Carta abierta.

Por Pedro Miguel.

Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:

Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.

Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.

Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México. Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, que en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma y que sólo en 18 meses ocurrió un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas.

En suma, señor Calderón, pienso que quienes afectan terriblemente el buen nombre de México son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.

Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.

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Los cartones de hoy.

-No anden calumniando- El Fisgón

-El Haya y el haiga- Rocha

-Bola de irresponsables- Hernández

Amago gubernamental.

Editorial de La Jornada.

El domingo pasado la oficina de Felipe Calderón Hinojosa anunció que analizaba las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes signaron una demanda por crímenes de guerra, presentada el viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al titular del Ejecutivo federal, a varios integrantes de su gabinete de seguridad y al presunto cabecilla del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada y entre éstos y las fuerzas policiales y militares, cuyo mando supremo recae en el propio Calderón. A decir de Los Pinos, las imputaciones son falsas y calumniosas, absurdas, infundadas e improcedentes, temerarias y dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México.

Hay un error jurídico básico en la noción de que acudir a un tribunal cualquiera, nacional o internacional, pueda considerarse delito y ser objeto de sanciones o contrademandas. El recurso interpuesto ante el CPI, y firmado por unos 23 mil ciudadanos, simplemente será considerado procedente o no, esto es, el tribunal internacional decidirá si amerita la apertura de un proceso contra los imputados. De modo que, si se empecina en proceder legalmente contra sus demandantes, el gobierno federal deberá buscar la infracción en otro sitio.

Por lo demás, el amago oficial en contra de quienes realizan imputaciones infundadas e improcedentes en distintos foros e instancias nacionales e internacionales ocurre unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en un fallo deplorable, aunque de acatamiento obligado, la virtual imposibilidad de que personas con actividad pública tengan éxito como demandantes por difamación y calumnias. Al considerar que la libertad de expresión no debía tener cortapisas ni limitaciones en esta circunstancia, los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo exculparon a la revista Letras Libres, que en una de sus ediciones acusó a este diario de complicidad con el terrorismo de la organización vasca ETA. De esa manera, el máximo tribunal del país sentó un precedente que abre la puerta para que cualquier actor social pueda formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la revista que dirige Enrique Krauze.

Con ese precedente, el amago gubernamental contra los autores de la demanda presentada el viernes pasado en La Haya no parece tener viabilidad alguna, no sólo porque Calderón es, evidentemente, una persona con actividad pública, sino también porque la pretensión de atribuirle responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, correcta o equivocada, tiene elementos constitutivos más variados y complejos que la simple maledicencia: informes, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales humanitarios y de una abundante información institucional y periodística. Menos improbable parecería, en todo caso, que tales imputaciones llegaran a dirimirse en la CPI.

Si se analiza con atención, esta perspectiva no es obligadamente desfavorable para la administración calderonista, y hasta resulta difícil entender que el actual gobierno, que exhibe una convicción tan absoluta en la justeza, pertinencia y legalidad de su estrategia de seguridad y combate al crimen, no vea la conveniencia de desvirtuar en forma contundente y definitiva, en un proceso internacional, los múltiples señalamientos en su contra por la comisión de masivas violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la amenaza a los demandantes hace ver a los integrantes de la administración calderonista como temerosos de ser hallados culpables en un juicio semejante.

Por lo demás, en términos políticos y mediáticos, la contraofensiva del gobierno no pudo ser más contraproducente, porque atizó el debate público más de lo que lo hizo la propia demanda interpuesta el viernes pasado en La Haya y dio nuevo impulso a sus promotores. En cuestión de horas se duplicó el número de firmantes de la querella; muchas personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo en su presentación manifestaron su rechazo a la pretensión gubernamental de coartar el derecho ciudadano a la libre expresión y a acudir a una instancia jurisdiccional; adicionalmente, se convocó para hoy a actos de protesta frente a la Procuraduría General de la República, en esta capital, y a un lado de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.

Las rectificaciones no sólo son legítimas, sino que honran a quien las emprende. En esta situación, el gobierno federal ganaría si enmendara su reacción inicial y se desistiera de agitar sobre sus demandantes una espada de Damocles que, dadas las circunstancias, no parece tener mucho filo.

-El estadista- Hernández

-Increíble- Helguera

Astillero.

• Reacción bananera
• Castigar a denunciantes
• Resonancia intenacional
• Orgulloso tío Arturo

 

Por Julio Hernández López.

 

El abogado Felipe Calderón ha respondido con un ánimo sujeto a trastorno la solicitud que en pleno ejercicio de sus derechos han presentado ante la Corte Penal Internacional 23 mil ciudadanos (entre ellos, el que firma esta columna) para que se inicie una indagación y eventualmente se castiguen las conductas criminales en que, a título de la masacre conocida como guerra contra el narcotráfico, hubieran incurrido tanto el principal demandado, el propio Calderón, como varios de sus principales subordinados a cargo de asuntos de seguridad y el jefe del principal cártel nacional.

En lugar de aceptar de manera irrestricta ese ejercicio ciudadano de derechos, y de prepararse sin mayores aspavientos ni amenazas para responder en los mismos términos jurídicos en el hipotético caso de que la citada Corte aceptara dar curso a la solicitud, el licenciado Calderón ha reaccionado de una manera muy preocupante, que denota el agravamiento en la capacidad de percepción sana de la realidad nacional y muestra de forma categórica un creciente perfil de agresividad, intolerancia y revanchismo de parte de quien el próximo 1º de diciembre cumplirá cinco años de haberse alzado con la Presidencia de la República.

El documento que ha hecho aflorar nuevamente la vena autoritaria, con tendencias dictatoriales, del licenciado Calderón, fue presentado el pasado viernes por el abogado Netzaí Sandoval en La Haya, la ciudad de los Países Bajos donde está la sede de la Corte Penal Internacional, que se encarga de atender denuncias respecto a crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidios. Ni siquiera es seguro que esa corte abra un expediente sobre la denuncia presentada por mexicanos, e incluso sería un triunfo para esos promoventes que La Haya aceptara establecer un periodo de mera observancia de hechos, sin darle el caracter formal de investigación. Y no es menor el dato de que hasta ahora esa corte, creada en julio de 1998 en Roma, “se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como enemigos de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional”, según señaló el jurista John M. Ackerman a La Jornada el sábado recién pasado.

Sin embargo, Calderón ha decidido dar un paso perturbado al pretender castigar a quienes solicitan la intervención de un órgano internacional legitimado por el propio Estado mexicano para que se investigue y castigue, en su caso, la presunta comisión de delitos graves que la institucionalidad nativa no atiende ni resuelve por limitaciones técnicas y políticas. El largo pliego de acusaciones que en forma de comunicado de prensa dio a conocer ayer Los Pinos cierra con un párrafo digno de cualquier antología de las vaporosas dictaduras bananeras que en el continente se han conocido y al cual se harán comentarios entre comillas a cargo de este tecleador imputado (con i):

“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia (pero el docto jurista de Los Pinos no espera a que el órgano llamado a atender el asunto, la CPI, así lo resuelva, sino que da por definitivas las sabias resoluciones dichas ‘ya’ por ‘las voces más autorizadas en la materia’. ¿Tal vez el secretario del trabajo sucio, Javier Lozano, o los discursos pronunciados por el Señor de la Muerte?). Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias (¿según quién? ¿según el propio acusado?) que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México (terrible afectación de criterio sería suponer que lo presentado hace unos días pudiera añadir desprestigio internacional ante el sabido horror mexicano de los años recientes), por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”

El tamaño del castigo que merecerían los firmantes de esa solicitud ante La Haya puede ser estimado a partir del daño que se habría cometido pues, según ese mismo boletín de prensa con olor a Poiré, es absurdo hablar de delitos calderónicos de lesa humanidad, pues ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo. ¡Chulada de país!

En realidad, al felipismo desequilibrado le han asustado tanto la resonancia internacional del caso, sobre todo en materia de medios de comunicación que le han dedicado tiempo y espacio notables (en especial, cadenas de televisión europeas y estadunidenses), como la consolidación temprana del juicio histórico sobre su sangrienta gestión. La carnicería nacional de los cinco años recientes tiene un responsable político e institucional, cuya valoración pública quedará por debajo del propio Gustavo Díaz Ordaz. Al recibir un premio de la Feria Internacional del Libro, el escritor mexicano de origen colombiano Fernando Vallejo acaba de decir que Calderón no es digno de ejercer el cargo que ocupa. Y ayer Fernando Savater señaló en la misma FIL, sobre la guerra contra el narco, que es un disparate que nace de Estados Unidos, y los disparates que nacen en Estados Unidos son muy difíciles de combatir por el resto del mundo, pero hay que acabar de una vez con la cruzada contra las drogas, según nota de Afp.

Y, mientras Enrique Peña Nieto se ha registrado como candidato único, al más puro estilo del priásico restaurado, con el honorable tío Arturo Montiel como orgulloso testigo y garante del triunfo de la impunidad, ¡hasta mañana, viendo primero a los tuiteros de Veracruz encarcelados, luego la sentencia de la Corte a favor de las Calumnias Libres, y ahora la amenaza felipista a solicitantes de justicia en el plano internacional!

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Los cartones de hoy.

-Mensajes cruzados- El Fisgón

-Naufragio- Helguera

El cartón de hoy.

-El (n) arco del Milenio- Helguera

"Operativos" encubiertos: en la ruta del fracaso

Editorial de La Jornada.

Con el telón de fondo del escándalo desatado a raíz de las operaciones Rápido y furioso y Receptor abierto, mediante las cuales el gobierno de Estados Unidos permitió el tráfico ilegal de grandes cantidades de armamento a nuestro país, y en el contexto de los angustiosos resultados de la guerra lanzada hace casi un lustro por el gobierno calderonista contra la delincuencia organizada, la Cámara de Senadores discute la posibilidad de avalar un conjunto de modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada propuestas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, incorporan la posibilidad de llevar a cabo acciones encubiertas de distribución y rastreo de armas similares a las de los citados operativos, así como la participación de agentes infiltrados.

En suma, se pretende modificar el marco legal vigente para abrir una perspectiva indeseable y riesgosa: que la autoridad termine convirtiéndose, con el desarrollo de las operaciones mencionadas, en proveedora de armamento u otro tipo de recursos para la delincuencia organizada, tal como ocurrió con el gobierno estadunidense a través de programas como los mencionados.

Si algo quedó al descubierto a raíz de esos episodios fue que la ambigüedad de Estados Unidos –que con una mano provee de recursos económicos y militares al gobierno mexicano mediante la Iniciativa Mérida y con la otra arma a los cárteles del narcotráfico que operan en nuestro país– constituye uno de los factores explicativos del fracaso de la estrategia de seguridad vigente, la cual se ha saldado, hasta ahora, con unas 50 mil víctimas mortales; ha provocado la destrucción del tejido social y de la economía en amplias franjas del territorio; ha acentuado el desgaste de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad territorial y de procurar justicia y, por si fuera poco, ha llevado a una claudicación inadmisible en materia de soberanía nacional ante el gobierno de Washington.

En tal perspectiva, lo último que cabría esperar de las autoridades mexicanas es que imiten, como pretenden hacerlo, las prácticas de un gobierno que se ha revelado como un aliado poco confiable en materia de combate al crimen organizado: las posibilidades de que esas operaciones fracasen, como ocurrió con Rápido y furioso y Receptor abierto, se multiplican en un entorno institucional caracterizado por el descontrol, la corrupción, la descoordinación de las distintas dependencias federales involucradas en el combate a la delincuencia y el desorden al interior de cada una de ellas en el manejo de las armas confiscadas.

Por otra parte, con la pretensión de incorporar en la ley la operación de agentes encubiertos se corre el riesgo de dotar a éstos de una cobertura oficial para cometer actos ilícitos desde posiciones dentro de la delincuencia organizada. Si de por sí ya son sobrados los indicios de que la actual estrategia de seguridad ha configurado un marco para la comisión de crímenes de diversa índole por parte de efectivos gubernamentales –recuérdese el contenido del informe entregado esta semana por Human Rights Watch, en el que se documentan casos de agresiones de representantes del poder público contra la población civil–, sería un error monumental, en términos legales y humanitarios, aprobar modificaciones al marco jurídico que doten de impunidad a servidores públicos que atenten contra la seguridad de la población, así sea en el contexto de operaciones encubiertas.

La delincuencia –entristece tener que recordarlo– no puede combatirse fomentando la ilegalidad. Aun suponiendo que fuera correcto el empeño de combatir el narcotráfico y el crimen organizado mediante un enfoque meramente policial, el gobierno federal tiene a su disposición opciones –un mayor énfasis táctico en el lavado del dinero, por ejemplo– para hacer frente a las organizaciones delictivas en forma mucho más efectiva y con mucho menor costo en términos de vidas humanas y degradación de la paz pública. En cambio, en la medida que se profundiza una estrategia fallida y se adoptan rumbos de acción que han probado su ineficacia y su carácter contraproducente, se mantiene un rumbo de acción destinado al fracaso. Cabe esperar, por último, que los legisladores cobren conciencia del enorme riesgo que implica avalar esas propuestas presidenciales y actúen en consecuencia.

Los cartones de hoy.

-Disputa por la nación- El Fisgón

-Matiz- Helguera

Diagnóstico de la emergencia nacional

Por Gilberto López y Rivas.

 

Como uno de los resultados del primer encuentro nacional ante la situación de emergencia que vive nuestra patria, realizado en la capital mexicana el 22 de octubre de este año, está circulando un importante documento de trabajo que recoge y sintetiza las relatorías de las tres mesas de debates: 1) el diagnóstico sobre la situación; 2) hacia una agenda común, tres ejes de convergencia, y 3) hacia una estrategia unitaria desde los movimientos sociales. De acuerdo con los organizadores y dada la dificultad de las temáticas que se abordan en un sentido unitario, se trata de que las relatorías sirvan como base para una discusión abierta a todas las aportaciones y mejoras. A este primer encuentro asistieron representantes de organizaciones políticas, gremiales, religiosas, académicas y de derechos humanos, profundamente preocupados del desastre que vive el país en todos los órdenes que se considera de emergencia nacional, ocasionado por los gobiernos neoliberales que cambiaron el rumbo de México.

 

Distinguiendo los contextos global y nacional, la crisis mexicana –originada y derivación estructural del capitalismo mundializado– conlleva la militarización y degradación del Estado y abre paso a un proceso de recolonización en favor de la explotación irracional de nuestros recursos por parte de capitales extranjeros y nacionales. La crisis global del capitalismo condiciona que los mercados recurran a mercancías ilegales que producen ganancias rápidas y sustantivas en circulante: tráfico de armas, personas y estupefacientes. "La lógica del capital arroja a los gobiernos y empresas a vincularse con el crimen. El Estado mexicano es parte del crimen organizado, lo incentiva y profundiza… Así, los negocios y el desastre nacional se engarzan con el crimen, llevando al ascenso de los grandes cárteles del narco, a la penetración del narcotráfico en las instancias gubernamentales, a la existencia de narcogobernadores y narcomunicipios… La guerra que se desarrolla ahora en nuestro país obedece a una tendencia monopólica de los negocios ilegales, además de su crecimiento desmesurado, donde existe una vinculación de los negocios legales e ilegales, propiciada por las facilidades en el lavado de dinero… Detrás de la guerra en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada existe toda una propuesta del gobierno para la generación del miedo e inmovilizar a la sociedad. Así, se aprovecha la crisis y la dispersión causadas por el gobierno para modificar leyes y aprovechar los desplazamientos de los pueblos para dejar espacio a las empresas. Además, esta guerra en México busca también criminalizar la protesta social, paralizar la disputa política y crear un miedo mayor que el que se promovió en 2006… La economía nacional esta narcotizada: 40 por ciento del PIB en México tiene que ver con la dinámica del narco. El despojo, la extorsión, el secuestro, la explotación y la esclavitud están dañando gravemente a la nación, afectando sobre todo a los campesinos, las mujeres y los jóvenes."

Ante este grave escenario nacional, se propone una agenda común, con tres ejes de convergencia: 1) reconstrucción del país ante la emergencia nacional y generación de alternativas a la violencia neoliberal en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales; 2) defensa de la soberanía nacional y defensa de nuestro territorio, autonomías y recursos, 3) rechazo a la estrategia de guerra y seguridad nacional para impulsar la defensa de las víctimas y generar condiciones favorables de derechos humanos, justicia y paz.

El diagnóstico cubre también a los propios pueblos, comunidades y movimientos sociales que enfrentan la crisis nacional con múltiples y ejemplares resistencias, asumiendo que se actúa de forma fragmentaria o dispersa, sin lograr la unidad política necesaria para enfrentar la calamidad nacional. Se reconoce la necesidad de buscar la unidad de todos los sectores afectados por la política de Felipe Calderón, en el contexto de una recomposición de los movimientos populares, golpeados por un Estado contrainsurgente que ha provocado desgaste y evitado mayores articulaciones. Por ello, se asume la propuesta de una plataforma común mínima que constituya una respuesta colectiva y sostenga las luchas muy diversas en su naturaleza, esto es, un movimiento de movimientos de todos los sectores –estudiantes, obreros, campesinos, colonos, indígenas– como propuso Pablo González Casanova en el inicio de este proceso y en el entendido de que sólo una amplia movilización social podrá generar la alternativa pacífica.

Los participantes están invitando a todas las comunidades, organizaciones y movimientos sociales, civiles, ciudadanos, académicos, culturales, ambientalistas, religiosos y políticos de México a un segundo encuentro nacional ante la situación de emergencia que vive nuestra patria para el sábado 19 de noviembre, con el fin de delinear y proponer acciones unitarias para superar el actual estado de violencia y descomposición, poner un alto a la guerra y reconstruir la nación, así como convocando a una jornada nacional de movilizaciones en todo el país al día siguiente (emergencianacionalporlapaz@yahoo.com.mx). Este proceso se relaciona complementariamente con No Más Sangre y el encabezado por Javier Sicilia, desde las otras agendas de movimientos sociales que unitariamente comparten el gran esfuerzo para abrir ruta de paz con justicia, y el verdadero cambio social que el país necesita.

A la memoria del comandante Alfonso Cano

Los cartones de hoy.

-Memorial en Juárez- Helguera

-Sensibilidad ante feminicidios- El Fisgón.

El cartón de hoy.-

-Desesperadamente buscando a el Chapo- El Fisgón

El control

Por Luis Javier Garrido.

 

La violencia extremada por el gobierno de facto de Felipe Calderón en diversos ámbitos del país es parte de la estrategia acordada por el panista michoacano con sectores de extrema derecha de Washington para obtener la ayuda estadunidense a fin de imponer a su candidato en la silla presidencial en 2012 a cambio de seguir él entregando el control de la economía, de los recursos básicos, de la seguridad nacional y hasta de las instancias de gobierno a Estados Unidos.

 

1. El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más directa a México en lo militar, lo político y lo económico como vía para disponer impunemente de nuestras riquezas estratégicas, ha avanzado en este fin del sexenio calderonista por las concesiones sin límite que hace el gobierno del PAN, amparado por la complicidad de los partidos, del Congreso, de la Suprema Corte y de los poderes locales, pero también, y esto es lo más grave, de un sector significativo de una sociedad manipulada como pocas veces en su historia.

2. Washington está consiguiendo así en México gracias al papel de Calderón y del PAN con la llamada “guerra contra el narco”, que en realidad es contra el pueblo de México, lo mismo que con guerras mucho más costosas ha ido alcanzando en Afganistán, Irak o Libia: reducir a estados soberanos a la calidad de simples territorios de ocupación o protectorados para lograr el saqueo de sus recursos fundamentales, empezando por el gas, el petróleo y la minería.

3. Lo más significativo de este final del gobierno espurio de Calderón no lo constituye su entreguismo, sino que el mismo ya no suscita sino reacciones cada vez más limitadas, por el hecho evidente de que los funcionarios panistas no defienden ya los intereses de México, sino los de EU con el argumento peregrino de que con la Iniciativa Mérida impulsan la globalización.

4. Las injerencias estadunidenses en la vida institucional de México, que hace tres cuartos de siglo hubiesen producido reclamos contundentes o la expulsión de sus diplomáticos, no provocan hoy más que el aval de los funcionarios panistas. Luego de que Hillary Clinton insistió por enésima vez ante un subcomité de la Cámara de Representantes en que los cárteles mexicanos realizan actividades similares a las de los grupos terroristas, abriendo el reclamo a una intervención más directa, las autoridades mexicanas guardaron silencio.

5. Al igual que hicieron tras los señalamientos de The Washington Post el 28 de octubre de que el Ejército, la Marina y la Policía Federal buscan por todos los medios bajo el mando de la DEA a El Chapo Guzmán, traicionando así Obama y Calderón a su aliado en un afán de imponerse en 2012. Como también cuando se ha desatado una campaña histérica en sectores de EU insistiendo en que los cárteles y la violencia de México amenazan como ninguna fuerza en el mundo el american way of life y se señala a El Chapo como el hombre más peligroso y rico del planeta: más letal que la mafia italiana por haber tomado el control de Chicago, según dijo el miércoles 2 Jack Riley, miembro de la DEA, que hace unos días todavía lo protegía. Lo cual no obsta para que Forbes lo sitúe en el número 55 como el hombre más rico del mundo: debajo de otros mexicanos que ahora se sabe forman parte también, desde otra vertiente, del crimen organizado.

6. El proyecto totalitario de Washington de centralizar en un mando único las policías federal, locales y municipales de México, con el propósito de que las agencias estadunidenses tengan más fácilmente el control del país, sin importar el orden constitucional –ni el régimen federal y la autonomía municipal–, lo ha tratado de seguir imponiendo Calderón, enmedio del desastre institucional, sin oposición de los poderes locales. En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional el último día de octubre, los gobernadores, sin dignidad y sin respeto al federalismo, aceptaron la centralización, la injerencia estadunidense y hasta el regaño de Calderón por los escasos avances en la llamada limpia policiaca y doblaron la cerviz, empezando por Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino ahora ardiente calderonista.

7. La gravedad de los hechos no puede desconocerse. La violencia de la guerra impuesta por Calderón a los mexicanos haciéndole el juego a Estados Unidos causó tan sólo en octubre mil 45 muertes, que no sólo son atribuibles a los cárteles o crimen organizado –como decía la cabeza de la nota de La Jornada que da cuenta de esto el 2 de noviembre–, sino también y de manera cada vez más importante a las fuerzas federales (dirigidas por agentes estadunidenses), a los paramilitares del gobierno calderonista –que se llevan las palmas– y al fuego cruzado, todo ello en el contexto de un conflicto generado por el gobierno panista para amedrentar y someter a los mexicanos y que ha hecho de la violencia un arma fundamental de gobierno siguiendo el modelo colombiano. Sin olvidar que muchos estudiosos señalan que gobiernos como los de Colombia, Estados Unidos o México, por sus intereses en el narco, deben ser también considerados componentes del crimen organizado.

8. Este incremento de la violencia armada a unos días de las elecciones locales de Michoacán fue señalado desde hace meses como una de las tres vías a las que recurriría Calderón para tratar de sentar a su hermana la Cocoa en la silla de gobernador, junto con las manipulaciones prelectorales de las dependencias del Ejecutivo, que con todos los recursos materiales, logísticos, económicos y políticos del gobierno federal buscan imponer a su candidata (la violencia electoral), a lo que se aúnan las campañas negras a las que son tan afectos los panistas y la derecha en casi todo el mundo (la violencia mediática). El atentado que costó la vida al presidente municipal panista de La Piedad el miércoles 2 empezó a ser visto ya, por consiguiente, como parte de este escenario oficial que se inició con el bombazo del 15 de septiembre de 2009 en Morelia y prefigura lo que va a ser 2012.

9. El grupo panista sabe bien que no podría imponer a Ernesto Cordero en Los Pinos de no destruir las posibles candidaturas de Andrés Manuel López Obrador (PRD) y de Enrique Peña Nieto (PRI), y a eso ha estado dedicado. Pero, como en el caso de López Obrador, a pesar de cinco años de campañas negras, no ha logrado mermar su imagen, que se ha fortalecido con el respaldo de la Morena –el movimiento social más importante de los decenios recientes–, por lo que al aproximarse ahora la encuesta que definirá al candidato de las izquierdas, busca en estrecha alianza con los chuchos del PRD imponer fraudulentamente al neoliberal Marcelo Ebrard, quien tiene nula aceptación en la capital y en el resto del país y no podría salir victorioso en una encuesta imparcial.

10. El pueblo no ha perdido en este escenario su dignidad y así por diversos medios su ¡Ya basta! sigue anunciando su capacidad de lucha y de resistencia.

El cartón de hoy.

-Mentís a críticas- Monero Hernández

Navegaciones. - Una llamada telefónica.

Por Pedro Miguel.

 

No podría ser ninguno de los vendepatrias que han ejercido, con legitimidad o sin ella, la presidencia de México en décadas recientes. Tampoco podría hacerlo un representante de esta oligarquía que ha encontrado el máximo de sus negocios en la destrucción humana y material del país. Fuera de ese pequeño conjunto, no importa el apellido de quien, un día, tendrá que armarse de sentido nacional, agudeza y tamaños, como en su día lo hizo Lázaro Cárdenas, para pedir a uno de sus asistentes que establezca comunicación telefónica con la Casa Blanca.

 

Tampoco es relevante si quien toma la llamada, miles de kilómetros al norte, es hombre o mujer, blanco o negra, demócrata o republicano. Salvo que la dinámica de los acontecimientos haya trastocado el panorama actual, lo cierto es que, sea quien sea, puede darse por descontado que no va a gustarle lo que escuche:

–Señor presidente: debo comunicarle que he enviado al Legislativo de mi país una iniciativa de reformas al Código Penal para abolir la prohibición de todas las drogas.

Pero, para entonces, al jefe de Estado de la potencia vecina la noticia no lo tomará demasiado de sorpresa. Porque antes de efectuar esa llamada, habrá debido desarrollarse un debate nacional, una complicada negociación política entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso y, lo más espinoso, un proceso de paz con los principales grupos armados que operan en el país.

Suena nauseabundo eso de sentarse a la mesa de negociaciones con representantes del cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Caballeros templarios, el cártel del Golfo y no sé cuántas otras organizaciones delictivas. Igualmente repulsivo debe de haberles parecido a Yitzhak Shamir y Shimon Peres estrechar la mano de Yasser Arafat, quien, según ellos, era un carnicero terrorista. Una repulsión parecida ha de haber sentido el dirigente palestino al abrazar a quienes consideraba genocidas. También tuvo que ser muy duro para los comandantes guerrilleros salvadoreños saludar con una sonrisa a los generales criminales que masacraron pueblos enteros.

Hay muchos otros ejemplos. El problema es que, como dijo Shimon Peres en una conferencia en el hotel King David de Jerusalén, en el ya lejano 1994, el liderazgo palestino no lo ejercía Teresa de Calcuta, que era con quien a él le habría encantado firmar la paz. Cuando resulta imposible derrotar militarmente al enemigo que se tiene enfrente, tarde o temprano hay que conversar con él en un proceso de toma y daca para detener una carnicería que no va a terminar por sí misma.

Otro obstáculo: a diferencia de lo ocurrido en los conflictos de Oriente Medio, Centroamérica, el Ulster y otros, las organizaciones criminales mexicanas no encarnan ninguna reivindicación política o social. Pertenecen a delincuentes comunes a quienes mueve el interés por las utilidades, como a cualquier otro empresario, salvo que su negocio es ilegal.

Pero este dato tampoco representa un escrúpulo insalvable para iniciar un proceso de pacificación en el país. Muchos gobiernos han negociado, en diversos momentos, con estamentos delictivos. Lo hizo la Casa Blanca antes de derogar la ley seca, con las mafias de Chicago, Nueva York y otras ciudades, para asegurar una suerte de transición ordenada para insertar las fortunas de los grandes capos en la economía formal; uno de los protagonistas de ese proceso fue Joseph P. Kennedy Sr., fundador de la dinastía, quien traficó con información privilegiada, construyó un imperio de importación y distribución de licores al día siguiente de abolida la prohibición y gestionó el trasvase de capitales dudosos hacia la naciente industria cinematográfica en Hollywood.

Años más tarde, el gobierno encabezado por Franklin Delano Roosevelt buscó a la mafia de origen italiano que operaba en el este del país para que ayudara a garantizar el éxito del desembarco en Sicilia. Los gobiernos de John F. Kennedy –hijo de Joseph P.–, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon –quien antes de ser presidente practicó la abogacía hasta límites realmente delictivos– se hicieron de la vista gorda con el vaso tráfico de heroína procedente de Vietnam, realizado al amparo de la intervención militar en ese país. Posteriormente, en tiempos de Ronald Reagan, la CIA operó una vasta red de narcotráfico de Colombia a Estados Unidos, pasando por México, para hacerse de ingresos extrapresupuestales con los cuales comprar armas para los contrarrevolucionarios nicaragüenses.

Por esos mismos tiempos, el Departamento de Estado y el Pentágono no le hacían ascos a los fundamentalistas afganos que financiaban su lucha contra las tropas soviéticas de ocupación mediante el comercio ilegal de heroína.

En el México actual, diversos políticos han reconocido o mencionado la existencia de añejos contactos extraoficiales entre la autoridad y los traficantes de drogas. Lo dijo Miguel de la Madrid en referencia a Carlos Salinas, lo dijo el ex gobernador de Nuevo León con respecto a los candidatos a puestos de elección popular, lo ha dicho Felipe Calderón con respecto a sus antecesores en el cargo que él ocupa de manera ilegítima; no hay por qué no creerles, sobre todo si un alud de datos e indicios confirma tales dichos.

Actualmente, el gobierno de Calderón ha sido insistentemente señalado por su presumible alianza tácita con el cártel de Sinaloa, hasta el punto de que, cabreados por el escándalo, los gobernantes estadunidenses parecen haber decidido poner un alto a las circunstancias que alimentan la versión. La semana pasada The Washington Post filtró una información que describía a un Calderón desesperado por echar el guante a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, considerado el líder máximo de ese cártel, para cuya captura o eliminación se habrían formado grupos especiales en el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

En forma extraoficial, las autoridades mexicanas negaron que existiera tal cosa, pero unos días más tarde el propio Calderón comparecía, un tanto descompuesto, ante el Consejo de Seguridad Pública para presionar a los gobernadores con el tema de los exámenes de confianza de los integrantes de las corporaciones policiales y advertía de un inminente empeoramiento de la inseguridad y de la violencia. Al mismo tiempo, al norte del Bravo, el gobierno de Obama echaba el guante a unos 70 narcos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa. Hay síntomas de que la Casa Blanca y Los Pinos se preparan para un cambio de alianzas.

Hasta ahora, los contactos, las negociaciones y los pactos entre gobernantes y delincuentes formales se han realizado en la más absoluta oscuridad, porque se trata de negocios inconfesables. Pero para acabar con el narcotráfico se requiere de una negociación efectuada de cara a la sociedad con el objetivo de despenalizar la producción, traslado y venta de los estupefacientes ilegales. No se puede desmontar de la noche a la mañana un negocio de medio billón de dólares mediante un decreto. Es preciso incluir a las partes involucradas en él, y eso no sólo incluye a los capos, sino también a los sectores empresariales que se han beneficiado, por décadas, con la inyección de dinero sucio en la economía formal.

Vicente Fox formuló una propuesta semejante y la opinión pública y la clase política se lo comieron vivo, y con razón. La propuesta es correcta, pero el señor que permitió la fuga del Chapo no tiene ninguna autoridad moral para ponerla sobre la mesa. Dejemos para la semana entrante las formas y los temas de una paz negociada entre los grupos armados que se disputan el territorio y la economía del país.

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El Chapo, en la mira de EU.

Editorial de La Jornada.

-El Chapo en la lista de Forbes- El Fisgón*

Por tercer año consecutivo, la revista Forbes incluyó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera en su listado de personajes más poderosos del planeta. Su inclusión en ese ranking tiene como contexto el creciente protagonismo que en tiempos recientes le han conferido medios y autoridades de Estados Unidos entre las potenciales amenazas a la seguridad de ese país: hace unos días, el Departamento de Justicia del vecino país difundió un documento en el que se afirma que la organización del Chapo Guzmán controla la mayor parte del trasiego ilícito de drogas en territorio estadunidense y se le califica como una amenaza a la seguridad de ese país; recientemente, The Washington Post aseguró que la impunidad con la que opera el capo mexicano provoca desesperación en la administración calderonista, la cual habría creado cuerpos especiales de marinos, soldados y policías federales para dar con su paradero, información que no fue oficialmente desmentida por el gobierno mexicano; ayer, el jefe en Chicago de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jack Riley, se refirió a Guzmán Loera como el criminal más peligroso del mundo, y la propia Forbes lo ha ubicado, tras la muerte de Osama Bin Laden, como la persona más perseguida del planeta.

-Fina atención- Helguera*

Por lo pronto, el gobierno de Washington parece dirigir sus acciones en contra de presuntas redes de delincuentes al servicio del Chapo en su propio territorio, como lo indica la detención, registrada ayer en Arizona, de 76 individuos –tanto mexicanos como estadunidenses– supuestamente ligados al cártel de Sinaloa.

Independientemente de la relevancia de Guzmán Loera en el mundo delictivo, su conversión en símbolo del narcotráfico internacional y el afán de las autoridades de Washington por colocarlo como amenaza a la seguridad de Estados Unidos constituyen signos ominosos para México, como se desprende de la historia de violaciones a soberanías y atropellos que han acompañado las cruzadas de ese país para eliminar a quienes considera sus enemigos: hace una década, el gobierno de  George W. Bush erigió a Osama Bin Laden y a Al Qaeda en las principales amenazas a la seguridad de ese país y del mundo y, con el pretexto de neutralizar al primero y desmantelar a la segunda, invadió Afganistán y causó un saldo injustificable de muerte y destrucción. Algo similar ocurrió con la invasión de Panamá en 1989, efectuada con el propósito de derrocar y capturar a Manuel Antonio Noriega –quien se había desempeñado como estrecho colaborador de la CIA en Centroamérica–, que dejó un saldo de entre tres mil y cinco mil muertos. En México, sin ir más lejos, el gobierno de Woodrow Wilson lanzó en marzo de 1916 una expedición punitiva en represalia por el ataque de las fuerzas de Francisco Villa a una guarnición militar en Columbus, Nuevo México.

-Triunfo inobjetable- Hernández*

Es de temer, pues, que el creciente interés de las autoridades estadunidenses por la captura del Chapo lleve a un mayor injerencismo militar, policial y diplomático en territorio mexicano. Por lo demás, y sin ánimo de sugerir impunidades ni tolerancias, debe decirse que, por sí misma, la captura de un capo de la droga, por relevante que sea, no necesariamente representa un paso adelante en el combate al narcotrático, pues no incide ni poco ni mucho en las condiciones económicas y sociales ni en los escenarios financieros internacionales que otorgan al negocio ilícito del trasiego de drogas una rentabilidad desmesurada.

Más allá de las consideraciones anteriores, la inclusión de Guzmán Loera en los listados de los individuos más ricos y poderosos del planeta obedece a una inocultable lógica neoliberal: por amplio que resulte su expediente criminal, este narcotraficante sinaloense y otros de su mismo tipo son emprendedores que han sabido aprovechar las ventajas y oportunidades del sistema económico vigente –desregulación, privatización, extremo adelgazamiento del Estado, globalización económica, libre comercio, tasas altísimas de desempleo real, abandono y marginación de grandes regiones– y que han operado la aplicación más extrema de las fórmulas del éxito impulsadas por la ideología dominante: búsqueda de la rentabilidad máxima, retorno rápido de la inversión, acumulación y concentración feroz de la riqueza y eliminación despiadada de la competencia.


*Cartones publicados en La Jornada el 12 de marzo de 2009

El cartón de hoy.

-Entre pobreza y violencia- El Fisgón.

La DEA en México: Los riesgos de la injerencia.-

-Gracias por la aclaración- El Fisgón

Editorial de La Jornada.

Luego de las declaraciones formuladas el pasado miércoles por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, quienes reconocieron la participación de agentes de la oficina contra las drogas del gobierno estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en tareas de combate al narcotráfico en territorio nacional, la segunda de esas funcionarias añadió ayer, en declaraciones a este diario, que el destacamento de elementos antinarcóticos estadunidenses en México se incrementó durante el gobierno de Vicente Fox, y con mayor intensidad en esta administración, y sostuvo que esa presencia se da en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional.

En meses recientes, la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada hasta la publicación, por el rotativo estadunidense The New York Times, de informes sobre la actuación en territorio mexicano de agentes de la CIA en activo, así como de militares estadunidenses en retiro. Sin embargo, el que integrantes del gabinete calderonista pretendan defender ante la opinión pública algo que por principio no debiera ocurrir y que acentúa la percepción de una grave debilidad de las autoridades nacionales y de un manejo gubernamental de la seguridad pública y del combate al crimen que resulta contrario a los principios de soberanía e independencia nacionales.

Flaco favor a la administración calderonista hizo ayer su vocera al afirmar que la cooperación entre las administraciones panistas y el gobierno de Washington ha sido muy importante para compartir información que nos lleve a la detención de blancos importantes del crimen organizado, porque esos logros, en todo caso, se originan en una circunstancia irregular –la operación de agentes extranjeros en territorio nacional– y porque tal afirmación soslaya que, en el contexto de esa misma cooperación, el gobierno de Washington ha abastecido de armas a las organizaciones criminales en México mediante operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto, al mismo tiempo que proporciona armamento a las corporaciones armadas gubernamentales. Por si fuera poco, la estrategia oficial en cuyo contexto se desarrolla la labor de inteligencia e información de efectivos estadunidenses destacados en nuestro país, posiblemente haya desempeñado un papel decisivo en el incremento de la violencia, pero no ha hecho otro tanto en la disminución de la producción de drogas ilícitas, como lo señalan los datos, difundidos recientemente por The Washington Post, sobre el crecimiento de los cultivos de estupefacientes en territorio mexicano durante el pasado lustro.

Suponiendo que la operación de agentes de la DEA en México se diera en estricto apego a la legislación mexicana vigente y en pleno respeto a la soberanía nacional, su presencia representa un factor de riesgo para el país y su población a la luz de la experiencia histórica: el punto de referencia ineludible es el oscuro homicidio, en febrero de 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de esa misma corporación, cuyo cadáver apareció un mes después en el rancho El Mareño, ubicado en Michoacán. Ese homicidio trastocó gravemente la relación bilateral y expuso a México a terribles chantajes diplomáticos, a violaciones de su soberanía, como el secuestro y traslado ilegal de varios mexicanos a territorio del país vecino para ser juzgados en tribunales estadunidenses y, posteriormente, a una campaña de abierta hostilidad y presiones políticas que, entre otras cosas, se expresó en los humillantes procesos de certificación antidrogas de Washington.

Con estos elementos de juicio, resulta insostenible el intento gubernamental por explicar la presencia de agentes estadunidenses como algo benéfico, deseable y hasta necesario para nuestro país. En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para combatir a los cárteles de la droga con base en la estrategia de seguridad vigente, lo procedente y necesario sería la modificación de la misma, no recurrir en busca de ayuda a agencias de Washington –CIA, DEA, FBI– con un historial de acciones sórdidas fuera de las fronteras estadunidenses y una añeja vocación para la desestabilización, la intriga y la fabricación de coartadas intervencionistas.

La Jornada. Octubre 28, 2011

Drogas: política social y gobierno honesto

 Por Pedro Miguel.

Foto de http://urbanshadow.net/blog - Darren Knight

La mayor parte de los lavacoches son honrados y la mayoría de los presidentes nos han salido rateros, o sea que la pobreza no conduce en automático a la delincuencia y el éxito social no garantiza la honradez. No todas las personas que se quedan sin empleo optan por dedicarse a la delincuencia, y no todos los delincuentes lo son por falta de oportunidades laborales en entornos lícitos. No hay, pues, una relación directa y mecánica entre las tasas de desempleo y los índices de criminalidad, como no la hay tampoco entre éstos y los indicadores que miden las carencias educativas, alimentarias, de salud, vivienda y servicios. Además, las cifras oficiales en el México contemporáneo están tan maquilladas que resulta muy osado inferir cualquier cosa a partir de ellas. Un ejemplo emblemático es el del desempleo abierto, que en este país, dicen, ronda el 5.20 por ciento: si el dato fuera representativo, habría que preguntarse por qué no llegan a las playas del Golfo hordas de náufragos miserables procedentes de España, en donde la cifra correspondiente anda en 20 por ciento, o por qué en la frontera norte no tenemos una invasión de desempleados desde Estados Unidos, cuya tasa de desempleo es casi del doble que la mexicana.

No puede, entonces, establecerse en términos cuantitativos una relación causal entre el prolongado deterioro de los niveles de vida de la población mexicana, y el estallido delictivo en curso. Pero el sentido común indica que la adopción de una política social orientada a garantizar el acceso de las mayorías a empleos dignos, alimentación adecuada, educación gratuita y de calidad y servicios de salud, transporte y esparcimiento, contribuiría a reducir en forma significativa la comisión de delitos y el engrosamiento de las filas delictivas con individuos carentes de cualquier otro horizonte de sobrevivencia.

Piénsese en todo ese universo de narcomenudistas, sembradores de amapola y mariguana, transportadores o camellos, carteristas, deshuesadores y vendedores de partes robadas, entre otros que no son, en su mayor parte, sociópatas, sino individuos a quienes la necesidad material ha empujado a violar la ley. Considérese a esos jóvenes que están en la piedra y en el chemo porque la sociedad no les ofreció otro sitio para estar. Concíbase por un momento qué posibilidades de consumo reales tienen los menudistas y los compradores de baratijas de contrabando –técnicamente, delincuentes ambos– en el comercio formal. Recuérdese la persistente canallada cometida por los régimenes de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón contra comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios del agro, muchos de los cuales no tienen más horizontes de subsistencia que la mendicidad, la emigración o la transgresión de los códigos penales.

En el mediano plazo, la construcción de un estado de bienestar, con prioridades orientadas a satisfacer las necesidades de la población en general y no a garantizar tasas máximas de dividendos para los grandes capitales, reduciría en mucho los recursos humanos de los que actualmente dispone la delincuencia en general, y el narco en particular, y contribuiría a restablecer el imperio de la autoridad en las regiones actualmente dominadas por el crimen organizado. Si la autoridad garantizara los derechos constitucionales al trabajo, la salud y la educación, y los ampliara a los servicios, la cultura y la recreación, muchas personas que hoy delinquen optarían, así fuera para evitarse los riesgos, por dedicarse a labores legales. No se trata únicamente de un dilema moral sino también de un cálculo costo/beneficio bastante obvio.

Los portavoces de la oligarquía gobernante tienen una variada panoplia de alegatos contra el estado de bienestar: desde que es "populista" y "demagógico" hasta que es contrario a las leyes del mercado mundial o que está fuera del alcance presupuestal del país. La razón de todos esos alegatos es que el negocio principal del gobierno oligárquico consiste en privatizar la riqueza y cualquier medida que tienda a socializarla, en esa lógica, significa pérdida.

Pero, incluso con un gobierno social y solidario en escena, sería necesario reorientar la estrategia de seguridad para reducir el narcotráfico a un nivel en el que no representara una amenaza grave para la seguridad nacional y la paz pública. En esa reorientación, las medidas más obvias consistirían en armarse de voluntad política para perseguir el lavado de dinero hasta los confines del sistema financiero –los bancos y la bolsa, hoy intocables–, sanear los aparatos administrativos que controlan las entradas y las salidas de la droga: fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos, y orientar a esos puntos los empeños represivos oficiales.

Es un tanto grotesco observar el despliegue de transportes militares en el Periférico capitalino mientras los cargamentos de cocaína atraviesan con suma facilidad, tanto en las modalidades de importación como de exportación, las fronteras del país. Hay una inocultable mala fe en la siembra del mapa nacional con retenes peligrosos e intimidantes cuando, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías federales y empleados de la transnacional de seguridad Eulen conspiran para permitir la salida de alijos de cocaína de 42 kilos con destino a Madrid, como lo reveló una investigación reciente. Hay que ser muy tontos para creer que los traficantes de precursores químicos y de seudoefedrina pueden realizar traslados masivos de sus mercancías sin complicidades bien cimentadas de personal aduanero. Tercera medida: la investigación y el desmantelamiento de las cadenas de corrupción que van desde policías rasos de todas las corporaciones hasta funcionarios de alto nivel. Por ejemplo.

Aunque la adopción de una política de bienestar social por el Estado mexicano y un manejo honesto y sensato de la estrategia de seguridad pública permitirían reducir el fenómeno delictivo a dimensiones manejables, no serían suficientes para acabar con el narcotráfico, porque si bien éste se nutre y fortalece en la pobreza, la marginación, la corrupción y las complicidades oficiales implícitas o explícitas, su razón de existencia no está en esos fenómenos, sino en la prohibición de una cantidad de sustancias sicotrópicas. En tanto la producción, el transporte y la comercialización de drogas ilícitas permita la obtención de utilidades de diez o veinte mil por ciento anuales, el narcotráfico seguirá siendo un destino atractivo para la inversión, como lo son el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, el secuestro y el contrabando.

La eliminación de la lista de sustancias prohibidas es, pues, indispensable e inevitable. De manera periódica, diversos funcionarios de los gobiernos de México y de Estados Unidos afirman, además, que es inviable, y fuera de los ámbitos oficiales nos hemos acostumbrado a escuchar que la despenalización unilateral resultaría contraproducente, que agravaría la violencia y el descontrol, que conduciría al fin del mundo, etcétera.

Y como nadie argumenta la supuesta inconveniencia de suprimir lisa y llanamente la persecución oficial de las drogas, vale la pena imaginar qué consecuencias podría conllevar tal medida, adoptada en solitario por México, y en qué escenarios políticos y diplomáticos podría realizarse. Dejemos eso para la semana entrante.

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Cartón de febrero, hoy.

Por monero Hernández