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viernes, 11 de noviembre de 2011
viernes, 4 de noviembre de 2011
El control
Por Luis Javier Garrido.
La violencia extremada por el gobierno de facto de Felipe Calderón en diversos ámbitos del país es parte de la estrategia acordada por el panista michoacano con sectores de extrema derecha de Washington para obtener la ayuda estadunidense a fin de imponer a su candidato en la silla presidencial en 2012 a cambio de seguir él entregando el control de la economía, de los recursos básicos, de la seguridad nacional y hasta de las instancias de gobierno a Estados Unidos.
2. Washington está consiguiendo así en México gracias al papel de Calderón y del PAN con la llamada “guerra contra el narco”, que en realidad es contra el pueblo de México, lo mismo que con guerras mucho más costosas ha ido alcanzando en Afganistán, Irak o Libia: reducir a estados soberanos a la calidad de simples territorios de ocupación o
protectoradospara lograr el saqueo de sus recursos fundamentales, empezando por el gas, el petróleo y la minería.
3. Lo más significativo de este final del gobierno espurio de Calderón no lo constituye su entreguismo, sino que el mismo ya no suscita sino reacciones cada vez más limitadas, por el hecho evidente de que los funcionarios panistas no defienden ya los intereses de México, sino los de EU con el argumento peregrino de que con la Iniciativa Mérida impulsan la globalización.
4. Las injerencias estadunidenses en la vida institucional de México, que hace tres cuartos de siglo hubiesen producido reclamos contundentes o la expulsión de sus diplomáticos, no provocan hoy más que el aval de los funcionarios panistas. Luego de que Hillary Clinton insistió por enésima vez ante un subcomité de la Cámara de Representantes en que los cárteles mexicanos
realizan actividades similares a las de los grupos terroristas, abriendo el reclamo a una intervención más directa, las autoridades mexicanas guardaron silencio.
5. Al igual que hicieron tras los señalamientos de The Washington Post el 28 de octubre de que el Ejército, la Marina y la Policía Federal buscan por todos los medios bajo el mando de la DEA a El Chapo Guzmán, traicionando así Obama y Calderón a su aliado en un afán de imponerse en 2012. Como también cuando se ha desatado una campaña histérica en sectores de EU insistiendo en que los cárteles y la violencia de México amenazan como ninguna fuerza en el mundo el american way of life y se señala a El Chapo como el hombre más peligroso y rico del planeta:
más letal que la mafia italianapor haber tomado el control de Chicago, según dijo el miércoles 2 Jack Riley, miembro de la DEA, que hace unos días todavía lo protegía. Lo cual no obsta para que Forbes lo sitúe en el número 55 como el hombre más rico del mundo: debajo de otros mexicanos que ahora se sabe forman parte también, desde otra vertiente, del
crimen organizado.
6. El proyecto totalitario de Washington de centralizar en un mando único las policías federal, locales y municipales de México, con el propósito de que las agencias estadunidenses tengan más fácilmente el control del país, sin importar el orden constitucional –ni el régimen federal y la autonomía municipal–, lo ha tratado de seguir imponiendo Calderón, enmedio del desastre institucional, sin oposición de los poderes locales. En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional el último día de octubre, los gobernadores, sin dignidad y sin respeto al federalismo, aceptaron la centralización, la injerencia estadunidense y hasta el regaño de Calderón por los escasos avances en la llamada
limpia policiacay doblaron la cerviz, empezando por Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino ahora ardiente calderonista.
guerraimpuesta por Calderón a los mexicanos haciéndole el juego a Estados Unidos causó tan sólo en octubre mil 45 muertes, que no sólo son atribuibles a los cárteles o
crimen organizado–como decía la cabeza de la nota de La Jornada que da cuenta de esto el 2 de noviembre–, sino también y de manera cada vez más importante a las fuerzas federales (dirigidas por agentes estadunidenses), a los paramilitares del gobierno calderonista –que se llevan las palmas– y al fuego cruzado, todo ello en el contexto de un conflicto generado por el gobierno panista para amedrentar y someter a los mexicanos y que ha hecho de la violencia un arma fundamental de gobierno siguiendo el modelo colombiano. Sin olvidar que muchos estudiosos señalan que gobiernos como los de Colombia, Estados Unidos o México, por sus intereses en el narco, deben ser también considerados componentes del
crimen organizado.
8. Este incremento de la violencia armada a unos días de las elecciones locales de Michoacán fue señalado desde hace meses como una de las tres vías a las que recurriría Calderón para tratar de sentar a su hermana la Cocoa en la silla de gobernador, junto con las manipulaciones prelectorales de las dependencias del Ejecutivo, que con todos los recursos materiales, logísticos, económicos y políticos del gobierno federal buscan imponer a su candidata (la violencia electoral), a lo que se aúnan las campañas negras a las que son tan afectos los panistas y la derecha en casi todo el mundo (la violencia mediática). El atentado que costó la vida al presidente municipal panista de La Piedad el miércoles 2 empezó a ser visto ya, por consiguiente, como parte de este escenario oficial que se inició con el bombazo del 15 de septiembre de 2009 en Morelia y prefigura lo que va a ser 2012.
9. El grupo panista sabe bien que no podría imponer a Ernesto Cordero en Los Pinos de no destruir las posibles candidaturas de Andrés Manuel López Obrador (PRD) y de Enrique Peña Nieto (PRI), y a eso ha estado dedicado. Pero, como en el caso de López Obrador, a pesar de cinco años de
campañas negras, no ha logrado mermar su imagen, que se ha fortalecido con el respaldo de la Morena –el movimiento social más importante de los decenios recientes–, por lo que al aproximarse ahora la encuesta que definirá al candidato de
las izquierdas, busca en estrecha alianza con los chuchos del PRD imponer fraudulentamente al neoliberal Marcelo Ebrard, quien tiene nula aceptación en la capital y en el resto del país y no podría salir victorioso en una encuesta imparcial.
10. El pueblo no ha perdido en este escenario su dignidad y así por diversos medios su
¡Ya basta!sigue anunciando su capacidad de lucha y de resistencia.
jueves, 3 de noviembre de 2011
Navegaciones. - Una llamada telefónica.
Por Pedro Miguel.
No podría ser ninguno de los vendepatrias que han ejercido, con legitimidad o sin ella, la presidencia de México en décadas recientes. Tampoco podría hacerlo un representante de esta oligarquía que ha encontrado el máximo de sus negocios en la destrucción humana y material del país. Fuera de ese pequeño conjunto, no importa el apellido de quien, un día, tendrá que armarse de sentido nacional, agudeza y tamaños, como en su día lo hizo Lázaro Cárdenas, para pedir a uno de sus asistentes que establezca comunicación telefónica con la Casa Blanca.
–Señor presidente: debo comunicarle que he enviado al Legislativo de mi país una iniciativa de reformas al Código Penal para abolir la prohibición de todas las drogas.
Pero, para entonces, al jefe de Estado de la potencia vecina la noticia no lo tomará demasiado de sorpresa. Porque antes de efectuar esa llamada, habrá debido desarrollarse un debate nacional, una complicada negociación política entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso y, lo más espinoso, un proceso de paz con los principales grupos armados que operan en el país.
Suena nauseabundo eso de sentarse a la mesa de negociaciones con representantes del cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Caballeros templarios, el cártel del Golfo y no sé cuántas otras organizaciones delictivas. Igualmente repulsivo debe de haberles parecido a Yitzhak Shamir y Shimon Peres estrechar la mano de Yasser Arafat, quien, según ellos, era un carnicero terrorista. Una repulsión parecida ha de haber sentido el dirigente palestino al abrazar a quienes consideraba genocidas. También tuvo que ser muy duro para los comandantes guerrilleros salvadoreños saludar con una sonrisa a los generales criminales que masacraron pueblos enteros.
Hay muchos otros ejemplos. El problema es que, como dijo Shimon Peres en una conferencia en el hotel King David de Jerusalén, en el ya lejano 1994, el liderazgo palestino no lo ejercía Teresa de Calcuta, que era con quien a él le habría encantado firmar la paz. Cuando resulta imposible derrotar militarmente al enemigo que se tiene enfrente, tarde o temprano hay que conversar con él en un proceso de toma y daca para detener una carnicería que no va a terminar por sí misma.
Otro obstáculo: a diferencia de lo ocurrido en los conflictos de Oriente Medio, Centroamérica, el Ulster y otros, las organizaciones criminales mexicanas no encarnan ninguna reivindicación política o social. Pertenecen a delincuentes comunes a quienes mueve el interés por las utilidades, como a cualquier otro empresario, salvo que su negocio es ilegal.
Pero este dato tampoco representa un escrúpulo insalvable para iniciar un proceso de pacificación en el país. Muchos gobiernos han negociado, en diversos momentos, con estamentos delictivos. Lo hizo la Casa Blanca antes de derogar la ley seca, con las mafias de Chicago, Nueva York y otras ciudades, para asegurar una suerte de transición ordenada para insertar las fortunas de los grandes capos en la economía formal; uno de los protagonistas de ese proceso fue Joseph P. Kennedy Sr., fundador de la dinastía, quien traficó con información privilegiada, construyó un imperio de importación y distribución de licores al día siguiente de abolida la prohibición y gestionó el trasvase de capitales dudosos hacia la naciente industria cinematográfica en Hollywood.
Años más tarde, el gobierno encabezado por Franklin Delano Roosevelt buscó a la mafia de origen italiano que operaba en el este del país para que ayudara a garantizar el éxito del desembarco en Sicilia. Los gobiernos de John F. Kennedy –hijo de Joseph P.–, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon –quien antes de ser presidente practicó la abogacía hasta límites realmente delictivos– se hicieron de la vista gorda con el vaso tráfico de heroína procedente de Vietnam, realizado al amparo de la intervención militar en ese país. Posteriormente, en tiempos de Ronald Reagan, la CIA operó una vasta red de narcotráfico de Colombia a Estados Unidos, pasando por México, para hacerse de ingresos extrapresupuestales con los cuales comprar armas para los contrarrevolucionarios nicaragüenses.
Por esos mismos tiempos, el Departamento de Estado y el Pentágono no le hacían ascos a los fundamentalistas afganos que financiaban su lucha contra las tropas soviéticas de ocupación mediante el comercio ilegal de heroína.
En el México actual, diversos políticos han reconocido o mencionado la existencia de añejos contactos extraoficiales entre la autoridad y los traficantes de drogas. Lo dijo Miguel de la Madrid en referencia a Carlos Salinas, lo dijo el ex gobernador de Nuevo León con respecto a los candidatos a puestos de elección popular, lo ha dicho Felipe Calderón con respecto a sus antecesores en el cargo que él ocupa de manera ilegítima; no hay por qué no creerles, sobre todo si un alud de datos e indicios confirma tales dichos.
Actualmente, el gobierno de Calderón ha sido insistentemente señalado por su presumible alianza tácita con el cártel de Sinaloa, hasta el punto de que, cabreados por el escándalo, los gobernantes estadunidenses parecen haber decidido poner un alto a las circunstancias que alimentan la versión. La semana pasada The Washington Post filtró una información que describía a un Calderón
En forma extraoficial, las autoridades mexicanas negaron que existiera tal cosa, pero unos días más tarde el propio Calderón comparecía, un tanto descompuesto, ante el Consejo de Seguridad Pública para presionar a los gobernadores con el tema de los exámenes de confianza de los integrantes de las corporaciones policiales y advertía de un inminente empeoramiento de la inseguridad y de la violencia. Al mismo tiempo, al norte del Bravo, el gobierno de Obama echaba el guante a unos 70 narcos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa. Hay síntomas de que la Casa Blanca y Los Pinos se preparan para un cambio de alianzas.
Hasta ahora, los contactos, las negociaciones y los pactos entre gobernantes y delincuentes formales se han realizado en la más absoluta oscuridad, porque se trata de negocios inconfesables. Pero para acabar con el narcotráfico se requiere de una negociación efectuada de cara a la sociedad con el objetivo de despenalizar la producción, traslado y venta de los estupefacientes ilegales. No se puede desmontar de la noche a la mañana un negocio de medio billón de dólares mediante un decreto. Es preciso incluir a las partes involucradas en él, y eso no sólo incluye a los capos, sino también a los sectores empresariales que se han beneficiado, por décadas, con la inyección de dinero sucio en la economía formal.
Vicente Fox formuló una propuesta semejante y la opinión pública y la clase política se lo comieron vivo, y con razón. La propuesta es correcta, pero el señor que permitió la fuga del Chapo no tiene ninguna autoridad moral para ponerla sobre la mesa. Dejemos para la semana entrante las formas y los temas de una paz negociada entre los grupos armados que se disputan el territorio y la economía del país.
En el México actual, diversos políticos han reconocido o mencionado la existencia de añejos contactos extraoficiales entre la autoridad y los traficantes de drogas. Lo dijo Miguel de la Madrid en referencia a Carlos Salinas, lo dijo el ex gobernador de Nuevo León con respecto a los candidatos a puestos de elección popular, lo ha dicho Felipe Calderón con respecto a sus antecesores en el cargo que él ocupa de manera ilegítima; no hay por qué no creerles, sobre todo si un alud de datos e indicios confirma tales dichos.
Actualmente, el gobierno de Calderón ha sido insistentemente señalado por su presumible alianza tácita con el cártel de Sinaloa, hasta el punto de que, cabreados por el escándalo, los gobernantes estadunidenses parecen haber decidido poner un alto a las circunstancias que alimentan la versión. La semana pasada The Washington Post filtró una información que describía a un Calderón
desesperadopor echar el guante a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, considerado el líder máximo de ese cártel, para cuya captura o eliminación se habrían formado grupos especiales en el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
En forma extraoficial, las autoridades mexicanas negaron que existiera tal cosa, pero unos días más tarde el propio Calderón comparecía, un tanto descompuesto, ante el Consejo de Seguridad Pública para presionar a los gobernadores con el tema de los exámenes de confianza de los integrantes de las corporaciones policiales y advertía de un inminente empeoramiento de la inseguridad y de la violencia. Al mismo tiempo, al norte del Bravo, el gobierno de Obama echaba el guante a unos 70 narcos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa. Hay síntomas de que la Casa Blanca y Los Pinos se preparan para un cambio de alianzas.
Hasta ahora, los contactos, las negociaciones y los pactos entre gobernantes y delincuentes formales se han realizado en la más absoluta oscuridad, porque se trata de negocios inconfesables. Pero para acabar con el narcotráfico se requiere de una negociación efectuada de cara a la sociedad con el objetivo de despenalizar la producción, traslado y venta de los estupefacientes ilegales. No se puede desmontar de la noche a la mañana un negocio de medio billón de dólares mediante un decreto. Es preciso incluir a las partes involucradas en él, y eso no sólo incluye a los capos, sino también a los sectores empresariales que se han beneficiado, por décadas, con la inyección de dinero sucio en la economía formal.
Vicente Fox formuló una propuesta semejante y la opinión pública y la clase política se lo comieron vivo, y con razón. La propuesta es correcta, pero el señor que permitió la fuga del Chapo no tiene ninguna autoridad moral para ponerla sobre la mesa. Dejemos para la semana entrante las formas y los temas de una paz negociada entre los grupos armados que se disputan el territorio y la economía del país.
El Chapo, en la mira de EU.
Editorial de La Jornada.
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| -El Chapo en la lista de Forbes- El Fisgón* |
Por tercer año consecutivo, la revista Forbes incluyó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera en su listado de personajes más poderosos del planeta. Su inclusión en ese ranking tiene como contexto el creciente protagonismo que en tiempos recientes le han conferido medios y autoridades de Estados Unidos entre las potenciales amenazas a la seguridad de ese país: hace unos días, el Departamento de Justicia del vecino país difundió un documento en el que se afirma que la organización del Chapo Guzmán controla la mayor parte del trasiego ilícito de drogas en territorio estadunidense y se le califica como una amenaza a la seguridad de ese país; recientemente, The Washington Post aseguró que la impunidad con la que opera el capo mexicano provoca
desesperaciónen la administración calderonista, la cual habría creado cuerpos especiales de marinos, soldados y policías federales para dar con su paradero, información que no fue oficialmente desmentida por el gobierno mexicano; ayer, el jefe en Chicago de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jack Riley, se refirió a Guzmán Loera como
el criminal más peligroso del mundo, y la propia Forbes lo ha ubicado, tras la muerte de Osama Bin Laden, como
la persona más perseguida del planeta.
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| -Fina atención- Helguera* |
Por lo pronto, el gobierno de Washington parece dirigir sus acciones en contra de presuntas redes de delincuentes al servicio del Chapo en su propio territorio, como lo indica la detención, registrada ayer en Arizona, de 76 individuos –tanto mexicanos como estadunidenses– supuestamente ligados al cártel de Sinaloa.
Independientemente de la relevancia de Guzmán Loera en el mundo delictivo, su conversión en símbolo del narcotráfico internacional y el afán de las autoridades de Washington por colocarlo como amenaza a la seguridad de Estados Unidos constituyen signos ominosos para México, como se desprende de la historia de violaciones a soberanías y atropellos que han acompañado las cruzadas de ese país para eliminar a quienes considera sus
enemigos: hace una década, el gobierno de George W. Bush erigió a Osama Bin Laden y a Al Qaeda en las principales amenazas a la seguridad de ese país y del mundo y, con el pretexto de neutralizar al primero y desmantelar a la segunda, invadió Afganistán y causó un saldo injustificable de muerte y destrucción. Algo similar ocurrió con la invasión de Panamá en 1989, efectuada con el propósito de derrocar y capturar a Manuel Antonio Noriega –quien se había desempeñado como estrecho colaborador de la CIA en Centroamérica–, que dejó un saldo de entre tres mil y cinco mil muertos. En México, sin ir más lejos, el gobierno de Woodrow Wilson lanzó en marzo de 1916 una expedición punitiva en represalia por el ataque de las fuerzas de Francisco Villa a una guarnición militar en Columbus, Nuevo México.
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| -Triunfo inobjetable- Hernández* |
Más allá de las consideraciones anteriores, la inclusión de Guzmán Loera en los listados de los individuos más ricos y poderosos del planeta obedece a una inocultable lógica neoliberal: por amplio que resulte su expediente criminal, este narcotraficante sinaloense y otros de su mismo tipo son emprendedores que han sabido aprovechar las ventajas y oportunidades del sistema económico vigente –desregulación, privatización, extremo adelgazamiento del Estado, globalización económica, libre comercio, tasas altísimas de desempleo real, abandono y marginación de grandes regiones– y que han operado la aplicación más extrema de las fórmulas del éxito impulsadas por la ideología dominante: búsqueda de la rentabilidad máxima, retorno rápido de la inversión, acumulación y concentración feroz de la riqueza y eliminación despiadada de la competencia.
*Cartones publicados en La Jornada el 12 de marzo de 2009
jueves, 27 de octubre de 2011
Drogas: política social y gobierno honesto
Por Pedro Miguel.
La mayor parte de los lavacoches son honrados y la mayoría de los presidentes nos han salido rateros, o sea que la pobreza no conduce en automático a la delincuencia y el éxito social no garantiza la honradez. No todas las personas que se quedan sin empleo optan por dedicarse a la delincuencia, y no todos los delincuentes lo son por falta de oportunidades laborales en entornos lícitos. No hay, pues, una relación directa y mecánica entre las tasas de desempleo y los índices de criminalidad, como no la hay tampoco entre éstos y los indicadores que miden las carencias educativas, alimentarias, de salud, vivienda y servicios. Además, las cifras oficiales en el México contemporáneo están tan maquilladas que resulta muy osado inferir cualquier cosa a partir de ellas. Un ejemplo emblemático es el del desempleo abierto, que en este país, dicen, ronda el 5.20 por ciento: si el dato fuera representativo, habría que preguntarse por qué no llegan a las playas del Golfo hordas de náufragos miserables procedentes de España, en donde la cifra correspondiente anda en 20 por ciento, o por qué en la frontera norte no tenemos una invasión de desempleados desde Estados Unidos, cuya tasa de desempleo es casi del doble que la mexicana.
No puede, entonces, establecerse en términos cuantitativos una relación causal entre el prolongado deterioro de los niveles de vida de la población mexicana, y el estallido delictivo en curso. Pero el sentido común indica que la adopción de una política social orientada a garantizar el acceso de las mayorías a empleos dignos, alimentación adecuada, educación gratuita y de calidad y servicios de salud, transporte y esparcimiento, contribuiría a reducir en forma significativa la comisión de delitos y el engrosamiento de las filas delictivas con individuos carentes de cualquier otro horizonte de sobrevivencia.
Piénsese en todo ese universo de narcomenudistas, sembradores de amapola y mariguana, transportadores o camellos, carteristas, deshuesadores y vendedores de partes robadas, entre otros que no son, en su mayor parte, sociópatas, sino individuos a quienes la necesidad material ha empujado a violar la ley. Considérese a esos jóvenes que están en la piedra y en el chemo porque la sociedad no les ofreció otro sitio para estar. Concíbase por un momento qué posibilidades de consumo reales tienen los menudistas y los compradores de baratijas de contrabando –técnicamente, delincuentes ambos– en el comercio formal. Recuérdese la persistente canallada cometida por los régimenes de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón contra comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios del agro, muchos de los cuales no tienen más horizontes de subsistencia que la mendicidad, la emigración o la transgresión de los códigos penales.
En el mediano plazo, la construcción de un estado de bienestar, con prioridades orientadas a satisfacer las necesidades de la población en general y no a garantizar tasas máximas de dividendos para los grandes capitales, reduciría en mucho los recursos humanos de los que actualmente dispone la delincuencia en general, y el narco en particular, y contribuiría a restablecer el imperio de la autoridad en las regiones actualmente dominadas por el crimen organizado. Si la autoridad garantizara los derechos constitucionales al trabajo, la salud y la educación, y los ampliara a los servicios, la cultura y la recreación, muchas personas que hoy delinquen optarían, así fuera para evitarse los riesgos, por dedicarse a labores legales. No se trata únicamente de un dilema moral sino también de un cálculo costo/beneficio bastante obvio.
Los portavoces de la oligarquía gobernante tienen una variada panoplia de alegatos contra el estado de bienestar: desde que es "populista" y "demagógico" hasta que es contrario a las leyes del mercado mundial o que está fuera del alcance presupuestal del país. La razón de todos esos alegatos es que el negocio principal del gobierno oligárquico consiste en privatizar la riqueza y cualquier medida que tienda a socializarla, en esa lógica, significa pérdida.
Pero, incluso con un gobierno social y solidario en escena, sería necesario reorientar la estrategia de seguridad para reducir el narcotráfico a un nivel en el que no representara una amenaza grave para la seguridad nacional y la paz pública. En esa reorientación, las medidas más obvias consistirían en armarse de voluntad política para perseguir el lavado de dinero hasta los confines del sistema financiero –los bancos y la bolsa, hoy intocables–, sanear los aparatos administrativos que controlan las entradas y las salidas de la droga: fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos, y orientar a esos puntos los empeños represivos oficiales.
Es un tanto grotesco observar el despliegue de transportes militares en el Periférico capitalino mientras los cargamentos de cocaína atraviesan con suma facilidad, tanto en las modalidades de importación como de exportación, las fronteras del país. Hay una inocultable mala fe en la siembra del mapa nacional con retenes peligrosos e intimidantes cuando, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías federales y empleados de la transnacional de seguridad Eulen conspiran para permitir la salida de alijos de cocaína de 42 kilos con destino a Madrid, como lo reveló una investigación reciente. Hay que ser muy tontos para creer que los traficantes de precursores químicos y de seudoefedrina pueden realizar traslados masivos de sus mercancías sin complicidades bien cimentadas de personal aduanero. Tercera medida: la investigación y el desmantelamiento de las cadenas de corrupción que van desde policías rasos de todas las corporaciones hasta funcionarios de alto nivel. Por ejemplo.
Aunque la adopción de una política de bienestar social por el Estado mexicano y un manejo honesto y sensato de la estrategia de seguridad pública permitirían reducir el fenómeno delictivo a dimensiones manejables, no serían suficientes para acabar con el narcotráfico, porque si bien éste se nutre y fortalece en la pobreza, la marginación, la corrupción y las complicidades oficiales implícitas o explícitas, su razón de existencia no está en esos fenómenos, sino en la prohibición de una cantidad de sustancias sicotrópicas. En tanto la producción, el transporte y la comercialización de drogas ilícitas permita la obtención de utilidades de diez o veinte mil por ciento anuales, el narcotráfico seguirá siendo un destino atractivo para la inversión, como lo son el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, el secuestro y el contrabando.
La eliminación de la lista de sustancias prohibidas es, pues, indispensable e inevitable. De manera periódica, diversos funcionarios de los gobiernos de México y de Estados Unidos afirman, además, que es inviable, y fuera de los ámbitos oficiales nos hemos acostumbrado a escuchar que la despenalización unilateral resultaría contraproducente, que agravaría la violencia y el descontrol, que conduciría al fin del mundo, etcétera.
Y como nadie argumenta la supuesta inconveniencia de suprimir lisa y llanamente la persecución oficial de las drogas, vale la pena imaginar qué consecuencias podría conllevar tal medida, adoptada en solitario por México, y en qué escenarios políticos y diplomáticos podría realizarse. Dejemos eso para la semana entrante.
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Foto de http://urbanshadow.net/blog - Darren Knight |
La mayor parte de los lavacoches son honrados y la mayoría de los presidentes nos han salido rateros, o sea que la pobreza no conduce en automático a la delincuencia y el éxito social no garantiza la honradez. No todas las personas que se quedan sin empleo optan por dedicarse a la delincuencia, y no todos los delincuentes lo son por falta de oportunidades laborales en entornos lícitos. No hay, pues, una relación directa y mecánica entre las tasas de desempleo y los índices de criminalidad, como no la hay tampoco entre éstos y los indicadores que miden las carencias educativas, alimentarias, de salud, vivienda y servicios. Además, las cifras oficiales en el México contemporáneo están tan maquilladas que resulta muy osado inferir cualquier cosa a partir de ellas. Un ejemplo emblemático es el del desempleo abierto, que en este país, dicen, ronda el 5.20 por ciento: si el dato fuera representativo, habría que preguntarse por qué no llegan a las playas del Golfo hordas de náufragos miserables procedentes de España, en donde la cifra correspondiente anda en 20 por ciento, o por qué en la frontera norte no tenemos una invasión de desempleados desde Estados Unidos, cuya tasa de desempleo es casi del doble que la mexicana.
No puede, entonces, establecerse en términos cuantitativos una relación causal entre el prolongado deterioro de los niveles de vida de la población mexicana, y el estallido delictivo en curso. Pero el sentido común indica que la adopción de una política social orientada a garantizar el acceso de las mayorías a empleos dignos, alimentación adecuada, educación gratuita y de calidad y servicios de salud, transporte y esparcimiento, contribuiría a reducir en forma significativa la comisión de delitos y el engrosamiento de las filas delictivas con individuos carentes de cualquier otro horizonte de sobrevivencia.
Piénsese en todo ese universo de narcomenudistas, sembradores de amapola y mariguana, transportadores o camellos, carteristas, deshuesadores y vendedores de partes robadas, entre otros que no son, en su mayor parte, sociópatas, sino individuos a quienes la necesidad material ha empujado a violar la ley. Considérese a esos jóvenes que están en la piedra y en el chemo porque la sociedad no les ofreció otro sitio para estar. Concíbase por un momento qué posibilidades de consumo reales tienen los menudistas y los compradores de baratijas de contrabando –técnicamente, delincuentes ambos– en el comercio formal. Recuérdese la persistente canallada cometida por los régimenes de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón contra comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios del agro, muchos de los cuales no tienen más horizontes de subsistencia que la mendicidad, la emigración o la transgresión de los códigos penales.
En el mediano plazo, la construcción de un estado de bienestar, con prioridades orientadas a satisfacer las necesidades de la población en general y no a garantizar tasas máximas de dividendos para los grandes capitales, reduciría en mucho los recursos humanos de los que actualmente dispone la delincuencia en general, y el narco en particular, y contribuiría a restablecer el imperio de la autoridad en las regiones actualmente dominadas por el crimen organizado. Si la autoridad garantizara los derechos constitucionales al trabajo, la salud y la educación, y los ampliara a los servicios, la cultura y la recreación, muchas personas que hoy delinquen optarían, así fuera para evitarse los riesgos, por dedicarse a labores legales. No se trata únicamente de un dilema moral sino también de un cálculo costo/beneficio bastante obvio.
Los portavoces de la oligarquía gobernante tienen una variada panoplia de alegatos contra el estado de bienestar: desde que es "populista" y "demagógico" hasta que es contrario a las leyes del mercado mundial o que está fuera del alcance presupuestal del país. La razón de todos esos alegatos es que el negocio principal del gobierno oligárquico consiste en privatizar la riqueza y cualquier medida que tienda a socializarla, en esa lógica, significa pérdida.
Pero, incluso con un gobierno social y solidario en escena, sería necesario reorientar la estrategia de seguridad para reducir el narcotráfico a un nivel en el que no representara una amenaza grave para la seguridad nacional y la paz pública. En esa reorientación, las medidas más obvias consistirían en armarse de voluntad política para perseguir el lavado de dinero hasta los confines del sistema financiero –los bancos y la bolsa, hoy intocables–, sanear los aparatos administrativos que controlan las entradas y las salidas de la droga: fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos, y orientar a esos puntos los empeños represivos oficiales.
Es un tanto grotesco observar el despliegue de transportes militares en el Periférico capitalino mientras los cargamentos de cocaína atraviesan con suma facilidad, tanto en las modalidades de importación como de exportación, las fronteras del país. Hay una inocultable mala fe en la siembra del mapa nacional con retenes peligrosos e intimidantes cuando, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías federales y empleados de la transnacional de seguridad Eulen conspiran para permitir la salida de alijos de cocaína de 42 kilos con destino a Madrid, como lo reveló una investigación reciente. Hay que ser muy tontos para creer que los traficantes de precursores químicos y de seudoefedrina pueden realizar traslados masivos de sus mercancías sin complicidades bien cimentadas de personal aduanero. Tercera medida: la investigación y el desmantelamiento de las cadenas de corrupción que van desde policías rasos de todas las corporaciones hasta funcionarios de alto nivel. Por ejemplo.
Aunque la adopción de una política de bienestar social por el Estado mexicano y un manejo honesto y sensato de la estrategia de seguridad pública permitirían reducir el fenómeno delictivo a dimensiones manejables, no serían suficientes para acabar con el narcotráfico, porque si bien éste se nutre y fortalece en la pobreza, la marginación, la corrupción y las complicidades oficiales implícitas o explícitas, su razón de existencia no está en esos fenómenos, sino en la prohibición de una cantidad de sustancias sicotrópicas. En tanto la producción, el transporte y la comercialización de drogas ilícitas permita la obtención de utilidades de diez o veinte mil por ciento anuales, el narcotráfico seguirá siendo un destino atractivo para la inversión, como lo son el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, el secuestro y el contrabando.
La eliminación de la lista de sustancias prohibidas es, pues, indispensable e inevitable. De manera periódica, diversos funcionarios de los gobiernos de México y de Estados Unidos afirman, además, que es inviable, y fuera de los ámbitos oficiales nos hemos acostumbrado a escuchar que la despenalización unilateral resultaría contraproducente, que agravaría la violencia y el descontrol, que conduciría al fin del mundo, etcétera.
Y como nadie argumenta la supuesta inconveniencia de suprimir lisa y llanamente la persecución oficial de las drogas, vale la pena imaginar qué consecuencias podría conllevar tal medida, adoptada en solitario por México, y en qué escenarios políticos y diplomáticos podría realizarse. Dejemos eso para la semana entrante.
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jueves, 20 de octubre de 2011
Navegaciones • Mitos, narcos, mitotes y narcotes.
Por Pedro Miguel.
Tuve un amigo que cada noche, durante toda su vida, cenó un litro de Coca-Cola. Murió de cáncer de esófago a los 50 y no es claro si el consumo inmoderado de esa bebida fue determinante en la gestación del tumor o si es meramente indicativo de sus malos hábitos alimenticios. Posiblemente sea lo segundo, porque parece ser que su sistema digestivo se mantuvo virgen de vegetales. Mi padre fue asesinado a esa misma edad por Philip Morris, y he enterrado ya a varios colegas que, incluso antes de llegar a ella, sucumbieron ante el embate de los cárteles de Domecq o de Bacardí, o de otro semejante, con el hígado hecho pedazos. En una ocasión compré en una tienda de barrio una lata de bebida de taurina, la ingerí y me puse muy loco, pero ninguna patrulla de la policía me detuvo por beber en plena calle esa porquería empalagosa y acelerante. El consumismo en grado de adicción y el uso compulsivo de la tarjeta de crédito destruyen hogares y entornos sociales, y Bimbo induce obesidad y diabetes en los segmentos infantiles de la población. Las ludopatías destrozan familias, carreras laborales y patrimonios personales, mientras sus víctimas se cuecen los sesos en un caldo de endorfinas, sentadas frente a la máquina tragamonedas o la ruleta, en establecimientos bendecidos por la Secretaría de Gobernación. Hay muchos otros ejemplos, pero con esos basta para pedir que no nos vengan con la monumental hipocresía de que las drogas prohibidas lo están porque son dañinas para la salud de usuarios y de sociedad en general. Sí, sí lo son, pero no necesariamente más que el alcohol, el tabaco, el juego, las relaciones de codependencia o el azúcar refinada. Si a esas vamos, el catálogo de prohibiciones tendría que tener las dimensiones de un directorio telefónico.
En tiempos de Juárez la mariguana circulaba y se consumía libremente, y a nadie se le cruzó por la cabeza que pudiera destruir al país –como sí estuvieron a punto de destruirlo las sórdidas conspiraciones de la reacción y la intervención francesa–, y mucho menos acuñar frasecitas estúpidas como esa de "Para que la droga no llegue a tus hijos..." Los narcóticos prohibidos han sido definidos de manera perfectamente arbitraria, casi por efecto de casualidades históricas, y su veda no sirve para proteger de algo preciso a la nación, a la población y a las personas, pero ciertamente tiene varias utilidades no muy ocultas: en primer lugar, le sirve al gobierno para normar, con mano policial, conductas personales, en lo que constituye, en la era contemporánea, uno de los últimos territorios en los que el poder público tiene facultades para determinar lo que pueden y no pueden hacer las personas con sus cuerpos, sus vidas y sus muertes: herencia del poder religioso al Estado secular. Por añadidura, la militarización del espacio público y el terror primorosamente cultivado por matones y por gobernantes sirven para coartar, perseguir y reprimir expresiones de descontento, movimientos sociales, oposiciones políticas y hasta enemistades personales.
Pero la prohibición también sirve para generar una enorme plusvalía negra que beneficia al sistema financiero, a incontables empleados públicos de todos los niveles y diversos rubros (tal vez las fortunas súbitas y grotescas de los capos no causarían tanto escándalo si salieran a la luz las que amasan, en periodos igualmente breves, muchos encargados de combatirlos) y, también, cómo no, aunque no principalmente, a narcos, narquitos y narcotes, con sus respectivas cortes de sicarios, pozoleros, cortadores de cabezas, contadores, músicos y embalsamadores: si la mercancía que producen y trafican no estuviera prohibida, el gramo de cocaína valdría algo así como lo mismo que un sobrecito de sal de uvas, y así qué chiste.
Además, la utilidad real de las drogas rebasa, con mucho, el territorio mexicano. De hecho, el principal promotor de la prohibición, Estados Unidos, es también, fuera paradojas y fuera máscaras, el mayor narcotraficante del planeta. Si esto les parece una exageración, revisen lo que pasó con los cultivos de amapola en Afganistán antes y después de la invasión gringa: el talibán será impresentable, pero había logrado erradicar tales sembradíos. En cuanto desembarcaron los marines y los rangers, las amapolas volvieron a florecer en los campos afganos y hoy el negocio ha sido restaurado. Recuerden –quienes estén en edad– cómo, durante la guerra de Vietnam, el tráfico de drogas de Indochina a territorio estadunidense se organizó en las tripas mismas del Pentágono. Consulten las memorias del Teherangate, y vean cómo, en los años 80 del siglo pasado, la CIA pasó toneladas de cocaína de Sudamérica hacia el río Bravo y cómo estableció, en nuestro territorio, las primeras rutas de la droga. Y si no quieren remontarse tan lejos en el tiempo, lean los diarios y conozcan los pormenores de Receptor abierto (2005-2007) y de Rápido y furioso (2010-2011), los operativos secretos mediante los cuales la oficina gubernamental de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) envió miles de armas de alto poder a los cárteles mexicanos, mientras con la otra mano Washington armaba al régimen de Calderón por medio de la Iniciativa Mérida.
El volumen de negocios del narcotráfico en México es objeto de polémica. Cuando Ernesto Cordero estaba en la Secretaría de Hacienda, habló de entre 10 mil y 19 mil millones de dólares (mmd) que entraban anual y misteriosamente a la economía. Hace unos años, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías calculó una cifra próxima a los 60 mmd, y estimó en ocho veces ese monto los recursos que se blanquean en Estados Unidos: cerca de 500 mmd. Tranquilos: eso sigue siendo menos que el presupuesto de Defensa (664 mil millones el año pasado). Supongamos que esas cifras están infladas y que la dimensión real del lavado sea de una tercera parte: tendríamos, entonces, 20 mmd para México y 166 mmd para el país vecino. Obviamente, si la prohibición desapareciera, esas cantidades dejarían bruscamente de fluir a los grandes centros financieros. Imagínense las consecuencias, particularmente en momentos en que las aguas de la crisis amagan con inundar el barco agujereado del capitalismo contemporáneo. Así fuera sólo por ese motivo, el giro del narcotráfico es una bendición para la precaria estabilidad de Estados Unidos y la clase político-empresarial de ese país no es tan tonta como para matar, vía liquidación total de los narcos o despenalización de sus productos, a esa sórdida gallina de los huevos de oro. Pero hay otros beneficios: cuando la guerra en Irak languidece y la de Afganistán se orienta, después de una década de atrocidad, hacia la derrota sin atenuantes de Washington, los pactos explícitos o implícitos con mafias formales o informales (Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Rápido y furioso...) es un balón de oxígeno para la industria militar de la superpotencia. Por si fuera poco, la "guerra contra las drogas" le ha dado a la Casa Blanca un margen de intervención en diversos países de Latinoamérica (México y Colombia, para empezar) inimaginable hasta hace unos años. Ahí tienen, para botón de muestra, a Genaro García Luna ofreciendo a funcionarios gringos todo el material de inteligencia y seguridad del gobierno mexicano, o al ex embajador Carlos Pascual operando el retiro del Ejército de Ciudad Juárez.
"Sólo critican pero no proponen", es una de las chillonas favoritas del calderonato para defender su dizque guerra contra la delincuencia y los cárteles... Vamos a las propuestas, el jueves entrante.
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Junkie • Foto tomada de http://urbanshadow.net/blog/Darren Knight |
En tiempos de Juárez la mariguana circulaba y se consumía libremente, y a nadie se le cruzó por la cabeza que pudiera destruir al país –como sí estuvieron a punto de destruirlo las sórdidas conspiraciones de la reacción y la intervención francesa–, y mucho menos acuñar frasecitas estúpidas como esa de "Para que la droga no llegue a tus hijos..." Los narcóticos prohibidos han sido definidos de manera perfectamente arbitraria, casi por efecto de casualidades históricas, y su veda no sirve para proteger de algo preciso a la nación, a la población y a las personas, pero ciertamente tiene varias utilidades no muy ocultas: en primer lugar, le sirve al gobierno para normar, con mano policial, conductas personales, en lo que constituye, en la era contemporánea, uno de los últimos territorios en los que el poder público tiene facultades para determinar lo que pueden y no pueden hacer las personas con sus cuerpos, sus vidas y sus muertes: herencia del poder religioso al Estado secular. Por añadidura, la militarización del espacio público y el terror primorosamente cultivado por matones y por gobernantes sirven para coartar, perseguir y reprimir expresiones de descontento, movimientos sociales, oposiciones políticas y hasta enemistades personales.
Pero la prohibición también sirve para generar una enorme plusvalía negra que beneficia al sistema financiero, a incontables empleados públicos de todos los niveles y diversos rubros (tal vez las fortunas súbitas y grotescas de los capos no causarían tanto escándalo si salieran a la luz las que amasan, en periodos igualmente breves, muchos encargados de combatirlos) y, también, cómo no, aunque no principalmente, a narcos, narquitos y narcotes, con sus respectivas cortes de sicarios, pozoleros, cortadores de cabezas, contadores, músicos y embalsamadores: si la mercancía que producen y trafican no estuviera prohibida, el gramo de cocaína valdría algo así como lo mismo que un sobrecito de sal de uvas, y así qué chiste.
Además, la utilidad real de las drogas rebasa, con mucho, el territorio mexicano. De hecho, el principal promotor de la prohibición, Estados Unidos, es también, fuera paradojas y fuera máscaras, el mayor narcotraficante del planeta. Si esto les parece una exageración, revisen lo que pasó con los cultivos de amapola en Afganistán antes y después de la invasión gringa: el talibán será impresentable, pero había logrado erradicar tales sembradíos. En cuanto desembarcaron los marines y los rangers, las amapolas volvieron a florecer en los campos afganos y hoy el negocio ha sido restaurado. Recuerden –quienes estén en edad– cómo, durante la guerra de Vietnam, el tráfico de drogas de Indochina a territorio estadunidense se organizó en las tripas mismas del Pentágono. Consulten las memorias del Teherangate, y vean cómo, en los años 80 del siglo pasado, la CIA pasó toneladas de cocaína de Sudamérica hacia el río Bravo y cómo estableció, en nuestro territorio, las primeras rutas de la droga. Y si no quieren remontarse tan lejos en el tiempo, lean los diarios y conozcan los pormenores de Receptor abierto (2005-2007) y de Rápido y furioso (2010-2011), los operativos secretos mediante los cuales la oficina gubernamental de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) envió miles de armas de alto poder a los cárteles mexicanos, mientras con la otra mano Washington armaba al régimen de Calderón por medio de la Iniciativa Mérida.
El volumen de negocios del narcotráfico en México es objeto de polémica. Cuando Ernesto Cordero estaba en la Secretaría de Hacienda, habló de entre 10 mil y 19 mil millones de dólares (mmd) que entraban anual y misteriosamente a la economía. Hace unos años, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías calculó una cifra próxima a los 60 mmd, y estimó en ocho veces ese monto los recursos que se blanquean en Estados Unidos: cerca de 500 mmd. Tranquilos: eso sigue siendo menos que el presupuesto de Defensa (664 mil millones el año pasado). Supongamos que esas cifras están infladas y que la dimensión real del lavado sea de una tercera parte: tendríamos, entonces, 20 mmd para México y 166 mmd para el país vecino. Obviamente, si la prohibición desapareciera, esas cantidades dejarían bruscamente de fluir a los grandes centros financieros. Imagínense las consecuencias, particularmente en momentos en que las aguas de la crisis amagan con inundar el barco agujereado del capitalismo contemporáneo. Así fuera sólo por ese motivo, el giro del narcotráfico es una bendición para la precaria estabilidad de Estados Unidos y la clase político-empresarial de ese país no es tan tonta como para matar, vía liquidación total de los narcos o despenalización de sus productos, a esa sórdida gallina de los huevos de oro. Pero hay otros beneficios: cuando la guerra en Irak languidece y la de Afganistán se orienta, después de una década de atrocidad, hacia la derrota sin atenuantes de Washington, los pactos explícitos o implícitos con mafias formales o informales (Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Rápido y furioso...) es un balón de oxígeno para la industria militar de la superpotencia. Por si fuera poco, la "guerra contra las drogas" le ha dado a la Casa Blanca un margen de intervención en diversos países de Latinoamérica (México y Colombia, para empezar) inimaginable hasta hace unos años. Ahí tienen, para botón de muestra, a Genaro García Luna ofreciendo a funcionarios gringos todo el material de inteligencia y seguridad del gobierno mexicano, o al ex embajador Carlos Pascual operando el retiro del Ejército de Ciudad Juárez.
"Sólo critican pero no proponen", es una de las chillonas favoritas del calderonato para defender su dizque guerra contra la delincuencia y los cárteles... Vamos a las propuestas, el jueves entrante.
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Los cartones de hoy.
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| -En pie de guerra- Helguera |
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| -Vivir mejor- Hernández |
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| -Las cosas claras- El Fisgón |
miércoles, 19 de octubre de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
Reformitis
Por Pedro Miguel
Se entiende perfectamente: las leyes no pueden ni deben ser inmutables pues las sociedades en las que se aplican se encuentran, para bien o para mal, en permanente proceso de transformación, y el marco legal debe ser readecuado y perfeccionado una y otra vez. Esa debe ser la tarea del Legislativo, además de servir de contrapeso al Ejecutivo. Éste, por su parte, tiene la responsabilidad primaria de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.
Así tendría que ser. Pero en el régimen oligárquico que padece México actualmente, el principio de legalidad está de cabeza. No hay que estirar mucho la mano para encontrar un ejemplo contundente de esa inversión: Washington envía a policías en activo y militares en retiro a participar en la desastrosa guerra en curso impulsada por el calderonato, y esos efectivos realizan interrogatorios, intervienen telecomunicaciones y han tenido un papel clave en decenas de capturas o “eliminaciones” (que parecen ser, muchas de ellas, ejecuciones extrajudiciales) de presuntos narcotraficantes. La injerencia no se perpetró aprovechando un descuido del gobierno mexicano, sino en respuesta a sus peticiones.
Para argumentar la “legalidad” de la operación de personal policial extranjero en México, Alejandro Poiré ha salido con la puerilidad de que éste “no porta armas” y con la abierta mentira de que “no realiza ninguna labor operativa”. Incluso si así fuera, el artículo 21 constitucional es inequívoco: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”; el 32 no deja lugar a dudas: “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública” y “para desempeñar cualquier cargo o comisión en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea en tiempos de paz, se requiere ser mexicano por nacimiento.” ¿Con qué saldrán entonces? ¿Con que no estamos en “tiempos de paz”? Pues qué pena: legalmente, para que el país esté en guerra, es necesario que el Ejecutivo federal la declare, previa ley del Congreso de la Unión (Art. 89), cosa que no se ha hecho.
El régimen oligárquico no acata la Carta Magna, y menos el resto de las leyes. Hace meses que la Secretaría del Trabajo proclama sin pudor que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta, como si no fuera su obligación hacerla cumplir. El reconocimiento cínico de omisión de la legalidad es convertido en argumento para modificarla a gusto de los funcionarios en turno y de sus marañas de interés. Otro caso notable es el sempiterno populismo legal de la derecha (Peña Nieto es un exponente de él) sobre la supuesta necesidad de “endurecer” las penas para delitos graves a fin de disuadir a la criminalidad. Eso podría tener sentido, así fuera sentido argumental, en un estado de pleno derecho, pero no en un país en el que la impunidad prevalece en 80 o 90 por ciento de los casos. ¿Para qué quieren incrementar a 7 mil años el castigo por homicidio, pongamos por caso, si nueve de cada 10 sospechosos de homicidio andan sueltos, y si los que son detenidos son liberados por falta de pruebas, o bien exonerados en juicio, y no cumplen ni con las sanciones de 20 o 30 años actualmente vigentes?
En su gran mayoría, las modificaciones legales operadas por el Congreso del salinato a la fecha no son adecuaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la sociedad, sino arreglos jurídicos para saquear el erario sin temor a posibles sanciones, entregar las riquezas nacionales a los grandes capitales locales y foráneos, acelerar la concentración de la riqueza y reforzar por diversas vías –desde la electoral hasta la policial, pasando por la mediática– el control político que la élite empresarial ejerce sobre el resto de la sociedad. Este último es el propósito del engendro de reforma a la Ley de Seguridad Nacional: el texto vigente fue negociado por Beltrones, Fernández de Cevallos y otros del estilo en 2004, promulgado por Fox en enero de 2005 y violado unos meses más tarde por ellos mismos, cuando permitieron la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso de imposición de Felipe Calderón en Los Pinos.
Tal como están, las leyes nacionales son descripción de un país estable y habitable. Si las autoridades de los tres niveles de gobierno las cumplieran, viviríamos en él. Señores legisladores de todos los partidos, déjense de reformitis. Antes de decirnos que no sirven, vean primero que los preceptos jurídicos se respeten. Tienen atribuciones para ello.
navegaciones@yahoo.com
http://navegaciones.blogspot.com
http://twitter.com/Navegaciones
La Jornada
Agosto 9, 2011
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| Al descubierto. Cartón de El Fisgón |
Así tendría que ser. Pero en el régimen oligárquico que padece México actualmente, el principio de legalidad está de cabeza. No hay que estirar mucho la mano para encontrar un ejemplo contundente de esa inversión: Washington envía a policías en activo y militares en retiro a participar en la desastrosa guerra en curso impulsada por el calderonato, y esos efectivos realizan interrogatorios, intervienen telecomunicaciones y han tenido un papel clave en decenas de capturas o “eliminaciones” (que parecen ser, muchas de ellas, ejecuciones extrajudiciales) de presuntos narcotraficantes. La injerencia no se perpetró aprovechando un descuido del gobierno mexicano, sino en respuesta a sus peticiones.
Para argumentar la “legalidad” de la operación de personal policial extranjero en México, Alejandro Poiré ha salido con la puerilidad de que éste “no porta armas” y con la abierta mentira de que “no realiza ninguna labor operativa”. Incluso si así fuera, el artículo 21 constitucional es inequívoco: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”; el 32 no deja lugar a dudas: “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública” y “para desempeñar cualquier cargo o comisión en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea en tiempos de paz, se requiere ser mexicano por nacimiento.” ¿Con qué saldrán entonces? ¿Con que no estamos en “tiempos de paz”? Pues qué pena: legalmente, para que el país esté en guerra, es necesario que el Ejecutivo federal la declare, previa ley del Congreso de la Unión (Art. 89), cosa que no se ha hecho.
El régimen oligárquico no acata la Carta Magna, y menos el resto de las leyes. Hace meses que la Secretaría del Trabajo proclama sin pudor que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta, como si no fuera su obligación hacerla cumplir. El reconocimiento cínico de omisión de la legalidad es convertido en argumento para modificarla a gusto de los funcionarios en turno y de sus marañas de interés. Otro caso notable es el sempiterno populismo legal de la derecha (Peña Nieto es un exponente de él) sobre la supuesta necesidad de “endurecer” las penas para delitos graves a fin de disuadir a la criminalidad. Eso podría tener sentido, así fuera sentido argumental, en un estado de pleno derecho, pero no en un país en el que la impunidad prevalece en 80 o 90 por ciento de los casos. ¿Para qué quieren incrementar a 7 mil años el castigo por homicidio, pongamos por caso, si nueve de cada 10 sospechosos de homicidio andan sueltos, y si los que son detenidos son liberados por falta de pruebas, o bien exonerados en juicio, y no cumplen ni con las sanciones de 20 o 30 años actualmente vigentes?
En su gran mayoría, las modificaciones legales operadas por el Congreso del salinato a la fecha no son adecuaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la sociedad, sino arreglos jurídicos para saquear el erario sin temor a posibles sanciones, entregar las riquezas nacionales a los grandes capitales locales y foráneos, acelerar la concentración de la riqueza y reforzar por diversas vías –desde la electoral hasta la policial, pasando por la mediática– el control político que la élite empresarial ejerce sobre el resto de la sociedad. Este último es el propósito del engendro de reforma a la Ley de Seguridad Nacional: el texto vigente fue negociado por Beltrones, Fernández de Cevallos y otros del estilo en 2004, promulgado por Fox en enero de 2005 y violado unos meses más tarde por ellos mismos, cuando permitieron la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso de imposición de Felipe Calderón en Los Pinos.
Tal como están, las leyes nacionales son descripción de un país estable y habitable. Si las autoridades de los tres niveles de gobierno las cumplieran, viviríamos en él. Señores legisladores de todos los partidos, déjense de reformitis. Antes de decirnos que no sirven, vean primero que los preceptos jurídicos se respeten. Tienen atribuciones para ello.
navegaciones@yahoo.com
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La Jornada
Agosto 9, 2011
jueves, 16 de junio de 2011
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