miércoles, 31 de agosto de 2011

Drogas: debate con responsabilidad y sin prejuicios.

Editorial de La Jornada

- El que sabe sabe - Cartón de El Fisgón
La improcedencia de la estrategia oficial de seguridad y contra la delincuencia, reconocida por buena parte del espectro político, académicos, juristas y organizaciones sociales, coloca al país en una encrucijada cuyos extremos van desde una repetición sin esperanza de las líneas actuales de acción gubernamental, con lo que eso conlleva de peligros de generalización de la violencia y avance del autoritarismo, hasta la frívola e irresponsable fórmula foxista de "analizar al más alto nivel el asunto de la regulación de las drogas", "convocar a los grupos violentos a una tregua" y gestionar para ellos "una ley de amnistía". Planteada en semejantes términos, la posibilidad de un viraje radical en la legislación sobre estupefacientes y en las acciones oficiales contra su producción y trasiego ha suscitado el rechazo generalizado, e incluso ha servido al gobierno federal para robustecer sus posturas dogmáticas en la materia, aprovechando el sentimiento de agravio que experimenta la sociedad tras el horror perpetrado la semana pasada en el casino Royale de Monterrey.

Pero, más allá de la torpeza del ex mandatario, y habida cuenta de que la estrategia calderonista en materia de narcotráfico –o la falta de ella– ha llevado al país a un callejón sin salida, es necesario y urgente revisar otros posibles enfoques gubernamentales para enfrentar la espiral de violencia desde sus raíces.

Los desastrosos saldos del modelo económico vigente –marginación, desempleo, abismales carencias educativas y de salud, desintegración del tejido social, pérdida de valores– constituyen caldos de cultivo para la multiplicación de las actividades criminales, el narcotráfico entre ellas, y si no se hace a un lado la ortodoxia neoliberal y no se establece el bienestar de la población como propósito central de la política económica, millones de personas tendrán que seguir buscando la subsistencia en la migración, en la informalidad o en las actividades ilícitas.

Por supuesto, el cruento conflicto que se abate sobre el país no es, como lo quiere el discurso oficial, una confrontación entre "México" y sus "enemigos" ni una lucha entre "buenos" y "malos". El modelo económico vigente ha hecho posible, en buena medida, que las organizaciones delictivas dispongan de un amplio ejército laboral, que se enseñoreen en regiones marginadas y cuenten con base social; asimismo, la desregulación y la avidez especuladora han borrado las fronteras entre las actividades delincuenciales y la economía formal; la primera infiltra a la segunda, en un correlato paralelo a la corrupción de las corporaciones policiales y de seguridad que los cárteles aprovechan.

Un cambio de paradigma en el manejo económico gubernamental alteraría bruscamente el equilibrio de fuerzas en perjuicio de las organizaciones criminales, pero no suprimiría los altísimos márgenes de utilidad con que éstas operan en el negocio del narcotráfico; podría ser, en consecuencia, suficiente para mermar el desmesurado poderío económico y bélico de los cárteles y permitiría que el Estado recuperara, a mediano plazo, el pleno control territorial, pero no bastaría para acabar con el comercio de drogas ilegales.

Para alcanzar ese objetivo resulta ineludible remontar las barreras que se oponen a discutir con seriedad la prohibición legal de las drogas. Ayer, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, descartó que México las despenalice unilateralmente, con el argumento de que en tanto se mantenga la prohibición en Estados Unidos, tal medida "exacerbaría los problemas de criminalidad en nuestro país".

El razonamiento no sólo pretende justificar que los mexicanos sigan pagando con vidas, destrucción y descomposición el costo de la prohibición estadunidense, sino que es a todas luces defectuoso: el narcotráfico genera valor agregado –derivado de la violencia y la corrupción– allí donde es perseguido. En otras palabras, en tanto siga siendo delito, será negocio.

Para nuestro país, el precio de mantener contra viento y marea la prohibición en los términos en que existe ha sido exorbitante, desproporcionado y, en última instancia, injustificado, pues nada demuestra que el combate al narcotráfico haya reducido de alguna manera el problema de salud pública de las adicciones; más bien hay indicios para suponer lo contrario.

La propuesta de despenalizar las drogas –acompañada, por supuesto, de medidas de control y regulación de su consumo, y de programas gubernamentales de prevención de las adicciones y de rehabilitación– debe ser puesta a debate en forma seria y propositiva, al margen de arrebatos irreflexivos y de dogmas sin más sustento que una moral conservadora y autoritaria.

Miércoles 31 de agosto de 2011

CONVOCATORIA


martes, 30 de agosto de 2011

La paz de la derecha.

-Operativo en Monterrey- Cartón de Helguera
Por Pedro Miguel

Los atentados de días recientes fortalecen las probabilidades políticas, legislativas y propagandísticas de esta vieja utopía:

Una tanqueta, o cuando menos un Humvee, en cada esquina y en cada crucero del país; vigilancia permanente con artillería ligera, en los barrios residenciales; razzias y rondines intimidantes en las colonias populares, con aprehensiones y allanamientos domiciliarios sin trámite judicial de por medio; ocupación del espacio aéreo por helicópteros, aviones de reconocimiento y aeronaves no tripuladas (pero sí artilladas), una parafernalia que escapa a las posibilidades financieras y tecnológicas de las autoridades mexicanas y cuyo control directo recaería, en consecuencia, en las estadunidenses; acciones de limpieza social discreta, pero efectiva, capaces de causar una merma de escala demográfica en las filas de la informalidad delictiva.

Imposición del principio de respeto a la autoridad, que empieza por dar penas de privación de la libertad a borrachos escandalosos, que sigue con el establecimiento del derecho de los policías a impedir que los delincuentes los hagan quedar como tontos ante el juez (juicios expeditos y sumarios, con prevalencia de la palabra de la autoridad sobre la del presunto culpable) y que culmina con la supresión de las críticas al funcionario público, por parte de los ciudadanos, y al patrón por parte de los empleados.

Tipificación de los delitos de lucha social, huelga, manifestación, protesta, concentración en espacio público, organización política, sindical y agraria (en modalidades de tentativa o de consumados), difusión de información contraria a los intereses de dependencias y de empresas, defensa de los recursos nacionales y resistencia de particulares a la entrega de la soberanía.

Eliminación del principio de rehabilitación que rige (muy en teoría) al sistema de justicia penal y su remplazo por el de castigo y venganza social contra los infractores.

Despenalización de facto de los delitos corporativos, electorales y "de cuello blanco" (evasión fiscal, fraude bursátil y bancario, fraude electoral, desvío de recursos, prevaricación, tráfico de influencias, lavado de dinero, homicidio industrial, afectaciones al entorno, etcétera) e intensificación de la lucha contra los delitos cometidos al margen de la Bolsa de Valores, fuera de la jurisdicción de la Condusef y más allá de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.

Para los segundos, aumento de las sanciones, desde la multiplicación de años de cárcel hasta la reintroducción de la pena de infamia, los azotes, la pena de muerte, la confiscación de bienes, el tormento y las deudas por herencia.

Restablecimiento de una división social en castas, aunque simplificada, para ejercer el principio de presunción de inocencia, como beneficio para la gente honorable, y la sospecha previa de culpabilidad, para proteger a la sociedad de su propia mayoría, formada por malvivientes, lúmpenes, indios, comerciantes ambulantes, migrantes, ninis, pervertidos sexuales, pejistas, zapatistas y mujeres adictas al aborto.

Regularización y legitimación del actual modelo fiscal, consistente en la exención absoluta y universal a las fortunas, y confiscación de salarios, desde el mínimo hasta 10 veces la suma equivalente.

Todo el peso de la ley a los ejecutores de crímenes de sangre relacionados con la delincuencia organizada, y a sus jefes directos, en caso de que éstos no cuenten con la documentación correspondiente a la gente honorable, y beneficio de la libertad incondicional para todos aquellos empresarios, políticos y funcionarios que obtengan provecho lícito, electoral, legislativo o pecuniario del clima de violencia, de la descomposición institucional y de la zozobra ciudadana.

Éstos son, en el fondo, los objetivos en torno a los cuales México debe "unirse". No es otro el escenario que proponen el CCE y la Coparmex, con su rebaño anexo de logotipos y siglas ciudadanas, y los cuadros panistas y priístas que decidieron estar hartos de la violencia causada por el régimen del que forman parte. Así va el guión de la paz a la que aspira la derecha. Y lo hará realidad si el resto de la sociedad se descuida.

navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com - http://Twitter.com/Navegaciones

Tomado del periódico La Jornada, martes 30 de agosto de 2011

Astillero.

Por Julio Hernández López
 
Torres gemelas
Estadio y casino
Felipe W. Calderón
El periodista Millán

-Escándalo- Cartón de Hernández
Es como un relanzamiento. Un segundo aire cuando parecía que el oxígeno político le faltaba. Un fantasma de peores horrores por venir, para justificar y apuntalar sus planes de continuismo (con elecciones, sin ellas o con ellas a medias) mediante borregos apellidados Cordero u otras formas de suplantación política a las que "obligaría" la terrible realidad. Una manera de reordenar y aprovechar a sus críticos civiles institucionalizados, de por sí ya bastante difuminados y alineados (con besos y sin ellos). Una justificación oportuna para reanudar caravanas policiacas y militares efectistas rumbo al norte (de donde otros pobladores, como los juarenses, han pedido fundadamente su expulsión por ser causantes de peores males que los presuntamente combatidos). Un revitalizador energético para sus discursos que pueden seguir siendo los mismos, pero ahora dichos con más vehemencia y con rostro y manos de más dureza expresiva. Una recarga argumental de chantajismo "patriótico" para impulsar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y una nueva ocasión para insistir en la cantaleta de todo lo que va del sexenio: la unidad nacional, entendida como cierre de filas en torno a él, Felipe W. Calderón, esta vez a causa de las Torres Gemelas que en la versión nativa han sido un estadio torreonense y un casino regiomontano.

Tres días de luto nacional inmediato cuando el mismo declarante tardó un año para decretarlo en el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC. Instalación apresurada, contundente y repetitiva del concepto de "terrorismo" que habrá de justificar los excesos cometidos por una administración bélica que así cree contar con una coartada o atenuante en razón de ese nuevo eje del mal. Felipe y su vocero Poiré, que se muestran ante cámaras con grandes enojos y sus parlamentos salen cargados de adjetivos descalificatorios, que pueden ser entendidos y compartidos si se escuchan en labios de los familiares de las víctimas, pero que en voz de los altísimos funcionarios públicos mencionados suenan más a enjundia en busca de exculpación mediante la teatralidad y que a oídos de los mexicanos, largamente especializados en detección de sospechosismos, parecieran encubrir propósitos proporcionalmente inversos a la vehemencia escenográfica.

Recomposición oportunista a la que en nada sustancial afectarán los incidentes y vericuetos de las investigaciones oficiales (ya anoche se anunciaba la detención de dos presuntos responsables del ataque al casino regiomontano). Lo importante era y es colocar en la marquesina social el arranque de la nueva temporada, la del terrorismo como justificación, discurso y proyecto. Por lo pronto, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones pide acompañar al licenciado Calderón en este trayecto difícil (tejedor, el sonorense, de presuntos puntos finos que pudieran ayudarle a ver la caída del copete delantero, por errores de él mismo o por metralla política de Los Pinos). Y la violencia política como amenaza, natural o fabricada, alcanza incluso un acto de Andrés Manuel López Obrador en el delicadísimo Nuevo Laredo, donde un presunto grupo de choque de la directiva estatal perredista golpeó "con bates y manoplas" a asistentes a un mitin del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuando éste había terminado, según eso en represalia por las denuncias hechas en el curso de esa reunión contra el dirigente estatal del sol azteca. Dato aparentemente menor, circunstancial, enteramente local, pero que da cuenta de los riesgos constantes que corre el ejercicio cívico y político desde posturas críticas.

- Astillas

El asesinato del periodista sinaloense Humberto Millán constituye una ofensa y una amenaza para el honesto ejercicio crítico desde los medios de comunicación. A diferencia de otros casos en los que asoman o son colocados ciertos ribetes polémicos para incluir entre las posibles causas de la autoría de esos crímenes alguna forma de relación de periodistas con el poder corruptor y vengativo del narcotráfico, en el caso de Millán hay una extendida convicción de que su muerte tiene como contexto único el ejercicio crítico respecto de la clase política estatal. Así lo han entendido la inmensa mayoría (por no decir la totalidad) de sus propios compañeros de oficio, el dirigente estatal del PAN y el propio gobierno estatal, además de que un compañero del difunto Millán ha hecho saber que cuenta con un video en el que el periodista, ya bajo amenaza, dejó constancia de sus sospechas respecto a quienes desde el poder político podrían atentar contra su vida. Por lo pronto, el secretario general del gobierno de Sinaloa ha acudido ante la procuraduría estatal para declarar en torno a las presunciones (que ha negado categóricamente) de que él, ampliamente criticado por Millán e incluido en la lista de sospechosos, según la versión del amigo depositario del video de denuncia, podría ser autor intelectual del levantón y posterior ejecución del periodista sinaloense. Sabido es que el narcotráfico ha infiltrado también ciertos segmentos del ejercicio periodístico, y que en varios estados del país hay redacciones donde los grupos delincuenciales dominantes tienen virtuales jefes de prensa que reparten gratificaciones y proponen enfoques noticiosos o sugieren censuras siempre acatadas, además de servir como halcones internos para denunciar ante sus patrones informales a aquellos que aun sin firmar sus notas o reportajes escriban de manera adversa al interés de los "jefes". Pero, en una zona minada como es Sinaloa, el asesinato de Humberto Millán –sin nexo conocido o sugerido con esos asuntos oscuros– es una forma de acrecentar la violencia contra quienes analizan y critican los asuntos públicos, en especial los políticos, sin dejarse contaminar por el narco. Con lo sucedido en Monterrey el país ha sido llevado por el calderonismo a una fase superior del control social mediante el miedo. Con lo sucedido en Culiacán también se ha avanzado un paso en el ataque a las posturas críticas en los medios de comunicación. ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Tomado del periódico La Jornada, lunes 29 de agosto de 2011

viernes, 26 de agosto de 2011

COMUNICADO.

Ante los más recientes acotecimientos de violencia criminal sufridos por la sociedad mexicana en diversos puntos del territorio nacional, el colectivo No Más Sangre expresa lo siguiente:

Cada muerte que deja la violencia es condenable. Cada vida perdida por culpa de la guerra que declaró el gobierno de Felipe Calderón “en contra del crimen organizado” fractura la vida de miles de familias mexicanas.

La atrocidad perpetrada el jueves en un centro de apuestas de Monterrey; la balacera del fin de semana pasado frente al estadio de fútbol de Torreón; el asalto y la ulterior movilización policial y militar en un centro comercial en la ciudad de Morelia; el atentado contra civiles registrado días antes en el acuario del Puerto de Veracruz, y otros episodios de esta clase, conllevan y comunican saña y crueldad inauditas, denotan un alto grado de planificación y organización, y parecen haber sido diseñados con la intención de generar terror, confusión y desaliento en la sociedad.

Como lo hemos estado advirtiendo, el país es víctima de una estrategia desestabilizadora que busca impulsar soluciones autoritarias, antidemocráticas y hasta dictatoriales a una zozobra previamente cultivada. Mientras Washington surte de armas a dos bandos supuestamente enfrentados en la guerra –al gobierno federal, por medio de la Iniciativa Mérida, y al Cártel del Pacífico, por conducto del operativo “Rápido y furioso”–, y atiza, así, la espiral de violencia, en los medios nacionales se desata una campaña con clamores irreflexivos para legitimar la profundización de los rasgos represivos y violatorios de los derechos humanos que ostenta la política oficial de seguridad. El dolor, la indignación y la incertidumbre ciudadanos provocados por los ataques referidos serán utilizadas en forma demagógica para urgir al Poder Legislativo para que apruebe las reformas policiales a la Ley de Seguridad Nacional. El espantajo del terrorismo será lanzado sobre una población de por sí aterrada ante la barbarie sin límites de la guerra que le fue impuesta al país.

Nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y repudiamos actos de violencia como los que se han vivido en los últimos días. Exigimos al Legislativo que rechace cualquier reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Demandamos el juicio penal de Felipe Calderón y de los demás responsables –funcionarios públicos y cabecillas delictivos– de la guerra, la destrucción y la barbarie que campean en México en la hora presente.

No Más Sangre.

Ciudad de México, 26 de agosto de 2011.

martes, 23 de agosto de 2011

Dos operativos.

-El país de Damocles- Cartón de El Fisgón
Por Pedro Miguel

A uno le llamaron balacera y al otro asalto. El primero tuvo lugar afuera del estadio Santos Modelo, de Torreón, Coahuila, el sábado, cuando en ese recinto se disputaba un partido de futbol entre el equipo anfitrión, el Santos Laguna, y el Morelia. El segundo ocurrió al día siguiente en la Plaza Las Américas de Morelia, donde un grupo de siete hombres con armas largas sustrajo con violencia alhajas y relojes de una joyería.

En forma excepcional, para los estilos corrientes de la delincuencia en México, ninguno de esos hechos se saldó con víctimas mortales. Fueron acciones "limpias" o casi limpias (en la capital michoacana, los vigilantes de la joyería fueron golpeados en la cabeza), pero ambas produjeron estados de pánico y zozobra en las localidades respectivas. No hubo detenidos pese a que ocurrieron, ambas, en ciudades que han sido escenario de extensos despliegues policiales y militares. Con la pena, pero estos ataques suenan más a acciones de desestabilización que a meros episodios de una criminalidad descontrolada.

Es un viejo saber que forma parte del repertorio de algunas de las agencias estadunidenses policiales, de seguridad e inteligencia que operan en México (CIA, DEA y fuerzas especiales del Pentágono) y que consta en los manuales de cualquier ejército regular, en el capítulo de Operaciones Sicológicas: realizar acciones de desestabilización y zozobra, orientadas más a un gran impacto mediático que a la destrucción de objetivos físicos y humanos.

Claro que las casualidades existen, y posiblemente sean meras coincidencias el que ambas acciones hayan resultado incruentas hasta el punto de parecer cuidadosamente orquestadas, el que ambas hayan generado terror en la sociedad, el que se hayan registrado con un día de diferencia, el que hayan sido equipos de futbol de Coahuila y de Michoacán los que disputaban el partido suspendido en Torreón, y el que esas entidades sean cuna de dos políticos de primera fila claramente enfrentados entre sí en el momento actual: Humberto Moreira y Felipe Calderón.

Si faltaba contexto político, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y el propio Calderón, se encargaron de establecerlo. El primero regañó a las autoridades estatales y municipales, a las cuales responsabilizó de manera elíptica por lo ocurrido, y las instó a "fortalecer sus lazos institucionales y de cooperación", en tanto que el segundo llamó, horas después, a "la unidad". Y la pregunta es obligada: ¿a cuál de todas las divisiones que afectan al país alude esa "unidad"? ¿A la división entre ciudadanos buenos y delincuentes malísimos que pregona el régimen? ¿A la división entre quienes aún puedan creerle a la estrategia oficial de seguridad y quienes la cuestionan e impugnan? ¿A la división entre cárteles? ¿A la división entre partidos? ¿A la pugna entre las facciones tricolor y blanquiazul del régimen oligárquico?

¿Estamos ante un correlato violento de las agrias disputas político-judiciales que libran las distintas facciones que ocupan las instancias de gobierno? ¿Vivimos, como ha ocurrido en Líbano, un laberíntico entramado entre facciones partidistas y brazos armados, o entre grupos armados y brazos partidistas, pero con la variedad de los cárteles? ¿O serán los nervios?

navegaciones@yahoo.com
http://navegaciones.blogspot.com
http://twitter.com/navegaciones

Periódico La Jornada, martes 23 de agosto de 2011

lunes, 22 de agosto de 2011

El cartón de hoy.

- Tirititito - Cartón de Hernández

La intervención va.

Por Carlos Fazio

La confirmación, por conducto de The New York Times, de que grupos de tarea del Pentágono, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otras dependencias del área de seguridad estadunidense –junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de "contratistas privados"– operan directamente en territorio nacional al margen de la Constitución Política Mexicana ha convertido al país en la república bananera más grande de Centroamérica.

Según la versión del 7 de agosto en el rotativo neoyorquino, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares "jubilados" del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia (y de espionaje político sobre determinados objetivos, incluidas las misiones diplomáticas acreditadas en México) desde un "centro de fusión" binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó, pero que podría estar ubicada en la sede del 22 batallón de infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes, el nuevo puesto de inteligencia –que se suma a tres similares ubicados en Reforma 265 (Distrito Federal), Tijuana y Ciudad Juárez– opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadunidense. La información complementará la que recaban por todo el territorio nacional un millar y medio de agentes estadunidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano.

El reportaje destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de "contratistas privados" de seguridad estadunidenses (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono) para que brinden "capacitación" dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana especializada, no identificada.

La subcontratación de los llamados "perros de guerra" por el Pentágono y el Departamento de Estado, para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (septiembre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida.

Como se reveló en febrero de ese año, la empresa Verint Technology Inc instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después se supo que la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos, dentro de la "nueva estrategia" de la Iniciativa Mérida. Según Brownfield, los policías mexicanos serán entrenados en el territorio nacional por agentes del condado Webb, en Texas.

La "nueva etapa" de la Iniciativa Mérida coincidirá con la llegada al país del embajador estadunidense Earl Anthony Wayne. El relevista de Carlos Pascual es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su misión más reciente fue en Kabul, Afganistán, país al que la comunidad de inteligencia y el Pentágono en Washington identificaron en enero-febrero de 2009, junto con México, como un Estado fallido a punto de colapsar, situación que "justificaba" la intervención militar estadunidense.

En mayo siguiente, en Washington DC, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Wayne se apoyará en el segundo hombre de la embajada, John Feeley, el ex marine que sobrevivió al affaire Calderón-Pascual, pese a haber sido exhibido por las filtraciones de Wikileaks publicadas en La Jornada. Otra pieza clave en la "transición" será el ex militar Keith W. Mines, quien estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México.

Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, y que ha sido publicitada como "la primera del mundo en su tipo". Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de seguridad pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la "academia" alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. ¿Será la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, según The New York Times, "capacitarán" a policías mexicanos?

En el contexto de la Iniciativa Mérida, los "asesores de inteligencia" estadunidenses recolectan información estratégica en tiempo real, guían y participan de manera encubierta en operaciones tácticas, entrenan a oficiales locales en áreas de análisis, interrogatorio e inteligencia técnica. Debido a la asimetría de poder que existe en la "colaboración bilateral" en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, sumada a la debilidad institucional mexicana y al acendrado cipayismo de Felipe Calderón, la situación derivará en lo que ya John Saxe-Fernández advirtió en estas páginas, a saber, "la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security".

Periódico La Jornada
Lunes 22 de agosto de 2011

viernes, 19 de agosto de 2011

Debe darse prioridad a las víctimas: Édgar Cortez.

Por Víctor Ballinas


Édgar Cortez del IMDHD
• Hay que escuchar todas las voces: Cencos


Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró positivo el reinicio del diálogo entre el Congreso y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, "pero la Ley de Seguridad Nacional está marcada por una minuta que aunque se le quieran hacer reformas, de entrada ya tiene límites. El riesgo real de abrir el debate sobre el tema es que quede como los legisladores quieren".

Resaltó que "todos los asuntos que comprenden las amenazas para la seguridad interna incluyen una discusión que parte del inicio de lo que el Congreso ha establecido, no de una propuesta que permita la confección de una legislación ciudadana, porque el riesgo es que salga algo híbrido".

Consideró pertinentes todos los temas que ha puesto en la mesa el movimiento por la paz, "pero no me parece que todo tenga la misma jerarquía. Las víctimas y el acceso a la justicia tendrían que ser prioritarios".

Brisa Maya Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), manifestó que el reinicio del diálogo es un buen indicador del trabajo que ha hecho el movimiento, y es un reto para el Legislativo poder escuchar las distintas opiniones sobre la ley de seguridad”.

Periódico La Jornada
Viernes 19 de agosto de 2011, p. 16

Las fuerzas armadas y la guerra de Calderón.

Acentos | Epigmenio Ibarra

Le permitieron primero los altos mandos de las fuerzas armadas, a Felipe Calderón Hinojosa, disfrazarse de general y luego consintieron que actuara como tal.

Dejaron que, con ligereza y fines propagandísticos, “declarara la guerra al narco” y luego, siguiendo sus órdenes, desplegaron a decenas de miles de efectivos en todo el territorio nacional.
De materia para encendidas arengas patrióticas, de instrumento de legitimación política de un gobierno que de origen no la tiene, la guerra, cruzada personal de Calderón, pasó a ser entonces cruenta realidad cotidiana.

Se equivocaron quienes mandan en las fuerzas armadas al someter las operaciones militares a los intereses políticos de un gobierno y un gobernante severamente cuestionados. Pagan hoy las consecuencias de ese error tanto la institución como el país entero.

Se equivocaron los altos jefes militares al volver asunto militar, al tratar de resolver a balazos un problema que demanda acciones integrales. Seducidos por el discurso de Calderón, quizás por el protagonismo que para ellos podía implicar, se prestaron a “hacer la guerra”.

Desconociendo principios básicos de los conflictos irregulares pensaron que desplegar masivamente la tropa les permitiría obtener rápidamente resultados. Convirtieron, con ese despliegue de medios y hombres, a bandas desorganizadas que rehuían el combate en ejércitos de sicarios a los que no les faltan armas, munición y recursos, y a los que no sobra escrúpulos.

Antes que actuar en el sigilo y la oscuridad, antes que el trabajo de conquista de “mentes y corazones”, optaron por la presencia masiva tan espectacular como ineficiente, y por su poder de fuego y lo pesado de su estructura se tornaron previsibles para los criminales y peligrosas para la población civil.

Una cosa es apegarse al mandato constitucional y someterse al Presidente en turno, y otra acompañarlo en sus despropósitos y embarcar a la institución —y a México— en una trágica aventura.

Que algunos ciudadanos, atenazados por la zozobra y el miedo, se compren las arengas patrióticas de Calderón es explicable. Que los propagandistas se atrevan a plantear, como único camino, la disyuntiva entre guerra o rendición frente al crimen organizado también.

Las mentiras, en tiempos de turbulencia como los que vivimos, viajan con velocidad y, gracias a la acción de los medios de comunicación y al bombardeo publicitario inclemente, terminan pareciendo verdades.
Lo que es inaceptable es que altos jefes militares, gente que conoce la realidad del país, las amenazas reales y presentes que enfrentamos, hombres entrenados para aquilatar riesgos y oportunidades, hayan caído en la trampa.

Una trampa en la cual, la primera baja colateral puede ser lo que queda en este país de democracia y también de paso de soberanía nacional. Una trampa en la que el prestigio del Ejército y la Marina se verá, también y más temprano que tarde, gravemente dañado.

Hay un pesado lastre que cargan con ellas nuestras fuerzas armadas. Los saldos de la guerra sucia, su trabajo represivo a las órdenes del régimen autoritario, ha dejado heridas que aún no cierran del todo y a las que hoy se agregan las tristemente célebres “bajas colaterales”.

Dura es la historia con gobernantes que traicionan el mandato recibido en las urnas. Más dura todavía es, sin embargo, con los ejércitos. Es más fácil —y los ejemplos abundan en América Latina— ver a un general o un almirante sentado en el banquillo de los acusados que a un político.

Los políticos, con los bolsillos llenos, van al exilio dorado; los partidos pierden elecciones y conservan prerrogativas. Los ejércitos no. El descrédito, el rechazo por parte de la población civil, significan un golpe durísimo para la moral de cuerpo, un estigma que suele durar décadas.
Los políticos, por otro lado, siempre pueden, tratándose de cuestiones militares, escurrir el golpe. Poca gente recordará que la idea de “declarar la guerra” fue del propio Calderón. Cuando la suma de fracasos —que va a seguir creciendo— se torne inaceptable buscarán, los medios, los partidos, responsables del fracaso entre los de uniforme.

Reconozco el valor de oficiales y soldados que honesta y valientemente combaten al crimen organizado. Lamento la caída en combate de muchos de ellos y condeno el secuestro y el asesinato de efectivos de la Marina y el Ejército.

Sé que, en cierta medida y estando el país como está, las fuerzas armadas son el último valladar para contener la acción del crimen organizado. Imposible e impensable pensar en un retiro inmediato de la tropa a los cuarteles.

Sé también que, sin un tren logístico policiaco-judicial, los ejércitos ni saben ni pueden procurar justicia. Caen en la tentación de las ejecuciones extrajudiciales (en combates donde no hay heridos) y solapan la acción clandestina de escuadrones de la muerte.

No se trata de rendirse ante los criminales ni de abandonar a un solo mexicano a su suerte. Se trata de que las fuerzas armadas no le hagan más el juego de la guerra a Felipe Calderón y salgan de esa emboscada político-propagandística.

Se trata de que se sienten en la mesa de diálogo, escuchen lo que las víctimas de la guerra tienen que decir y entreguen a la nación cuentas claras.

Tomado de Milenio 2011-08-19

La disputa por la seguridad.

Por Víctor M. Quintana S.

Reformas a la ley de seguridad. El Fisgón





























La marejada global de protestas de las semanas recientes ha tenido una clara expresión en México en los posicionamientos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la marcha a Los Pinos del domingo pasado. El denominador que vincula a quienes protestan entre llamas en Londres, a los aguerridos estudiantes chilenos, a las y los indignados españoles, a los israelíes en tiendas de campaña y a los encab… mexicanas y mexicanos no es otro sino el rechazo a mecanismos, proyectos, modelos que privilegian la seguridad de unos cuantos fincándola en la inseguridad de las mayorías.

Por asegurar la sostenibilidad de los grandes capitales británicos se ha profundizado un modelo económico productor de cientos de miles de jóvenes neets (not in education or employment or training), versión inglesa de los ninis. Por eso protestan, así sea desorganizada y plebeyamente, porque están condenados –dice Roger Cohen– al no future (The New York Times, 13 de agosto). Lo mismo ocurre en todos los países capitalistas del norte: uno de cada cinco jóvenes en la Unión Europea o en Estados Unidos vive la inseguridad del desempleo. En Israel, miles de jóvenes que acampan en espacios públicos protestan contra un modelo económico que ha deteriorado severamente la igualdad del país y concentrado 30 por ciento del ingreso en el 10 por ciento de las familias más ricas.
La constante de las políticas económicas de las grandes potencias atlánticas es reforzar la seguridad de los pocos sobre de la inseguridad de los más: Obama batalla para obtener un precario acuerdo sobre el endeudamiento, a costa de seguir sacrificando los raquíticos programa sociales del gobierno estadunidense. En Francia, Martine Aubry, fuerte aspirante socialista a la presidencia, revela que los gobiernos de derecha, sobre todo el actual de Sarkozy, han disparado el endeudamiento público para favorecer a los grandes capitales, pues mientras se les otorgan privilegios fiscales hasta por 50 mil millones de euros, el déficit de la seguridad social alcanza 25 mil millones de euros (Le Monde, 12 de agosto).

En México, la seguridad de los muy ricos, sobre todo extranjeros, se privilegia sobre la seguridad humana de las y los ciudadanos, no sólo en lo económico sino también en la protección de la vida, la integridad física y el patrimonio.

Apenas la semana pasada las propias dependencias oficiales revelaron datos suficientes para documentar la inseguridad económica creciente en las mayorías: el poder adquisitivo de las familias se derrumba en 78 por ciento en lo que va del sexenio. El desempleo abierto llega a 5.24 por ciento de la población económicamente activa y provoca que el empleo informal alcance la cifra récord de 13 millones 385 mil personas. Un proyecto económico y social antijóvenes, que genera entre 6.5 y 7 millones de neets, para decirlo en términos que los tecnócratas entiendan.


Por si no bastara la gente librada a combatir su inseguridad económica y social mediante chambitas o estrategias familiares de sobrevivencia, desde las cúpulas se impone un modelo de seguridad nacional que genera 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, y contando, y más de 3 millares de denuncias ante la CNDH.

 Los últimos en saberlo, las y los ciudadanos, apenas nos enteramos que nuestro gobierno y nuestras fuerzas armadas están resultando sólo operadores de la estrategia de seguridad del imperio. Que nuestras cúpulas de la PGR, de la Sedena, de la SSP, no son sino gerentes de producción de una gigantesca maquiladora de seguridad, según las normas de calidad de la DEA, de la FBI, de la CIA. Con supervisión in situ de agentes de las mismas y de contratistas de seguridad privados. Peor aún, sometiendo a exámenes de confianza incluso a nuestros arrogantes secretarios de Estado. Todo nuestro aparato de justicia está, pues, subordinado a los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.

Por esto el MPJD, junto con intelectuales y artistas de este país, denuncia las reformas a la Ley de Seguridad Nacional como una ley de guerra, enfocadas primordialmente a la seguridad del gobierno y sus instituciones y omisas de la protección amplia al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos. Por eso demanda, y ojalá un caudal amplio de fuerza ciudadana se forme en torno a ella, la promulgación de una ley de seguridad humana y ciudadana, que "desde el irrestricto respeto a los derechos humanos, sea un instrumento jurídico para la paz y la seguridad de todos y todas, y no el arma que legitime la continuidad del dolor y la tragedia en México" (comunicado del MPJD, 10 de agosto).

Es hora de que las y los ciudadanos examinemos qué confianza merecen nuestros funcionarios y legisladores y quienes aspiren a serlo, pero a partir de los criterios de la seguridad humana y ciudadana, tal como las conceptualizan las Naciones Unidas. Desde 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo planteó el concepto de seguridad humana en el que las y los ciudadanos son los sujetos de la seguridad en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y personal.

Desde esta perspectiva, las instituciones y el Estado deben fungir como garantes de la protección de la vida, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social y la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Esto aunque les duela a ONG y líderes a modo que defienden la Ley de Seguridad Nacional y atacan a Sicilia y a su movimiento.

Por todo esto, el compromiso efectivo, exigible y evaluable con la seguridad humana y ciudadana es una de las piedras de toque del proceso electoral de 2012. Que la ciudadanía evalúe quienes están por acaparar los botes salvavidas del Titanic civilizatorio que naufraga y quienes por cambiar a una nave en la que todos quepamos.

Periódico La Jornada
Viernes 19 de agosto de 2011

martes, 16 de agosto de 2011

Caminos a la paz.

 Por Pedro Miguel

La manera en que se imagine el camino hacia la paz depende de la percepción que se tenga de la guerra en curso.

A grandes rasgos, hay tres posibles: la primera es la del régimen, expresada regularmente por Alejandro Poiré, según la cual el conflicto es entre “México” y un grupo de malas personas. El país va ganando y para desembocar en la paz debe hacerse más de lo que el calderonato ha venido haciendo desde diciembre de 2006. El papel de la sociedad, en esa perspectiva, consiste en cerrar el pico, por lo que se refiere a críticas a la estrategia y a sus resultados, y abrirlo sólo cuando haya oportunidad de delatar a un presunto enemigo en un call center de “denuncias anónimas”. En esa lógica, la pérdida de vidas es inevitable (y hasta deseable, porque la idea, contenida en el intertexto, es “eliminar” a los malos) pero a la larga –no se dice en qué tiempo– “México” habrá prevalecido ante sus enemigos. Hay razones para dudar que a estas alturas alguien dé crédito a esa versión, como no sea por razones laborales, como podría ser el caso del propio Poiré.

Una segunda noción, la más extendida, es que la multiplicación y el encarnizamiento de la violencia, la pérdida del control territorial por el Estado en amplias regiones y la creciente descomposición institucional que la acompaña son resultado de un monumental error de cálculo de la administración en curso: ya fuera por necesidad de ganar simpatía y legitimidad entre la población o por mera idiotez, el calderonato lanzó a las fuerzas del orden contra la delincuencia sin tomar en cuenta que estaban infiltradas por los mismos delincuentes, sin concebir previamente un esquema de coordinación entre ellas y sin haber realizado un mínimo trabajo de inteligencia, tanto en el sentido literal como en el eufemístico, es decir, de espionaje. Por añadidura, el grupo gobernante no consideró las raíces sociales de la criminalidad, y pretendió extirparla como si fuera una verruga, sin tener en mente las causas de fondo que la originan.

Una variante de esa versión es la que atribuye la catástrofe actual a una anomalía ideológica y moral en el grupo gobernante: el que hace de presidente y los suyos se dejaron llevar por el autoritarismo y el belicismo –“Calderón y García Luna sólo tienen imaginación para la violencia”, dijo Javier Sicilia, en una descripción muy aguda– y perdieron de vista, de esa manera, la complejidad social, económica, política de los fenómenos delictivos.

La consecuencia lógica de este razonamiento es que es posible y pertinente realizar un trabajo de educación del grupo gobernante para hacerle ver las fallas de su estrategia, exigirle que cambie de rumbo y difundir entre la población las incoherencias internas del discurso oficial sobre la guerra, a fin de que la sociedad se cohesione en torno a un llamado enérgico por la paz.

Una tercera percepción, sin duda la más pesimista –y alarmista, dirán algunos, o hasta delirante– es que las decenas de miles de muertes, el descontrol, la descomposición, el desgarramiento del tejido social y la pérdida abismal de valores que genera la violencia no constituyen el resultado malo e inesperado de una visión equivocada para enfrentar a la delincuencia, sino, hasta ahora, el éxito rotundo en la aplicación de una estrategia de desestabilización y desintegración que no se fraguó precisa ni exclusivamente en México, sino en Estados Unidos.

La idea puede resultar chocante, pero permite explicar conductas de Washington hacia nuestro país que de otro modo no se entienden: ¿Por qué permiten las autoridades gringas el paso de la droga por sus propias fronteras? ¿Por qué son tan ineficaces sus medidas para evitar el lavado de dinero en sus instituciones financieras? ¿Por qué miran para otro lado ante la actividad del narcotráfico en el propio territorio estadunidense? ¿Por qué suministran armas a dos bandos que supuestamente están en pugna, como el gobierno federal y el Cártel de Sinaloa? ¿Por qué fracasan con tanta frecuencia autoridades mexicanas asesoradas o, más bien, dirigidas por la DEA, la CIA y el FBI?

En esta perspectiva, en México se ha configurado un narcoestado y una intervención, y, como vía para la paz, el diálogo y la negociación con los componentes políticos y empresariales del régimen carece de sentido, porque son socios, cómplices e instrumentos de una guerra en gran medida ajena. Lo procedente, en cambio, es sacar al país de la espiral descendente de violencia en la que orbita mediante la movilización social y hacer frente a la impunidad por las vías jurídicas disponibles.

Tomado de La Jornada. 16 de agosto de 2011


COMUNICADO: Denuncian desaparición forzada de Isela Hernández Lara.

Guadalupe, Distrito Bravos, Lunes 15 de Agosto de 2010.- Alrededor de las 19:30 horas del domingo 14 de agosto del 2011, fue secuestrada de su domicilio la señora Isela Hernández Lara de 39 años de edad. En los hechos ocurridos en la colonia Francisco Villa de Guadalupe, Distrito de Bravo (municipio al sureste de Ciudad Juárez). Presenciaron el secuestro sus dos hijas de 13 y 16 años, así como su esposo, quien fue brutalmente golpeado y ya se encuentra hospitalizado en El Paso, Texas.

Entraron al domicilio por la fuerza aproximadamente ocho hombres fuertemente armados que viajaban en una camioneta Ford Explorer negra, de cabina y media, placas desconocidas. Con extrema violencia, maltrataron a la familia con la finalidad de encontrar al señor Enrique Hernández Lara y a su nieto, el niño "Alberto" (nombre falso) de 3 años de edad, a quien la señora Isela tuvo por encargo bajo su cuidado hasta hace apenas dos días.

"Alberto" es también nieto de Marisela Reyes Salazar, hermana de Josefina y Rubén Reyes Salazar, líderes sociales de Guadalupe asesinados en Enero y Agosto de 2010 respectivamente, así como de Elías y Malena Reyes Salazar, desaparecidos y asesinados en Febrero del presente año, también en el Valle de Juárez. Todos los crímenes fueron perpetrados por grupos paramilitares que operan con la anuencia de las fuerzas de seguridad del Estado en todo el territorio de Guadalupe.

Como consecuencia de estos hechos dos hermanos de la hoy desaparecida Isela Hernández Lara se entregaron anoche en el puente fronterizo de Dr. Porfirio Parra (Caseta), que comunica con el municipio texano de Tornillo, para solicitar refugio en los Estados Unidos dadas las condiciones de riesgo en que se encuentran por haber atestiguado la desaparición.

Es necesario la solidaridad de todos y todas para encontrarla. Exigimos la inmediata presentación con vida de la señora Isela Hernández Lara, así como protección y garantías de seguridad a la familia Reyes Salazar. Responsabilizamos a Felipe Calderón, al gobernador de Chihuahua César Duarte, al General Guillermo Galván Galván, al Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna de lo que le pase a la señora Isela Hernández Lara.

Atentamente,
Comité Ciudad Juárez No Están Sólos
cdj.noestansolos@gmail.com
(55)3449-4365

lunes, 15 de agosto de 2011

¡No a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional!

1 Minuto X No + Sangre

México vive una violación masiva de derechos humanos. Esta emergencia humanitaria es provocada por la violencia delincuencial y por la estrategia gubernamental  supuestamente orientada a contenerla.

Sin embargo, el Legislativo pretende aprobar reformas a Ley de Seguridad Nacional,  a espaldas del pueblo mexicano, sin tomar en cuenta las opiniones de las víctimas, las demandas de los organismos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales que clamamos por el cabal respeto a los derechos y por la justicia.

Además de las 50 mil muertes reconocidas oficialmente y los miles decenas de miles de hogares enlutados y agraviados por la  muerte, el secuestro,  la tortura y el despojo ahora se pretende que el Estado Mexicano legalice la violación de los derechos y garantías constitucionales.

Con esta ley se busca que Felipe Calderón utilice, legalmente y sin consecuencias, al ejército mexicano contra los movimientos sociales,  políticos o electorales, que a su juicio “constituyan una amenaza para la seguridad interior”.

- Vulnerar el libre tránsito.
- Restricción de los movimientos sociales.
- Autoridad para entrometerse en la vida de las personas.
- Demandar información a los ciudadanos “con cualquier herramienta que resulte necesaria”.
- Informantes anónimos, espionaje y contraespionaje.
- Integración de expedientes confidenciales, incluso políticos.

Los conceptos de verdad,  libertad, paz, justicia o democracia se encuentran ausentes en esta iniciativa de Ley y en las intenciones de las fuerzas políticas y económicas que las promueven.

La impunidad y la mentira imperantes así como la conculcación formal de derechos y garantías lejos de contribuir a la paz, alientan la guerra y la violencia en el país.

En este contexto nuestra presencia, en el Monumento a la Independencia con 1 Minuto X No + Sangre, como muchos otros mexicanos que se manifiestan en todo el país contra estas reformas de seguridad es para dar voz a las víctimas, para dar oportunidad a todos los agraviados por esta guerra de rendir su testimonio, para ejercer libremente nuestro derecho a movilizarnos contra la guerra y construir en México una paz justa y digna, para que cese el silencio y para que, de una vez por todas, cese el olvido.


 
 Con este Minuto X No + Sangre hacemos un llamado al pueblo de México, a las organizaciones humanitarias, sociales, culturales; a los defensores de derechos humanos; a los estudiantes, a los obreros y campesinos a todas las personas de buena voluntad, a denunciar estas reformas a las leyes de seguridad como un ataque a nuestros derechos más elementales. Y, en consecuencia, llamamos a la más amplia movilización, al más amplio uso de nuestros derechos, para impedir que dichas reformas a Ley de Seguridad Nacional sean aprobadas. Demandamos el juicio penal de Felipe Calderón, la destitución del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de los responsables de la guerra y la violencia que padece actualmente nuestro país.

Es la hora de la verdad.  Es la hora de la vida.

No Más Sangre.


Ciudad de México, 14 de agosto de 2011

viernes, 12 de agosto de 2011

Convocatoria

 
Como expresamos el 27 de julio en este medio, el Colectivo No más Sangre convoca a la movilización ciudadana del 14 de agosto, a fin de exigir que el Poder Legislativo se abstenga de aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Pero también seguimos en lo dicho, y demandamos el juicio penal de Felipe Calderón, la destitución del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de los responsables de la guerra y la violencia que padece actualmente nuestro país.

Nos concentraremos en el Monumento a la Independencia, este domingo a las 12 horas, para que te expreses en ‘1 Minuto X No + Sangre’.

No más Sangre.

Eduardo del Río (Rius), Rafael Barajas (El Fisgón), Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Nelly Muñohierro, José Hernández, Antonio Helguera, René Sánchez Galindo, Bruno Bichir, Pedro Miguel, María Villa, Jesús Ramírez Cuevas, Elisa Godínez, Édgar Cortez, Gabriel Ramírez, Jesús González, Rocío Culebro, Adrián Luján, Redes Universitarias y 160 firmas más.

Los cartones de hoy.



- Sometidos - Cartón de Helguera
- Debatiendo la ley de seguridad nacional - Cartón de El Fisgón

Parar la guerra o por qué estoy con Sicilia.

Acentos | Epigmenio Ibarra

No me espantan los abrazos y los besos, de hecho estoy convencido de que, en este país, hacen falta muchos abrazos y besos. También de eso se hace la paz. Tampoco me voy con la finta. Pesan más en mi ánimo, a pesar de mi oficio, las palabras que las imágenes.

Ni soy rehén de las fotografías que asaltan las primeras planas de los diarios, ni suelo conformarme con la manera en que la tv da cuenta de los hechos. Si hay un diálogo, que además es inédito y trascendental para el país, escucho lo que los protagonistas del mismo dicen y a eso me atengo.

Tampoco me espanta la idea de dialogar con adversarios políticos o, en medio de la guerra, con el enemigo. No comparto la idea, tan común en nuestro país, de que dialogar es rendirse y negociar es transar.

He visto cómo los más acérrimos enemigos, sin deponer sus principios, sin hacer concesión que los deshonre, se sientan a la mesa y en algunos casos —cuando han sido capaces de poner sobre sus intereses los de la nación— alcanzan acuerdos.

Creo, eso sí, que, como en el caso de Vietnam o El Salvador, los besos y abrazos deben darse —y es vital que así suceda— cerrado el proceso de negociación y como punto de partida, como señal inequívoca, de que el proceso de reconciliación y reconstrucción nacional ha comenzado.

Fui testigo, en la oficina del secretario general de la ONU, la medianoche del 31 de diciembre de 1991, de cómo generales del ejercito salvadoreño se abrazaban, un vez firmado el acuerdo que daba por terminada la guerra, con los comandantes del FMLN.

No había traición en esos abrazos como tampoco la hubo en la determinación de sentarse a la mesa y negociar. Militares y guerrilleros habían combatido sin cuartel casi 20 años. Combatieron incluso —ese fue el primer acuerdo: no levantarse de la guerra— mientras negociaban. Ambos se dieron cuenta de que la sangre destiñe las banderas ideológicas y ambos perdiendo algo ganaron, sin embargo, la paz.

No sucede, desgraciadamente, lo mismo en México. Sólo guiados por sus propios intereses y no por los de la nación actúan casi todos los políticos. Nada hay más importante para ellos que el 2012. Anticipadamente se reparten el botín mientras el país se desangra.

Desatada la guerra como instrumento de legitimación, los panistas pretenden ahora sacar raja electoral de la misma. Saben que la promesa, que la imagen de “firmeza” y “mano dura” es rentable en las urnas; conocen el valor del miedo, la eficacia de la arenga patriótica y los llamados a la “unidad nacional”, y están acostumbrados a politizar, sin ningún pudor, la procuración de justicia.

Otro tanto sucede con el PRI. Maestro en aquello de eludir responsabilidades, hoy se desmarca de los desatinos de un gobierno del que ha sido cómplice y se prepara para prometer, al electorado, un autoritarismo “eficiente” que traiga la paz al país.

En su caso, el bien ganado desprestigio juega a su favor; saben que muchos electores confían en que con los capos ellos sí podrán lidiar como lo hicieron por décadas. Plata y garrote contra el crimen organizado ofrecen al elector. Regreso a un pasado que hoy muchos consideran casi idílico.

La oposición de izquierda mientras tanto está demasiado ocupada desgarrándose. No hay en el discurso de los posibles aspirantes a la candidatura ni urgencia ni determinación de parar la guerra. La consideran un factor de desgaste de sus adversarios y se olvidan de que en medio de la guerra no hay democracia que valga.

Para todos el dialogo y la negociación con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad forma parte de su arsenal de maniobras electorales. Van por la foto con Javier Sicilia o, como Felipe Calderón en Chapultepec, a aprovechar la tribuna para defender, apasionada y enfáticamente, su estrategia de combate al narco.

Por eso yo, con esta clase política, estando el país como está, decido seguir los pasos de un poeta. Acompañar a un hombre cuyo hijo ha sido asesinado y que dice al poder lo que muy pocos se han atrevido a decirle cara a cara, aunque, en un gesto evangélico y para mi gusto anticipado, lo abrace.

En el 94 el EZLN y el Subcomandante Marcos con su “Ya basta” introdujeron en el sombrío panorama de la política mexicana la verdad, la poesía y el humor. Empujaron, con su lucha, la mano de los políticos que firmaron los acuerdos de Barcelona. Cambiaron el país y se quedaron, trágica paradoja, sin un lugar para ellos mismos.

Hoy Javier Sicilia trae consigo, con su “estamos hasta la madre”, el dolor y la urgencia que no siento, ni veo, ni escucho en los políticos, pero por la que México entero clama. Un dolor y una urgencia que comparto y que pese a los “desatinos programáticos”, los abrazos y los besos están presentes en cada palabra que Sicilia pronuncia.

Quiero confiar, a ello apuesto, en el poder de la palabra del hombre que tiene una deuda con su hijo asesinado. Porque esa palabra es la de centenares de miles de mexicanos que, sin más partido que la vida, sin más consigna que la paz, queremos, con una urgencia y un dolor que no claudican, detener al crimen, parar la guerra, rescatar lo poco que va quedando de nuestra democracia.

http://elcancerberodeulises.blogspot.com
www.twitter.com/epigmenioibarra


Tomado de Milenio, jueves 12 de agosto de 2011

martes, 9 de agosto de 2011

Reformitis

Por Pedro Miguel

Al descubierto. Cartón de El Fisgón
Se entiende perfectamente: las leyes no pueden ni deben ser inmutables pues las sociedades en las que se aplican se encuentran, para bien o para mal, en permanente proceso de transformación, y el marco legal debe ser readecuado y perfeccionado una y otra vez. Esa debe ser la tarea del Legislativo, además de servir de contrapeso al Ejecutivo. Éste, por su parte, tiene la responsabilidad primaria de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.

Así tendría que ser. Pero en el régimen oligárquico que padece México actualmente, el principio de legalidad está de cabeza. No hay que estirar mucho la mano para encontrar un ejemplo contundente de esa inversión: Washington envía a policías en activo y militares en retiro a participar en la desastrosa guerra en curso impulsada por el calderonato, y esos efectivos realizan interrogatorios, intervienen telecomunicaciones y han tenido un papel clave en decenas de capturas o “eliminaciones” (que parecen ser, muchas de ellas, ejecuciones extrajudiciales) de presuntos narcotraficantes. La injerencia no se perpetró aprovechando un descuido del gobierno mexicano, sino en respuesta a sus peticiones.

Para argumentar la “legalidad” de la operación de personal policial extranjero en México, Alejandro Poiré ha salido con la puerilidad de que éste “no porta armas” y con la abierta mentira de que “no realiza ninguna labor operativa”. Incluso si así fuera, el artículo 21 constitucional es inequívoco: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”; el 32 no deja lugar a dudas: “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública” y “para desempeñar cualquier cargo o comisión en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea en tiempos de paz, se requiere ser mexicano por nacimiento.” ¿Con qué saldrán entonces? ¿Con que no estamos en “tiempos de paz”? Pues qué pena: legalmente, para que el país esté en guerra, es necesario que el Ejecutivo federal la declare, previa ley del Congreso de la Unión (Art. 89), cosa que no se ha hecho.

El régimen oligárquico no acata la Carta Magna, y menos el resto de las leyes. Hace meses que la Secretaría del Trabajo proclama sin pudor que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta, como si no fuera su obligación hacerla cumplir. El reconocimiento cínico de omisión de la legalidad es convertido en argumento para modificarla a gusto de los funcionarios en turno y de sus marañas de interés. Otro caso notable es el sempiterno populismo legal de la derecha (Peña Nieto es un exponente de él) sobre la supuesta necesidad de “endurecer” las penas para delitos graves a fin de disuadir a la criminalidad. Eso podría tener sentido, así fuera sentido argumental, en un estado de pleno derecho, pero no en un país en el que la impunidad prevalece en 80 o 90 por ciento de los casos. ¿Para qué quieren incrementar a 7 mil años el castigo por homicidio, pongamos por caso, si nueve de cada 10 sospechosos de homicidio andan sueltos, y si los que son detenidos son liberados por falta de pruebas, o bien exonerados en juicio, y no cumplen ni con las sanciones de 20 o 30 años actualmente vigentes?

En su gran mayoría, las modificaciones legales operadas por el Congreso del salinato a la fecha no son adecuaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la sociedad, sino arreglos jurídicos para saquear el erario sin temor a posibles sanciones, entregar las riquezas nacionales a los grandes capitales locales y foráneos, acelerar la concentración de la riqueza y reforzar por diversas vías –desde la electoral hasta la policial, pasando por la mediática– el control político que la élite empresarial ejerce sobre el resto de la sociedad. Este último es el propósito del engendro de reforma a la Ley de Seguridad Nacional: el texto vigente fue negociado por Beltrones, Fernández de Cevallos y otros del estilo en 2004, promulgado por Fox en enero de 2005 y violado unos meses más tarde por ellos mismos, cuando permitieron la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso de imposición de Felipe Calderón en Los Pinos.

Tal como están, las leyes nacionales son descripción de un país estable y habitable. Si las autoridades de los tres niveles de gobierno las cumplieran, viviríamos en él. Señores legisladores de todos los partidos, déjense de reformitis. Antes de decirnos que no sirven, vean primero que los preceptos jurídicos se respeten. Tienen atribuciones para ello.

navegaciones@yahoo.com
http://navegaciones.blogspot.com
http://twitter.com/Navegaciones


La Jornada
Agosto 9, 2011

lunes, 8 de agosto de 2011

Cartones

Haiga sido como haiga sido. Cartón de Helguera

 
A la Moda. Cartón de Hernández

lunes, 1 de agosto de 2011

Comparte carta con No + Sangre

¿Movimiento Social?

Pareciera que se debe ser víctima de la violencia para poder ser parte del Movimiento por la Paz de forma activa, y que no es de todos los mexicanos que repudiamos la estrategia del presidente. Digo esto porque he buscado participar en el movimiento en dos ocasiones, sin recibir una respuesta satisfactoria. La primera vez mandé un correo electrónico de registro para participar en la primera caravana que llegaría a la comunidad de Cherán, del cual no recibí respuesta, además de ofrecerme como voluntario para la recolección de víveres en sus centros de acopio, siendo la misma situación. La segunda, al saber de la campaña “Un peso por la paz”, que recolectaría fondos para las siguientes caravanas, me ofrecí a “botear” en el zócalo del  D.F. recibiendo  por respuesta “cualquier  ayuda es bienvenida.  Aquí colocaremos las cuentas para depositar”, cuando era evidente que mi ofrecimiento era más activo que económico. Me gustaría pensar que tienen mucho trabajo o que no entendieron mis mensajes, ya que a mi entender, parece que el movimiento encabezado por Javier Sicilia, lejos de integrar a la sociedad como lo hace “No Más Sangre”, está más preocupado por la reforma política.

Enrique Navarro