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| -Desesperadamente buscando a el Chapo- El Fisgón |
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viernes, 4 de noviembre de 2011
miércoles, 5 de octubre de 2011
Entre 2006 y 2007, EU llevó a cabo Receptor abierto, operación similar a Rápido y furioso.
• Ambas inundaron de manera ilegal de armas a México, señala el diario Los Angeles Times
• Fue realizada desde la ATF y era conocida por altos funcionarios del Departamento de Justicia
Por Afp, Notimex y PL
Washington, 4 de octubre.- Estados Unidos llevó a cabo en 2006 y 2007 un operativo similar a Rápido y furioso (Fast and furious) llamado Receptor abierto (Wide receiver), que permitió también la entrada ilegal de armas a México, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario Los Angeles Times.La existencia del plan Receptor abierto fue develada en una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia, quienes discutieron ambos operativos desde octubre del año pasado, dijo Los Angeles Times.
Un funcionario estadunidense que pidió no ser identificado dijo que altos funcionarios del Departamento de Justicia sabían que se permitió la entrada de armas a México a través de Receptor abierto, pero desconocían Rápido y furioso.
Jason Weinstein, subprocurador de Justicia de la División Criminal, aludió a ambos casos en un correo electrónico de octubre de 2010, preocupado de que los casos se traslaparan, señaló el diario.
En el mensaje, dirigido a James Trusty, jefe de la Oficina de Crimen Organizado y Pandillas, del Departamento de Justicia, Weinstein pregunta si convendría que su jefe, Lanny A. Breuer, saliera en la prensa “cuando Rápido y furioso y el caso Tucson se revelen”.
Es un “caso delicado por el número de armas que han caminado”, señaló Weinstein. Trusty respondió:
Creo que sí, pero el momento es delicado también.
Trusty escribió además: “No sería gran sorpresa que muchas armas estadunidenses estén siendo usadas en México, así que no estoy seguro de cuánto nos cuestionarían por dejarlas caminar. Más bien podría ser que finalmente están persiguiendo a gente que mandó armas para allá”.
Investigadores del Congreso –que preside el republicano Darrell Issa– señalaron que los correos son un indicativo de que los funcionarios del Departamento de Justicia conocían las tácticas de dejar caminar las armas de Rápido y furioso.
La mencionada operación fue llevada a cabo desde el otoño de 2009 hasta enero de 2010 y permitió el trasiego de más de 2 mil rifles de asalto a México, a los que se perdió el rastro. Culminó con cargos a 20 personas implicadas, ninguna de ellas líder de algún cártel. En el caso del operativo Receptor abierto no es claro si hubo acusaciones.
Según Los Angeles Times, memorandos de julio de 2010 enviados al procurador Eric Holder, que formaban parte de reportes semanales, mencionaban el caso de un comprador en Rápido y furioso que adquirió mil 500 armas “que fueron compradas para surtir a cárteles de droga mexicanos”.
Documentos enviados a Holder entre octubre y noviembre de 2010 mencionaban que “la operación Rápido y furioso, con base en Phoenix, Arizona, estaba lista para desmantelarse” meses antes de que la investigación fuera concluida oficialmente.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que el procurador Holder rutinariamente recibía reportes sobre investigaciones abiertas a lo largo de Estados Unidos y que los reportes no mencionaban que agentes de la ATF estuvieran dejando caminar armas. Dijeron también que el republicano Darrell Issa recibió un reporte similar el año pasado.
La oposición republicana en el Congreso alega que el procurador ocultó lo que sabía, ya que los mismos correos apuntan a que Holder, quien dijo haber conocido de las operaciones de Rápido y furioso este año, supo del operativo en octubre, noviembre y diciembre de 2010, antes de que el caso se hiciera público.
La mencionada operación fue llevada a cabo desde el otoño de 2009 hasta enero de 2010 y permitió el trasiego de más de 2 mil rifles de asalto a México, a los que se perdió el rastro. Culminó con cargos a 20 personas implicadas, ninguna de ellas líder de algún cártel. En el caso del operativo Receptor abierto no es claro si hubo acusaciones.
Según Los Angeles Times, memorandos de julio de 2010 enviados al procurador Eric Holder, que formaban parte de reportes semanales, mencionaban el caso de un comprador en Rápido y furioso que adquirió mil 500 armas “que fueron compradas para surtir a cárteles de droga mexicanos”.
Documentos enviados a Holder entre octubre y noviembre de 2010 mencionaban que “la operación Rápido y furioso, con base en Phoenix, Arizona, estaba lista para desmantelarse” meses antes de que la investigación fuera concluida oficialmente.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que el procurador Holder rutinariamente recibía reportes sobre investigaciones abiertas a lo largo de Estados Unidos y que los reportes no mencionaban que agentes de la ATF estuvieran dejando caminar armas. Dijeron también que el republicano Darrell Issa recibió un reporte similar el año pasado.
La oposición republicana en el Congreso alega que el procurador ocultó lo que sabía, ya que los mismos correos apuntan a que Holder, quien dijo haber conocido de las operaciones de Rápido y furioso este año, supo del operativo en octubre, noviembre y diciembre de 2010, antes de que el caso se hiciera público.
martes, 4 de octubre de 2011
Desmentidos.
Por Pedro Miguel
Rauda y contundente apareció la semana pasada Alejandra Sota, vocera de Calderón, a negar que en México operan grupos paramilitares:
Pero vamos cosa por cosa. La fulminante declaración de inexistencia de paramilitares en México nos coloca ante nuevos misterios. Por ejemplo, ¿quiénes han venido realizando, en años recientes, manifiestas operaciones de limpieza social como las masacres de adictos en centros de rehabilitación del norte del país o la colocación de cadáveres en uno de los principales cruceros de Veracruz-Boca del Río? Otro misterio es de orden idiomático: ¿cómo ha de llamarse entonces a los efectivos de la Marina señalados por desapariciones forzadas en Tamaulipas, a los soldados acusados por homicidio de civiles en Chihuahua, a los miles de policías estatales y municipales que periódicamente son sujetos de arrestos en masa por sus vínculos con la delincuencia organizada? ¿Qué es el se trata de delincuentes que pertenecen o quieren apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal(sic). Presto y veloz, el embajador de Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, salió al paso de la buena disposición del precandidato republicano Rick Perry para enviar tropas estadunidenses a nuestro país. Lo más claro que dijo fue:
esa opción no está sobre la mesa. Y tiene razón: por ahora, está debajo de ella.
grupo rudoformado por el alcalde de San Pedro Garza García, quien asegura haber logrado en su municipio, y por ese medio, niveles de seguridad superiores a los de Estados Unidos? Y ultimadamente, ¿cuál es el origen de los zetas?
En cuanto a la posibilidad de otorgar visas masivas a marines, rangers, boinas verdes y demás grupos institucionales de matones del norte del Río Bravo, es cosa de preguntarse en qué momento esa perspectiva empezará a ser propuesta de manera formal por los gobiernos de los dos países. Si México no cambia de libreto de manera radical, será inevitable. Por lo pronto, la CIA, la FBI y la DEA ya operan, de manera regular y con la aprobación del calderonato, en el territorio nacional, y grupos de veteranos de guerra gringos
ayudande diversas maneras a las fuerzas públicas mexicanas en tareas que ya nadie sabe en qué consisten. Lo que sí se sabe es que las intervenciones de Washington en países extranjeros tienen dos modelos: el de la invasión, como en Irak, y el de la escalada, como en Vietnam y Colombia, y que aquí la injerencia ha marchado en forma muy parecida.
Por cierto, la paramilitarización (también se sabe) forma parte de los manuales de la superpotencia para sumir países en el desastre con propósitos de control geoestratégico. Fue un eje fundamental del Plan Colombia, referente inevitable de la Iniciativa Mérida: se impulsó la creación de guardias blancas y escuadrones de la muerte, se declaró la guerra en contra de ellos y luego se puso fin al conflicto en forma simple y eficaz: colocando en el Palacio de Nariño al máximo operador de los paramilitares, el honorable Álvaro Uribe.
La sociedad mexicana aprendió hace muchos años (esta enseñanza es mérito de los priístas) que la mejor manera de conocer los designios gubernamentales reales consiste en reunir las negativas oficiales y ponerlas en afirmativo: no habrá incremento de impuestos, no se perderán empleos, no se reprimirá, no se atentará contra los derechos humanos. Por ahora, la opinión pública no tiene pruebas fehacientes de la organización de grupos paramilitares desde las oficinas federales, estatales y municipales, o bien desde cúpulas empresariales, pero la práctica de la ejecución sistemática está presente en muchas regiones y es huella inequívoca de esos instrumentos de gobierno a los que recurren los regímenes que han extraviado el sentido de país. En cuanto a la incursión de militares estadunidenses al sur del Río Bravo, la perspectiva no la abrió una declaración de Perry (no es el primero en aludir a la posibilidad, por cierto), sino que forma parte de un guión que conocemos de sobra, aunque muchos querrían olvidar.
Para qué esperar a que el régimen actual reconozca que los paramilitares son una realidad actuante y que la intervención extranjera está en curso. Mejor deshacerse a la brevedad de este régimen. En julio de 2012, por ejemplo.
La sociedad mexicana aprendió hace muchos años (esta enseñanza es mérito de los priístas) que la mejor manera de conocer los designios gubernamentales reales consiste en reunir las negativas oficiales y ponerlas en afirmativo: no habrá incremento de impuestos, no se perderán empleos, no se reprimirá, no se atentará contra los derechos humanos. Por ahora, la opinión pública no tiene pruebas fehacientes de la organización de grupos paramilitares desde las oficinas federales, estatales y municipales, o bien desde cúpulas empresariales, pero la práctica de la ejecución sistemática está presente en muchas regiones y es huella inequívoca de esos instrumentos de gobierno a los que recurren los regímenes que han extraviado el sentido de país. En cuanto a la incursión de militares estadunidenses al sur del Río Bravo, la perspectiva no la abrió una declaración de Perry (no es el primero en aludir a la posibilidad, por cierto), sino que forma parte de un guión que conocemos de sobra, aunque muchos querrían olvidar.
Para qué esperar a que el régimen actual reconozca que los paramilitares son una realidad actuante y que la intervención extranjera está en curso. Mejor deshacerse a la brevedad de este régimen. En julio de 2012, por ejemplo.
lunes, 22 de agosto de 2011
La intervención va.
Por Carlos Fazio
La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados"– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.
Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.
Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.
El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden "capacitación" dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.
La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.
Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.
El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.
La "nueva etapa" de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadunidense.
En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.
Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la "transición" será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.
Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, "capacitarán" a policías mexicanos?
En el contexto de la Iniciativa Mérida, los "asesores de inteligencia" estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la "colaboración bilateral" en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, "la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security".
Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011
La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados"– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.
Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.
Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.
El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden "capacitación" dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.
La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.
Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.
El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.
La "nueva etapa" de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadunidense.
En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.
Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la "transición" será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.
Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, "capacitarán" a policías mexicanos?
En el contexto de la Iniciativa Mérida, los "asesores de inteligencia" estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la "colaboración bilateral" en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, "la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security".
Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011
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