Amago gubernamental.

Editorial de La Jornada.

El domingo pasado la oficina de Felipe Calderón Hinojosa anunció que analizaba las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes signaron una demanda por crímenes de guerra, presentada el viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al titular del Ejecutivo federal, a varios integrantes de su gabinete de seguridad y al presunto cabecilla del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada y entre éstos y las fuerzas policiales y militares, cuyo mando supremo recae en el propio Calderón. A decir de Los Pinos, las imputaciones son falsas y calumniosas, absurdas, infundadas e improcedentes, temerarias y dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México.

Hay un error jurídico básico en la noción de que acudir a un tribunal cualquiera, nacional o internacional, pueda considerarse delito y ser objeto de sanciones o contrademandas. El recurso interpuesto ante el CPI, y firmado por unos 23 mil ciudadanos, simplemente será considerado procedente o no, esto es, el tribunal internacional decidirá si amerita la apertura de un proceso contra los imputados. De modo que, si se empecina en proceder legalmente contra sus demandantes, el gobierno federal deberá buscar la infracción en otro sitio.

Por lo demás, el amago oficial en contra de quienes realizan imputaciones infundadas e improcedentes en distintos foros e instancias nacionales e internacionales ocurre unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en un fallo deplorable, aunque de acatamiento obligado, la virtual imposibilidad de que personas con actividad pública tengan éxito como demandantes por difamación y calumnias. Al considerar que la libertad de expresión no debía tener cortapisas ni limitaciones en esta circunstancia, los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo exculparon a la revista Letras Libres, que en una de sus ediciones acusó a este diario de complicidad con el terrorismo de la organización vasca ETA. De esa manera, el máximo tribunal del país sentó un precedente que abre la puerta para que cualquier actor social pueda formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la revista que dirige Enrique Krauze.

Con ese precedente, el amago gubernamental contra los autores de la demanda presentada el viernes pasado en La Haya no parece tener viabilidad alguna, no sólo porque Calderón es, evidentemente, una persona con actividad pública, sino también porque la pretensión de atribuirle responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, correcta o equivocada, tiene elementos constitutivos más variados y complejos que la simple maledicencia: informes, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales humanitarios y de una abundante información institucional y periodística. Menos improbable parecería, en todo caso, que tales imputaciones llegaran a dirimirse en la CPI.

Si se analiza con atención, esta perspectiva no es obligadamente desfavorable para la administración calderonista, y hasta resulta difícil entender que el actual gobierno, que exhibe una convicción tan absoluta en la justeza, pertinencia y legalidad de su estrategia de seguridad y combate al crimen, no vea la conveniencia de desvirtuar en forma contundente y definitiva, en un proceso internacional, los múltiples señalamientos en su contra por la comisión de masivas violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la amenaza a los demandantes hace ver a los integrantes de la administración calderonista como temerosos de ser hallados culpables en un juicio semejante.

Por lo demás, en términos políticos y mediáticos, la contraofensiva del gobierno no pudo ser más contraproducente, porque atizó el debate público más de lo que lo hizo la propia demanda interpuesta el viernes pasado en La Haya y dio nuevo impulso a sus promotores. En cuestión de horas se duplicó el número de firmantes de la querella; muchas personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo en su presentación manifestaron su rechazo a la pretensión gubernamental de coartar el derecho ciudadano a la libre expresión y a acudir a una instancia jurisdiccional; adicionalmente, se convocó para hoy a actos de protesta frente a la Procuraduría General de la República, en esta capital, y a un lado de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.

Las rectificaciones no sólo son legítimas, sino que honran a quien las emprende. En esta situación, el gobierno federal ganaría si enmendara su reacción inicial y se desistiera de agitar sobre sus demandantes una espada de Damocles que, dadas las circunstancias, no parece tener mucho filo.

El Chapo, en la mira de EU.

Editorial de La Jornada.

-El Chapo en la lista de Forbes- El Fisgón*

Por tercer año consecutivo, la revista Forbes incluyó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera en su listado de personajes más poderosos del planeta. Su inclusión en ese ranking tiene como contexto el creciente protagonismo que en tiempos recientes le han conferido medios y autoridades de Estados Unidos entre las potenciales amenazas a la seguridad de ese país: hace unos días, el Departamento de Justicia del vecino país difundió un documento en el que se afirma que la organización del Chapo Guzmán controla la mayor parte del trasiego ilícito de drogas en territorio estadunidense y se le califica como una amenaza a la seguridad de ese país; recientemente, The Washington Post aseguró que la impunidad con la que opera el capo mexicano provoca desesperación en la administración calderonista, la cual habría creado cuerpos especiales de marinos, soldados y policías federales para dar con su paradero, información que no fue oficialmente desmentida por el gobierno mexicano; ayer, el jefe en Chicago de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jack Riley, se refirió a Guzmán Loera como el criminal más peligroso del mundo, y la propia Forbes lo ha ubicado, tras la muerte de Osama Bin Laden, como la persona más perseguida del planeta.

-Fina atención- Helguera*

Por lo pronto, el gobierno de Washington parece dirigir sus acciones en contra de presuntas redes de delincuentes al servicio del Chapo en su propio territorio, como lo indica la detención, registrada ayer en Arizona, de 76 individuos –tanto mexicanos como estadunidenses– supuestamente ligados al cártel de Sinaloa.

Independientemente de la relevancia de Guzmán Loera en el mundo delictivo, su conversión en símbolo del narcotráfico internacional y el afán de las autoridades de Washington por colocarlo como amenaza a la seguridad de Estados Unidos constituyen signos ominosos para México, como se desprende de la historia de violaciones a soberanías y atropellos que han acompañado las cruzadas de ese país para eliminar a quienes considera sus enemigos: hace una década, el gobierno de  George W. Bush erigió a Osama Bin Laden y a Al Qaeda en las principales amenazas a la seguridad de ese país y del mundo y, con el pretexto de neutralizar al primero y desmantelar a la segunda, invadió Afganistán y causó un saldo injustificable de muerte y destrucción. Algo similar ocurrió con la invasión de Panamá en 1989, efectuada con el propósito de derrocar y capturar a Manuel Antonio Noriega –quien se había desempeñado como estrecho colaborador de la CIA en Centroamérica–, que dejó un saldo de entre tres mil y cinco mil muertos. En México, sin ir más lejos, el gobierno de Woodrow Wilson lanzó en marzo de 1916 una expedición punitiva en represalia por el ataque de las fuerzas de Francisco Villa a una guarnición militar en Columbus, Nuevo México.

-Triunfo inobjetable- Hernández*

Es de temer, pues, que el creciente interés de las autoridades estadunidenses por la captura del Chapo lleve a un mayor injerencismo militar, policial y diplomático en territorio mexicano. Por lo demás, y sin ánimo de sugerir impunidades ni tolerancias, debe decirse que, por sí misma, la captura de un capo de la droga, por relevante que sea, no necesariamente representa un paso adelante en el combate al narcotrático, pues no incide ni poco ni mucho en las condiciones económicas y sociales ni en los escenarios financieros internacionales que otorgan al negocio ilícito del trasiego de drogas una rentabilidad desmesurada.

Más allá de las consideraciones anteriores, la inclusión de Guzmán Loera en los listados de los individuos más ricos y poderosos del planeta obedece a una inocultable lógica neoliberal: por amplio que resulte su expediente criminal, este narcotraficante sinaloense y otros de su mismo tipo son emprendedores que han sabido aprovechar las ventajas y oportunidades del sistema económico vigente –desregulación, privatización, extremo adelgazamiento del Estado, globalización económica, libre comercio, tasas altísimas de desempleo real, abandono y marginación de grandes regiones– y que han operado la aplicación más extrema de las fórmulas del éxito impulsadas por la ideología dominante: búsqueda de la rentabilidad máxima, retorno rápido de la inversión, acumulación y concentración feroz de la riqueza y eliminación despiadada de la competencia.


*Cartones publicados en La Jornada el 12 de marzo de 2009

Dialogar con quién.

Por Pedro Miguel.

El colapso del gobierno ocurre en todos los terrenos, pero su expresión más acuciante es la pérdida de certezas jurídicas de base por parte de la población. La lógica económica del triunfo del más fuerte tiene su correlato, en la seguridad pública, en el triunfo del calibre más alto. Ahí tienen a un puñado de habitantes de comunidades rurales entre San Luis Potosí y Zacatecas, obligados por las circunstancias a enfrentarse a tiros –en condiciones de total desventaja, y con saldos contraproducentes y más que dolorosos– a los Zetas. El hueco que deja el poder público al abandonar su tarea de garantizar la integridad física y patrimonial de la gente debe ser ocupado, y con urgencia, por una construcción de vínculos sociales que permita incidir en las decisiones políticas y forzar a las instancias gubernamentales de todos los niveles a que adopten rumbos menos destructivos que los impuestos al país desde hace décadas. Para ello, el diálogo social es, ciertamente, indispensable, y en ese sentido, puede ser crucial la reunión convocada el 10 de junio en Ciudad Juárez por Javier Sicilia.

Otra cosa es el diálogo o la negociación con el calderonato.

Hay numerosas razones para afirmar que la actual administración infringe, en forma regular y sistemática, el marco legal, incumple con sus obligaciones constitucionales y propicia, con ello, graves y masivas violaciones a los derechos humanos y sociales y a las garantías individuales.

 

Más allá de las omisiones o infracciones gubernamentales en esas materias, muchos indicios permiten sospechar que la estrategia de seguridad en curso es una fachada sangrienta para ocultar la connivencia del equipo gubernamental con la delincuencia organizada. Ejemplos: el encubrimiento del Cártel del Pacífico en detrimento de sus competidores; los numerosos delincuentes que han trabajado como altos mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República; la renuencia oficial a investigar el lavado de dinero masivo; los narcotraficantes en las nóminas de Aserca y de Procampo; la tolerancia y la impunidad otorgadas a Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de esa especie; el trasiego, pese a todo, de centenares de toneladas de cocaína por las fronteras sur y norte; el incremento de los secuestros en lo que va de esta administración; la connivencia de numerosos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con los grupos armados que extorsionan, esclavizan y exterminan a migrantes indocumentados. Y sí: las presumibles complicidades con la criminalidad organizada no se limitan a las autoridades federales, sino que incluyen a las estatales y a las municipales de diversos sitios.

Pero falta lo más grave: hay elementos de juicio para suponer que la adopción de la estrategia actual y la firma de la Iniciativa Mérida fueron la formalización de un proyecto de desestabilización originado en Estados Unidos para llevar a México a circunstancias que justificaran –a ojos del mundo, y hasta de algunos mexicanos– la intervención directa de Washington en la seguridad pública y nacional de nuestro país, algo que, de acuerdo con los documentos de WikiLeaks difundidos por La Jornada, ya ocurre. Diversos funcionarios estadunidenses se han referido a la pertinencia de aplicar en México estrategias de guerra formuladas para Irak (se lo dijo Dennis Blair al general Guillermo Galván Galván el 19 de octubre de 2009, http://bit.ly/mcb6uK, y lo repitió el almirante Michael Mullen en enero de 2011. Si las palabras no bastaran, están los hechos, y entre éstos, la complicidad de diversas dependencias de Washington en el contrabando de armas de fuego destinadas a los cárteles mexicanos y su inexplicable tolerancia a los narcos que operan en territorio estadounidense.

Los movimientos sociales que aspiran a detener el baño de sangre en curso harían bien, pues, en aplicar la consigna, propagada con extrema hipocresía desde el propio régimen, de “no negociar con la delincuencia”. No hay que hacerlo, en efecto, ni siquiera con la que pretende compararse con Churchill.

Sin abandonar las manifestaciones y las protestas pacíficas y legales –como las dos movilizaciones nacionales recientes, encabezadas por Javier Sicilia– ni los encuentros de la sociedad consigo misma, es preciso también avanzar en otros caminos, igualmente legales y pacíficos, para cortar el nudo gordiano de la impunidad y promover procesos judiciales contra los principales responsables –por acción, por omisión o por ambas– de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en México: Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad, y los cabecillas de las organizaciones criminales que ejercen su control sangriento en extensas regiones del país. Consulten las razones y los fundamentos de esta iniciativa y, si les parece pertinente, fírmenla.

Cartones.

Moneros de La Jornada convocan a la Marcha Nacional.

 Liga a la convocatoria de este 8 de mayo en la Explanada de Bellas Artes No + Sangre 

 Estamos unidos mexicanos - Rius

 Marcha nacional - Fisgón

 8 de mayo - Hernández

Basta de sangre - Ahumada

*Cartones publicados en La Jornada. Mayo 4, 2011