¡No a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional!

1 Minuto X No + Sangre

México vive una violación masiva de derechos humanos. Esta emergencia humanitaria es provocada por la violencia delincuencial y por la estrategia gubernamental  supuestamente orientada a contenerla.

Sin embargo, el Legislativo pretende aprobar reformas a Ley de Seguridad Nacional,  a espaldas del pueblo mexicano, sin tomar en cuenta las opiniones de las víctimas, las demandas de los organismos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales que clamamos por el cabal respeto a los derechos y por la justicia.

Además de las 50 mil muertes reconocidas oficialmente y los miles decenas de miles de hogares enlutados y agraviados por la  muerte, el secuestro,  la tortura y el despojo ahora se pretende que el Estado Mexicano legalice la violación de los derechos y garantías constitucionales.

Con esta ley se busca que Felipe Calderón utilice, legalmente y sin consecuencias, al ejército mexicano contra los movimientos sociales,  políticos o electorales, que a su juicio “constituyan una amenaza para la seguridad interior”.

- Vulnerar el libre tránsito.
- Restricción de los movimientos sociales.
- Autoridad para entrometerse en la vida de las personas.
- Demandar información a los ciudadanos “con cualquier herramienta que resulte necesaria”.
- Informantes anónimos, espionaje y contraespionaje.
- Integración de expedientes confidenciales, incluso políticos.

Los conceptos de verdad,  libertad, paz, justicia o democracia se encuentran ausentes en esta iniciativa de Ley y en las intenciones de las fuerzas políticas y económicas que las promueven.

La impunidad y la mentira imperantes así como la conculcación formal de derechos y garantías lejos de contribuir a la paz, alientan la guerra y la violencia en el país.

En este contexto nuestra presencia, en el Monumento a la Independencia con 1 Minuto X No + Sangre, como muchos otros mexicanos que se manifiestan en todo el país contra estas reformas de seguridad es para dar voz a las víctimas, para dar oportunidad a todos los agraviados por esta guerra de rendir su testimonio, para ejercer libremente nuestro derecho a movilizarnos contra la guerra y construir en México una paz justa y digna, para que cese el silencio y para que, de una vez por todas, cese el olvido.

 
 Con este Minuto X No + Sangre hacemos un llamado al pueblo de México, a las organizaciones humanitarias, sociales, culturales; a los defensores de derechos humanos; a los estudiantes, a los obreros y campesinos a todas las personas de buena voluntad, a denunciar estas reformas a las leyes de seguridad como un ataque a nuestros derechos más elementales. Y, en consecuencia, llamamos a la más amplia movilización, al más amplio uso de nuestros derechos, para impedir que dichas reformas a Ley de Seguridad Nacional sean aprobadas. Demandamos el juicio penal de Felipe Calderón, la destitución del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de los responsables de la guerra y la violencia que padece actualmente nuestro país.

Es la hora de la verdad.  Es la hora de la vida.

No Más Sangre.

Ciudad de México, 14 de agosto de 2011

Reformitis

Por Pedro Miguel

Al descubierto. Cartón de El Fisgón

Se entiende perfectamente: las leyes no pueden ni deben ser inmutables pues las sociedades en las que se aplican se encuentran, para bien o para mal, en permanente proceso de transformación, y el marco legal debe ser readecuado y perfeccionado una y otra vez. Esa debe ser la tarea del Legislativo, además de servir de contrapeso al Ejecutivo. Éste, por su parte, tiene la responsabilidad primaria de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.

Así tendría que ser. Pero en el régimen oligárquico que padece México actualmente, el principio de legalidad está de cabeza. No hay que estirar mucho la mano para encontrar un ejemplo contundente de esa inversión: Washington envía a policías en activo y militares en retiro a participar en la desastrosa guerra en curso impulsada por el calderonato, y esos efectivos realizan interrogatorios, intervienen telecomunicaciones y han tenido un papel clave en decenas de capturas o “eliminaciones” (que parecen ser, muchas de ellas, ejecuciones extrajudiciales) de presuntos narcotraficantes. La injerencia no se perpetró aprovechando un descuido del gobierno mexicano, sino en respuesta a sus peticiones.

Para argumentar la “legalidad” de la operación de personal policial extranjero en México, Alejandro Poiré ha salido con la puerilidad de que éste “no porta armas” y con la abierta mentira de que “no realiza ninguna labor operativa”. Incluso si así fuera, el artículo 21 constitucional es inequívoco: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”; el 32 no deja lugar a dudas: “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública” y “para desempeñar cualquier cargo o comisión en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea en tiempos de paz, se requiere ser mexicano por nacimiento.” ¿Con qué saldrán entonces? ¿Con que no estamos en “tiempos de paz”? Pues qué pena: legalmente, para que el país esté en guerra, es necesario que el Ejecutivo federal la declare, previa ley del Congreso de la Unión (Art. 89), cosa que no se ha hecho.

El régimen oligárquico no acata la Carta Magna, y menos el resto de las leyes. Hace meses que la Secretaría del Trabajo proclama sin pudor que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta, como si no fuera su obligación hacerla cumplir. El reconocimiento cínico de omisión de la legalidad es convertido en argumento para modificarla a gusto de los funcionarios en turno y de sus marañas de interés. Otro caso notable es el sempiterno populismo legal de la derecha (Peña Nieto es un exponente de él) sobre la supuesta necesidad de “endurecer” las penas para delitos graves a fin de disuadir a la criminalidad. Eso podría tener sentido, así fuera sentido argumental, en un estado de pleno derecho, pero no en un país en el que la impunidad prevalece en 80 o 90 por ciento de los casos. ¿Para qué quieren incrementar a 7 mil años el castigo por homicidio, pongamos por caso, si nueve de cada 10 sospechosos de homicidio andan sueltos, y si los que son detenidos son liberados por falta de pruebas, o bien exonerados en juicio, y no cumplen ni con las sanciones de 20 o 30 años actualmente vigentes?

En su gran mayoría, las modificaciones legales operadas por el Congreso del salinato a la fecha no son adecuaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la sociedad, sino arreglos jurídicos para saquear el erario sin temor a posibles sanciones, entregar las riquezas nacionales a los grandes capitales locales y foráneos, acelerar la concentración de la riqueza y reforzar por diversas vías –desde la electoral hasta la policial, pasando por la mediática– el control político que la élite empresarial ejerce sobre el resto de la sociedad. Este último es el propósito del engendro de reforma a la Ley de Seguridad Nacional: el texto vigente fue negociado por Beltrones, Fernández de Cevallos y otros del estilo en 2004, promulgado por Fox en enero de 2005 y violado unos meses más tarde por ellos mismos, cuando permitieron la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso de imposición de Felipe Calderón en Los Pinos.

Tal como están, las leyes nacionales son descripción de un país estable y habitable. Si las autoridades de los tres niveles de gobierno las cumplieran, viviríamos en él. Señores legisladores de todos los partidos, déjense de reformitis. Antes de decirnos que no sirven, vean primero que los preceptos jurídicos se respeten. Tienen atribuciones para ello.

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La Jornada
Agosto 9, 2011

El Milagro de Chapultepec

Cartón de Hernández

Por Lydia Cacho
La mujer de 60 años tomó tres camiones y caminó ocho kilómetros en el vía crucis de las víctimas de la guerra. Su hijo de 24 años le pidió que no fuera a ver a don Sicilia, pues ya lo iba a recibir el lugarteniente 23 de Los Zetas que tiene el listado de desaparecidos de Durango, Tamaulipas y Coahuila. La madre tomó su rosario y fue a pedirle al poeta que le llevara su caso al presidente Calderón.

Después de tres años de suplicar ante el Ministerio Público (MP), rogar al alcalde, de antesala con el gobernador, la madre de los dos jóvenes desaparecidos pensó que ahora sí tendría suerte de ser la señalada por la magnánima mano presidencial para resolver uno de los miles de casos de desapariciones, ¿por qué no un milagro? La negociación con el hijo fue clara: si no nos recibe el Presidente, pues le seguimos con los otros, pero que alguien nos ayude a encontrarlos.

Cuarenta mil personas asesinadas, cientos de desapariciones forzadas (llevadas a cabo por alguna autoridad) y miles de secuestros sin investigar, sin resolver. Y las marchas convocadas por Javier Sicilia unificaron el clamor de un país que ante la imposibilidad de obtener justicia se somete al espejismo del milagro. A la esperanza de que por alguna razón políticamente inexplicable, el presidente Calderón haría un acto de contrición y pediría perdón a México y, allí mismo, movido por un escapulario y por las lágrimas de las madres, anunciaría el retiro de las tropas y la acción efectiva del MP para investigar los miles de casos rezagados o ignorados por las procuradurías locales y federal en los últimos cinco años.

Además de ser reportera, durante 10 años he dirigido un refugio de alta seguridad para víctimas de violencia en el que he aprendido que por más que se trabaje en la defensa de las víctimas, sólo el 4.5% de los casos concluye en investigación, y de esos apenas el 2% llega a un juez.

En 2004 (antes de la guerra y los 40 mil muertos) de los 11 millones 900 mil delitos cometidos, sólo un millón y medio fueron reconocidos por el MP para ser investigados. Disculpe usted que me repita, de los casi 12 millones de familias que acuden a la autoridad a pedir “ayuda” para resolver los delitos, 10 millones recibirán un portazo en las narices. Ahora súmele la guerra.

Pero más allá de los actos públicos, una tercera parte de las y los denunciantes en México dicen que luego de dos años no sucedió nada con su caso. Los MP, a su vez, dicen que tienen rezago de 24 meses en los estados del Norte. Según la SSP federal, hay 426 mil 600 policías en el país y sólo 36 mil 600 dedicados a la investigación. Diez mil van al Ejército y la Marina; quedan 20 mil 600 investigadores para todo México. Haga sus cuentas. El Inacipe dice que casi dos terceras partes de los casos se pierden en tribunales porque los MP no saben redactar y el contenido de las denuncias es incomprensible para los jueces.

Las familias buscan a los gobernadores o al Presidente porque por ley es el Ejecutivo quien legalmente tiene el control de los dos brazos operativos más importantes del sistema de persecución penal: el Ministerio Público y la Procuraduría sólo obedecen al gobernador y al Presidente.

Es una práctica común de los gobernantes elegir a víctimas que desarrollan liderazgos sociales para después convertirlas en aliadas, en merecedoras del diálogo patriarcal, en “asesoras”; para neutralizar su poder de movilización y su fuerza moral. No es casualidad que Calderón, en su encuentro con Sicilia, abrazara a la madre que suplicó y no a la que habló desde la dignidad y la igualdad. Buscar el diálogo es importante, reconocer la carga política e histórica de dichos encuentros lo es también. Pero sería grave que concluyan en actos de intervención presidencial caso por caso, y no en cambios estructurales.

Lo cierto es que cada quien tiene su agenda; las madres y los padres vuelven a sus tierras desoladas, donde la autoridad paralela les espera ofreciéndoles resolver lo que el sistema no puede.


Publicado en El Universal, lunes 27 de junio de 2011

Dialogar con quién.

Por Pedro Miguel.

El colapso del gobierno ocurre en todos los terrenos, pero su expresión más acuciante es la pérdida de certezas jurídicas de base por parte de la población. La lógica económica del triunfo del más fuerte tiene su correlato, en la seguridad pública, en el triunfo del calibre más alto. Ahí tienen a un puñado de habitantes de comunidades rurales entre San Luis Potosí y Zacatecas, obligados por las circunstancias a enfrentarse a tiros –en condiciones de total desventaja, y con saldos contraproducentes y más que dolorosos– a los Zetas. El hueco que deja el poder público al abandonar su tarea de garantizar la integridad física y patrimonial de la gente debe ser ocupado, y con urgencia, por una construcción de vínculos sociales que permita incidir en las decisiones políticas y forzar a las instancias gubernamentales de todos los niveles a que adopten rumbos menos destructivos que los impuestos al país desde hace décadas. Para ello, el diálogo social es, ciertamente, indispensable, y en ese sentido, puede ser crucial la reunión convocada el 10 de junio en Ciudad Juárez por Javier Sicilia.

Otra cosa es el diálogo o la negociación con el calderonato.

Hay numerosas razones para afirmar que la actual administración infringe, en forma regular y sistemática, el marco legal, incumple con sus obligaciones constitucionales y propicia, con ello, graves y masivas violaciones a los derechos humanos y sociales y a las garantías individuales.

 

Más allá de las omisiones o infracciones gubernamentales en esas materias, muchos indicios permiten sospechar que la estrategia de seguridad en curso es una fachada sangrienta para ocultar la connivencia del equipo gubernamental con la delincuencia organizada. Ejemplos: el encubrimiento del Cártel del Pacífico en detrimento de sus competidores; los numerosos delincuentes que han trabajado como altos mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República; la renuencia oficial a investigar el lavado de dinero masivo; los narcotraficantes en las nóminas de Aserca y de Procampo; la tolerancia y la impunidad otorgadas a Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de esa especie; el trasiego, pese a todo, de centenares de toneladas de cocaína por las fronteras sur y norte; el incremento de los secuestros en lo que va de esta administración; la connivencia de numerosos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con los grupos armados que extorsionan, esclavizan y exterminan a migrantes indocumentados. Y sí: las presumibles complicidades con la criminalidad organizada no se limitan a las autoridades federales, sino que incluyen a las estatales y a las municipales de diversos sitios.

Pero falta lo más grave: hay elementos de juicio para suponer que la adopción de la estrategia actual y la firma de la Iniciativa Mérida fueron la formalización de un proyecto de desestabilización originado en Estados Unidos para llevar a México a circunstancias que justificaran –a ojos del mundo, y hasta de algunos mexicanos– la intervención directa de Washington en la seguridad pública y nacional de nuestro país, algo que, de acuerdo con los documentos de WikiLeaks difundidos por La Jornada, ya ocurre. Diversos funcionarios estadunidenses se han referido a la pertinencia de aplicar en México estrategias de guerra formuladas para Irak (se lo dijo Dennis Blair al general Guillermo Galván Galván el 19 de octubre de 2009, http://bit.ly/mcb6uK, y lo repitió el almirante Michael Mullen en enero de 2011. Si las palabras no bastaran, están los hechos, y entre éstos, la complicidad de diversas dependencias de Washington en el contrabando de armas de fuego destinadas a los cárteles mexicanos y su inexplicable tolerancia a los narcos que operan en territorio estadounidense.

Los movimientos sociales que aspiran a detener el baño de sangre en curso harían bien, pues, en aplicar la consigna, propagada con extrema hipocresía desde el propio régimen, de “no negociar con la delincuencia”. No hay que hacerlo, en efecto, ni siquiera con la que pretende compararse con Churchill.

Sin abandonar las manifestaciones y las protestas pacíficas y legales –como las dos movilizaciones nacionales recientes, encabezadas por Javier Sicilia– ni los encuentros de la sociedad consigo misma, es preciso también avanzar en otros caminos, igualmente legales y pacíficos, para cortar el nudo gordiano de la impunidad y promover procesos judiciales contra los principales responsables –por acción, por omisión o por ambas– de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en México: Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad, y los cabecillas de las organizaciones criminales que ejercen su control sangriento en extensas regiones del país. Consulten las razones y los fundamentos de esta iniciativa y, si les parece pertinente, fírmenla.