jueves, 28 de julio de 2011

Firma de carta.

Si estás de acuerdo en que NO se abra un periodo extraordinario en el Congreso, súmate a la carta de



Otra vez, no más sangre. Firma la carta aquí

miércoles, 27 de julio de 2011

Otra vez, no más sangre.

Desde enero del presente año, los abajo firmantes hemos llamado a frenar la violencia generada por el accionar de la delincuencia y por la estrategia oficial supuestamente orientada a contenerla.

Hoy alertamos sobre el peligro de que el Poder Legislativo realice un periodo extraordinario de sesiones que, de llevarse a cabo, permitiría la aprobación de una ley de seguridad nacional autoritaria, policial y militarista, y de una reforma laboral que le quitaría derechos fundamentales a los trabajadores y agravaría la catástrofe social de la que se nutre la delincuencia.

Uno y otro proyectos, lejos de contribuir a la paz, alentarían la guerra y la violencia en el país. Traerían aún más sangre. Por ello, en caso de que se apruebe la realización del periodo extraordinario, convocaremos a la movilización ciudadana para impedir cualquier reforma legal que se pretenda imponer al vapor y de espaldas a la población.

Colectivo No Más Sangre.

Eduardo del Río (Rius), Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Bruno Bichir, Édgar Cortez, Rocío Culebro, Antonio Helguera, Elisa Godínez Pérez, Nelly Muñohierro, Jesús Ramírez Cuevas, Gabriel Ramírez Cuevas, Antonio Helguera, José Hernández, María Villa, Pedro Miguel, Rafael Barajas (El Fisgón), Adrián F. Luján, René Sánchez Galindo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Correo Ilustrado
La Jornada, 27 de julio de 2011

martes, 26 de julio de 2011

Polémica en torno a la conducción del Movimiento por la Paz.

Señor director:

Escribo estas líneas con el ánimo de que el señor Javier Sicilia haga un alto en el camino y revise hacia dónde se están dirigiendo sus acciones.

Enarbolando inicialmente la bandera de las víctimas Sicilia, por un lado, ha olvidado a la sociedad (que también es víctima, no sólo de la inseguridad, sino de la injusticia económica) y, por otro, impulsa en los hechos la agenda de los más poderosos en este país.

Cuando Sicilia exige “reforma política ya” parece no darse cuenta de que en este país el duopolio televisivo influye de manera determinante en la población. El noble objetivo del poeta palidece cuando se hace un análisis de la realidad mexicana: una candidatura ciudadana sería construida por la televisión y los grandes capitales (que además no pagan impuestos). Hablemos con claridad y sin romanticismos: la reforma política significa pasar de la partidocracia que los ciudadanos rechazamos, a la teledictadura en la que la ciudadanía sería sometida y que también rechazamos.

Sicilia se pronuncia en todos los foros por una reforma política que fomente la participación efectiva de la ciudadanía. Sin embargo, la reforma aprobada por los senadores que se discute en San Lázaro no contempla la creación de las figuras de referéndum, plebiscito o revocación de mandato, indispensables para fortalecer la democracia participativa. Esta omisión tan relevante es ignorada y/u omitida por Sicilia, quien parece conformarse con las candidaturas independientes, curiosamente tan funcionales para los grandes capitales y personajes influyentes, que esperan con ansias participar directamente en política sin verse restringidos por los partidos. A esto también debe sumársele la declaración de Sicilia en la que se pronuncia a favor de un candidato ciudadano de unidad en 2012, al margen de los partidos.

¿En verdad cree Sicilia que esa es la solución a los problemas del país? Lo que se requiere es apoyar decididamente el proyecto alternativo de Morena, que plantea soluciones de raíz para terminar con la violencia, en lugar de seguir con el enfoque de guerra de los gobiernos del PRIAN.

Voy aún más lejos: en el último texto publicado por Sicilia (Proceso 1811) señala: “(…) mientras continúen parasitando a la ciudadanía y se nieguen a darle instrumentos políticos de participación vía una profunda Reforma Política”, al tiempo que la solicitud de Felipe Calderón al Congreso para que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones se sostiene: “El país requiere una reforma política de fondo que permita ampliar el ejercicio de las libertades y las capacidades ciudadanas…”.

Las coincidencias entre ambos textos lamentablemente se reproducen en un tema aún más dañino para la sociedad, como es la legalización de los anticonstitucionales actos del Ejército. Mientras Calderón afirmó: “La ley (…) requiere ser revisada para que (…) se apruebe y publique las reformas que permitan mejores instrumentos legales para garantizar la seguridad de todos los mexicanos”, sin distinguir entre seguridad pública y seguridad nacional (uso de las Fuerzas Armadas), Sicilia, por su parte, habló sobre la necesidad de “…una verdadera Ley de Seguridad y de Víctimas”, cayendo en la misma omisión del ocupante de Los Pinos.

No conozco a Javier Sicilia y no puedo afirmar por qué actúa de esa manera. Lo que sí sé es que está apoyando muy fuertemente la agenda de quienes no pagan impuestos, de quienes monopolizan la riqueza de nuestra patria, de quienes han propiciado la inseguridad y de quienes sacaron al Ejército a las calles y han producido tanto dolor. Hago entonces un llamado a que reconsidere sus posturas y decisiones, para que un fin noble, humano y loable no termine siendo una bandera que catapulte la agenda de los poderosos.

Atentamente

René Sánchez Galindo

Respuesta de Javier Sicilia

Querido René:

Mil gracias por su carta. Mil gracias por las observaciones que en ella vierte. Sus argumentos me son familiares. Los he escuchado mucho de mis amigos que están cerca de López Obrador y de Morena. Un hombre y un Movimiento por los que siento un inmenso respeto y una profunda admiración. Sin embargo, siento que ustedes no comprenden mi posición y la de muchos ciudadanos de este país a los que el 20 de julio acompañé a la Cámara de Senadores a exigir “reforma política ya”. Obnubilados por lo ideológico, miran, al igual que Felipe Calderón, de manera puritana, pero en el otro extremo, y por ello, como le sucede a Calderón y a la clase política, pierden de vista la emergencia nacional en la que nos encontramos y la necesidad de buscar un candidato y una agenda de unidad nacional.

Hasta hoy en día, los ciudadanos no hemos tenido instrumentos de participación ciudadana para fiscalizar y castigar a nuestros políticos –de allí la corrupción que impera en todos lados–. Si usted revisa el documento que leímos el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México y lee el punto 6, se dará cuenta que una de nuestras demandas es la Reforma Política con los agregados de revocación de mandato, plebiscito, voto blanco, limitación del fuero. Lo exigimos desde entonces y desde entonces nadie tomó ese camino. Empecinados en pelearse en función de intereses partidistas, los diputados simplemente obstaculizaron la reforma incompleta que aún está en sus manos y que contempla sólo dos verdaderos instrumentos de participación ciudadana: los candidatos independientes y las iniciativas ciudadanas.

A causa de las dilaciones de la Cámara, de discusiones partidistas, ideológicas y mezquinas, de que una gran parte de la ciudadanía no ha viso la importancia de la Reforma Política, nadie atendió la necesidad de ampliar esa reforma. Ahora la única que tenemos es ésa. Insisto en que hay que aprobarla –la política del todo o nada es la política del fracaso– y después luchar por ampliarla en el sentido en que lo pide el punto 6 del documento del 8 de mayo y en el que usted mismo indica. Es lo único que podemos tener para, al menos, buscar un candidato civil de unidad nacional frente a la emergencia que vivimos y la necesidad de salvar la democracia.

Usted, sin embargo, me reprocha que eso es darle entrada a la teledictadura. Esa ya existe, querido René. ¿Quién es Peña Nieto sino el candidato de lo que usted llama teledictadura? ¿Qué fue la guerra sucia de las pasadas elecciones contra AMLO? Por desgracia, las elecciones que se avecinan no serán las del sexenio anterior. Me encantaría que lo fueran, porque entonces la lucha democrática tendría sentido. Serán, por desgracia –en las circunstancias de la guerra de Calderón, la corrupción de las instituciones y de los partidos, y la impunidad con la que la delincuencia vive–, las de la ignominia: gane quien gane sólo lo hará para continuar administrando la desgracia de esta nación. La razón está a la vista: ningún partido ganará esas elecciones con la mayoría ciudadana –vea simplemente las del Estado de México: El PRI las ganó con el veintitantos por ciento del electorado, es decir, las ganó sin legitimidad alguna– y sin la anuencia de los cárteles –hay zonas en el país en las que no será posible colocar una casilla sin esa anuencia.

Por ello, me parece que sólo con un candidato de unidad nacional se puede lograr rescatar la democracia. Las candidaturas ciudadanas –en la conciencia que se ha despertado en el país– pueden ser esa mínima vía siempre y cuando los partidos lo entiendan y, dejando sus mezquindades, se pongan verdaderamente al servicio de la nación.

Aunque López Obrador y Morena me simpatizan mucho, no son, por desgracia, la unidad nacional. ¿Cómo construirla? Ese es el desafío ciudadano, un desafío inédito y necesario, un desafío que, tomando en cuenta una mirada profunda del país, que tiene que ver con rehacer el tejido social de cada parte de la nación, nos una a todos para crear el mínimo suelo, sin el cual la democracia dejará de existir. Le sugiero, por lo demás, que relea el discurso ante Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec y el discurso de apertura de las mesas de trabajo para el seguimiento del diálogo con el Ejecutivo: verá que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad busca una Ley, contraria a la de Calderón, ciudadana y que tome en cuenta las múltiples necesidades del país. Nuestra apuesta es por la ciudadanización del Estado y la paz de la nación, no por su partidización, sea del color que sea.

Vivimos un parteaguas histórico donde la realidad y los ciudadanos han rebasado las viejas formas de la vida política. Tenemos que sacar de allí algo nuevo y distinto, algo verdaderamente humano, algo que trascienda la forma en que el Estado –una construcción histórica en crisis– ha vivido hasta ahora. Es un camino largo, pero por el momento  –es lo que creo junto con muchos–sólo podemos hacerlo rehaciendo su vida moral mediante una candidatura ciudadana de unidad nacional trabajada por los ciudadanos. ¿Cómo se insertaría Morena, más allá de AMLO y de la partidocracia, en una búsqueda de esa naturaleza? Es una pregunta necesaria, que busca una respuesta necesaria.

Paz, Fuerza y Gozo

Javier Sicilia

La Redacción
Revista Proceso #1812

Edición México, Palabra De Lector
23 de julio de 2011

jueves, 14 de julio de 2011

Militares a juicio

Por Los Moneros
-El fuero se encogió- Cartón de Helguera



-Solución- Cartón de Hernández
-Todos los juguetes- Cartón de Fisgón

La Jornada, julio 14 de 2011

miércoles, 13 de julio de 2011

Restricción al fuero castrense.

Militares que violen garantías serán juzgados por civiles: SCJN

•El fallo histórico del máximo tribunal, ante orden de la CIDH en el caso Rosendo Radilla
•Faculta a todos los jueces del país para que sus sentencias se apeguen a tratados internacionales

Gustavo Castillo y Fernando Camacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.

Las resoluciones históricas dictadas ayer por el máximo tribunal del país se dieron a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac, Guerrero, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.

Asimismo, otorgó facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, con lo que modificó la posición que había asumido en los últimos 70 años de ser el único órgano mexicano que podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.

De esta manera, seguirá discutiendo los alcances de la sentencia de la CIDH y su aplicación formal en el ámbito jurídico nacional, mientras los integrantes del Poder Legislativo modifican constitucionalmente el fuero militar para que esté en coincidencia con los acuerdos firmados por México en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a que todas las violaciones de garantías individuales deben ser sancionadas por jueces civiles.

La SCJN concedió así una de las demandas que diversas organizaciones civiles habían planteado durante los últimos años, en el sentido de que tribunales civiles juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que violen los derechos humanos, y con ello se adelanta a cinco casos que están siendo analizados en tribunales internacionales.

La medida podrá llevarse a cabo una vez que la Corte emita el engrose de este caso y para los que ocurran posteriores a su entrada en vigor, sin que tenga efectos para sucesos como los ocurridos durante la guerra sucia.

Los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN; Sergio Salvador Aguirre Anguiano; José Ramón Cossío Díaz, ponente; José Fernando Franco Salas; Arturo Zaldívar Lelo de La rrea; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales; Sergio Armando Valls Hernández; Olga María Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia determinaron aceptar esa restricción al fuero establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, conforme lo había ordenado la CIDH.

Los ministros determinaron por unanimidad que "todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional", a fin de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas.

Además, para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo primero constitucional, por unanimidad también resolvieron que la SCJN "deberá reasumir su competencia originaria en relación con casos concretos existentes y a futuro en materia de desaparición forzada", ya que "en su calidad de órgano jurisdiccional límite del Estado mexicano, se cumpla con la obligación que dicta la sentencia de la CIDH y establezca criterios unificadores en la materia".

Incompatibilidad con la Convención Americana

El ministro Cossío Díaz, quien fungió como ponente del tema por la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que "el corazón del proyecto" consistía en señalar que "por ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles", y por ello la CIDH "determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez tribunal ordinario".

En tanto, el ministro Lelo de Larrea expuso: “esta Suprema Corte y todos los tribunales del país estamos obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convención, y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar, no porque nosotros lo decidamos –reiteró–, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y que nos vincula”.

Sergio Valls Hernández señaló que esto es un mensaje "para el Legislativo de que haga una serie de reformas". Pero –explicó– “esto no obsta para que la Suprema Corte pueda emitir criterios en particular –frente a asuntos que sabemos que ya están en puerta– que se establezcan sobre el artículo 59 del Código de Justicia Militar y sobre el artículo 215 del Código Penal Federal”.

Antes de llegar al tema del fuero militar, los ministros emitieron una votación dividida de siete contra tres, para conceder que todos los tribunales del país puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.

De esta manera, "todos los jueces nacionales están obligados a ejercer un control de convencionalidad en el que analicen la compatibilidad de una determinada norma frente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación que sobre los mismos emitan los órganos especializados", y ahora tendrán facultades para enjuiciar a militares que violen las garantías individuales de los ciudadanos.

La Jornada, miércoles 13 de julio de 2011, p. 2

martes, 12 de julio de 2011

Marinos ganan terreno a “Los Zetas” en Tamaulipas.

• Ciudades recuperadas por las fuerzas del orden intentan regresar a la normalidad tras ser escenarios de intensas balaceras.

Por Alberto Torres y Francisco Gómez.

Bienvenidos a El Hoyo. Esta es la zona de combate en el frente de guerra entre la Marina y el cártel de Los Zetas, ubicada entre Nuevo Laredo y Ciudad Mier. Es la llamada frontera chica de Tamaulipas, lo que fue el último bastión de los integrantes de este cártel antes de ser replegados hacia Nuevo León y el desierto de Coahuila.


El comandante Pakal pasa revista a su patrulla: “¿Lanzagranadas de .40 automático? Confirmado. ¿Equipo de choque, cómo vienes? Todo bien, estamos listos. ¡Uuurraaa señores. Uuurra! Una vez más al Hoyo. Una vez más al Hoyo. A ver si hoy van a la fiesta. Están invitados”, dice por el radio de frecuencia abierta, el cual es monitoreado por los comandos armados de Los Zetas.

Este territorio, compuesto por las ciudades de Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nueva Ciudad Guerrero hasta Nuevo Laredo, era el bastión más estratégico para Los Zetas, de acuerdo con informes de la Marina Armada de México. Por las rancherías, las brechas y en especial por la presa Falcón, pasaban el mayor número de sus cargamentos de droga, mismos que eran desembarcados en las playas de San Fernando, provenientes del golfo de México.

De acuerdo con información de inteligencia naval, Los Zetas fueron obligado a abandonar las zonas que dominaban en Tamaulipas, por lo que trasladó su disputa hacia Nuevo León, Coahuila y Zacatecas.

El primer territorio reconquistado por las tropas de la Armada fue Ciudad Miguel Alemán. Ahí está el cuartel central, un hotel, del cual acaba de salir esta patrulla de siete camionetas. Las ventanas baleadas de la Oficina de Táctica, con un escritorio, una computadora portátil, una mesa, dos sillones, tres sillas, dos mapas y una despensa, recuerdan que esta es zona de conflicto. La ciudad intenta volver a la normalidad, una pizzería enfrente está abierta. Los pocos habitantes que hay rehúsan hablar.

“Nuestra composición son tres secciones de fusileros y somos infantería motorizada, cada sección de fusileros está a bordo de vehículos Pick-Up todo terreno 4x4 y cada vehículo alberga un pelotón de fusileros con armas combinadas. Vamos a dar un paseo”, dice el comandante Pakal. Siempre va al frente, en la primera unidad, en el asiento del copiloto. Pone música de los 80: Like a Virgin de Madonna; María Magdalena de Sandra Cretu; Hot Stuff, Donna Summer; Billy Jeen de Michael Jackson; Land down under de Men at work; Live is life de Opus y de nuevo Michael Jackson con Thriller.

Operaciones de guerra

Llegan al segundo territorio recuperado, Ciudad Mier. Aquí la comandancia de policía había sido quemada y casi destruida por un ataque con granadas. Hasta diciembre de 2010 se encontraba en esas condiciones. Ahora ha sido remodelada, con las paredes revestidas y las ventanas nuevas parece una pequeña fortaleza.

Las casas y comercios que habían sido incendiados y baleados, igual que el monumento emblemático de Mier, que tenía miles de impactos de balas de AK-47, de granadas y rifles M-15, también fueron resanados y pintados. Es una ciudad remodelada, limpia y en aparente orden, a la que le faltan los pobladores y las autoridades civiles.

“En tiempos de guerra nos especializamos en combates irregulares; en tiempos de paz, salvaguardar la integridad de la población civil y mantener el Estado de derecho y en tiempos de conflictos de baja intensidad, como ahorita, efectuar operaciones de guerra, de contraguerrilla, contra las unidades hostiles que usan tácticas de guerrilla. Como Los Zetas”, dice el comandante Pakal.

En Nueva Ciudad Guerrero, una denuncia alerta de civiles armados, supuestos zetas, en la zona del panteón municipal. Este poblado, dicen los marinos, también ya fue recuperado. Alguna que otra vez entran una o dos camionetas de delincuentes para robar víveres, pero ya no son caravanas. Aseguran que los criminales están debilitados, desde hace tres semanas no les pagan y les han ordenado “enterrar las armas y las camionetas e irse, hasta que se vayan los marinos”, según han escuchado por los radios.

Aún así, en el hotel que está frente al restaurante Tony’s, que antes fue cuartel zeta, hay una compañía de infantes de Marina atrincherada. Un camión de transporte de tropas hace las veces de portón automático. Y en los costados, detrás de trincheras hechas de costales con arena, hay marinos pertrechados al acecho de los criminales.

Las calles están desiertas, la gente se encuentra en sus casas. Es domingo. La explanada de la Presidencia Municipal y la escuela lucen limpias. Sin marcas de disparos. En la carretera hasta esta población ya no se ven autos baleados, ni quemados. De lunes a viernes hay brigadas, que kilómetro a kilómetro limpian, cambian letreros baleados y borran pintas realizadas por los cárteles.

Van por el “Catorce”

Los enfrentamientos que marinos y zetas han tenido en esta zona van desde 10 minutos, hasta mediodía o una noche entera. Ante el armamento de alto calibre que usan Los Zetas, que entre sus filas tienen a kaibiles, se han utilizado cortinas de fuego con lanzagrandas. Las rancherías El Quinientos, Las Crucitas, La Palma, Rancho Las Blancas y San Ygnacio han sido testigos. Ahí están las huellas: una camioneta baleada y extensiones de vegetación quemadas.

“Señores. Cambiamos de código naranja a código rojo, desde este momento y hasta nuevo aviso. Atentos”, dice el capitán Baloo, al mando de las radiocomunicaciones, al momento que esta patrulla sale de Nueva Ciudad Guerrero con dirección a Nuevo Laredo. En el cementerio no encontraron a los hombres armados. Se piensa van hacia lo que llaman El Hoyo, el último bastión de Los Zetas. En el GPS satelital no marca unidades en movimiento.

El comandante Pakal ordena bajar las ventanas. Abre el quemacocos y sube el volumen. Suena Can’t take my eyes off you, en la versión disco, interpretada por los Boys Town Gang y sus trompetas triunfales: I love you, baby. Trust in me when I say: Oh, pretty baby. Don’t bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay And let me love you, baby. Let me love you.

“Señores. Señores. Entramos a El Hoyo. Atentos. El primero que vea al Catorce, dispara. Vamos a ver si esta vez no corres, sé que nos estás escuchando”, dice el capitán Baloo. El primero en bajarse es el comandante Pakal. Registran una vieja tienda abandonada, encima de una loma. Está vacía, al igual que todos estos poblados y caminos. Kilómetros adelante, en la entrada al poblado Viejo Guerrero hay una camioneta baleada y quemada. Dicen que es la huella del último enfrentamiento hace un par de días.

Tomado de El Universal, martes 12 de julio de 2011


lunes, 11 de julio de 2011

Narcoviolencia. Familiares de desaparecidos se quejan de represalias por denunciar a la Marina

•Elementos de la Armada torturan en Coahuila a detenidos, acusa ONG

Por Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada



-Conózcanlo- Cartón de Helguera


Nuevo Laredo, Tamps. Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez sabía que arriesgaba su vida al denunciar a la Armada de México por la desaparición de su esposo, José Fortino Martínez Martínez, a manos de marinos, pero nunca imaginó las consecuencias. Un día después de que algunos medios nacionales, entre ellos La Jornada, publicaron su historia, su casa fue balaceada con armas de grueso calibre. Le dejaron 40 agujeros en la fachada.

Fue la madrugada del domingo pasado. Eran las tres de la mañana y su coche estaba estacionado fuera y la luz exterior de la casa encendida. Pero afortunadamente ella estaba dormida con sus cuatro hijos en la vivienda de su madre. Dios la salvó, dice, aunque el mensaje surtió efecto: ha decidido exiliarse en Estados Unidos y prefiere dejar de buscar a su marido para proteger a sus hijos. "Ya no quiero saber nada, ya no quiero pedir justicia. Que se haga lo que Dios quiera".

Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cosas están claras: "es un mensaje de vida o muerte para quienes andamos denunciando a los marinos".

En Nuevo Laredo son 15 los casos de desaparición forzada atribuidos a la Armada, ocurridos del primero al 23 de junio pasado. En todos los casos, marinos portando uniforme y viajando en vehículos oficiales secuestraron a hombres que ahora están desaparecidos. Sin orden de cateo, sin orden de detención se los llevaron.

Los familiares tienen fotos y videos que demuestran cómo los marinos mantuvieron por horas en el hotel Santa Mónica a los secuestrados e incluso a algunos en el aeropuerto. Y saben algo más: que a todos se los llevaron finalmente a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo –donde la Marina hizo un campamento–, en Hidalgo, Coahuila. Pero ninguna autoridad ha hecho nada. Ni la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, ni la PGR, ni la SIEDO. Ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado recomendación alguna. Por eso, los familiares se han visto en la indefensión absoluta.

“Hemos tomado una decisión muy vergonzosa, muy humillante, que es decir a la Secretaría de Marina: ‘vamos a retirar las denuncias, ya no vamos a hacer ningún cuestionamiento público, solamente presenten a nuestros familiares vivos o muertos. Si quieren de manera anónima. Dígannos dónde están y nos olvidamos del asunto’”, afirma Ramos, que ha solicitado medidas cautelares para las esposas, madres y hermanas que presentaron las denuncias.

"En el discurso existen los derechos humanos, en el discurso existe la protección a las familias que denuncian la violencia del Estado, pero en la realidad no. Se supone que vivimos en un estado de derecho, y renunciar a la justicia, a la formalidad de un procedimiento jurídico es muy humillante".

Impunidad endémica

Otras madres han decidido continuar. "Los tenemos que encontrar vivos o muertos. Nos tienen que decir dónde quedaron", advierte María Isabel Martínez Alarcón, madre de Diego Omar Guillén Martín, desaparecido por marinos el 4 de junio. Vive en la colonia Mirador, donde la Armada secuestró a otro hombre el mismo día: "A las 10 de la noche mi hermano fue a la farmacia con su esposa en su coche. Llegaron los marinos, lo bajaron de su carro, le pidieron a su esposa que se retirara. Él les preguntó la razón por la que se lo llevaban, si no había cometido delito alguno. Se defendió. Forcejeó y le pusieron la chicharra eléctrica, hasta que desfalleció. Luego le pusieron las esposas y lo cargaron entre varios. Otro marino se llevó su coche", señala Ana Gómez Rivera.

Se trata de Usiel Gómez Rivera, mecánico de 33 años. Fue secuestrado por personal de la Marina en la vía pública: “fuimos a Hidalgo, Coahuila, al campamento que tienen allá. Vimos salir camionetas grises de la corporación. Cuando fuimos se nos ponchó una llanta cerca del campamento. Y salieron unos marinos. Les dijimos que íbamos buscando a mi hermano y uno nos respondió: ‘Por lo menos su familiar cayó en manos de nosotros, si hubiera caído en manos del Ejército ya lo hubieran matado’”.

La noche que se lo llevaron, algunos marinos fueron a la casa de Osiel, donde se encontraba su hijo de 13 años junto a otros niños de la familia: "mi sobrino no sabía nada. Rodearon la casa apuntando con armas largas. No encontraron nada. Y asustaron a los niños".

Las escenas de los abusos de marinos cometidos en Nuevo Laredo se han vuelto cotidianas. Violan las garantías individuales con total impunidad. Cuenta que ese mismo día en una pizzería había 15 trabajadores de una fábrica cercana donde labora su sobrina. Elementos de la Marina llegaron al lugar para catear a los comensales: "los tuvieron desde la una hasta las tres de la tarde supuestamente investigándolos. Me quedé sorprendida porque se supone que ellos nos vienen a traer seguridad, y lo que nos están dando es inseguridad, secuestrando gente".

Explica que tienen un video que presentaron a la procuraduría de Tamaulipas y a la PGR, donde se ve claramente que los marinos llevan a su hermano al hotel Santa Mónica la misma noche del secuestro. En las imágenes también se ve cómo un marino estaciona el auto de Usiel Gómez Rivera: "cuando salen se ven las camionetotas de la Marina y en medio el carro de mi hermano, y se ve cuando lo sacan para llevárselo quién sabe adónde. Queremos la verdad. Estamos desesperados. Así como ellos se lo llevaron, quiero que me lo entreguen con vida, porque no es justo lo que están haciendo. Si ya les mostramos las pruebas, ¿qué más quieren? La Marina los tiene".

Los elementos de la Marina siguen patrullando la colonia Mirador: "no dejan de pasar por las calles. Catean y se llevan gente. Se estacionan en la esquina de la casa y se ponen a platicar con mujeres y están coqueteando todo el tiempo. No sé qué trabajos están haciendo. Si van en plan de conquista o supuestamente a darnos seguridad o inseguridad. Se están llevando gente inocente. Están violando la ley. Supuestamente son 72 horas y aquí los tienen hace más de un mes".

"No se muevan o disparamos"

El 3 de junio a las dos de la madrugada, Ana Alejandra López escuchó ruidos en el exterior del rancho que cuida su esposo, Joel Díaz Espinosa, cerca de Nuevo Laredo. Se asomó por la ventana y vio a un marino con uniforme, quien le apuntó con un arma larga y dijo: "no se muevan o disparamos".

Agrega: "mi esposo lo que hizo fue abrazarme y decirme que me quería mucho. En esos momentos entraron unos cinco hombres vestidos con uniforme militar y chalecos que decían Marina y armados con metralletas y se llevaron a mi esposo por la fuerza".

Aturdida y asustada, Ana Alejandra preguntó: "¿Adónde se lo llevan?" Uno de ellos le advirtió: "No salga de su casa y no avise a nadie. Si lo hace vendremos por usted también".

Los marinos arrastraron a Joel, y Ana Alejandra pudo ver desde un orificio de la puerta cómo lo golpearon antes de subirlo a un vehículo oficial. Uno se quitó el casco y con él le pegó en la cabeza, mientras otro le daba puñetazos en el rostro.

Por el secuestro y la desaparición forzada a manos de elementos de la Marina, presentó una denuncia ante la PGR con sede en Nuevo Laredo, donde también están integradas otras desapariciones del mismo tipo en la averiguación previa penal número 1994-III/2011.

También interpusieron un amparo por la desaparición de José Cruz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vásquez, Diego Omar Guillén, Usiel Gómez Rivera, Alejandro Gil Martínez Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (estos últimos son padre e hijo).

"Faltan algunos nombres de los 15 desaparecidos, pero sus familias no quieren ventilarlos públicamente porque tienen miedo. La Marina llegó la primera semana de mayo. Le teníamos cierta confianza. Empezamos a ver patrullajes en convoyes de 10 a 15 o 30 vehículos. Pero a las semanas siguientes comenzaron a hacer cateos ilegales y a torturar personas en un campamento que tienen a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, en Hidalgo, Coahuila", afirma Raymundo Ramos.

Las primeras desapariciones no fueron denunciadas, pero hay numerosos testimonios al respecto: "una vez que los torturaban, los liberaban. A partir del día primero de junio empiezan a hacer detenciones ilegales. Llegaron a detener 15 personas o más. Y en la mayoría de los casos fueron a sus domicilios cuando estaban dormidos y los sacaron. Se los llevaron al campamento de Hidalgo, Coahuila, y ya no los regresaron. Hay fotos y videos que prueban que ellos fueron los que hicieron las detenciones ilegales".

La Armada negó los hechos en un principio. Luego reconoció en un comunicado el pasado primero de julio que tuvo contacto con seis de los 15 desaparecidos: José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera, pero aseguró que “hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado, y menos aún privado ilícitamente de su libertad a estas personas”.

Domingo 10 de julio de 2011, p. 2

lunes, 4 de julio de 2011

Situación actual del lavado de dinero en México, su marco jurídico y la insuficiencia de la iniciativa de Felipe Calderón y la Minuta del Senado en esta materia

Por Mario Di Costanzo Armenta
Junio, 2011 
    1. Antecedentes:
El propio Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional afirman que “México se enfrenta ahora a una amenaza a su estabilidad y a su seguridad nacional sin precedentes, por el tráfico de drogas y la delincuencia organizada”.
Agregan que “los poderosos cárteles de la droga, que recurren a la violencia extrema, han extendido sus actividades en diversas partes del país. Estas actividades suponen un importante desafío para el gobierno”.
Sin embargo, es un hecho que en nuestro país mientras que las autoridades no combatan de manera efectiva el “lavado de dinero”, de nada servirá combatir con el ejército al crimen organizado y es que de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en nuestro país, los delitos financieros como el lavado de dinero no son adecuadamente investigados.
Tan solo como un ejemplo entre 2008 y 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) impuso un record en las investigaciones abiertas por lavado de dinero. Al registrar 450, mientras que entre 2004 y 2007, los expedientes abiertos fueron solo 149.
Pese a ello, el promedio de sentencias que el gobierno logro para castigar este delito  fue muy bajo, y las condenas, salvo algunas excepciones, muy reducidas.
Cifras de la propia PGR revelan que la mayoría de las sentencias obtenidas en 2007 por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero, en aeropuertos del país, durante operativos contra el crimen organizado, o bien por denuncias anónimas.
En consecuencia, las sentencias son, generalmente, bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o la custodia de dinero y sólo en casos claramente vinculados con alguna organización delictiva, se consigna por delincuencia organizada, ilícito que tiene una penalidad mayor.
Ejemplos de algunos casos
  • Israel Clemente González, detenido el 4 de enero de 2006, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando llegaba en un vuelo procedente de Tijuana, Baja California, con 725 mil 594 dólares americanos ocultos en su equipaje.
    Clemente González fue sentenciado a siete años de prisión y una multa de 97 mil pesos por transportar recursos de procedencia ilícita con el fin de ocultar su origen.
  • Un caso similar es el de María Clemencia Uribe de Trujillo, de nacionalidad colombiana, y la venezolana Laura Patricia dos Ramos Orozco, también detenidas en el AICM en 2005 y 2006 cuando pretendían viajar con destino a Colombia y Panamá, respectivamente.
    Uribe llevaba ocultos 855 mil 379 dólares en el interior de accesorios automotrices, mientras Dos Ramos intentaba sacar del país 110 mil 366 dólares en el doble fondo de su maleta. La ciudadana colombiana fue sentenciada a siete años dos meses y 18 días de prisión, y al pago de 70 mil 200 pesos de multa, mientras a Dos Ramos se le impusieron cinco años tres meses y una multa de 48 mil 670 pesos.
  • Destaca la iniciada en contra del ciudadano mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon tras el aseguramiento de 205 millones de dólares en una casa de su propiedad en Las Lomas de Chapultepec, de la cual no se sabe más que la extradición de este personaje a los EUA .
    La PGR también tiene en curso indagatorias contra presuntos integrantes de los carteles de Sinaloa o del Pacífico, el Golfo y La Familia derivadas también de la incautación de fuertes sumas de dinero en divisas o de la detención de algunos integrantes de estas organizaciones. De las cuales aun no existen sentencias firmes sobre el Lavado de Dinero.
    Respecto del cartel del Pacífico, la PGR investiga por lavado de dinero a Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico y Jesús Raúl Beltrán Uriarte, conocido como El Tío, presunto lugarteniente de Ignacio Coronel. De las cuales aun no existen sentencias firmes sobre el Lavado de Dinero.
De esta manera un reporte de 2009 del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que pese a la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado en México, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias condenatorias por este ilícito desde 1989 a 2007; 14 de ellas fueron dictadas en 2007,
Más aún la mayor parte está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y prácticamente ninguna con el intercambio de información de inteligencia con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Y es que por ejemplo entre 2007 y el primer trimestre de 2011, a pesar de que la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado en México ha mostrado un considerable aumento, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, pues las autoridades mexicanas solamente han obtenido 20 sentencias condenatorias por este ilícito ; a pesar de que durante ese lapso la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha recibido 185 mil 677 reportes de operaciones “inusuales” en el sistema financiero del país, de las cuales fueron;  52 mil 958 en 2009, 46 mil 876 en 2010, y 10,509 al primer trimestre de 2011.
Por su parte durante el mismo período la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, recibió  576 reportes de operaciones que fueron catalogadas como “operaciones preocupantes”; 119 de este total fueron en 2009, 89 durante 2010 y 22  al primer trimestre de 2011, sin embargo, durante todo este tiempo sólo existen 20 sentencias condenatorias por este tipo de “ilícito”.
Conviene señalar que de acuerdo a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, se denominan “Operaciones Inusuales”, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras, o con su patrón habitual de comportamiento.
Por su parte las  “Operaciones preocupantes” son aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados.
Así por ejemplo en el sector bancario algunas de estas operaciones serian; la apertura de múltiples cuentas por la misma persona, o clientes que reiteradamente solicitan cheques de caja, y en el sector bursátil se consideran operaciones inusuales, a clientes que adquieren gran cantidad de acciones y las ponen a nombre de diferentes sociedades o personas.
El lavado de dinero ha evolucionado mucho, la revolución en las comunicaciones, las nuevas tecnologías que han trasformado la forma de hacer negocios, han sido utilizados por el crimen internacional para su beneficio. Actualmente, se pueden transferir ganancias ilícitas hacia jurisdicciones con menos obstáculos legales o pueden usar una variedad de mecanismos financieros, como las compañías "escudo", para encubrir la posesión de bienes y ocultar su verdadero origen y destino.
El Fondo Monetario Internacional estima que hay más de un millón de corporaciones "anónimas" de este tipo en el mundo.
Los mecanismos empleados en el lavado de capitales a nivel internacional, revisten modalidades innovadoras acordes a la naturaleza de cada país. Así entre las variantes más recientes, se han señalado el comercio de arte, la proliferación de credos religiosos o la aparente explotación de yacimientos mineros, actividades todas llevadas a cabo para introducir al sistema financiero de manera aparentemente legal ganancias obtenidas por actividades ilícitas.
Otras de las modalidades más novedosas, consisten entre otras en el uso de tarjetas de débito o de prepago en donde se hacen depósitos diarios y otras personas retiran esos depósitos desde otros países, lo cual permite mover grandes cantidades de efectivo de un país a otro prácticamente sin ningún control.
Una variante más, es la conocida como pitufeo que consiste en fraccionar trasferencias bancarias depositando poco dinero en muchas cuentas y los titulares de esas cuentas a su vez, giran cheques hacia una misma cuenta concentradora, enviándolo después hacia otros países.
Además de las habituales prácticas de compra de inmuebles, vehículos, joyas, centros de apuestas y los juegos de lotería, en últimas fechas ha surgido la práctica de cotizar de manera excesiva obras de artistas desconocidos o de dudoso mérito artístico, por medio de sucesivas operaciones de compraventa avaladas por un notario.
Baste señalar que todos los grandes bancos que operan en nuestro país, tienen al menos una representación en los llamados paraísos bancarios; como por ejemplo en Islas Caymán, que cuenta apenas con 35,000 habitantes, pero con aproximadamente 584 bancos, 2,200 fondos especulativos,  quienes manejan 500 y 200 billones de dólares respectivamente, 400,000 sociedades “off shore” están matriculadas ahí, es la quinta plaza financiera del mundo.
    1. Los montos del Lavado de Dinero:
Aunque la PGR, calcula que en el país se podrían lavar unos 10 mil millones de dólares por año, cifras de organismos financieros internacionales y de expertos en materia de blanqueo de activos advierten que el monto de dinero sucio que el crimen organizado hace circular por las arterias del sistema financiero mexicano va de los 25 mil a los 45 mil millones de dólares al año.
“En general, el lavado de dinero se estima aproximadamente entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto de un país. Siendo México una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir el 5% del PIB”, detalló Saskia Rietbroek, socia de la firma No Money Laundering en Estados Unidos.
Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas, empresas de seguros, etcétera”, detalló la ex directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero de Estados Unidos.
Según el Reporte Internacional del Control Estratégico de Drogas., elaborado por del Departamento de Estado norteamericano se calcula que desde 2003 cerca de 22 mil millones de dólares han sido repatriados a México desde EU por los cárteles de la droga.
Estimaciones del FMI calculan que en México se lavan entre ocho mil y 25 mil millones de dólares al año.
La PGR tiene un cálculo de 10 mil millones de dólares, basado en el monto de las operaciones de intercambio financiero con Estados Unidos que no tienen una explicación legal, pero que absurdamente aún a la fecha se encuentran depositados en los Bancos que operan en México y que las propias instituciones bancarias que operan en el país no han podido explicar.
    1. Marco Jurídico Actual Contra el Lavado de Dinero:
Secreto Bancario:
En México opera el Secreto Bancario, estando expresamente establecido en el Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que textualmente señala lo siguiente:
“Las Instituciones de Crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales”.
Por lo que se refiere a las disposiciones contra el Lavado de Dinero, se encuentran contenidas en dos ordenamientos federales; El Código Penal Federal que en su artículo 400-bis establece textualmente lo siguiente:
“Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.”
“La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente”.
“La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.”
“En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”
“Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.”
“Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario”. 
Adicionalmente está  disposición se ha visto complementada y reforzada por medio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 29, establece textualmente lo siguiente:
“Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el ministerio público de la federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquellos respecto de los cuales esta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento”.
A pesar de que la inclusión de estos artículos en los ordenamientos correspondientes ha satisfecho las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), su aplicación ha sido difícil y poco clara, a grado tal que el “Primer Informe del Mecanismo de Evaluación Multilateral sobre Drogas de la OEA, en el capítulo sobre México, se señala que en 1999, sólo fueron condenadas tres personas por el delito de “lavado de activos”, de un total de 125 personas procesadas; dicha cifra representa sólo el 2.47%.
En lo que se refiere a las instancias vinculadas a la investigación de delitos financieros y lavado de dinero, existen en nuestro país diversas instituciones: a) la Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (DGDFORPI) de la Procuraduría Fiscal de la Federación, b) la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD) de la PGR, c) la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, d) la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y Relacionados con el Sistema Financiero, e) la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, f) la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo a pesar de existir todas estas instancias, las cifras y los resultados muestran que no se tiene la contundencia y eficiencia adecuadas.
Y es que si revisamos los datos reportados por la propia PGR se observa que la mayoría de las sentencias obtenidas por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero, en aeropuertos del país, durante operativos contra el crimen organizado, o bien por denuncias anónimas.
En consecuencia, las sentencias son, generalmente, bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o la custodia de dinero y sólo en casos claramente vinculados con alguna organización delictiva, se consigna por delincuencia organizada, ilícito que tiene una penalidad mayor.
    1. Malos Resultados:
Esto se explica por dos razones:
  • La corrupción existente en diversas esferas gubernamentales:
    En el International narcotics control strategy report 2009, la Drug Enforcement Administration (DEA) advierte que uno de los principales obstáculos para combatir a la delincuencia organizada y al lavado de dinero es la corrupción.
    El contexto en el que se da la batalla contra estos ilícitos es de “altos niveles de corrupción” y de “desorden dentro de los órganos judiciales y de seguridad de México”.
    “La corrupción en todas las instituciones públicas mexicanas sigue siendo un impedimento clave para reducir con éxito el poder de los cárteles de la droga”.
    Este fenómeno, indica la DEA, también obstaculiza la reforma de las instituciones mexicanas.
    El informe ejemplifica que, el 27 de octubre de 2008, el procurador general Medina Mora anunció la detención de cinco altos funcionarios de la SIEDO, por pasar información “a un importante cártel de drogas”, el de los Beltrán Leyva.
    Agrega que el 31 de octubre del año pasado el comisario de la Policía Federal, Gerardo Garay Cardeña, dimitió por acusaciones de posibles vínculos con el cártel de Sinaloa.
    Posteriormente fue detenido por corrupción. Sin detallar, el documento indica que “docenas de jóvenes funcionarios federales de seguridad también han sido suspendidos o despedidos por acusaciones de corrupción”. (NF)
  • La falta de claridad en las disposiciones legales en cuanto a las entidades encargadas de su aplicación,  supervisión e investigación y su coordinación, así podemos mencionar que:
    Al revisar las políticas de México en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, el FMI y el GAFI encontraron falta de coordinación y de cooperación interinstitucional. Para las autoridades internacionales es necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajen juntos “para asegurar el pleno, oportuno y seguro acceso a los informes sobre transacciones sospechosas de centros de intercambio y las empresas de servicios monetarios”.
    El amplio informe indica que, actualmente, la UIF no tiene acceso directo a los registros de antecedentes penales, debido a limitaciones jurídicas. Sólo a posteriori y respecto de los casos que esa unidad denunció a la PGR.
    “Estamos hablando de una comunidad de inteligencia desintegrada. Los organismos de inteligencia de tipo de financiero y los de tipo civil y militar no están trabajando con un plan estratégico de manera unificada.
  • Limitación de Responsabilidades:
 
El artículo 400-bis, establece claramente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), será la encargada de establecer las denuncias correspondientes, y en la práctica es la Procuraduría Fiscal de la Federación quién funge como el “abogado de la nación” en materia financiera.
Sin embargo la mayor parte de la supervisión bancaria está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quién además es un organismo desconcentrado de la SHCP con autonomía técnica y facultades ejecutivas, luego entonces surge la siguiente pregunta  ¿ Por qué si la CNBV posee autonomía técnica y facultades ejecutivas, no puede establecer denuncias sobre delitos financieros o de lavado de dinero?, más aún si este organismo es el encargado directo de la supervisión bancaria y del mercado de valores. 
  • Descoordinación de las autoridades encargadas de la Investigación de delitos financieros :
 
Para la investigación de delitos financieros y el Lavado de Dinero, se cuenta con cuatro unidades básicas, e independientes que muchas veces actúan de manera dispersa y descoordinada, de esta manera el gobierno  cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que depende de la SHCP, la Procuraduría General de la República cuenta con dos unidades que tienen que ver con los delitos financieros y el lavado de dinero    
Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD): Es la autoridad competente para investigar y perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO): Área especializada y estratégica, encargada de aplicar las disposiciones contempladas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, mediante el inicio e integración de averiguaciones previas relacionadas con la actuación de organizaciones delictivas y, en su caso, detención, aprehensión y consignación de los miembros de la delincuencia organizada ante los tribunales federales.
Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Fiscales y Relacionados con el Sistema Financiero:  Su principal objetivo es el de conocer entre otros, de los delitos fiscales y delitos relacionados con el sistema financiero previstos en el Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Instituciones de Crédito; Ley Federal de Instituciones de Fianzas; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; Ley del Mercado de Valores; y demás leyes relacionadas con la materia; así como  de las averiguaciones previas relacionadas con los delitos mencionados, sobre los que el agente del Ministerio Público de la Federación sea competente o determine el ejercicio de la facultad de atracción.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):
Unidad de Inteligencia Financiera: 
Se crea el 7 de mayo de 2004, y sus principales objetivos son: recibir reportes de operaciones financieras, analizar dichas operaciones y “otras de orden económico”, diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probables o presuntas de lavado de dinero. 
En virtud de lo anterior, sus principales tareas consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos y detección de actos u operaciones que faciliten las operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo y a la delincuencia organizada. 
De esta manera la Unidad de Inteligencia Financiera debe de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el financiamiento al terrorismo y a la delincuencia organizada y lo más importante; castigar a aquellos que las realicen.    
 
Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DGDFORPI) de la Procuraduría Fiscal de la Federación: Sus principales objetivos son el estudio y la recopilación de pruebas sobre la comisión de delitos previstos en las leyes que rigen al sector financiero, para formular las querellas y denuncias correspondientes. 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Tiene por objetivo supervisar y regular en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. Así como también supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.  
Además es importante señalar que de acuerdo al Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la CNBV, es la encargada de solicitar la información que requiera la SHCP.  
    1. Las Fallas y debilidades en nuestro sistema 
 
El complicado burocratismo, la multiplicidad de unidades gubernamentales que actúan en la investigación de los delitos financieros y de lavado de dinero sin capacidad legal para requerir información o iniciar  denuncias, provoca errores y omisiones, que imposibilitan la construcción de casos “sólidos jurídicamente” que hacen prácticamente imposible la eficiencia y eficacia en la consignación de los delincuentes. 
Así por ejemplo vuelve a resultar “absurdo” que de acuerdo al artículo 400-bis de nuestro Código Penal y a pesar de existir en la Procuraduría General de la República una Unidad gubernamental especializada en el combate al Lavado de Dinero, vuelva a ser la SHCP la única posibilitada a iniciar una “querella” contra los delincuentes. 
De esta manera el complicado burocratismo, la multiplicidad de unidades gubernamentales que actúan en la investigación de los delitos financieros y de lavado de dinero sin capacidad legal para requerir información o iniciar  denuncias, provoca errores y omisiones, que imposibilitan la construcción de casos “sólidos jurídicamente” que hacen prácticamente imposible la eficiencia y eficacia en la consignación de los delincuentes.
Así por ejemplo vuelve a resultar “absurdo” que de acuerdo al artículo 400-bis de nuestro Código Penal y a pesar de existir en la Procuraduría General de la República una Unidad gubernamental especializada en el combate al Lavado de Dinero, vuelva a ser la SHCP la única posibilitada a iniciar una “querella” contra los delincuentes.
Lo anterior evidentemente crea un “cuello de botella” en el combate al Lavado de Dinero” ya que por ley, es la SHCP la que finalmente decide si va a proceder o no contra algún o algunos delincuentes. Adicional a lo anterior existe como todos sabemos un elevado índice de corrupción, que se incrementa por la multiplicidad de unidades que intervienen en un proceso de investigación y denuncia de Lavado de Dinero o cualquier otro delito financiero.    
Este “cuello de botella” burocratismo y corrupción ha sido criticado y señalado también por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que a pesar de que se reconocen ciertos avances sus criticas han sido mayores al concluir que el lavado de dinero en México , no es debidamente investigado.
A lo anterior se añade lo que en su informe conjunto, el FMI y el GAFI observan que la institución con mayores problemas es el SAT, pues le falta personal y recursos que hagan cumplir los requisitos de registro y las políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo respecto de las instituciones que coordina: centros de cambio de divisas y operadores de remesas.
El “reto”, como lo llaman, “se agrava por el creciente número de sociedades financieras de usos múltiples no reglamentadas, producto de la desregulación de las sociedades de financiamiento de propósito limitado”, conocidas como Sofoles. Estas instituciones se dedican a actividades de préstamos, arrendamiento y factoraje.
Otro riesgo identificado por los organismos internacionales se ubica en la carencia de medidas legales o reglamentarias contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que regulen la actuación de las empresas no financieras, los profesionales y las organizaciones nacionales sin fines de lucro.
Con respecto de las investigaciones que la PGR tiene en curso por lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), la mayor parte está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información de inteligencia con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El FMI concluye también que; “las unidades de inteligencia carecen de acceso directo a los expedientes judiciales debido a restricciones legales, como la reserva de las averiguaciones previas.”
Por ello añade, que es necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las unidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda trabajen coordinadamente para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.
El documento también cita la insuficiencia de recursos asignados a las unidades de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de inteligencia financiera, como una de las causas determinantes en la insuficiencia del combate al lavado de dinero.
De hecho concluye textualmente lo siguiente “Las leyes que criminalizan el lavado de dinero y las agresiones terroristas son integrales, pero no alcanzan completamente los parámetros internacionales, y hay una oportunidad para mejorar sus implementaciones”,
    1. Conclusiones:
La Iniciativa de Calderón y la Minuta del Senado:
Con base en lo anterior resulta claro, que la iniciativa presentada por Felipe Calderón y la Minuta que viene del Senado, resultan absolutamente insuficientes en virtud de que no corrigen el Marco Jurídico existente en lo que se refiere a las capacidades y coordinación de la autoridad para prevenir, investigar y castigar el lavado de dinero, al dejar intactos los mecanismos actuales en cuanto a su operación.
La iniciativa y la minuta del Senado, se enfocan principalmente a poner candados a las operaciones que se realizan con dinero “en efectivo” en el mejor de los casos lo que evidentemente, aumentara los reportes que se hagan, sin embargo también convierte al ciudadano en “soplón, policía o informante” y lo pone en riesgo ante posibles revanchas de la delincuencia.
Es decir no modifica estructuralmente los mecanismos de investigación por lo que las ineficacias, burocratismo, corrupción y “cuellos de botella” persisten.
Es un hecho que no importa a cuantos grandes capos de la droga encarcele Felipe Calderón, ya que mientras que no se combata efectivamente el lavado de dinero en el país, estos seguirán surgiendo, haciendo inútil la guerra contra el narcotráfico, ya que el lavado de dinero es la forma en que los delincuentes se aseguran que al final de cuentas el delito pague.
    1. Elementos Centrales de Nuestra Propuesta:
Al respecto ya se tiene preparada una iniciativa que busca corregir estructuralmente este problema y que permitiría acabar con este cuello de botella e ineficacia, y sus puntos centrales son:
  1. Se limitan las operaciones en efectivo, de manera similar a la minuta del Senado, pero no se obliga al ciudadano a “ser policia” (Ley de Instituciones de Crédito)
  2. Se permite que prácticamente cualquier instancia de las involucradas CNBV, PGR, SHCP, SAT pueda iniciar querellas y denuncias por lavado de dinero. (Código Penal y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada)
  3. Se obliga a una mayor coordinación entre las autoridades encargadas al permitir el libre intercambio de información entre ellas y las instituciones bancarias. (Ley Orgánica de la Administración Publica Federal)
  4. Se elimina el secreto bancario en casos de investigaciones por lavado de dinero. (Ley de Instituciones de Crédito)
  5. Se incluyen penalidades a los bancos incluso hasta la cancelación de su permiso para operar, a las instituciones financieras que no coadyuven al proceso o que no informen verazmente. (Ley de Instituciones de Crédito)
  6. Se incrementan las penas por Lavado de Dinero. (Código Penal)

viernes, 1 de julio de 2011

Nuevas amenazas contra Lydia Cacho

Para difusión inmediata – 28 junio 2011

ALERTA

México: Ante la Falta de una Respuesta Adecuada por parte del Estado continúan Amenazas en contra de Lydia Cacho

El pasado 14 de junio, la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho recibió nuevamente amenaza directa de muerte. Las amenazas realizadas en esta ocasión vía telefónica y correo electrónico hacen referencia al trabajo como periodista que continua realizando Cacho, lo cual es evidencia del riesgo que continúa enfrentando así como del patrón de persecución y vigilancia al que está sometida. A pesar de ello, la respuesta del Estado ha estado marcada por la dilación y la falta de investigación de los hechos.

Cacho ha recibido varias amenazas y agresiones desde que en 2005 publicó el libro titulado “Los Demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil”, en donde reveló la existencia de una red de explotación sexual y pornografía infantil que operaba bajo la protección de políticos y empresarios. Por tal denuncia pública fue víctima de acoso judicial, tortura y numerosos abusos de poder. Desde entonces ha publicado información en su columna semanal y varios libros sobre temas relacionados con corrupción, trata de personas, crimen organizado, narcotráfico y violencia de género.

Durante el 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la periodista como resultado de varios actos de vigilancia y hostigamiento por parte de hombres armados. Sin embargo, las agresiones no han cesado. Aún cuando las medidas cautelares atienden a los principios de gravedad y urgencia, las nuevas amenazas evidencian la ineficacia y falta de diligencia del Estado mexicano en la implementación de medidas de protección dictadas por la CIDH.

Pese a la displicencia del Estado en atender las agresiones contra Cacho, ella ha continuado su labor periodística y ha denunciado los hechos de agresión contra ella sin que hasta el momento se haya juzgado ni castigado a los responsables tanto materiales y/o intelectuales de la cada vez más larga lista de agravios en su contra. ARTICLE 19 ha podido constatar que las medidas dictadas por la CIDH sólo han sido cumplidas en menos de un 50%. A pesar de las amenazas Lydia Cacho publicó la investigación “Esclavas del poder: un viaje al corazón de la trata de mujeres y niñas en el mundo”, en el cúal nuevamente revela nombres de tratantes y servidores públicos vinculados con redes de delincuencia organizada, mismas que no han sido investigadas ni perseguidas por el Estado mexicano.

ARTICLE 19 ha recalcado que las amenazas no pueden ser tomadas a la ligera por parte de las autoridades. La mayoría de las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra periodistas han estado precedidas de amenazas. Más aún,como en este caso, cuando la vía por la que se realizan puede generar fácilmente evidencia para ubicar a los responsables.

ARTICLE 19 hace un llamado al Estado mexicano para:

Cumplir cabal y efectivamente con la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para proteger a la periodista y defensora de derecho humanos.

Investigar las amenazas puntualmente que lleven al juzgamiento y condena de los responsables.

NOTAS PARA EDITORES:

Para mayor información contactar a: Cynthia Cárdenas, Consultora Legal, cynthiac@article19.org, +52 55 10546500
  
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.