistas. Luego de que Hillary Clinton insistió por enésima vez ante un subcomité de la Cámara de Representantes en que los cárteles mexicanos realizan actividades similares a las de los grupos terroristas, abriendo el reclamo a una intervención más directa, las autoridades mexicanas guardaron silencio.

5. Al igual que hicieron tras los señalamientos de The Washington Post el 28 de octubre de que el Ejército, la Marina y la Policía Federal buscan por todos los medios bajo el mando de la DEA a El Chapo Guzmán, traicionando así Obama y Calderón a su aliado en un afán de imponerse en 2012. Como también cuando se ha desatado una campaña histérica en sectores de EU insistiendo en que los cárteles y la violencia de México amenazan como ninguna fuerza en el mundo el american way of life y se señala a El Chapo como el hombre más peligroso y rico del planeta: más letal que la mafia italiana por haber tomado el control de Chicago, según dijo el miércoles 2 Jack Riley, miembro de la DEA, que hace unos días todavía lo protegía. Lo cual no obsta para que Forbes lo sitúe en el número 55 como el hombre más rico del mundo: debajo de otros mexicanos que ahora se sabe forman parte también, desde otra vertiente, del crimen organizado.

6. El proyecto totalitario de Washington de centralizar en un mando único las policías federal, locales y municipales de México, con el propósito de que las agencias estadunidenses tengan más fácilmente el control del país, sin importar el orden constitucional –ni el régimen federal y la autonomía municipal–, lo ha tratado de seguir imponiendo Calderón, enmedio del desastre institucional, sin oposición de los poderes locales. En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional el último día de octubre, los gobernadores, sin dignidad y sin respeto al federalismo, aceptaron la centralización, la injerencia estadunidense y hasta el regaño de Calderón por los escasos avances en la llamada limpia policiaca y doblaron la cerviz, empezando por Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino ahora ardiente calderonista.

7. La gravedad de los hechos no puede desconocerse. La violencia de la guerra impuesta por Calderón a los mexicanos haciéndole el juego a Estados Unidos causó tan sólo en octubre mil 45 muertes, que no sólo son atribuibles a los cárteles o crimen organizado –como decía la cabeza de la nota de La Jornada que da cuenta de esto el 2 de noviembre–, sino también y de manera cada vez más importante a las fuerzas federales (dirigidas por agentes estadunidenses), a los paramilitares del gobierno calderonista –que se llevan las palmas– y al fuego cruzado, todo ello en el contexto de un conflicto generado por el gobierno panista para amedrentar y someter a los mexicanos y que ha hecho de la violencia un arma fundamental de gobierno siguiendo el modelo colombiano. Sin olvidar que muchos estudiosos señalan que gobiernos como los de Colombia, Estados Unidos o México, por sus intereses en el narco, deben ser también considerados componentes del crimen organizado.

8. Este incremento de la violencia armada a unos días de las elecciones locales de Michoacán fue señalado desde hace meses como una de las tres vías a las que recurriría Calderón para tratar de sentar a su hermana la Cocoa en la silla de gobernador, junto con las manipulaciones prelectorales de las dependencias del Ejecutivo, que con todos los recursos materiales, logísticos, económicos y políticos del gobierno federal buscan imponer a su candidata (la violencia electoral), a lo que se aúnan las campañas negras a las que son tan afectos los panistas y la derecha en casi todo el mundo (la violencia mediática). El atentado que costó la vida al presidente municipal panista de La Piedad el miércoles 2 empezó a ser visto ya, por consiguiente, como parte de este escenario oficial que se inició con el bombazo del 15 de septiembre de 2009 en Morelia y prefigura lo que va a ser 2012.

9. El grupo panista sabe bien que no podría imponer a Ernesto Cordero en Los Pinos de no destruir las posibles candidaturas de Andrés Manuel López Obrador (PRD) y de Enrique Peña Nieto (PRI), y a eso ha estado dedicado. Pero, como en el caso de López Obrador, a pesar de cinco años de campañas negras, no ha logrado mermar su imagen, que se ha fortalecido con el respaldo de la Morena –el movimiento social más importante de los decenios recientes–, por lo que al aproximarse ahora la encuesta que definirá al candidato de las izquierdas, busca en estrecha alianza con los chuchos del PRD imponer fraudulentamente al neoliberal Marcelo Ebrard, quien tiene nula aceptación en la capital y en el resto del país y no podría salir victorioso en una encuesta imparcial.

10. El pueblo no ha perdido en este escenario su dignidad y así por diversos medios su ¡Ya basta! sigue anunciando su capacidad de lucha y de resistencia.

El Chapo, en la mira de EU.

Editorial de La Jornada.

-El Chapo en la lista de Forbes- El Fisgón*

Por tercer año consecutivo, la revista Forbes incluyó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera en su listado de personajes más poderosos del planeta. Su inclusión en ese ranking tiene como contexto el creciente protagonismo que en tiempos recientes le han conferido medios y autoridades de Estados Unidos entre las potenciales amenazas a la seguridad de ese país: hace unos días, el Departamento de Justicia del vecino país difundió un documento en el que se afirma que la organización del Chapo Guzmán controla la mayor parte del trasiego ilícito de drogas en territorio estadunidense y se le califica como una amenaza a la seguridad de ese país; recientemente, The Washington Post aseguró que la impunidad con la que opera el capo mexicano provoca desesperación en la administración calderonista, la cual habría creado cuerpos especiales de marinos, soldados y policías federales para dar con su paradero, información que no fue oficialmente desmentida por el gobierno mexicano; ayer, el jefe en Chicago de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jack Riley, se refirió a Guzmán Loera como el criminal más peligroso del mundo, y la propia Forbes lo ha ubicado, tras la muerte de Osama Bin Laden, como la persona más perseguida del planeta.

-Fina atención- Helguera*

Por lo pronto, el gobierno de Washington parece dirigir sus acciones en contra de presuntas redes de delincuentes al servicio del Chapo en su propio territorio, como lo indica la detención, registrada ayer en Arizona, de 76 individuos –tanto mexicanos como estadunidenses– supuestamente ligados al cártel de Sinaloa.

Independientemente de la relevancia de Guzmán Loera en el mundo delictivo, su conversión en símbolo del narcotráfico internacional y el afán de las autoridades de Washington por colocarlo como amenaza a la seguridad de Estados Unidos constituyen signos ominosos para México, como se desprende de la historia de violaciones a soberanías y atropellos que han acompañado las cruzadas de ese país para eliminar a quienes considera sus enemigos: hace una década, el gobierno de  George W. Bush erigió a Osama Bin Laden y a Al Qaeda en las principales amenazas a la seguridad de ese país y del mundo y, con el pretexto de neutralizar al primero y desmantelar a la segunda, invadió Afganistán y causó un saldo injustificable de muerte y destrucción. Algo similar ocurrió con la invasión de Panamá en 1989, efectuada con el propósito de derrocar y capturar a Manuel Antonio Noriega –quien se había desempeñado como estrecho colaborador de la CIA en Centroamérica–, que dejó un saldo de entre tres mil y cinco mil muertos. En México, sin ir más lejos, el gobierno de Woodrow Wilson lanzó en marzo de 1916 una expedición punitiva en represalia por el ataque de las fuerzas de Francisco Villa a una guarnición militar en Columbus, Nuevo México.

-Triunfo inobjetable- Hernández*

Es de temer, pues, que el creciente interés de las autoridades estadunidenses por la captura del Chapo lleve a un mayor injerencismo militar, policial y diplomático en territorio mexicano. Por lo demás, y sin ánimo de sugerir impunidades ni tolerancias, debe decirse que, por sí misma, la captura de un capo de la droga, por relevante que sea, no necesariamente representa un paso adelante en el combate al narcotrático, pues no incide ni poco ni mucho en las condiciones económicas y sociales ni en los escenarios financieros internacionales que otorgan al negocio ilícito del trasiego de drogas una rentabilidad desmesurada.

Más allá de las consideraciones anteriores, la inclusión de Guzmán Loera en los listados de los individuos más ricos y poderosos del planeta obedece a una inocultable lógica neoliberal: por amplio que resulte su expediente criminal, este narcotraficante sinaloense y otros de su mismo tipo son emprendedores que han sabido aprovechar las ventajas y oportunidades del sistema económico vigente –desregulación, privatización, extremo adelgazamiento del Estado, globalización económica, libre comercio, tasas altísimas de desempleo real, abandono y marginación de grandes regiones– y que han operado la aplicación más extrema de las fórmulas del éxito impulsadas por la ideología dominante: búsqueda de la rentabilidad máxima, retorno rápido de la inversión, acumulación y concentración feroz de la riqueza y eliminación despiadada de la competencia.


*Cartones publicados en La Jornada el 12 de marzo de 2009

La DEA en México: Los riesgos de la injerencia.-

-Gracias por la aclaración- El Fisgón

Editorial de La Jornada.

Luego de las declaraciones formuladas el pasado miércoles por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, quienes reconocieron la participación de agentes de la oficina contra las drogas del gobierno estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en tareas de combate al narcotráfico en territorio nacional, la segunda de esas funcionarias añadió ayer, en declaraciones a este diario, que el destacamento de elementos antinarcóticos estadunidenses en México se incrementó durante el gobierno de Vicente Fox, y con mayor intensidad en esta administración, y sostuvo que esa presencia se da en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional.

En meses recientes, la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada hasta la publicación, por el rotativo estadunidense The New York Times, de informes sobre la actuación en territorio mexicano de agentes de la CIA en activo, así como de militares estadunidenses en retiro. Sin embargo, el que integrantes del gabinete calderonista pretendan defender ante la opinión pública algo que por principio no debiera ocurrir y que acentúa la percepción de una grave debilidad de las autoridades nacionales y de un manejo gubernamental de la seguridad pública y del combate al crimen que resulta contrario a los principios de soberanía e independencia nacionales.

Flaco favor a la administración calderonista hizo ayer su vocera al afirmar que la cooperación entre las administraciones panistas y el gobierno de Washington ha sido muy importante para compartir información que nos lleve a la detención de blancos importantes del crimen organizado, porque esos logros, en todo caso, se originan en una circunstancia irregular –la operación de agentes extranjeros en territorio nacional– y porque tal afirmación soslaya que, en el contexto de esa misma cooperación, el gobierno de Washington ha abastecido de armas a las organizaciones criminales en México mediante operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto, al mismo tiempo que proporciona armamento a las corporaciones armadas gubernamentales. Por si fuera poco, la estrategia oficial en cuyo contexto se desarrolla la labor de inteligencia e información de efectivos estadunidenses destacados en nuestro país, posiblemente haya desempeñado un papel decisivo en el incremento de la violencia, pero no ha hecho otro tanto en la disminución de la producción de drogas ilícitas, como lo señalan los datos, difundidos recientemente por The Washington Post, sobre el crecimiento de los cultivos de estupefacientes en territorio mexicano durante el pasado lustro.

Suponiendo que la operación de agentes de la DEA en México se diera en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional, su presencia representa un factor de riesgo para el país y su población a la luz de la experiencia histórica: el punto de referencia ineludible es el oscuro homicidio, en febrero de 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de esa misma corporación, cuyo cadáver apareció un mes después en el rancho El Mareño, ubicado en Michoacán. Ese homicidio trastocó gravemente la relación bilateral y expuso a México a terribles chantajes diplomáticos, a violaciones de su soberanía, como el secuestro y traslado ilegal de varios mexicanos a territorio del país vecino para ser juzgados en tribunales estadunidenses y, posteriormente, a una campaña de abierta hostilidad y presiones políticas que, entre otras cosas, se expresó en los humillantes procesos de certificación antidrogas de Washington.

Con estos elementos de juicio, resulta insostenible el intento gubernamental por explicar la presencia de agentes estadunidenses como algo benéfico, deseable y hasta necesario para nuestro país. En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para combatir a los cárteles de la droga con base en la estrategia de seguridad vigente, lo procedente y necesario sería la modificación de la misma, no recurrir en busca de ayuda a agencias de Washington –CIA, DEA, FBI– con un historial de acciones sórdidas fuera de las fronteras estadunidenses y una añeja vocación para la desestabilización, la intriga y la fabricación de coartadas intervencionistas.

La Jornada. Octubre 28, 2011

Incendio y terror.

Por Carlos Fazio.

El pasado 25 de agosto, por alguna razón que en apariencia escapaba a la lógica del hecho, Felipe Calderón definió el incendio intencional del casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que cobró la vida de 52 personas, como "un aberrante acto de terror y barbarie". Así lo escribió en su cuenta de Twitter a pocas horas de la abominable acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la "protección extorsiva" y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad.

Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la "unidad nacional" y al alineamiento de todos "los mexicanos de bien" detrás de su cruzada contra la criminalidad.

En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la "hiperpresidencia" –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de "su" guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.

El sábado 27, respondiendo a lo que Marco Lara Klahr ha llamado la "militarización informativa" (la diseminación uniforme de la versión oficial de la "guerra"), las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: "terrorismo". Incluso se habló de "narcoterrorismo", según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial y otras corporaciones del ramo reforzaron el llamado de "unidad" a nombre de "México", como suelen generalizar los amos del país.

Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios masivos de difusión, que pueden ser utilizados además como vehículos de publicidad o propaganda armada para desacreditar y/o desgastar a un gobierno o grupo rebelde.

En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (autorganizados por motivaciones políticas), pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población, aun cuando las fuerzas militares o policiales no estén involucradas (verbigracia, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares). En esa acepción, el terrorismo puede ser deseado para detonar y/o legitimar acciones gubernamentales ya planeadas, y en muchos casos las propias autoridades utilizan al "agente provocador" o llevan a cabo atentados terroristas bajo banderas falsas. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, aplicada de manera discrecional y maniquea, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.

Exaltada por los medios en tiempo real, en otra versión de la noticia como espectáculo, la acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. Sin olvidar el nudo que entrelaza al capital con la violencia, el crimen y la política –la cleptocracia como mecanismo único de la corrupción entre economía y política, diría Giulio Sapelli–, en apariencia el móvil político no formó parte de la trama: en sí, el hecho remite más al uso de la violencia mafiosa para regular la competencia en los mercados ilegales. No obstante, en un año prelectoral, de manera demagógica, pero para nada irreflexiva o ingenua, la acción fue rápidamente capitalizada por Calderón con fines político-ideológicos, dando de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país.

Sin caer en teorías conspirativas (que al final casi siempre terminan confirmándose), y sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el "secuestro" de empleados de Parametría, Mitofsky y la Sección Amarilla en Michoacán, la explosión en el Tec campus estado de México, el fantasmal tiroteo en el estadio Corona, etcétera), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa. Sin olvidar que Washington ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de "narcoterrorismo" en México, y que, como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la CIA, la DEA y el Pentágono están utilizando las "lecciones" de Afganistán en el territorio nacional.

La Jornada, lunes 5 de septiembre de 2011

Dos operativos.

-El país de Damocles- Cartón de El Fisgón

Por Pedro Miguel

A uno le llamaron balacera y al otro asalto. El primero tuvo lugar afuera del estadio Santos Modelo, de Torreón, Coahuila, el sábado, cuando en ese recinto se disputaba un partido de futbol entre el equipo anfitrión, el Santos Laguna, y el Morelia. El segundo ocurrió al día siguiente en la Plaza Las Américas de Morelia, donde un grupo de siete hombres con armas largas sustrajo con violencia alhajas y relojes de una joyería.

En forma excepcional, para los estilos corrientes de la delincuencia en México, ninguno de esos hechos se saldó con víctimas mortales. Fueron acciones "limpias" o casi limpias (en la capital michoacana, los vigilantes de la joyería fueron golpeados en la cabeza), pero ambas produjeron estados de pánico y zozobra en las localidades respectivas. No hubo detenidos pese a que ocurrieron, ambas, en ciudades que han sido escenario de extensos despliegues policiales y militares. Con la pena, pero estos ataques suenan más a acciones de desestabilización que a meros episodios de una criminalidad descontrolada.

Es un viejo saber que forma parte del repertorio de algunas de las agencias estadunidenses policiales, de seguridad e inteligencia que operan en México (CIA, DEA y fuerzas especiales del Pentágono) y que consta en los manuales de cualquier ejército regular, en el capítulo de Operaciones Sicológicas: realizar acciones de desestabilización y zozobra, orientadas más a un gran impacto mediático que a la destrucción de objetivos físicos y humanos.

Claro que las casualidades existen, y posiblemente sean meras coincidencias el que ambas acciones hayan resultado incruentas hasta el punto de parecer cuidadosamente orquestadas, el que ambas hayan generado terror en la sociedad, el que se hayan registrado con un día de diferencia, el que hayan sido equipos de futbol de Coahuila y de Michoacán los que disputaban el partido suspendido en Torreón, y el que esas entidades sean cuna de dos políticos de primera fila claramente enfrentados entre sí en el momento actual: Humberto Moreira y Felipe Calderón.

Si faltaba contexto político, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y el propio Calderón, se encargaron de establecerlo. El primero regañó a las autoridades estatales y municipales, a las cuales responsabilizó de manera elíptica por lo ocurrido, y las instó a "fortalecer sus lazos institucionales y de cooperación", en tanto que el segundo llamó, horas después, a "la unidad". Y la pregunta es obligada: ¿a cuál de todas las divisiones que afectan al país alude esa "unidad"? ¿A la división entre ciudadanos buenos y delincuentes malísimos que pregona el régimen? ¿A la división entre quienes aún puedan creerle a la estrategia oficial de seguridad y quienes la cuestionan e impugnan? ¿A la división entre cárteles? ¿A la división entre partidos? ¿A la pugna entre las facciones tricolor y blanquiazul del régimen oligárquico?

¿Estamos ante un correlato violento de las agrias disputas político-judiciales que libran las distintas facciones que ocupan las instancias de gobierno? ¿Vivimos, como ha ocurrido en Líbano, un laberíntico entramado entre facciones partidistas y brazos armados, o entre grupos armados y brazos partidistas, pero con la variedad de los cárteles? ¿O serán los nervios?

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Periódico La Jornada, martes 23 de agosto de 2011

La intervención va.

Por Carlos Fazio

La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados"– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.

Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.

El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden "capacitación" dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.

La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.

Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.

La "nueva etapa" de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadunidense.

En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la "transición" será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.

Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, "capacitarán" a policías mexicanos?

En el contexto de la Iniciativa Mérida, los "asesores de inteligencia" estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la "colaboración bilateral" en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, "la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security".

Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011

Caminos a la paz.

 Por Pedro Miguel

La manera en que se imagine el camino hacia la paz depende de la percepción que se tenga de la guerra en curso.

A grandes rasgos, hay tres posibles: la primera es la del régimen, expresada regularmente por Alejandro Poiré, según la cual el conflicto es entre “México” y un grupo de malas personas. El país va ganando y para desembocar en la paz debe hacerse más de lo que el calderonato ha venido haciendo desde diciembre de 2006. El papel de la sociedad, en esa perspectiva, consiste en cerrar el pico, por lo que se refiere a críticas a la estrategia y a sus resultados, y abrirlo sólo cuando haya oportunidad de delatar a un presunto enemigo en un call center de “denuncias anónimas”. En esa lógica, la pérdida de vidas es inevitable (y hasta deseable, porque la idea, contenida en el intertexto, es “eliminar” a los malos) pero a la larga –no se dice en qué tiempo– “México” habrá prevalecido ante sus enemigos. Hay razones para dudar que a estas alturas alguien dé crédito a esa versión, como no sea por razones laborales, como podría ser el caso del propio Poiré.

Una segunda noción, la más extendida, es que la multiplicación y el encarnizamiento de la violencia, la pérdida del control territorial por el Estado en amplias regiones y la creciente descomposición institucional que la acompaña son resultado de un monumental error de cálculo de la administración en curso: ya fuera por necesidad de ganar simpatía y legitimidad entre la población o por mera idiotez, el calderonato lanzó a las fuerzas del orden contra la delincuencia sin tomar en cuenta que estaban infiltradas por los mismos delincuentes, sin concebir previamente un esquema de coordinación entre ellas y sin haber realizado un mínimo trabajo de inteligencia, tanto en el sentido literal como en el eufemístico, es decir, de espionaje. Por añadidura, el grupo gobernante no consideró las raíces sociales de la criminalidad, y pretendió extirparla como si fuera una verruga, sin tener en mente las causas de fondo que la originan.

Una variante de esa versión es la que atribuye la catástrofe actual a una anomalía ideológica y moral en el grupo gobernante: el que hace de presidente y los suyos se dejaron llevar por el autoritarismo y el belicismo –“Calderón y García Luna sólo tienen imaginación para la violencia”, dijo Javier Sicilia, en una descripción muy aguda– y perdieron de vista, de esa manera, la complejidad social, económica, política de los fenómenos delictivos.

La consecuencia lógica de este razonamiento es que es posible y pertinente realizar un trabajo de educación del grupo gobernante para hacerle ver las fallas de su estrategia, exigirle que cambie de rumbo y difundir entre la población las incoherencias internas del discurso oficial sobre la guerra, a fin de que la sociedad se cohesione en torno a un llamado enérgico por la paz.

Una tercera percepción, sin duda la más pesimista –y alarmista, dirán algunos, o hasta delirante– es que las decenas de miles de muertes, el descontrol, la descomposición, el desgarramiento del tejido social y la pérdida abismal de valores que genera la violencia no constituyen el resultado malo e inesperado de una visión equivocada para enfrentar a la delincuencia, sino, hasta ahora, el éxito rotundo en la aplicación de una estrategia de desestabilización y desintegración que no se fraguó precisa ni exclusivamente en México, sino en Estados Unidos.

La idea puede resultar chocante, pero permite explicar conductas de Washington hacia nuestro país que de otro modo no se entienden: ¿Por qué permiten las autoridades gringas el paso de la droga por sus propias fronteras? ¿Por qué son tan ineficaces sus medidas para evitar el lavado de dinero en sus instituciones financieras? ¿Por qué miran para otro lado ante la actividad del narcotráfico en el propio territorio estadunidense? ¿Por qué suministran armas a dos bandos que supuestamente están en pugna, como el gobierno federal y el Cártel de Sinaloa? ¿Por qué fracasan con tanta frecuencia autoridades mexicanas asesoradas o, más bien, dirigidas por la DEA, la CIA y el FBI?

En esta perspectiva, en México se ha configurado un narcoestado y una intervención, y, como vía para la paz, el diálogo y la negociación con los componentes políticos y empresariales del régimen carece de sentido, porque son socios, cómplices e instrumentos de una guerra en gran medida ajena. Lo procedente, en cambio, es sacar al país de la espiral descendente de violencia en la que orbita mediante la movilización social y hacer frente a la impunidad por las vías jurídicas disponibles.

Tomado de La Jornada. 16 de agosto de 2011