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jueves, 6 de octubre de 2011
viernes, 16 de septiembre de 2011
lunes, 5 de septiembre de 2011
viernes, 19 de agosto de 2011
Las fuerzas armadas y la guerra de Calderón.
Acentos | Epigmenio Ibarra
Le permitieron primero los altos mandos de las fuerzas armadas, a Felipe Calderón Hinojosa, disfrazarse de general y luego consintieron que actuara como tal.
Dejaron que, con ligereza y fines propagandísticos, “declarara la guerra al narco” y luego, siguiendo sus órdenes, desplegaron a decenas de miles de efectivos en todo el territorio nacional.
De materia para encendidas arengas patrióticas, de instrumento de legitimación política de un gobierno que de origen no la tiene, la guerra, cruzada personal de Calderón, pasó a ser entonces cruenta realidad cotidiana.
Se equivocaron quienes mandan en las fuerzas armadas al someter las operaciones militares a los intereses políticos de un gobierno y un gobernante severamente cuestionados. Pagan hoy las consecuencias de ese error tanto la institución como el país entero.
Se equivocaron los altos jefes militares al volver asunto militar, al tratar de resolver a balazos un problema que demanda acciones integrales. Seducidos por el discurso de Calderón, quizás por el protagonismo que para ellos podía implicar, se prestaron a “hacer la guerra”.
Desconociendo principios básicos de los conflictos irregulares pensaron que desplegar masivamente la tropa les permitiría obtener rápidamente resultados. Convirtieron, con ese despliegue de medios y hombres, a bandas desorganizadas que rehuían el combate en ejércitos de sicarios a los que no les faltan armas, munición y recursos, y a los que no sobra escrúpulos.
Antes que actuar en el sigilo y la oscuridad, antes que el trabajo de conquista de “mentes y corazones”, optaron por la presencia masiva tan espectacular como ineficiente, y por su poder de fuego y lo pesado de su estructura se tornaron previsibles para los criminales y peligrosas para la población civil.
Una cosa es apegarse al mandato constitucional y someterse al Presidente en turno, y otra acompañarlo en sus despropósitos y embarcar a la institución —y a México— en una trágica aventura.
Que algunos ciudadanos, atenazados por la zozobra y el miedo, se compren las arengas patrióticas de Calderón es explicable. Que los propagandistas se atrevan a plantear, como único camino, la disyuntiva entre guerra o rendición frente al crimen organizado también.
Las mentiras, en tiempos de turbulencia como los que vivimos, viajan con velocidad y, gracias a la acción de los medios de comunicación y al bombardeo publicitario inclemente, terminan pareciendo verdades.
Lo que es inaceptable es que altos jefes militares, gente que conoce la realidad del país, las amenazas reales y presentes que enfrentamos, hombres entrenados para aquilatar riesgos y oportunidades, hayan caído en la trampa.
Una trampa en la cual, la primera baja colateral puede ser lo que queda en este país de democracia y también de paso de soberanía nacional. Una trampa en la que el prestigio del Ejército y la Marina se verá, también y más temprano que tarde, gravemente dañado.
Hay un pesado lastre que cargan con ellas nuestras fuerzas armadas. Los saldos de la guerra sucia, su trabajo represivo a las órdenes del régimen autoritario, ha dejado heridas que aún no cierran del todo y a las que hoy se agregan las tristemente célebres “bajas colaterales”.
Dura es la historia con gobernantes que traicionan el mandato recibido en las urnas. Más dura todavía es, sin embargo, con los ejércitos. Es más fácil —y los ejemplos abundan en América Latina— ver a un general o un almirante sentado en el banquillo de los acusados que a un político.
Los políticos, con los bolsillos llenos, van al exilio dorado; los partidos pierden elecciones y conservan prerrogativas. Los ejércitos no. El descrédito, el rechazo por parte de la población civil, significan un golpe durísimo para la moral de cuerpo, un estigma que suele durar décadas.
Los políticos, por otro lado, siempre pueden, tratándose de cuestiones militares, escurrir el golpe. Poca gente recordará que la idea de “declarar la guerra” fue del propio Calderón. Cuando la suma de fracasos —que va a seguir creciendo— se torne inaceptable buscarán, los medios, los partidos, responsables del fracaso entre los de uniforme.
Reconozco el valor de oficiales y soldados que honesta y valientemente combaten al crimen organizado. Lamento la caída en combate de muchos de ellos y condeno el secuestro y el asesinato de efectivos de la Marina y el Ejército.
Sé que, en cierta medida y estando el país como está, las fuerzas armadas son el último valladar para contener la acción del crimen organizado. Imposible e impensable pensar en un retiro inmediato de la tropa a los cuarteles.
Sé también que, sin un tren logístico policiaco-judicial, los ejércitos ni saben ni pueden procurar justicia. Caen en la tentación de las ejecuciones extrajudiciales (en combates donde no hay heridos) y solapan la acción clandestina de escuadrones de la muerte.
No se trata de rendirse ante los criminales ni de abandonar a un solo mexicano a su suerte. Se trata de que las fuerzas armadas no le hagan más el juego de la guerra a Felipe Calderón y salgan de esa emboscada político-propagandística.
Se trata de que se sienten en la mesa de diálogo, escuchen lo que las víctimas de la guerra tienen que decir y entreguen a la nación cuentas claras.
Tomado de Milenio 2011-08-19
Le permitieron primero los altos mandos de las fuerzas armadas, a Felipe Calderón Hinojosa, disfrazarse de general y luego consintieron que actuara como tal.
Dejaron que, con ligereza y fines propagandísticos, “declarara la guerra al narco” y luego, siguiendo sus órdenes, desplegaron a decenas de miles de efectivos en todo el territorio nacional.
De materia para encendidas arengas patrióticas, de instrumento de legitimación política de un gobierno que de origen no la tiene, la guerra, cruzada personal de Calderón, pasó a ser entonces cruenta realidad cotidiana.
Se equivocaron quienes mandan en las fuerzas armadas al someter las operaciones militares a los intereses políticos de un gobierno y un gobernante severamente cuestionados. Pagan hoy las consecuencias de ese error tanto la institución como el país entero.
Se equivocaron los altos jefes militares al volver asunto militar, al tratar de resolver a balazos un problema que demanda acciones integrales. Seducidos por el discurso de Calderón, quizás por el protagonismo que para ellos podía implicar, se prestaron a “hacer la guerra”.
Desconociendo principios básicos de los conflictos irregulares pensaron que desplegar masivamente la tropa les permitiría obtener rápidamente resultados. Convirtieron, con ese despliegue de medios y hombres, a bandas desorganizadas que rehuían el combate en ejércitos de sicarios a los que no les faltan armas, munición y recursos, y a los que no sobra escrúpulos.
Antes que actuar en el sigilo y la oscuridad, antes que el trabajo de conquista de “mentes y corazones”, optaron por la presencia masiva tan espectacular como ineficiente, y por su poder de fuego y lo pesado de su estructura se tornaron previsibles para los criminales y peligrosas para la población civil.
Una cosa es apegarse al mandato constitucional y someterse al Presidente en turno, y otra acompañarlo en sus despropósitos y embarcar a la institución —y a México— en una trágica aventura.
Que algunos ciudadanos, atenazados por la zozobra y el miedo, se compren las arengas patrióticas de Calderón es explicable. Que los propagandistas se atrevan a plantear, como único camino, la disyuntiva entre guerra o rendición frente al crimen organizado también.
Las mentiras, en tiempos de turbulencia como los que vivimos, viajan con velocidad y, gracias a la acción de los medios de comunicación y al bombardeo publicitario inclemente, terminan pareciendo verdades.
Lo que es inaceptable es que altos jefes militares, gente que conoce la realidad del país, las amenazas reales y presentes que enfrentamos, hombres entrenados para aquilatar riesgos y oportunidades, hayan caído en la trampa.
Una trampa en la cual, la primera baja colateral puede ser lo que queda en este país de democracia y también de paso de soberanía nacional. Una trampa en la que el prestigio del Ejército y la Marina se verá, también y más temprano que tarde, gravemente dañado.
Hay un pesado lastre que cargan con ellas nuestras fuerzas armadas. Los saldos de la guerra sucia, su trabajo represivo a las órdenes del régimen autoritario, ha dejado heridas que aún no cierran del todo y a las que hoy se agregan las tristemente célebres “bajas colaterales”.
Dura es la historia con gobernantes que traicionan el mandato recibido en las urnas. Más dura todavía es, sin embargo, con los ejércitos. Es más fácil —y los ejemplos abundan en América Latina— ver a un general o un almirante sentado en el banquillo de los acusados que a un político.
Los políticos, con los bolsillos llenos, van al exilio dorado; los partidos pierden elecciones y conservan prerrogativas. Los ejércitos no. El descrédito, el rechazo por parte de la población civil, significan un golpe durísimo para la moral de cuerpo, un estigma que suele durar décadas.
Los políticos, por otro lado, siempre pueden, tratándose de cuestiones militares, escurrir el golpe. Poca gente recordará que la idea de “declarar la guerra” fue del propio Calderón. Cuando la suma de fracasos —que va a seguir creciendo— se torne inaceptable buscarán, los medios, los partidos, responsables del fracaso entre los de uniforme.
Reconozco el valor de oficiales y soldados que honesta y valientemente combaten al crimen organizado. Lamento la caída en combate de muchos de ellos y condeno el secuestro y el asesinato de efectivos de la Marina y el Ejército.
Sé que, en cierta medida y estando el país como está, las fuerzas armadas son el último valladar para contener la acción del crimen organizado. Imposible e impensable pensar en un retiro inmediato de la tropa a los cuarteles.
Sé también que, sin un tren logístico policiaco-judicial, los ejércitos ni saben ni pueden procurar justicia. Caen en la tentación de las ejecuciones extrajudiciales (en combates donde no hay heridos) y solapan la acción clandestina de escuadrones de la muerte.
No se trata de rendirse ante los criminales ni de abandonar a un solo mexicano a su suerte. Se trata de que las fuerzas armadas no le hagan más el juego de la guerra a Felipe Calderón y salgan de esa emboscada político-propagandística.
Se trata de que se sienten en la mesa de diálogo, escuchen lo que las víctimas de la guerra tienen que decir y entreguen a la nación cuentas claras.
Tomado de Milenio 2011-08-19
lunes, 8 de agosto de 2011
jueves, 14 de julio de 2011
Militares a juicio
Por Los Moneros
La Jornada, julio 14 de 2011
 |
| -El fuero se encogió- Cartón de Helguera |
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| -Solución- Cartón de Hernández |
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| -Todos los juguetes- Cartón de Fisgón |
La Jornada, julio 14 de 2011
miércoles, 13 de julio de 2011
Restricción al fuero castrense.
Militares que violen garantías serán juzgados por civiles: SCJN
•El fallo histórico del máximo tribunal, ante orden de la CIDH en el caso Rosendo Radilla
•Faculta a todos los jueces del país para que sus sentencias se apeguen a tratados internacionales
Gustavo Castillo y Fernando Camacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
Las resoluciones históricas dictadas ayer por el máximo tribunal del país se dieron a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac, Guerrero, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.
Asimismo, otorgó facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, con lo que modificó la posición que había asumido en los últimos 70 años de ser el único órgano mexicano que podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.
De esta manera, seguirá discutiendo los alcances de la sentencia de la CIDH y su aplicación formal en el ámbito jurídico nacional, mientras los integrantes del Poder Legislativo modifican constitucionalmente el fuero militar para que esté en coincidencia con los acuerdos firmados por México en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a que todas las violaciones de garantías individuales deben ser sancionadas por jueces civiles.
La SCJN concedió así una de las demandas que diversas organizaciones civiles habían planteado durante los últimos años, en el sentido de que tribunales civiles juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que violen los derechos humanos, y con ello se adelanta a cinco casos que están siendo analizados en tribunales internacionales.
La medida podrá llevarse a cabo una vez que la Corte emita el engrose de este caso y para los que ocurran posteriores a su entrada en vigor, sin que tenga efectos para sucesos como los ocurridos durante la guerra sucia.
Los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN; Sergio Salvador Aguirre Anguiano; José Ramón Cossío Díaz, ponente; José Fernando Franco Salas; Arturo Zaldívar Lelo de La rrea; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales; Sergio Armando Valls Hernández; Olga María Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia determinaron aceptar esa restricción al fuero establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, conforme lo había ordenado la CIDH.
Los ministros determinaron por unanimidad que "todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional", a fin de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas.
Además, para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo primero constitucional, por unanimidad también resolvieron que la SCJN "deberá reasumir su competencia originaria en relación con casos concretos existentes y a futuro en materia de desaparición forzada", ya que "en su calidad de órgano jurisdiccional límite del Estado mexicano, se cumpla con la obligación que dicta la sentencia de la CIDH y establezca criterios unificadores en la materia".
Incompatibilidad con la Convención Americana
El ministro Cossío Díaz, quien fungió como ponente del tema por la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que "el corazón del proyecto" consistía en señalar que "por ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles", y por ello la CIDH "determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez tribunal ordinario".
En tanto, el ministro Lelo de Larrea expuso: “esta Suprema Corte y todos los tribunales del país estamos obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convención, y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar, no porque nosotros lo decidamos –reiteró–, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y que nos vincula”.
Sergio Valls Hernández señaló que esto es un mensaje "para el Legislativo de que haga una serie de reformas". Pero –explicó– “esto no obsta para que la Suprema Corte pueda emitir criterios en particular –frente a asuntos que sabemos que ya están en puerta– que se establezcan sobre el artículo 59 del Código de Justicia Militar y sobre el artículo 215 del Código Penal Federal”.
Antes de llegar al tema del fuero militar, los ministros emitieron una votación dividida de siete contra tres, para conceder que todos los tribunales del país puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.
De esta manera, "todos los jueces nacionales están obligados a ejercer un control de convencionalidad en el que analicen la compatibilidad de una determinada norma frente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación que sobre los mismos emitan los órganos especializados", y ahora tendrán facultades para enjuiciar a militares que violen las garantías individuales de los ciudadanos.
La Jornada, miércoles 13 de julio de 2011, p. 2
•El fallo histórico del máximo tribunal, ante orden de la CIDH en el caso Rosendo Radilla
•Faculta a todos los jueces del país para que sus sentencias se apeguen a tratados internacionales
Gustavo Castillo y Fernando Camacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
Las resoluciones históricas dictadas ayer por el máximo tribunal del país se dieron a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac, Guerrero, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.
Asimismo, otorgó facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, con lo que modificó la posición que había asumido en los últimos 70 años de ser el único órgano mexicano que podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.
De esta manera, seguirá discutiendo los alcances de la sentencia de la CIDH y su aplicación formal en el ámbito jurídico nacional, mientras los integrantes del Poder Legislativo modifican constitucionalmente el fuero militar para que esté en coincidencia con los acuerdos firmados por México en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a que todas las violaciones de garantías individuales deben ser sancionadas por jueces civiles.
La SCJN concedió así una de las demandas que diversas organizaciones civiles habían planteado durante los últimos años, en el sentido de que tribunales civiles juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que violen los derechos humanos, y con ello se adelanta a cinco casos que están siendo analizados en tribunales internacionales.
La medida podrá llevarse a cabo una vez que la Corte emita el engrose de este caso y para los que ocurran posteriores a su entrada en vigor, sin que tenga efectos para sucesos como los ocurridos durante la guerra sucia.
Los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN; Sergio Salvador Aguirre Anguiano; José Ramón Cossío Díaz, ponente; José Fernando Franco Salas; Arturo Zaldívar Lelo de La rrea; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales; Sergio Armando Valls Hernández; Olga María Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia determinaron aceptar esa restricción al fuero establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, conforme lo había ordenado la CIDH.
Los ministros determinaron por unanimidad que "todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional", a fin de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas.
Además, para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo primero constitucional, por unanimidad también resolvieron que la SCJN "deberá reasumir su competencia originaria en relación con casos concretos existentes y a futuro en materia de desaparición forzada", ya que "en su calidad de órgano jurisdiccional límite del Estado mexicano, se cumpla con la obligación que dicta la sentencia de la CIDH y establezca criterios unificadores en la materia".
Incompatibilidad con la Convención Americana
El ministro Cossío Díaz, quien fungió como ponente del tema por la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que "el corazón del proyecto" consistía en señalar que "por ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles", y por ello la CIDH "determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez tribunal ordinario".
En tanto, el ministro Lelo de Larrea expuso: “esta Suprema Corte y todos los tribunales del país estamos obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convención, y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar, no porque nosotros lo decidamos –reiteró–, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y que nos vincula”.
Sergio Valls Hernández señaló que esto es un mensaje "para el Legislativo de que haga una serie de reformas". Pero –explicó– “esto no obsta para que la Suprema Corte pueda emitir criterios en particular –frente a asuntos que sabemos que ya están en puerta– que se establezcan sobre el artículo 59 del Código de Justicia Militar y sobre el artículo 215 del Código Penal Federal”.
Antes de llegar al tema del fuero militar, los ministros emitieron una votación dividida de siete contra tres, para conceder que todos los tribunales del país puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.
De esta manera, "todos los jueces nacionales están obligados a ejercer un control de convencionalidad en el que analicen la compatibilidad de una determinada norma frente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación que sobre los mismos emitan los órganos especializados", y ahora tendrán facultades para enjuiciar a militares que violen las garantías individuales de los ciudadanos.
La Jornada, miércoles 13 de julio de 2011, p. 2
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