La DEA en México: Los riesgos de la injerencia.-

-Gracias por la aclaración- El Fisgón

Editorial de La Jornada.

Luego de las declaraciones formuladas el pasado miércoles por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, quienes reconocieron la participación de agentes de la oficina contra las drogas del gobierno estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en tareas de combate al narcotráfico en territorio nacional, la segunda de esas funcionarias añadió ayer, en declaraciones a este diario, que el destacamento de elementos antinarcóticos estadunidenses en México se incrementó durante el gobierno de Vicente Fox, y con mayor intensidad en esta administración, y sostuvo que esa presencia se da en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional.

En meses recientes, la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada hasta la publicación, por el rotativo estadunidense The New York Times, de informes sobre la actuación en territorio mexicano de agentes de la CIA en activo, así como de militares estadunidenses en retiro. Sin embargo, el que integrantes del gabinete calderonista pretendan defender ante la opinión pública algo que por principio no debiera ocurrir y que acentúa la percepción de una grave debilidad de las autoridades nacionales y de un manejo gubernamental de la seguridad pública y del combate al crimen que resulta contrario a los principios de soberanía e independencia nacionales.

Flaco favor a la administración calderonista hizo ayer su vocera al afirmar que la cooperación entre las administraciones panistas y el gobierno de Washington ha sido muy importante para compartir información que nos lleve a la detención de blancos importantes del crimen organizado, porque esos logros, en todo caso, se originan en una circunstancia irregular –la operación de agentes extranjeros en territorio nacional– y porque tal afirmación soslaya que, en el contexto de esa misma cooperación, el gobierno de Washington ha abastecido de armas a las organizaciones criminales en México mediante operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto, al mismo tiempo que proporciona armamento a las corporaciones armadas gubernamentales. Por si fuera poco, la estrategia oficial en cuyo contexto se desarrolla la labor de inteligencia e información de efectivos estadunidenses destacados en nuestro país, posiblemente haya desempeñado un papel decisivo en el incremento de la violencia, pero no ha hecho otro tanto en la disminución de la producción de drogas ilícitas, como lo señalan los datos, difundidos recientemente por The Washington Post, sobre el crecimiento de los cultivos de estupefacientes en territorio mexicano durante el pasado lustro.

Suponiendo que la operación de agentes de la DEA en México se diera en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional, su presencia representa un factor de riesgo para el país y su población a la luz de la experiencia histórica: el punto de referencia ineludible es el oscuro homicidio, en febrero de 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de esa misma corporación, cuyo cadáver apareció un mes después en el rancho El Mareño, ubicado en Michoacán. Ese homicidio trastocó gravemente la relación bilateral y expuso a México a terribles chantajes diplomáticos, a violaciones de su soberanía, como el secuestro y traslado ilegal de varios mexicanos a territorio del país vecino para ser juzgados en tribunales estadunidenses y, posteriormente, a una campaña de abierta hostilidad y presiones políticas que, entre otras cosas, se expresó en los humillantes procesos de certificación antidrogas de Washington.

Con estos elementos de juicio, resulta insostenible el intento gubernamental por explicar la presencia de agentes estadunidenses como algo benéfico, deseable y hasta necesario para nuestro país. En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para combatir a los cárteles de la droga con base en la estrategia de seguridad vigente, lo procedente y necesario sería la modificación de la misma, no recurrir en busca de ayuda a agencias de Washington –CIA, DEA, FBI– con un historial de acciones sórdidas fuera de las fronteras estadunidenses y una añeja vocación para la desestabilización, la intriga y la fabricación de coartadas intervencionistas.

La Jornada. Octubre 28, 2011

Dialogar con quién.

Por Pedro Miguel.

El colapso del gobierno ocurre en todos los terrenos, pero su expresión más acuciante es la pérdida de certezas jurídicas de base por parte de la población. La lógica económica del triunfo del más fuerte tiene su correlato, en la seguridad pública, en el triunfo del calibre más alto. Ahí tienen a un puñado de habitantes de comunidades rurales entre San Luis Potosí y Zacatecas, obligados por las circunstancias a enfrentarse a tiros –en condiciones de total desventaja, y con saldos contraproducentes y más que dolorosos– a los Zetas. El hueco que deja el poder público al abandonar su tarea de garantizar la integridad física y patrimonial de la gente debe ser ocupado, y con urgencia, por una construcción de vínculos sociales que permita incidir en las decisiones políticas y forzar a las instancias gubernamentales de todos los niveles a que adopten rumbos menos destructivos que los impuestos al país desde hace décadas. Para ello, el diálogo social es, ciertamente, indispensable, y en ese sentido, puede ser crucial la reunión convocada el 10 de junio en Ciudad Juárez por Javier Sicilia.

Otra cosa es el diálogo o la negociación con el calderonato.

Hay numerosas razones para afirmar que la actual administración infringe, en forma regular y sistemática, el marco legal, incumple con sus obligaciones constitucionales y propicia, con ello, graves y masivas violaciones a los derechos humanos y sociales y a las garantías individuales.

 

Más allá de las omisiones o infracciones gubernamentales en esas materias, muchos indicios permiten sospechar que la estrategia de seguridad en curso es una fachada sangrienta para ocultar la connivencia del equipo gubernamental con la delincuencia organizada. Ejemplos: el encubrimiento del Cártel del Pacífico en detrimento de sus competidores; los numerosos delincuentes que han trabajado como altos mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República; la renuencia oficial a investigar el lavado de dinero masivo; los narcotraficantes en las nóminas de Aserca y de Procampo; la tolerancia y la impunidad otorgadas a Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de esa especie; el trasiego, pese a todo, de centenares de toneladas de cocaína por las fronteras sur y norte; el incremento de los secuestros en lo que va de esta administración; la connivencia de numerosos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con los grupos armados que extorsionan, esclavizan y exterminan a migrantes indocumentados. Y sí: las presumibles complicidades con la criminalidad organizada no se limitan a las autoridades federales, sino que incluyen a las estatales y a las municipales de diversos sitios.

Pero falta lo más grave: hay elementos de juicio para suponer que la adopción de la estrategia actual y la firma de la Iniciativa Mérida fueron la formalización de un proyecto de desestabilización originado en Estados Unidos para llevar a México a circunstancias que justificaran –a ojos del mundo, y hasta de algunos mexicanos– la intervención directa de Washington en la seguridad pública y nacional de nuestro país, algo que, de acuerdo con los documentos de WikiLeaks difundidos por La Jornada, ya ocurre. Diversos funcionarios estadunidenses se han referido a la pertinencia de aplicar en México estrategias de guerra formuladas para Irak (se lo dijo Dennis Blair al general Guillermo Galván Galván el 19 de octubre de 2009, http://bit.ly/mcb6uK, y lo repitió el almirante Michael Mullen en enero de 2011. Si las palabras no bastaran, están los hechos, y entre éstos, la complicidad de diversas dependencias de Washington en el contrabando de armas de fuego destinadas a los cárteles mexicanos y su inexplicable tolerancia a los narcos que operan en territorio estadounidense.

Los movimientos sociales que aspiran a detener el baño de sangre en curso harían bien, pues, en aplicar la consigna, propagada con extrema hipocresía desde el propio régimen, de “no negociar con la delincuencia”. No hay que hacerlo, en efecto, ni siquiera con la que pretende compararse con Churchill.

Sin abandonar las manifestaciones y las protestas pacíficas y legales –como las dos movilizaciones nacionales recientes, encabezadas por Javier Sicilia– ni los encuentros de la sociedad consigo misma, es preciso también avanzar en otros caminos, igualmente legales y pacíficos, para cortar el nudo gordiano de la impunidad y promover procesos judiciales contra los principales responsables –por acción, por omisión o por ambas– de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en México: Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad, y los cabecillas de las organizaciones criminales que ejercen su control sangriento en extensas regiones del país. Consulten las razones y los fundamentos de esta iniciativa y, si les parece pertinente, fírmenla.