viernes, 28 de octubre de 2011

La DEA en México: Los riesgos de la injerencia.-

-Gracias por la aclaración- El Fisgón
Editorial de La Jornada.

Luego de las declaraciones formuladas el pasado miércoles por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, quienes reconocieron la participación de agentes de la oficina contra las drogas del gobierno estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en tareas de combate al narcotráfico en territorio nacional, la segunda de esas funcionarias añadió ayer, en declaraciones a este diario, que el destacamento de elementos antinarcóticos estadunidenses en México se incrementó durante el gobierno de Vicente Fox, y con mayor intensidad en esta administración, y sostuvo que esa presencia se da en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional.

En meses recientes, la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada hasta la publicación, por el rotativo estadunidense The New York Times, de informes sobre la actuación en territorio mexicano de agentes de la CIA en activo, así como de militares estadunidenses en retiro. Sin embargo, el que integrantes del gabinete calderonista pretendan defender ante la opinión pública algo que por principio no debiera ocurrir y que acentúa la percepción de una grave debilidad de las autoridades nacionales y de un manejo gubernamental de la seguridad pública y del combate al crimen que resulta contrario a los principios de soberanía e independencia nacionales.

Flaco favor a la administración calderonista hizo ayer su vocera al afirmar que la cooperación entre las administraciones panistas y el gobierno de Washington ha sido muy importante para compartir información que nos lleve a la detención de blancos importantes del crimen organizado, porque esos logros, en todo caso, se originan en una circunstancia irregular –la operación de agentes extranjeros en territorio nacional– y porque tal afirmación soslaya que, en el contexto de esa misma cooperación, el gobierno de Washington ha abastecido de armas a las organizaciones criminales en México mediante operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto, al mismo tiempo que proporciona armamento a las corporaciones armadas gubernamentales. Por si fuera poco, la estrategia oficial en cuyo contexto se desarrolla la labor de inteligencia e información de efectivos estadunidenses destacados en nuestro país, posiblemente haya desempeñado un papel decisivo en el incremento de la violencia, pero no ha hecho otro tanto en la disminución de la producción de drogas ilícitas, como lo señalan los datos, difundidos recientemente por The Washington Post, sobre el crecimiento de los cultivos de estupefacientes en territorio mexicano durante el pasado lustro.

Suponiendo que la operación de agentes de la DEA en México se diera en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional, su presencia representa un factor de riesgo para el país y su población a la luz de la experiencia histórica: el punto de referencia ineludible es el oscuro homicidio, en febrero de 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de esa misma corporación, cuyo cadáver apareció un mes después en el rancho El Mareño, ubicado en Michoacán. Ese homicidio trastocó gravemente la relación bilateral y expuso a México a terribles chantajes diplomáticos, a violaciones de su soberanía, como el secuestro y traslado ilegal de varios mexicanos a territorio del país vecino para ser juzgados en tribunales estadunidenses y, posteriormente, a una campaña de abierta hostilidad y presiones políticas que, entre otras cosas, se expresó en los humillantes procesos de certificación antidrogas de Washington.

Con estos elementos de juicio, resulta insostenible el intento gubernamental por explicar la presencia de agentes estadunidenses como algo benéfico, deseable y hasta necesario para nuestro país. En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para combatir a los cárteles de la droga con base en la estrategia de seguridad vigente, lo procedente y necesario sería la modificación de la misma, no recurrir en busca de ayuda a agencias de Washington –CIA, DEA, FBI– con un historial de acciones sórdidas fuera de las fronteras estadunidenses y una añeja vocación para la desestabilización, la intriga y la fabricación de coartadas intervencionistas.

La Jornada. Octubre 28, 2011

jueves, 27 de octubre de 2011

Drogas: política social y gobierno honesto

 Por Pedro Miguel.
Foto de http://urbanshadow.net/blog - Darren Knight

La mayor parte de los lavacoches son honrados y la mayoría de los presidentes nos han salido rateros, o sea que la pobreza no conduce en automático a la delincuencia y el éxito social no garantiza la honradez. No todas las personas que se quedan sin empleo optan por dedicarse a la delincuencia, y no todos los delincuentes lo son por falta de oportunidades laborales en entornos lícitos. No hay, pues, una relación directa y mecánica entre las tasas de desempleo y los índices de criminalidad, como no la hay tampoco entre éstos y los indicadores que miden las carencias educativas, alimentarias, de salud, vivienda y servicios. Además, las cifras oficiales en el México contemporáneo están tan maquilladas que resulta muy osado inferir cualquier cosa a partir de ellas. Un ejemplo emblemático es el del desempleo abierto, que en este país, dicen, ronda el 5.20 por ciento: si el dato fuera representativo, habría que preguntarse por qué no llegan a las playas del Golfo hordas de náufragos miserables procedentes de España, en donde la cifra correspondiente anda en 20 por ciento, o por qué en la frontera norte no tenemos una invasión de desempleados desde Estados Unidos, cuya tasa de desempleo es casi del doble que la mexicana.

No puede, entonces, establecerse en términos cuantitativos una relación causal entre el prolongado deterioro de los niveles de vida de la población mexicana, y el estallido delictivo en curso. Pero el sentido común indica que la adopción de una política social orientada a garantizar el acceso de las mayorías a empleos dignos, alimentación adecuada, educación gratuita y de calidad y servicios de salud, transporte y esparcimiento, contribuiría a reducir en forma significativa la comisión de delitos y el engrosamiento de las filas delictivas con individuos carentes de cualquier otro horizonte de sobrevivencia.

Piénsese en todo ese universo de narcomenudistas, sembradores de amapola y mariguana, transportadores o camellos, carteristas, deshuesadores y vendedores de partes robadas, entre otros que no son, en su mayor parte, sociópatas, sino individuos a quienes la necesidad material ha empujado a violar la ley. Considérese a esos jóvenes que están en la piedra y en el chemo porque la sociedad no les ofreció otro sitio para estar. Concíbase por un momento qué posibilidades de consumo reales tienen los menudistas y los compradores de baratijas de contrabando –técnicamente, delincuentes ambos– en el comercio formal. Recuérdese la persistente canallada cometida por los régimenes de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón contra comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios del agro, muchos de los cuales no tienen más horizontes de subsistencia que la mendicidad, la emigración o la transgresión de los códigos penales.

En el mediano plazo, la construcción de un estado de bienestar, con prioridades orientadas a satisfacer las necesidades de la población en general y no a garantizar tasas máximas de dividendos para los grandes capitales, reduciría en mucho los recursos humanos de los que actualmente dispone la delincuencia en general, y el narco en particular, y contribuiría a restablecer el imperio de la autoridad en las regiones actualmente dominadas por el crimen organizado. Si la autoridad garantizara los derechos constitucionales al trabajo, la salud y la educación, y los ampliara a los servicios, la cultura y la recreación, muchas personas que hoy delinquen optarían, así fuera para evitarse los riesgos, por dedicarse a labores legales. No se trata únicamente de un dilema moral sino también de un cálculo costo/beneficio bastante obvio.

Los portavoces de la oligarquía gobernante tienen una variada panoplia de alegatos contra el estado de bienestar: desde que es "populista" y "demagógico" hasta que es contrario a las leyes del mercado mundial o que está fuera del alcance presupuestal del país. La razón de todos esos alegatos es que el negocio principal del gobierno oligárquico consiste en privatizar la riqueza y cualquier medida que tienda a socializarla, en esa lógica, significa pérdida.

Pero, incluso con un gobierno social y solidario en escena, sería necesario reorientar la estrategia de seguridad para reducir el narcotráfico a un nivel en el que no representara una amenaza grave para la seguridad nacional y la paz pública. En esa reorientación, las medidas más obvias consistirían en armarse de voluntad política para perseguir el lavado de dinero hasta los confines del sistema financiero –los bancos y la bolsa, hoy intocables–, sanear los aparatos administrativos que controlan las entradas y las salidas de la droga: fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos, y orientar a esos puntos los empeños represivos oficiales.

Es un tanto grotesco observar el despliegue de transportes militares en el Periférico capitalino mientras los cargamentos de cocaína atraviesan con suma facilidad, tanto en las modalidades de importación como de exportación, las fronteras del país. Hay una inocultable mala fe en la siembra del mapa nacional con retenes peligrosos e intimidantes cuando, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías federales y empleados de la transnacional de seguridad Eulen conspiran para permitir la salida de alijos de cocaína de 42 kilos con destino a Madrid, como lo reveló una investigación reciente. Hay que ser muy tontos para creer que los traficantes de precursores químicos y de seudoefedrina pueden realizar traslados masivos de sus mercancías sin complicidades bien cimentadas de personal aduanero. Tercera medida: la investigación y el desmantelamiento de las cadenas de corrupción que van desde policías rasos de todas las corporaciones hasta funcionarios de alto nivel. Por ejemplo.

Aunque la adopción de una política de bienestar social por el Estado mexicano y un manejo honesto y sensato de la estrategia de seguridad pública permitirían reducir el fenómeno delictivo a dimensiones manejables, no serían suficientes para acabar con el narcotráfico, porque si bien éste se nutre y fortalece en la pobreza, la marginación, la corrupción y las complicidades oficiales implícitas o explícitas, su razón de existencia no está en esos fenómenos, sino en la prohibición de una cantidad de sustancias sicotrópicas. En tanto la producción, el transporte y la comercialización de drogas ilícitas permita la obtención de utilidades de diez o veinte mil por ciento anuales, el narcotráfico seguirá siendo un destino atractivo para la inversión, como lo son el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, el secuestro y el contrabando.

La eliminación de la lista de sustancias prohibidas es, pues, indispensable e inevitable. De manera periódica, diversos funcionarios de los gobiernos de México y de Estados Unidos afirman, además, que es inviable, y fuera de los ámbitos oficiales nos hemos acostumbrado a escuchar que la despenalización unilateral resultaría contraproducente, que agravaría la violencia y el descontrol, que conduciría al fin del mundo, etcétera.

Y como nadie argumenta la supuesta inconveniencia de suprimir lisa y llanamente la persecución oficial de las drogas, vale la pena imaginar qué consecuencias podría conllevar tal medida, adoptada en solitario por México, y en qué escenarios políticos y diplomáticos podría realizarse. Dejemos eso para la semana entrante.

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jueves, 20 de octubre de 2011

Navegaciones • Mitos, narcos, mitotes y narcotes.

Por Pedro Miguel.


Tuve un amigo que cada noche, durante toda su vida, cenó un litro de Coca-Cola. Murió de cáncer de esófago a los 50 y no es claro si el consumo inmoderado de esa bebida fue determinante en la gestación del tumor o si es meramente indicativo de sus malos hábitos alimenticios. Posiblemente sea lo segundo, porque parece ser que su sistema digestivo se mantuvo virgen de vegetales. Mi padre fue asesinado a esa misma edad por Philip Morris, y he enterrado ya a varios colegas que, incluso antes de llegar a ella, sucumbieron ante el embate de los cárteles de Domecq o de Bacardí, o de otro semejante, con el hígado hecho pedazos. En una ocasión compré en una tienda de barrio una lata de bebida de taurina, la ingerí y me puse muy loco, pero ninguna patrulla de la policía me detuvo por beber en plena calle esa porquería empalagosa y acelerante. El consumismo en grado de adicción y el uso compulsivo de la tarjeta de crédito destruyen hogares y entornos sociales, y Bimbo induce obesidad y diabetes en los segmentos infantiles de la población. Las ludopatías destrozan familias, carreras laborales y patrimonios personales, mientras sus víctimas se cuecen los sesos en un caldo de endorfinas, sentadas frente a la máquina tragamonedas o la ruleta, en establecimientos bendecidos por la Secretaría de Gobernación. Hay muchos otros ejemplos, pero con esos basta para pedir que no nos vengan con la monumental hipocresía de que las drogas prohibidas lo están porque son dañinas para la salud de usuarios y de sociedad en general. Sí, sí lo son, pero no necesariamente más que el alcohol, el tabaco, el juego, las relaciones de codependencia o el azúcar refinada. Si a esas vamos, el catálogo de prohibiciones tendría que tener las dimensiones de un directorio telefónico.

En tiempos de Juárez la mariguana circulaba y se consumía libremente, y a nadie se le cruzó por la cabeza que pudiera destruir al país –como sí estuvieron a punto de destruirlo las sórdidas conspiraciones de la reacción y la intervención francesa–, y mucho menos acuñar frasecitas estúpidas como esa de "Para que la droga no llegue a tus hijos..." Los narcóticos prohibidos han sido definidos de manera perfectamente arbitraria, casi por efecto de casualidades históricas, y su veda no sirve para proteger de algo preciso a la nación, a la población y a las personas, pero ciertamente tiene varias utilidades no muy ocultas: en primer lugar, le sirve al gobierno para normar, con mano policial, conductas personales, en lo que constituye, en la era contemporánea, uno de los últimos territorios en los que el poder público tiene facultades para determinar lo que pueden y no pueden hacer las personas con sus cuerpos, sus vidas y sus muertes: herencia del poder religioso al Estado secular. Por añadidura, la militarización del espacio público y el terror primorosamente cultivado por matones y por gobernantes sirven para coartar, perseguir y reprimir expresiones de descontento, movimientos sociales, oposiciones políticas y hasta enemistades personales.

Pero la prohibición también sirve para generar una enorme plusvalía negra que beneficia al sistema financiero, a incontables empleados públicos de todos los niveles y diversos rubros (tal vez las fortunas súbitas y grotescas de los capos no causarían tanto escándalo si salieran a la luz las que amasan, en periodos igualmente breves, muchos encargados de combatirlos) y, también, cómo no, aunque no principalmente, a narcos, narquitos y narcotes, con sus respectivas cortes de sicarios, pozoleros, cortadores de cabezas, contadores, músicos y embalsamadores: si la mercancía que producen y trafican no estuviera prohibida, el gramo de cocaína valdría algo así como lo mismo que un sobrecito de sal de uvas, y así qué chiste.

Además, la utilidad real de las drogas rebasa, con mucho, el territorio mexicano. De hecho, el principal promotor de la prohibición, Estados Unidos, es también, fuera paradojas y fuera máscaras, el mayor narcotraficante del planeta. Si esto les parece una exageración, revisen lo que pasó con los cultivos de amapola en Afganistán antes y después de la invasión gringa: el talibán será impresentable, pero había logrado erradicar tales sembradíos. En cuanto desembarcaron los marines y los rangers, las amapolas volvieron a florecer en los campos afganos y hoy el negocio ha sido restaurado. Recuerden –quienes estén en edad– cómo, durante la guerra de Vietnam, el tráfico de drogas de Indochina a territorio estadunidense se organizó en las tripas mismas del Pentágono. Consulten las memorias del Teherangate, y vean cómo, en los años 80 del siglo pasado, la CIA pasó toneladas de cocaína de Sudamérica hacia el río Bravo y cómo estableció, en nuestro territorio, las primeras rutas de la droga. Y si no quieren remontarse tan lejos en el tiempo, lean los diarios y conozcan los pormenores de Receptor abierto (2005-2007) y de Rápido y furioso (2010-2011), los operativos secretos mediante los cuales la oficina gubernamental de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) envió miles de armas de alto poder a los cárteles mexicanos, mientras con la otra mano Washington armaba al régimen de Calderón por medio de la Iniciativa Mérida.

El volumen de negocios del narcotráfico en México es objeto de polémica. Cuando Ernesto Cordero estaba en la Secretaría de Hacienda, habló de entre 10 mil y 19 mil millones de dólares (mmd) que entraban anual y misteriosamente a la economía. Hace unos años, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías calculó una cifra próxima a los 60 mmd, y estimó en ocho veces ese monto los recursos que se blanquean en Estados Unidos: cerca de 500 mmd. Tranquilos: eso sigue siendo menos que el presupuesto de Defensa (664 mil millones el año pasado). Supongamos que esas cifras están infladas y que la dimensión real del lavado sea de una tercera parte: tendríamos, entonces, 20 mmd para México y 166 mmd para el país vecino. Obviamente, si la prohibición desapareciera, esas cantidades dejarían bruscamente de fluir a los grandes centros financieros. Imagínense las consecuencias, particularmente en momentos en que las aguas de la crisis amagan con inundar el barco agujereado del capitalismo contemporáneo. Así fuera sólo por ese motivo, el giro del narcotráfico es una bendición para la precaria estabilidad de Estados Unidos y la clase político-empresarial de ese país no es tan tonta como para matar, vía liquidación total de los narcos o despenalización de sus productos, a esa sórdida gallina de los huevos de oro. Pero hay otros beneficios: cuando la guerra en Irak languidece y la de Afganistán se orienta, después de una década de atrocidad, hacia la derrota sin atenuantes de Washington, los pactos explícitos o implícitos con mafias formales o informales (Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Rápido y furioso...) es un balón de oxígeno para la industria militar de la superpotencia. Por si fuera poco, la "guerra contra las drogas" le ha dado a la Casa Blanca un margen de intervención en diversos países de Latinoamérica (México y Colombia, para empezar) inimaginable hasta hace unos años. Ahí tienen, para botón de muestra, a Genaro García Luna ofreciendo a funcionarios gringos todo el material de inteligencia y seguridad del gobierno mexicano, o al ex embajador Carlos Pascual operando el retiro del Ejército de Ciudad Juárez.

"Sólo critican pero no proponen", es una de las chillonas favoritas del calderonato para defender su dizque guerra contra la delincuencia y los cárteles... Vamos a las propuestas, el jueves entrante.

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Los cartones de hoy.

-En pie de guerra- Helguera

-Vivir mejor- Hernández

-Las cosas claras- El Fisgón

miércoles, 19 de octubre de 2011

domingo, 16 de octubre de 2011

Plaza Pública.

Por Miguel Ángel Granados Chapa.

(Publicado en el Periódico Reforma el 14-Oct-2011)

Foto: La Jornada / María Luisa Severiano
Es preciso eliminar la confusión posible entre una coalición electoral, figura jurídica ya existente en nuestro derecho, y la propuesta en curso de integrar gobiernos de coalición. Ambas, por supuesto, demandan la integración de voluntades partidarias. Pero su propósito es diferente. En la alianza electoral se trata de triunfar en comicios, y si bien suele pactarse un programa de gobierno, de que se le incumpla no necesariamente se siguen consecuencias para la gobernabilidad. Es conveniente hablar de esa primera significación, porque aunque sean pocos y luzcan trasnochados, aun hay quienes hablan de la unión de PAN y el PRD para evitar la victoria priista el año próximo. Pero no es tal coalición de la que hablamos ahora, sino de una reforma constitucional iniciada por el senador Manlio Fabio Beltrones para introducir el gobierno de coalición, que puede configurarse aun entre partidos que hayan contendido abiertamente en las elecciones previas.

 El fin principal de esta innovación es garantizar los acuerdos entre partidos conforme a programas y responsabilidades compartidos. También se procura evitar los intentos casuísticos de consenso, que se cumplen parcialmente y por lo mismo suelen fracasar, amén de generar entre las partes incriminaciones. Acuerdos a medias, o desacuerdos francos dejan un poso de resentimiento entre los ciudadanos, una sensación de que la democracia práctica, la que conduce a resultados, es imposible.

No son ésas necesariamente las bases de que parte la iniciativa de Beltrones pero sí sus consecuencias. Nadie es tan ingenuo para ignorar que el dirigente senatorial camina en dos sendas cuya meta es la Presidencia de la República. Lo hace con andar acompasado. Presentó el 14 de septiembre el proyecto de reforma constitucional de que hablamos y lo ha ido rodeando de apoyos, procedentes de partidos y personas entre los cuales la iniciativa se aprecia en sus propios méritos. Consiguió el apoyo de los líderes de las fracciones a las que, como presidente de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva del Senado, ha encabezado por más de cuatro años. Es menos afortunada la suerte de su proyecto en la Cámara de Diputados, donde proliferan los partidarios de Enrique Peña Nieto, capaces de ver sólo pasos de Beltrones hacia la candidatura presidencial y no el empuje de un dirigente legislativo que, amén de su destino personal, se halla en la ocasión de echar adelante reformas estructurales que favorezcan el desarrollo y la democracia.

Con suertes distintas, Beltrones ha impulsado reformas constitucionales de enorme alcance o que quedaron como meras trochas que hay que despejar para transitar sobre ellas. La reforma constitucional en materia electoral transformó a profundidad el sistema de medios de comunicación en esa materia. Si bien sus habilidades políticas y un adecuado ejercicio de la oportunidad le evitaron pagar el alto costo de un conjunto de medidas que aun lastiman a profundidad a los concesionarios de radio y televisión, lo cierto es que tuvo el valor y la audacia para hacer saber a los dueños de esos poderes fácticos que es posible enfrentar desde los poderes institucionales que no son, como algunos miembros de la CIRT suponen, propiedad particular suya, sino bienes de la nación.

Pretendió también Beltrones, esta vez sin resultado alguno, una reforma hacendaria que abarque todos los recursos del Estado, y ejerza la autoridad del Estado sobre los ingresos y el gasto público. En este caso pudo más el coyunturalismo preelectoral y la propuesta se atoró en los lodazales del interés partidario interno del PRI (como ha ocurrido con la reelección de legisladores) y con ello se evitó la libre conjunción de intereses partidarios y los de parcelas extensas de ciudadanos.
Tras el avance parlamentario de su iniciativa, Beltrones ha conseguido el apoyo de un grupo relevante de la sociedad civil, que la resumieron y ofrecieron sustento relevante en un texto titulado "Democracia constitucional".  Son cuarenta y seis los firmantes y es imposible darles aquí espacio a todos sus nombres. Incluyen militantes políticos (sólo unos cuantos del PRI) en receso o activos, creadores artísticos, intelectuales, investigadores, etcétera. Es posible que ninguno de ellos (salvo los senadores Pedro Joaquín y Francisco Labastida) voten por Beltrones en la elección interna o constitucional, porque es remoto el progreso del ex gobernador de Sonora en esa ruta. Pero con su iniciativa buscan impulsar esa posibilidad y contribuir a mitigar las lastimosas condiciones de vida de nuestro país.

Casi nadie entre los firmantes, y por supuesto entre los mexicanos todos, puede negar la terrible situación en que nos hallamos envueltos: la inequidad social, la pobreza, la incontenible violencia criminal, la corrupción que tantos beneficiarios genera, la lenidad recíproca, unos peores que otros, la desesperanza social. Todos esos factores, y otros que omito involuntariamente pero que actúan en conjunto, forman un cambalache como esa masa maloliente a la que cantó Enrique Santos Discépolo en la Argentina de 1945.
 Con todo, pudo cantarle.

Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete.

Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós.

Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011)

Los cartones de hoy.



-Por él no ha quedado- Hernández. (16-oct-2011)

-Dialogando con Calderón- Helguera (oct-15-2011)
-Que no es lo mismo- El Fisgón (oct-15-2011)

jueves, 6 de octubre de 2011

Los cartones de hoy.


-Operativo en Veracruz.- Helguera
-Medidas firmes.- Hernández
-Dos Visiones.- El Fisgón

miércoles, 5 de octubre de 2011

Entre 2006 y 2007, EU llevó a cabo Receptor abierto, operación similar a Rápido y furioso.

• Ambas inundaron de manera ilegal de armas a México, señala el diario Los Angeles Times

• Fue realizada desde la ATF y era conocida por altos funcionarios del Departamento de Justicia
Por Afp, Notimex y PL
Washington, 4 de octubre.- Estados Unidos llevó a cabo en 2006 y 2007 un operativo similar a Rápido y furioso (Fast and furious) llamado Receptor abierto (Wide receiver), que permitió también la entrada ilegal de armas a México, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario Los Angeles Times.
La operación Receptor abierto fue realizada desde la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Tucson, Arizona, y era conocida por altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según datos revelados por el diario estadunidense, que también sugiere que el procurador Eric Holder conocía el operativo Rápido y furioso desde 2010.
La existencia del plan Receptor abierto fue develada en una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia, quienes discutieron ambos operativos desde octubre del año pasado, dijo Los Angeles Times.

Un funcionario estadunidense que pidió no ser identificado dijo que altos funcionarios del Departamento de Justicia sabían que se permitió la entrada de armas a México a través de Receptor abierto, pero desconocían Rápido y furioso.

Jason Weinstein, subprocurador de Justicia de la División Criminal, aludió a ambos casos en un correo electrónico de octubre de 2010, preocupado de que los casos se traslaparan, señaló el diario.
En el mensaje, dirigido a James Trusty, jefe de la Oficina de Crimen Organizado y Pandillas, del Departamento de Justicia, Weinstein pregunta si convendría que su jefe, Lanny A. Breuer, saliera en la prensa “cuando Rápido y furioso y el caso Tucson se revelen”.

Es un “caso delicado por el número de armas que han caminado”, señaló Weinstein. Trusty respondió: Creo que sí, pero el momento es delicado también.

Trusty escribió además: “No sería gran sorpresa que muchas armas estadunidenses estén siendo usadas en México, así que no estoy seguro de cuánto nos cuestionarían por dejarlas caminar. Más bien podría ser que finalmente están persiguiendo a gente que mandó armas para allá”.
Investigadores del Congreso –que preside el republicano Darrell Issa– señalaron que los correos son un indicativo de que los funcionarios del Departamento de Justicia conocían las tácticas de dejar caminar las armas de Rápido y furioso.

La mencionada operación fue llevada a cabo desde el otoño de 2009 hasta enero de 2010 y permitió el trasiego de más de 2 mil rifles de asalto a México, a los que se perdió el rastro. Culminó con cargos a 20 personas implicadas, ninguna de ellas líder de algún cártel. En el caso del operativo Receptor abierto no es claro si hubo acusaciones.

Según Los Angeles Times, memorandos de julio de 2010 enviados al procurador Eric Holder, que formaban parte de reportes semanales, mencionaban el caso de un comprador en Rápido y furioso que adquirió mil 500 armas “que fueron compradas para surtir a cárteles de droga mexicanos”.
Documentos enviados a Holder entre octubre y noviembre de 2010 mencionaban que “la operación Rápido y furioso, con base en Phoenix, Arizona, estaba lista para desmantelarse” meses antes de que la investigación fuera concluida oficialmente.

Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que el procurador Holder rutinariamente recibía reportes sobre investigaciones abiertas a lo largo de Estados Unidos y que los reportes no mencionaban que agentes de la ATF estuvieran dejando caminar armas. Dijeron también que el republicano Darrell Issa recibió un reporte similar el año pasado.

La oposición republicana en el Congreso alega que el procurador ocultó lo que sabía, ya que los mismos correos apuntan a que Holder, quien dijo haber conocido de las operaciones de Rápido y furioso este año, supo del operativo en octubre, noviembre y diciembre de 2010, antes de que el caso se hiciera público.

Los cartones de hoy

-Intervención- Helguera
-Una más- El Fisgón.

Gobier-No. Hernández

martes, 4 de octubre de 2011

Desmentidos.

Por Pedro Miguel

Rauda y contundente apareció la semana pasada Alejandra Sota, vocera de Calderón, a negar que en México operan grupos paramilitares: se trata de delincuentes que pertenecen o quieren apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal (sic). Presto y veloz, el embajador de Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, salió al paso de la buena disposición del precandidato republicano Rick Perry para enviar tropas estadunidenses a nuestro país. Lo más claro que dijo fue: esa opción no está sobre la mesa. Y tiene razón: por ahora, está debajo de ella.
Pero vamos cosa por cosa. La fulminante declaración de inexistencia de paramilitares en México nos coloca ante nuevos misterios. Por ejemplo, ¿quiénes han venido realizando, en años recientes, manifiestas operaciones de limpieza social como las masacres de adictos en centros de rehabilitación del norte del país o la colocación de cadáveres en uno de los principales cruceros de Veracruz-Boca del Río? Otro misterio es de orden idiomático: ¿cómo ha de llamarse entonces a los efectivos de la Marina señalados por desapariciones forzadas en Tamaulipas, a los soldados acusados por homicidio de civiles en Chihuahua, a los miles de policías estatales y municipales que periódicamente son sujetos de arrestos en masa por sus vínculos con la delincuencia organizada? ¿Qué es el grupo rudo formado por el alcalde de San Pedro Garza García, quien asegura haber logrado en su municipio, y por ese medio, niveles de seguridad superiores a los de Estados Unidos? Y ultimadamente, ¿cuál es el origen de los zetas?

En cuanto a la posibilidad de otorgar visas masivas a marines, rangers, boinas verdes y demás grupos institucionales de matones del norte del Río Bravo, es cosa de preguntarse en qué momento esa perspectiva empezará a ser propuesta de manera formal por los gobiernos de los dos países. Si México no cambia de libreto de manera radical, será inevitable. Por lo pronto, la CIA, la FBI y la DEA ya operan, de manera regular y con la aprobación del calderonato, en el territorio nacional, y grupos de veteranos de guerra gringos ayudan de diversas maneras a las fuerzas públicas mexicanas en tareas que ya nadie sabe en qué consisten. Lo que sí se sabe es que las intervenciones de Washington en países extranjeros tienen dos modelos: el de la invasión, como en Irak, y el de la escalada, como en Vietnam y Colombia, y que aquí la injerencia ha marchado en forma muy parecida.

Por cierto, la paramilitarización (también se sabe) forma parte de los manuales de la superpotencia para sumir países en el desastre con propósitos de control geoestratégico. Fue un eje fundamental del Plan Colombia, referente inevitable de la Iniciativa Mérida: se impulsó la creación de guardias blancas y escuadrones de la muerte, se declaró la guerra en contra de ellos y luego se puso fin al conflicto en forma simple y eficaz: colocando en el Palacio de Nariño al máximo operador de los paramilitares, el honorable Álvaro Uribe.

La sociedad mexicana aprendió hace muchos años (esta enseñanza es mérito de los priístas) que la mejor manera de conocer los designios gubernamentales reales consiste en reunir las negativas oficiales y ponerlas en afirmativo: no habrá incremento de impuestos, no se perderán empleos, no se reprimirá, no se atentará contra los derechos humanos. Por ahora, la opinión pública no tiene pruebas fehacientes de la organización de grupos paramilitares desde las oficinas federales, estatales y municipales, o bien desde cúpulas empresariales, pero la práctica de la ejecución sistemática está presente en muchas regiones y es huella inequívoca de esos instrumentos de gobierno a los que recurren los regímenes que han extraviado el sentido de país. En cuanto a la incursión de militares estadunidenses al sur del Río Bravo, la perspectiva no la abrió una declaración de Perry (no es el primero en aludir a la posibilidad, por cierto), sino que forma parte de un guión que conocemos de sobra, aunque muchos querrían olvidar.

Para qué esperar a que el régimen actual reconozca que los paramilitares son una realidad actuante y que la intervención extranjera está en curso. Mejor deshacerse a la brevedad de este régimen. En julio de 2012, por ejemplo.

El cartón de hoy.

-Reciprocidad- Hernández